NEW HAVEN.- Connecticut se convirtió oficialmente en un “Estado santuario” con la promulgación de la Trust Act en 2013.

Esta ley prohibía a las fuerzas del orden locales acatar las órdenes de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en la mayoría de los casos, excepto en los casos en que un extranjero hubiera sido condenado por un delito grave o tuviera una orden de arresto pendiente.

Sin embargo, esa legislación original parecía insuficiente para proteger a los inmigrantes indocumentados en Connecticut.

Por lo tanto, para rectificar lo que un legislador describió como “varias lagunas y problemas legales que debían abordarse”, la Legislatura de Connecticut modificó la Trust Act en 2019.

La Trust Act actualizada prohibía a las fuerzas del orden detener a alguien únicamente con base en una orden de detención del ICE, requiriendo en su lugar una orden judicial, a menos que el extranjero fuera culpable de los delitos más graves o estuviera en la lista de vigilancia terrorista.

La ley también limitó el intercambio de información con el ICE y amplió el tipo de agentes del orden sujetos a las limitaciones.

Además, la ley de 2019 exige que los departamentos de policía de Connecticut notifiquen a una persona “cuando el ICE haya solicitado su detención”, presumiblemente para que pueda ocultarse.

La Trust Act, en su versión modificada de 2019, parecía suficiente para satisfacer el deseo de los legisladores de Connecticut de proteger a todos, excepto a los inmigrantes indocumentados más reincidentes, dada la falta de interés de la administración del ex presidente Joe Biden en aplicar la mayoría de las leyes de inmigración.

Sin embargo, en vísperas de la segunda toma de posesión del presidente Trump, los funcionarios estatales sintieron la necesidad de determinar si se necesitaban más protecciones para los inmigrantes indocumentados.

Cinco días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, Janelle Medeiros, Consejera Especial del Estado para los Derechos Civiles, emitió un memorando de orientación preliminar que reafirmaba “el profundo compromiso de la Fiscalía General de Connecticut con el respeto, el honor y la protección de los inmigrantes de Connecticut”, omitiendo deliberadamente cualquier mención sobre su estatus legal.

Ese memorando, y la inquietud general ante la posibilidad de que las leyes de inmigración se apliquen realmente, ha dado lugar a un nuevo intento de actualizar la Trust Act.

La semana pasada, la versión más reciente de la Trust Act de Connecticut superó su primer obstáculo legislativo en una votación conjunta de los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado.

El proyecto de ley HB-7212 de la Cámara de Representantes prohíbe a todos los departamentos de seguridad pública, fiscales estatales, la Junta de Indultos y Libertad Condicional, y a los gobiernos locales, colaborar con el ICE.

El proyecto de ley también advierte a todas las jurisdicciones locales que, si no se alinean con estas políticas estatales santuario mejoradas, se verán obligadas a cumplir mediante una orden del Tribunal Superior estatal. El proyecto de ley incluso prohíbe a las agencias estatales y locales utilizar los servicios de traducción proporcionados por el gobierno federal.

Peor aún, el proyecto de ley pretende dificultar aún más que el ICE obtenga información sobre cuándo y dónde comparecen ante el tribunal los extranjeros que buscan. Además de prohibir la divulgación del estatus migratorio, prohíbe en general compartir cualquier información con fines de control migratorio, incluyendo la dirección, el lugar de trabajo o el horario de trabajo, la escuela o el horario escolar de una persona. o la fecha y lugar de los procedimientos o citas de una persona con agencias federales.

El representante Steven Stafstrom, uno de los patrocinadores del proyecto de ley, afirmó que este “aborda un problema creciente que hemos observado: encuentros inseguros frente a nuestros juzgados entre personas que llegan a su cita judicial, para acompañar a un ser querido o para servir como testigos, o incluso víctimas de delitos que se presentan a una cita judicial y luego son perseguidas por agentes del ICE”.

Connecticut no solo busca garantizar que las entidades gubernamentales no cooperen con el ICE, sino que también quiere asegurarse de que las empresas con las que trabaja eviten colaborar con el ICE mientras la agencia cumple con su mandato de expulsar a inmigrantes indocumentados del país.

El primer objetivo es Avelo Airlines, una aerolínea que presta servicios a mercados más pequeños como el Tweed Regional Airport de New Haven. Para atraer y mantener un servicio aéreo conveniente en el área de New Haven, el estado suspendió el impuesto al combustible de aviación para Avelo.