STAMFORD.- Un nuevo esfuerzo de salud pública busca ayudar a jóvenes y adultos a dejar el vapeo mediante servicios gratuitos de orientación, asesoramiento y apoyo para superar la dependencia a la nicotina.
La iniciativa responde a la preocupación por el uso de cigarrillos electrónicos entre la población joven y pretende facilitar el acceso a recursos para quienes desean abandonar este hábito.
Según información publicada por medios locales, la organización de salud conductual CommuniCare ha reactivado sus programas de prevención y abandono del tabaco y el vapeo en los condados de New Haven y Middlesex.
La iniciativa cuenta con una subvención estatal de aproximadamente $1.3 millones durante tres años para ampliar los servicios dirigidos a jóvenes, adolescentes y adultos.
El programa ofrece diferentes formas de asistencia, entre ellas asesoramiento individual y grupal, educación sobre los efectos de la nicotina, estrategias para controlar los deseos de vapear y apoyo para prevenir recaídas.
En determinados casos, los adultos también pueden recibir orientación sobre tratamientos de reemplazo de nicotina, de acuerdo con sus necesidades y las recomendaciones correspondientes.
Las autoridades sanitarias advierten que la nicotina puede generar dependencia y afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia y la juventud.
El Departamento de Salud Pública de Connecticut señala que el vapeo continúa siendo una preocupación entre estudiantes de secundaria y adultos jóvenes, por lo que considera importante combinar la prevención con programas accesibles para quienes ya consumen estos productos.
Además de los servicios de CommuniCare, Connecticut dispone de recursos gratuitos para quienes quieren dejar de vapear.
Los jóvenes de entre 13 y 24 años pueden enviar el mensaje VAPEFREECT al 88709 para recibir apoyo por mensajes de texto; quienes prefieren español pueden enviar DEJELOCT al mismo número.
Los adolescentes de 13 a 17 años también pueden consultar el programa confidencial My Life, My Quit.
Las personas interesadas en recibir ayuda a través de CommuniCare pueden llamar al 203-553-7234 para conocer los servicios disponibles en la región. Las autoridades y organizaciones participantes esperan que la ampliación de estos recursos permita que más personas accedan a orientación profesional, desarrollen hábitos saludables y reduzcan los riesgos asociados al consumo de nicotina.
Programa busca ayudar a jóvenes adultos a abandonar el vapeo
Organizaciones exigen respuestas sobre presencia de ICE en el aeropuerto Tweed
NEW HAVEN.- Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes exigieron explicaciones a las autoridades del aeropuerto Tweed-New Haven sobre la presencia y las operaciones de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
El miércoles pasado, integrantes de la Coalición de Inmigrantes de New Haven y otros activistas se manifestaron frente a las instalaciones para reclamar transparencia, supervisión y garantías de que se respeten las leyes vigentes.
Los activistas aseguran que las recientes detenciones migratorias en el aeropuerto han generado temor entre las familias inmigrantes y la comunidad estudiantil.
Según la coalición, cuatro personas fueron detenidas en Tweed durante los dos meses anteriores, entre ellas dos estudiantes. Uno de los casos más conocidos fue el de Deng Deng, un jugador de baloncesto de 19 años de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut (SCSU), quien fue arrestado el 4 de septiembre pasado y posteriormente liberado por orden de un juez federal.
Durante la protesta, la coalición presentó una solicitud formal de acceso a registros públicos con asistencia de la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale.
La petición busca obtener documentos que demuestren si los agentes federales con acceso al aeropuerto han pasado verificaciones de antecedentes penales, recibido la capacitación correspondiente y cumplido los requisitos de identificación y autorización para ingresar a las instalaciones.
Las organizaciones también solicitaron información sobre las detenciones realizadas por ICE en el aeropuerto desde enero de 2025, los nombres de los agentes autorizados para acceder a sus instalaciones y los mapas de las áreas a las que pueden ingresar.
Además, pidieron que el personal del aeropuerto reciba capacitación sobre la Ley Pública 26-14 de Connecticut, que entró en vigor el 1º de octubre y que, según los activistas y autoridades municipales, restringe los arrestos civiles migratorios en Tweed cuando no existe una orden judicial.
El alcalde de New Haven, Justin Elicker, también ha solicitado que el aeropuerto deje de proporcionar estacionamiento preferencial a los agentes de ICE y que no les brinde asistencia adicional más allá de lo exigido por las normas federales.
Por su parte, la Autoridad Aeroportuaria de Tweed ha señalado que debe cumplir las regulaciones federales de seguridad y que no tiene control directo sobre las operaciones de las autoridades migratorias.
Su presidente, Robert Reed, indicó que las solicitudes municipales están siendo evaluadas, aunque evitó ofrecer detalles específicos.
Los defensores de los inmigrantes sostienen que el aeropuerto debe garantizar transparencia y rendición de cuentas, sin convertirse en un lugar donde los viajeros teman ser detenidos por motivos migratorios.
La coalición espera que las autoridades entreguen los documentos solicitados y aclaren qué medidas de supervisión se aplican a los agentes federales.
El caso mantiene abierto el debate en Connecticut sobre los límites de la cooperación entre las instituciones locales y las autoridades migratorias, así como sobre la protección de los derechos de las comunidades inmigrantes.
Mamografías gratuitas para mujeres sin seguro médico
HARTFORD.- Las mujeres que no cuentan con seguro médico o que tienen una cobertura limitada pueden acceder a mamografías gratuitas a través de un programa estatal que busca facilitar la detección temprana del cáncer de mama.
El gobernador Ned Lamont y funcionarios de salud pública destacaron este lunes la importancia de que las residentes del estado aprovechen estos servicios preventivos, especialmente durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.
El Programa de Detección Temprana y Prevención del Departamento de Salud Pública de Connecticut conecta a mujeres de bajos ingresos y sin cobertura médica suficiente con proveedores que ofrecen exámenes de detección, pruebas diagnósticas y servicios de seguimiento sin costo para quienes reúnen los requisitos. Según las autoridades estatales, durante los últimos cinco años se han realizado más de 16,000 mamografías gratuitas mediante esta iniciativa.
Los servicios están disponibles en centros médicos de distintas comunidades de Connecticut.
La red participante incluye 21 hospitales, 40 centros de salud comunitarios con certificación federal y 15 clínicas de Planned Parenthood.
El programa atiende aproximadamente a 5,000 residentes cada año, con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la atención preventiva.
Además del programa estatal, el hospital Hartford Hospital ofrece su iniciativa móvil de mamografías, conocida como Take the Time, que lleva equipos médicos a diferentes comunidades. Durante octubre, la unidad móvil ofrece exámenes gratuitos a mujeres sin seguro médico gracias al apoyo de una donación.
Las interesadas pueden llamar al 860-972-1243 para consultar las próximas ubicaciones y fechas de atención.
Las autoridades sanitarias recuerdan que la mamografía permite detectar posibles señales de cáncer de mama antes de que aparezcan síntomas.
El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que las mujeres de riesgo promedio se realicen una mamografía cada dos años entre los 40 y los 74 años.
Las recomendaciones pueden variar según los antecedentes familiares y otros factores de riesgo, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud.
Las mujeres que necesiten información sobre el programa estatal pueden visitar la web https://ct.gov/dph/screening o llamar al 860-509-7804 para conocer los requisitos y las opciones disponibles.
Las autoridades subrayaron que ninguna mujer debería dejar de realizarse un examen preventivo por no tener seguro médico o por no poder pagar su costo, ya que la detección temprana puede facilitar un tratamiento oportuno y salvar vidas.
Legisladores aprueban ampliar la exención del impuesto a la propiedad para adultos mayores
WHITE PLAINS.- La Junta de Legisladores del condado de Westchester aprobó por unanimidad una ley para ampliar la exención del impuesto a la propiedad destinada a adultos mayores con ingresos limitados. La medida, aprobada el 19 de octubre, busca ofrecer un mayor alivio económico a los propietarios de edad avanzada que enfrentan el aumento del costo de vida y desean permanecer en sus hogares.
Hasta ahora, los adultos mayores que cumplían los requisitos podían recibir una exención de hasta el 50% sobre la parte del impuesto a la propiedad correspondiente al condado. Con la nueva legislación, las personas elegibles con ingresos más bajos podrán acceder a porcentajes mayores de reducción, de acuerdo con una escala establecida según sus ingresos anuales.
La nueva estructura permitirá que los adultos mayores con ingresos inferiores a 47,000 dólares anuales reciban una exención de hasta el 65%. Quienes ganen entre 47,000 y menos de 50,000 dólares podrán recibir porcentajes de alivio progresivamente menores, según el nivel de ingresos y los criterios establecidos por la ley. El objetivo es concentrar una mayor ayuda en los hogares que más la necesitan.
El presidente de la Junta de Legisladores, Vedat Gashi, defendió la iniciativa al señalar que muchos adultos mayores afrontan dificultades por el encarecimiento de los productos básicos y otros gastos cotidianos. Otros legisladores destacaron que reducir la carga tributaria puede ayudar a que los residentes de edad avanzada permanezcan en sus comunidades, cerca de sus familiares, amistades y redes de apoyo.
La ampliación fue posible después de cambios en la legislación del estado de Nueva York que permiten a los gobiernos locales establecer niveles más altos de exención para adultos mayores de bajos ingresos.
La nueva normativa de Westchester se aplicará al año tributario 2027 y comenzará a tener efecto el 1º de marzo de 2027.
Los adultos mayores que consideren que cumplen los requisitos deben comunicarse con la oficina del asesor fiscal de su municipio para conocer el procedimiento y presentar la solicitud.
Quienes ya reciben la exención no necesitan volver a solicitarla, según informó el Condado.
Las autoridades recomiendan verificar los requisitos locales y los límites de ingresos para determinar qué beneficio corresponde a cada hogar.
Fiscalía cuestiona un aumento de $25 millones en las tarifas de agua
HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, pidió a los reguladores estatales rechazar el aumento de $25 millones solicitado por Connecticut Water Company, al considerar que la propuesta no está suficientemente justificada y podría representar una carga económica adicional para las familias.
La solicitud fue presentada ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (PURA), organismo encargado de evaluar los cambios en las tarifas de los servicios públicos.
De aprobarse el incremento, las tarifas del agua subirían más del 18%, lo que representaría aproximadamente 156 dólares adicionales al año para el cliente promedio, según la oficina del Fiscal General.
Connecticut Water Company presta servicio a unos 108,000 clientes de agua en 60 comunidades del Estado y también atiende a aproximadamente 3,000 usuarios de servicios de aguas residuales en Southbury.
La oficina de Tong señaló que, tras revisar la solicitud de la empresa, identificó alrededor de $19 millones en costos que considera excesivos o insuficientemente justificados. Entre sus objeciones figuran las ganancias que busca obtener la compañía, su estructura financiera y determinados gastos empresariales que, según el fiscal general, no deberían trasladarse a los consumidores.
Otro punto de controversia es que Connecticut Water Company solicita una rentabilidad del 10% sobre el capital de sus accionistas.
La fiscalía también cuestiona que se pretenda incluir en las facturas de los clientes gastos relacionados con honorarios de la junta directiva, seguros de responsabilidad y actividades de cabildeo.
Tong sostiene que esos costos deberían ser asumidos principalmente por los accionistas y no por las familias que pagan el servicio.
Por su parte, la compañía ha defendido el aumento al argumentar que necesita recuperar inversiones realizadas en la infraestructura de sus sistemas de agua y aguas residuales.
Según la empresa, ha destinado aproximadamente 145 millones de dólares a mejoras para mantener un servicio confiable y garantizar la calidad del agua potable.
La solicitud contempla un aumento promedio de alrededor de $15.54 mensuales, aunque el impacto podría variar según la zona y el tipo de cliente.
La propuesta todavía debe ser evaluada por PURA, que analizará los costos y determinará qué incremento, si alguno, resulta apropiado.
La intervención de la fiscalía busca reducir la carga financiera sobre los consumidores y evitar que se les cobren gastos considerados injustificados.
Mientras continúa el proceso regulatorio, los clientes deberán esperar la decisión oficial antes de conocer cuánto podrían cambiar sus facturas en 2027.
CT recibe $10 millones en fondos federales para mejorar la alfabetización infantil
HARTFORD.- El estado de Connecticut recibió una subvención federal de 10 millones de dólares para fortalecer la enseñanza de la lectura y mejorar las habilidades de alfabetización de los niños de los primeros años escolares.
El gobernador Ned Lamont y la comisionada estatal de Educación, Charlene Russell-Tucker, anunciaron que los fondos se destinarán a una iniciativa de cinco años para ayudar a los estudiantes que presentan dificultades para aprender a leer.
La financiación procede del programa federal de Innovación e Investigación Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
El proyecto se concentrará en alumnos desde kindergarten hasta tercer grado, una etapa considerada fundamental para desarrollar las habilidades básicas de lectura, comprensión y escritura.
Las autoridades esperan que la intervención temprana permita identificar las dificultades académicas y ofrecer apoyo antes de que estas afecten el rendimiento escolar durante los siguientes años.
Una parte importante de los recursos se utilizará para ampliar las sesiones de lectura en grupos pequeños, dirigidas a estudiantes que necesitan ayuda adicional.
Estas actividades permitirán trabajar habilidades fundamentales, como reconocer sonidos, relacionarlos con las letras, formar palabras y mejorar la fluidez lectora. Los maestros también recibirán materiales educativos y herramientas para evaluar el progreso de cada alumno y adaptar las estrategias de enseñanza según sus necesidades.
El programa será coordinado por el Departamento de Educación de Connecticut, con la colaboración de la Facultad de Educación Neag de la Universidad de Connecticut, la Universidad de Fordham, la organización HILL for Literacy y varios distritos escolares.
La iniciativa contempla una red de 75 escuelas primarias, donde se ampliarán las intervenciones de lectura, la capacitación profesional y el acompañamiento a los educadores. También se estudiará si la incorporación de estrategias positivas de apoyo conductual mejora la participación de los estudiantes durante las clases.
La nueva subvención se suma a las inversiones realizadas por Connecticut para mejorar los resultados educativos mediante la legislación conocida como Right to Read (Derecho a Leer), aprobada en 2021.
Aunque el Estado ha impulsado cambios en los programas de lectura y en la formación docente, todavía existen desafíos importantes.
Según datos citados por CT Insider, aproximadamente el 50 % de los estudiantes de Connecticut alcanzó el nivel esperado de competencia lectora durante el año escolar 2024-2025, una cifra inferior al 56 % registrado antes de la pandemia.
Las autoridades estatales consideran que esta inversión representa una oportunidad para reducir las brechas de aprendizaje y garantizar que más niños desarrollen las habilidades necesarias para avanzar en su educación.
Durante los próximos cinco años, el programa permitirá evaluar qué métodos de enseñanza ofrecen mejores resultados y cómo pueden aplicarse en más escuelas.
El objetivo final es que los estudiantes reciban apoyo oportuno, mejoren su comprensión lectora y cuenten con bases académicas sólidas para tener éxito en los grados superi
Continúa la disputa sobre los arrestos migratorios sin orden judicial
HARTFORD.- La legalidad de los arrestos migratorios realizados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) continúa generando controversia en Connecticut.
Autoridades estatales, organizaciones defensoras de los derechos civiles y representantes de la comunidad inmigrante cuestionan los límites de las operaciones federales, especialmente cuando se realizan sin una orden judicial firmada por un juez.
El debate se intensificó tras un arresto efectuado por el ICE en el Tribunal Superior de Meriden en septiembre.
El caso de Meriden se encuentra bajo revisión de las autoridades judiciales estatales. Según los registros obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles de Connecticut (ACLU-CT), los agentes presentaron una orden administrativa de deportación firmada por un funcionario federal, no una orden judicial firmada por un juez.
Esta diferencia es fundamental porque la legislación estatal establece restricciones específicas para los arrestos civiles migratorios en los tribunales.
La ley de Connecticut que entró en vigor en mayo de 2026 prohíbe, en general, determinados arrestos civiles migratorios dentro de los tribunales sin una orden judicial válida, aunque contempla excepciones específicas. Además, nuevas restricciones estatales que comenzaron a aplicarse en octubre amplían las protecciones en determinados espacios, como centros educativos, guarderías, lugares de culto e instalaciones médicas.
Las normas también establecen requisitos de identificación para los agentes, con excepciones limitadas.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que las operaciones sin las garantías legales correspondientes pueden vulnerar derechos fundamentales y generar temor entre las familias.
La ACLU-CT ha solicitado más información para determinar si el arresto de Meriden incumplió la legislación estatal.
Mientras tanto, la rama judicial de Connecticut confirmó que revisa tanto la documentación presentada por ICE como la actuación de los funcionarios judiciales que estuvieron presentes durante el incidente.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende las operaciones de ICE y sostiene que los agentes federales tienen autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.
La agencia ha cuestionado las restricciones estatales y argumenta que estas pueden dificultar la detención de personas sujetas a procesos de deportación.
Sin embargo, la controversia jurídica gira en torno a las diferencias entre las órdenes administrativas emitidas por autoridades migratorias y las órdenes judiciales firmadas por un juez, así como a las circunstancias específicas en las que puede efectuarse un arresto.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, también se ha sumado a los esfuerzos legales contra determinadas prácticas de arresto migratorio sin orden judicial, al respaldar una acción judicial junto con otros 21 fiscales generales estatales.
La disputa continúa abierta y podría derivar en nuevas medidas legislativas o decisiones judiciales que definan con mayor claridad los límites de las operaciones federales en el estado.
Mientras tanto, las autoridades y las organizaciones civiles insisten en la importancia de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos constitucionales de los residentes.
Comienza la temporada de inscripción a seguros de salud
NUEVA YORK.- Las personas de Nueva York se preparan para el inicio del período de inscripción abierta a los seguros médicos para 2027.
A partir del 1º de noviembre, las personas que no cuentan con cobertura a través de su empleador podrán comparar planes, revisar sus opciones y solicitar un seguro mediante el mercado oficial NY State of Health.
El período de inscripción para los planes privados se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
La nueva temporada llega en un momento de preocupación por el costo de la atención médica. Muchos consumidores podrían enfrentar primas más elevadas y menos ayuda financiera que en años anteriores, luego de la expiración de los subsidios federales ampliados para seguros privados. Aunque el impacto variará según los ingresos, el plan elegido y la situación familiar, las autoridades recomiendan comparar cuidadosamente las opciones antes de renovar una póliza.
Entre las opciones disponibles se encuentran los planes privados, Medicaid, el Essential Plan y Child Health Plus, dependiendo de los ingresos, la edad y otros requisitos de elegibilidad.
Algunos programas públicos permiten solicitar cobertura durante todo el año, mientras que los planes privados del mercado generalmente requieren inscripción durante el período establecido, salvo que la persona califique para una inscripción especial.
Las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial de NY State of Health, https://nystateofhealth.ny.gov, para comparar coberturas, estimar costos y comprobar si califican para asistencia financiera.
También pueden recibir ayuda gratuita de asesores certificados que explican las opciones disponibles y acompañan a los solicitantes durante el proceso. Para obtener información, está disponible el teléfono 1-855-355-5777.
Las autoridades recomiendan no esperar hasta los últimos días para revisar las alternativas, actualizar la información familiar y confirmar las fechas de inscripción.
Elegir un plan adecuado puede ayudar a evitar interrupciones en la cobertura y facilitar el acceso a consultas médicas, medicamentos y otros servicios esenciales durante 2027.
Para muchas familias, comparar cuidadosamente los beneficios y los gastos de cada opción será especialmente importante ante la incertidumbre sobre los costos de la atención médica.
Ciudadanos proponen cambios para reducir los impuestos a la propiedad
NEW HAVEN.- Un grupo de ciudadanos de Connecticut presentó una serie de propuestas para reducir la carga de los impuestos a la propiedad que pagan los residentes y las empresas del estado.
La Asamblea Ciudadana de Connecticut sobre los Impuestos a la Propiedad dio a conocer sus recomendaciones el lunes 26 de octubre, con un plan que busca reformar el sistema de financiación municipal y aliviar la presión económica sobre las familias.
La iniciativa fue desarrollada con apoyo de la Conferencia de Municipios de Connecticut, investigadores de Yale University y la Universidad de Connecticut (UConn).
Una de las propuestas más destacadas consiste en restablecer los peajes en las autopistas interestatales para generar ingresos destinados a las comunidades locales. Los integrantes de la asamblea calculan que este sistema podría recaudar hasta 950 millones de dólares anuales.
El dinero ayudaría a compensar la eliminación del impuesto municipal sobre los vehículos, una medida que permitiría reducir los gastos tributarios de los propietarios de automóviles sin obligar a los municipios a aumentar otros impuestos para cubrir sus presupuestos.
El grupo también recomendó establecer un recargo fiscal de al menos el 1% sobre los ingresos superiores a un millón de dólares anuales, con el objetivo de obtener recursos adicionales para financiar la ayuda estatal a las ciudades y pueblos.
Según los participantes, combinar nuevas fuentes de ingresos con una distribución más equitativa de los fondos públicos permitiría reducir la dependencia de los impuestos a la propiedad, que representan una parte importante de los ingresos municipales en Connecticut.
Otra recomendación propone que el estado asuma la totalidad de los costos de educación especial que actualmente recaen sobre los distritos escolares locales.
La asamblea también plantea incentivar la regionalización de los servicios educativos, promover acuerdos entre municipios para compartir servicios y revisar los mandatos estatales que generan gastos adicionales para los gobiernos locales.
Estas medidas buscan reducir los costos administrativos y evitar que los aumentos del gasto municipal se traduzcan automáticamente en mayores facturas de impuestos para los propietarios.
El informe incluye otras alternativas, como revisar las exenciones fiscales concedidas a determinadas organizaciones sin fines de lucro, reformar las subvenciones estatales destinadas a compensar a los municipios por propiedades exentas y distribuir una mayor proporción de los ingresos de los impuestos sobre hoteles y restaurantes a las comunidades donde se generan.
Sin embargo, los integrantes reconocen que algunas propuestas enfrentarán obstáculos políticos y legales. En particular, el uso indirecto de los ingresos de los peajes para financiar el alivio fiscal podría requerir cambios en las reglas presupuestarias estatales y posiblemente una enmienda constitucional.
Las recomendaciones llegan en medio de la preocupación por el costo de vida y la carga fiscal que enfrentan los hogares de Connecticut.
La Asamblea Ciudadana, integrada por 98 participantes, señaló que sus propuestas buscan impulsar una reforma amplia y apartidista, aunque su aprobación dependerá de los legisladores estatales.
El informe abre ahora un debate sobre cómo financiar los servicios públicos, mantener la estabilidad de los presupuestos municipales y ofrecer un alivio real a los contribuyentes. Las medidas todavía son propuestas y no constituyen cambios aprobados en la ley.
Candidatos a gobernador de CT mantienen diferencias sobre las operaciones de ICE
NEW HAVEN.- La política migratoria se ha convertido en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre el gobernador demócrata Ned Lamont y su rival republicano, el senador estatal Ryan Fazio, en la contienda por la gobernación de Connecticut.
Ambos candidatos mantienen posiciones diferentes sobre el alcance de las operaciones del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la cooperación entre las autoridades estatales y federales, un tema que genera preocupación entre las comunidades inmigrantes.
Lamont defiende las restricciones estatales a la cooperación con ICE y sostiene que Connecticut debe proteger los derechos de sus residentes, especialmente en lugares sensibles como escuelas, hospitales, tribunales y lugares de culto.
El Gobernador ha respaldado leyes destinadas a limitar determinadas detenciones migratorias y exigir mayores garantías de responsabilidad a los agentes federales.
También ha criticado las operaciones que, según afirma, generan miedo entre las familias y afectan la asistencia de los estudiantes a las escuelas.
Por su parte, Fazio considera que las políticas actuales de Connecticut imponen restricciones excesivas a la colaboración con las autoridades federales.
El candidato republicano sostiene que los organismos estatales y locales deberían poder compartir información y cooperar con ICE en determinados casos, particularmente cuando se trata de personas condenadas por delitos graves.
Fazio también cuestiona la eficacia y la constitucionalidad de algunas de las medidas aprobadas por la administración de Lamont.
Las diferencias quedaron especialmente evidentes durante el primer debate televisado entre ambos candidatos, celebrado el 22 de octubre. Durante el encuentro, Fazio cuestionó la ley Trust Act de Connecticut y argumentó que determinadas restricciones pueden impedir la transferencia de personas con antecedentes criminales a las autoridades federales. Lamont rechazó sus críticas y defendió su gestión, afirmando que el estado coopera con las agencias federales en asuntos relacionados con delincuentes peligrosos.
La disputa también se ha trasladado a la campaña publicitaria. Lamont ha acusado a Fazio de apoyar una mayor presencia del ICE en espacios como escuelas y lugares de culto, mientras que el republicano ha calificado esas afirmaciones de engañosas. Fazio sostiene que su propuesta de revisar la Trust Act busca modificar las restricciones incorporadas en años recientes, no autorizar operaciones indiscriminadas.
La controversia refleja las diferencias sobre cómo equilibrar la aplicación de las leyes migratorias, la seguridad pública y la protección de los derechos civiles.
Con las elecciones generales previstas para el 3 de noviembre, la inmigración continúa ocupando un lugar central en el debate político de Connecticut.
Las posiciones de Lamont y Fazio podrían influir en la decisión de los votantes, especialmente entre quienes consideran prioritarios la seguridad pública, la rendición de cuentas de las autoridades y la protección de las familias inmigrantes.
El resultado electoral determinará qué enfoque tendrá el próximo gobierno estatal frente a la cooperación con el ICE y las políticas migratorias federales.
