NORWALK.- Un nuevo estudio estima el impacto económico en Connecticut de la política de deportación masiva del gobierno federal, incluyendo la pérdida de ingresos fiscales y la interrupción del mercado laboral.
La investigación, realizada por la organización progresista Connecticut Voices for Children y la Immigration Research Initiative, muestra que, en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron más de 406 millones de dólares en impuestos estatales y municipales de Connecticut.
De los casi 600 mil inmigrantes en Connecticut, la investigación indica que 267 mil son extranjeros, y entre ellos, aproximadamente 150 mil son inmigrantes sin documentación.
Los inmigrantes indocumentados corren el mayor riesgo de deportación bajo la presión de la administración Trump, pero el informe también señala que las personas con visas temporales podrían verlas canceladas o no renovadas, y las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitantes de asilo y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) también se ven amenazadas por los cambios a nivel federal.
“Es importante recordar las múltiples maneras en que los inmigrantes enriquecen nuestra sociedad”, declaró Emily Byrne, directora ejecutiva de Connecticut Voices for Children, quien agregó que “especialmente ahora con las innumerables acciones del gobierno federal que buscan eliminar sus contribuciones, y con el Congreso apresurándose para aprobar un presupuesto que obligará a los estados y municipios a asumir la carga de los profundos recortes a la financiación federal”.
El estudio, titulado “Los impactos económicos y fiscales de la deportación masiva: Qué está en riesgo en Connecticut”, detalla varios sectores industriales.
Señala que hay más de 5 mil granjas en Connecticut y que, a nivel nacional, más de la mitad de los trabajadores agrícolas son inmigrantes.
En la industria de los restaurantes, el 35% de los 21 mil cocineros del Estado son inmigrantes. Hay 11 mil conserjes y personal de limpieza inmigrantes en Connecticut, y otros 11 mil empleados de limpieza y servicio doméstico.
Aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores de la construcción en el Estado es inmigrante. “La pérdida de un gran número de trabajadores de la fuerza laboral de Connecticut significaría un aumento en el costo de vida para los residentes del Estado, quienes pagarán más por restaurantes, cuidado infantil, asistentes de salud a domicilio, construcción y más”, señala el informe.
“Los costos aumentarán no solo porque los inmigrantes suelen estar mal pagados, sino, fundamentalmente, porque habrá una escasez de trabajadores”, agregaron los autores del estudio.
Señala que la tasa de desempleo relativamente baja del Estado, de alrededor del 3.4%, significa que el mercado laboral ya está limitado.
“Los habitantes de Connecticut merecen estabilidad y garantías de que su calidad de vida se mantendrá intacta. Nuestro Estado es más vibrante gracias a la presencia de inmigrantes. Los inmigrantes contribuyen a la infraestructura pública crítica. No debemos darlo por sentado”, dijo Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de CT Students for a Dream.
El informe insta a los líderes federales y estatales a rechazar las deportaciones masivas y, en su lugar, a implementar políticas que amplíen las vías para obtener un estatus legal.
