TEGUCIGALPA.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene previsto regresar a finales de julio al país luego de que un juez suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra. La decisión judicial fue adoptada tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria presentada por la defensa del exmandatario dentro de un proceso relacionado con un presunto caso de corrupción.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, informó que el juez natural admitió el recurso promovido por los abogados de Hernández y programó para el próximo 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado. La resolución también fue notificada a las autoridades de seguridad, al Instituto Nacional de Migración y a la Interpol para suspender temporalmente las medidas de captura mientras el exgobernante comparece ante la justicia.
La investigación contra Hernández está relacionada con el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013. La Fiscalía hondureña lo acusa de delitos vinculados a corrupción y lavado de activos, señalamientos que el exmandatario ha rechazado, asegurando que es inocente y que demostrará su versión durante el proceso judicial.
Juan Orlando Hernández permaneció varios años en Estados Unidos, donde fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025 recibió un indulto presidencial en ese país, lo que le permitió recuperar su libertad. Ahora, con la suspensión provisional de la orden de captura en Honduras, podrá regresar para atender el proceso pendiente ante los tribunales nacionales.
El abogado defensor, Mario Cárdenas, indicó que el expresidente tiene previsto arribar a Honduras el 31 de julio, pocos días antes de la audiencia fijada por la Corte Suprema de Justicia. Según la defensa, Hernández comparecerá voluntariamente ante el juez para responder a las acusaciones y colaborar con el desarrollo del proceso judicial.
El eventual regreso del exmandatario ha generado un amplio debate en Honduras debido a las implicaciones políticas y judiciales del caso. Mientras sus simpatizantes consideran que tendrá la oportunidad de defenderse en los tribunales, diversos sectores sostienen que el proceso deberá desarrollarse con total independencia y transparencia, dada la relevancia del exgobernante y el impacto que el caso ha tenido en la vida política del país.
