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Cómo el presidente Joe Biden está cambiando la vida de los inmigrantes de Nueva York

NUEVA YORK.- Apenas tomó el cargo, el presidente Joe Biden tomó medidas no solo para revertir las políticas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, sino también para liberalizar todos los aspectos de un sistema que durante mucho tiempo se consideró roto.

Las medidas de Biden tendrán un gran impacto en los nuevos inmigrantes y en los indocumentados en el área de la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester y Nueva Jersey.

 

DECISIONES QUE ESTAN BENEFICIANDO A LOS INMIGRANTES

Camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes; 3.5 millones en Nueva York

Biden está gastando su capital político inicial y su estrecho control demócrata del Congreso para impulsar un proyecto de ley que haría reformas históricas al sistema de inmigración. Pero lograr que se apruebe la U.S. Citizenship Act no será fácil.

El proyecto de ley proporciona un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos (3.5 en el estado de Nueva York) y que superan un proceso de investigación, con una pista de ocho años para la elegibilidad para la tarjeta verde y luego la ciudadanía.

Aquellos con protecciones a corto plazo que Trump buscó eliminar, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), podrían convertirse en ciudadanos en cinco años.

Para disuadir el flujo de la migración desde el sur, el proyecto de ley proporciona dinero para los países centroamericanos de los que los inmigrantes huyen debido a problemas que van desde la violencia de las pandillas hasta la opresión gubernamental. Crea oficinas en esos países para que los inmigrantes desplazados soliciten protección de asilo en los Estados Unidos y otros países seguros.

El proyecto de ley también aumenta la cantidad de visas permitidas para ciudadanos de otros países, expandiendo la inmigración legal.

 

Sin deportaciones durante 100 días y menos arrestos del ICE

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional emitido el primer día de Joe Biden en el cargo prohíbe la mayoría de las deportaciones durante 100 días mientras se realiza una revisión de las políticas del US. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El memo se aplica a casi todos los inmigrantes con órdenes finales de deportación, excepto a los que llegaron después del 1º de noviembre y a los sospechosos de terrorismo.

Al mismo tiempo, ICE está revirtiendo sus prioridades de arrestos.

La Administración de Biden anuló un memorando de la Administración de Trump de 2017 que permitía que todos los inmigrantes sin documentos fueran arrestados, detenidos y deportados. En cambio, la agencia se centrará en aquellos que se consideran amenazas a la seguridad nacional o los condenados por delitos graves agravados.

Esta medida fue bloqueada esta semana por un juez federal, sin embargo, el Presidente espera revertir el fallo.

 

Los “soñadores” que llegaron para quedarse

La Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) se creó durante la administración Obama y cubre a más de 650 mil inmigrantes indocumentados, conocidos como dreamers, que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.

Incluyen aproximadamente 75 mil beneficiarios de DACA y neoyorquinos elegibles para DACA en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester.

DACA otorgó a los beneficiarios autorización de trabajo y protección contra la deportación. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó los esfuerzos de la administración Trump para abolir el programa, y ​​un juez federal en Nueva York ordenó la restauración completa de DACA en noviembre pasado, pero un único desafío continúa en Texas.

Otra de las órdenes ejecutivas de Biden establece que los inmigrantes con DACA “no deben ser una prioridad para la deportación basada en preocupaciones humanitarias y otras consideraciones, y que la autorización de trabajo les permitirá mantenerse a sí mismos y a sus familias, y contribuir a nuestra economía, mientras permanecer”.

 

La “prohibición musulmana” ya no existe

Biden firmó una orden que pone fin a lo que se conoció como la “Prohibición musulmana”, la orden ejecutiva de Trump de 2017 que se convirtió en objeto de numerosas demandas y protestas en los aeropuertos a nivel nacional, incluso en el John F. Kennedy. Finalmente se aplicó a 13 países, la mayoría de los cuales son mayoritariamente musulmanes.

La orden de Biden dice que el secretario de Estado ordenará a todas las embajadas y consulados que reanuden el procesamiento de visas en esos países e informen en 45 días sobre un plan para procesar las solicitudes de manera “expedita”. También pide reconsiderar a las personas cuyas solicitudes fueron denegadas durante los años de Trump.

 

Protecciones para los liberianos

Esta orden ejecutiva de Biden estrechamente elaborada se aplica a miles de inmigrantes que perdieron su autorización de trabajo este mes.

Las guerras civiles en la nación de África Occidental entre 1989 y 2003 hicieron que cientos de miles de liberianos abandonaran su país.

La ciudad de Nueva York tiene ahora una de las comunidades liberianas más grandes de los Estados Unidos y la mayoría vive en Staten Island.

Estados Unidos les dio a estos inmigrantes una forma de protección temporal contra la deportación llamada Salida Diferida por Cumplimiento (DED), que tenía que renovarse cada pocos años. Algunos conservadores argumentaron que ya no era necesario. Luego, el presidente Trump se preparó para eliminarlo gradualmente para marzo de 2020.

 

Gobernador levanta restricciones de COVID-19 en varias ciudades de Westchester

Andrew Cuomo levantó las restricciones en Port Chester, Tarrytown, Yonkers, Peekskill, Ossining y New Rochelle

PORT CHESTER. – Dado que las tasas de positividad del coronavirus continúan disminuyendo, el gobernador Andrew Cuomo anunció esta semana que se levantaron las restricciones en todas las zonas naranjas y la mayoría de las zonas amarillas en todo el estado de Nueva York, incluido Port Chester.

El gobernador también levantó las restricciones en Tarrytown, Yonkers, Peekskill, Ossining y New Rochelle.

Las otras áreas donde todavía existen zonas amarillas incluyen Newburgh, el Bronx, Washington Heights y Queens, indicó Cuomo.

En una zona amarilla, las casas de culto solo pueden operar al 50 por ciento de su capacidad. Las reuniones masivas podrían incluir solo 25 personas o más en interiores y exteriores.

Las comidas en el interior y al aire libre permiten sólo cuatro personas por mesa, y las escuelas permanecen abiertas, con pruebas semanales del 20 por ciento de los estudiantes y maestros, de acuerdo con las reglas estatales.

Por su parte, las restricciones de la zona naranja limitan las reuniones a un máximo de 10 personas, en interiores y exteriores.

Las casas de culto pueden tener el 33 por ciento de la capacidad máxima o 25 personas. Los gimnasios y los centros de fitness se limitan al 25 por ciento de su capacidad.

Los empleados de peluquerías y salones de belleza pueden brindar servicios si se les hiciera la prueba del coronavirus semanalmente.

Se permite cenar al aire libre con un máximo de cuatro personas en cada mesa, comida para llevar y entrega a domicilio.

Las escuelas pueden tener clases presenciales con un 20 por ciento de pruebas mensuales a los estudiantes y profesores, según la guía estatal.

Cuomo indicó que con la disminución de las tasas de positividad, los expertos indicaron que era seguro comenzar a levantar las restricciones y aflojar las válvulas para permitir una mayor actividad económica.

Cuando se le preguntó acerca de las incógnitas que plantean las nuevas variantes del virus, Cuomo precisó que la vacuna era la única respuesta y que los datos podrían cambiar en el futuro. Ç

Además, agregó que la capacidad del hospital sigue siendo el tema más crítico, al igual que la vacunación del personal de los hospitales.

Se subestimó el número de muertes en hogares de ancianos durante pandemia, asegura Fiscal General

NUEVA YORK.- Es posible que Nueva York haya subestimado el número de muertes de los residentes de los hogares de ancianos durante la pandemia hasta en un 50%, según la Fiscal General del Estado en un informe publicado esta semana.

La fiscal general Letitia James lleva meses examinando las discrepancias entre el número de muertes notificadas por el Departamento de Salud del Estado y la cifra de fallecidos notificados por las propias residencias.

Sus investigadores examinaron una muestra de 62 de las aproximadamente 600 residencias de ancianos del Estado.

Informaron de mil 914 muertes de residentes por COVID-19, mientras que el Departamento de Salud del Estado sólo registró mil 229 fallecimientos en esas mismas instalaciones.

Según el informe de James, si ese mismo patrón existe en todo el Estado, significaría que Nueva York está subregistrando las muertes en casi un 56%.

Parte de la brecha se explica por la decisión de la agencia sanitaria de Nueva York de excluir de su recuento el número de pacientes de residencias de ancianos que mueren tras ser trasladados a hospitales.

Los responsables de los hospitales y residencias de ancianos afirman que el Estado tiene fácil acceso a esa cifra.

El comisionado de Salud, Howard Zucker, expresó en varias ocasiones que el Estado está trabajando en la recopilación de esos datos.

Hasta el martes, el Estado informó de 8 mil 711 muertes en residencias de ancianos en todo el Estado.

El gobernador Andrew Cuomo prometió realizar un esfuerzo “especial” para proteger las residencias de ancianos a principios de la primavera pasada.

Encargó a James el año pasado que investigara cómo estaban cumpliendo las residencias de ancianos las directrices del COVID-19 el año pasado.

James dijo que su revisión encontró que la falta de controles de infección en las residencias de ancianos también puso a los residentes en mayor riesgo de daño, mientras que las residencias de ancianos que tenían puntuaciones federales más bajas para la dotación de personal tenían mayores tasas de mortalidad de COVID-19.

“A medida que la pandemia y nuestras investigaciones continúan, es imperativo que entendamos por qué los residentes de los hogares de ancianos en Nueva York sufrieron innecesariamente a un ritmo tan alarmante”, aseguró la Fiscal General.

“Aunque no podemos traer de vuelta a los individuos que perdimos por esta crisis, este informe busca ofrecer la transparencia que el público merece y estimular una mayor acción para proteger a nuestros residentes más vulnerables”, finalizó James.

 

Vacunas disponibles contra el COVID-19 en Westchester

WHITE PLAINS.- La Westchester County Health Clinic, en Court Street, White Plains, es un sitio pequeño operado por el Departamento de Salud del Condado, que se limita a los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores de la salud. De acuerdo con la agencia, es un sitio proporciona de 300 a 350 vacunas por día y ha vacunado a un total de 3 mil 327 personas hasta la fecha.

Otro sitio disponible para obtener las vacunas contra el COVID-19 es el Westchester County Center en White Plains, que es operado por el Estado.

El sitio está abierto de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, los 7 días de la semana.

Ellos vacunan de mil a mil 100 personas por día y han vacunado a un total de 12 mil 838 personas hasta la fecha.

El estacionamiento en el County Center es gratuito si se estaciona en el estacionamiento del condado de Westchester.

Para determinar la elegibilidad, encontrar información sobre los lugares de vacunación y programar citas solo en los lugares de vacunación administrados por el estado de Nueva York, las personas pueden utilizar la aplicación Am I Eligible o llamar a la línea directa de vacunación contra el COVID-19 del estado de Nueva York, de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, los 7 días de la semana, al 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829).

La aplicación Am I Eligible está disponible en la web https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov.

Según las autoridades, los lugares se abrirán a medida que haya más productos disponibles y cuando las personas reprogramen o cancelen citas a instaron a las personas a sigue intentando concertar una cita.

El alto tráfico que están experimentando las personas en términos de programar una cita de vacunación es real y frustrante. No hay suficientes sitios de vacunación y los sitios no están convenientemente ubicados, reconocieron las autoridades.

Sin embargo, el Estado no ampliará el número de ubicaciones hasta que se reciba más productos de vacuna.

Si una persona es elegible para recibir la vacuna en la Fase 1a o la Fase 1b, puede inscribirse en el sistema de alerta del Departamento de Salud del Condado de Westchester, que informará cuando haya más dosis de vacuna disponibles.

Pueden ingresar a la web https://www.surveymonkey.com/r/JFX97LP.

 

Variante del virus de Sudáfrica detectada en EEUU por primera vez

WASHINGTON DC.– Una nueva variante del coronavirus identificada en Sudáfrica se encontró por primera vez en Estados Unidos, con dos casos diagnosticados en Carolina del Sur, informaron el jueves funcionarios estatales de salud.

La llegada de esta variante que ahora está surgiendo en otros países “es un recordatorio importante para todos los habitantes de Carolina del Sur de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar”, dijo en un comunicado el doctor Brannon Traxler, director Interino de Salud Pública del DHEC. “Si bien hay más vacunas COVID-19 en camino, los suministros aún son limitados. Cada uno de nosotros debe volver a comprometerse con la lucha reconociendo que ahora todos estamos en primera línea. Estamos todos juntos en esto.”

Los virus están en constante mutación, con variantes de coronavirus circulando por todo el mundo, pero los científicos están principalmente preocupados por la aparición de tres de ellos. Otras variantes informadas por primera vez en el Reino Unido y Brasil se confirmaron previamente en los EE. UU. Los investigadores creen que estas tres variantes pueden extenderse más fácilmente y predijeron que era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran aquí.

Además, la semana pasada, los científicos informaron señales preliminares pero preocupantes de que algunas de las mutaciones recientes pueden frenar modestamente la efectividad de dos vacunas actuales , aunque enfatizaron que las inyecciones aún protegen contra la enfermedad. Y hay indicios de que algunas de las nuevas mutaciones pueden socavar las pruebas del virus y reducir la eficacia de ciertos tratamientos.

El coronavirus ya ha enfermado a millones y ha matado a más de 400 mil personas en los Estados Unidos, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Si bien algunos países europeos realizan pruebas genéticas exhaustivas para detectar estas variantes, los científicos estadounidenses han estado tratando de hacer más rápidamente y están detectando estas variantes aparentemente más contagiosas a medida que lo hacen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han informado al menos 315 casos de la variante descubierta en el Reino Unido en los Estados Unidos. Esos informes provienen de al menos 28 estados y los funcionarios de salud creen que podría convertirse en la cepa dominante en Estados Unidos en marzo. Esa variante se ha informado en al menos 70 países.

El primer caso estadounidense de la variante encontrada en Brasil fue anunciado a principios de esta semana por funcionarios de salud en Minnesota. Fue una persona que viajó recientemente a esa nación sudamericana. Esa versión del virus ha aparecido en más de media docena de países.

La variante encontrada por primera vez en Sudáfrica se detectó en octubre. Desde entonces se ha encontrado en al menos otros 30 países.

Algunas pruebas sugieren que las variantes sudafricana y brasileña pueden ser menos susceptibles a los fármacos de anticuerpos o a la sangre rica en anticuerpos de los sobrevivientes de COVID-19, los cuales ayudan a las personas a combatir el virus.

A los funcionarios de salud también les preocupa que si el virus cambia lo suficiente, las personas podrían contraer COVID-19 por segunda vez.

El presidente Joe Biden restableció el lunes las restricciones de viaje de COVID-19 a la mayoría de los viajeros no estadounidenses de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los estadounidenses no viajen en este momento.

Silvia Pinal asegura que la Casa del Actor no está en riesgo

Silvia Pinal desmiente a Jorge Ortiz de Pinedo, y asegura que la Casa del Actor no está en riesgo de cerrar sus puertas por falta de recursos, aunque admite que no siempre se les puede dar todo lo que se necesita.

“No está diciendo la verdad, le voy a preguntar (A Ortiz de Pinedo) de dónde sacó eso. La obra que hemos hecho nosotros ahí está, y la gente ahí está y están agradecidos. A veces no podemos darles muchas cosas, pero en general siempre se les ha dado”, reveló Silvia al programa ‘Sale el Sol’.

La actriz afirma que a través de la Fundación Rafael Banquells, misma que ella preside, no se ha dejado de ayudar a la Casa del Actor, fundada por Cantinflas en 1944, y que da hogar y alimento a actores que carecen de recursos económicos y que ya no pueden trabajar por su avanzada edad.

Ortiz de Pinedo acusa a la ANDA por no apoyar a sus agremiados con las cuotas que se les deben desde hace años, pero Silvia defendió al sindicato: “La ANDA siempre ha tenido sus porqués. A veces les falla una cosa, a veces otra, pero ahí está. Es una gran institución que nos ayuda cuando lo necesitamos, si usted va allá, verá que comen muy bien y están bien tratados”.

Justicia de Paz acusa a exjefes de FARC por secuestro y crímenes de guerra

BOGOTA (EFE).- La Justicia Especial para la Paz (JEP) acusó por primera vez a la antigua guerrilla de las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado colombiano.

“La Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas FARC crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01”, dijo este jueves la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

Según la magistrada, la calificación jurídica dada a los antiguos jefes de las FARC, actualmente dirigentes del partido político Comunes, “es el máximo reproche que este tribunal puede hacer y responde a las graves violaciones del principio de humanidad”.

Los imputados son acusados de privar a numerosas personas de su libertad y en consecuencia, la Sala de Reconocimiento también los acusó de otros crímenes de guerra relacionados como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente de Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, llegó a esta decisión después de dos años y medio de investigación en los cuales examinó archivos judiciales que incluyen documentos y computadores incautados en operaciones militares, extensos informes entregados por la Fiscalía y la sociedad civil.

Igualmente tuvo en cuenta las versiones individuales y colectivas de 257 excombatientes, en las que muchos reconocieron su responsabilidad, y las observaciones de 1.028 víctimas.

LOS SECUESTROS NO FUERON ERRORES

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción concluyó que lo que ha investigado en el llamado macrocaso 01, que ahora será denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC.

“Por el contrario, no son errores en la guerra sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.

El Caso 01, abierto el 4 de julio de 2018, tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, y prioriza las “retenciones ilegales de personas por parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012”, investigación que abarca más de 9.000 hechos ocurridos durante esa época.

Pese a que los estatutos de las FARC contenían una disposición de “buen trato” para los secuestrados, mencionado por los miembros del Secretariado en sus versiones ante la JEP, los relatos de las víctimas acreditadas, así como los informes entregados a la JEP por la sociedad civil reiteran que sufrieron malos tratos infligidos por muchos comandantes y guardias.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que los miembros del Secretariado tienen responsabilidad de mando por los tratos recibidos por los secuestrados y concluyó que la orden de “buen trato” se refería solo a la preservación de la vida de las personas cautivas pero no sobre su dignidad humana.

La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio en todos los bloques de las FARC, como los encadenamientos como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos y desplazamientos forzados, abusos sexuales, entre otros.

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

En caso de que los procesados no reconozcan su participación en las conductas imputadas o no aporten información exhaustiva que permita poner fin a la impunidad, la JEP puede imponer las denominadas sanciones propias que consisten en privaciones de la libertad de 15 a 20 años.

En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad de periodos de 5 a 8 años.

Esas restricciones implican limitaciones a derechos como la libertad de residencia y movimiento, prevén la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, y la participación en programas de promoción medioambiental y deben ajustarse a los fines de la sanción del derecho nacional e internacional.

“Esperamos que después de los 30 días, si los miembros del Secretariado que han sido llamados por este Auto reconocen de manera total, plena y con base a la contrastación lo que aquí se dice, se abra el camino de las sanciones propias, si no lo hacen se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de sanciones de prisión hasta de 20 años”, explicó el magistrado Cifuentes. EFE

Abogan para que trabajadores indocumentados tengan beneficios de DACA y TPS

NUEVA YORK (EFE).- Un grupo de organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Jornaleros, anunciaron este miércoles que iniciarán una campaña orientada a que el presidente Joe Biden emita una orden ejecutiva para que trabajadores indocumentados puedan tener beneficios similares a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o los acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Las organizaciones buscan que los indocumentados tengan un documento que les permita obtener un Seguro Social y seguir trabajando sin miedo a ser deportados.

En un llamado a la acción de Biden, dijeron en una conferencia de prensa al mandatario que a una semana de haber asumido la Presidencia no ha cesado de oír reclamos de la comunidad inmigrante para que cumpla sus promesas de campaña.

La campaña también se centrará en que los trabajadores no sean penalizados cuando se quejen de las condiciones laborales.

“Usualmente cuando eso ocurre les dicen ‘Si no te gusta vete o llamo a agentes de Inmigración'”, dijo Gladys Vega, de la organización La colaborativa, de Massachussetts, que sirve a la comunidad latina.

“Queremos que esta gente ejerza su derecho a quejarse y que cuando lo hagan no sean hostigados, amenazados con llamar a agentes de Inmigración”, indicó la activista, que no ofreció más detalles de la campaña y que recordó que Biden “prometió ayudar a la comunidad inmigrante”.

Pedro, un trabajador de la organización Unidad Latina en Acción, de Connecticut, destacó por su parte que por mucho tiempo se ha “abusado” de la mano de obra de inmigrantes, quienes no reciben los beneficios a los que tienen derecho.

“En la pandemia (de covid-19) hemos puesto más muertos, somos supuestamente la fuerza trabajadora, pero también somos excluidos. Ya es tiempo de unirnos y decirle a esta Administración que nos cumpla lo que prometió”, afirmó en la conferencia de prensa, a la que asistieron inmigrantes de Massacusetts y Connecticut.

“Somos parte de esta sociedad, de esta economía, aunque no lo quieran”, dijo, y acto seguido pidió a la nueva Administración que les otorgue la visa U “para que la gente se sienta más segura y pueda denunciar a quienes abusan”.

La visa U protege y da beneficios a los inmigrantes que son víctimas de determinados crímenes cometidos en Estados Unidos y que ayudan a las autoridades a resolverlos o a condenar a los culpables. Si se aprueba, el solicitante estará protegido por la visa por un periodo de cuatro años.

“Nuestros compañeros de trabajo, colegas, amigos y familias se enferman y mueren a un ritmo sorprendentemente desproporcionado. Y aun así, los trabajadores inmigrantes son amenazados con represalias si hablamos sobre el abuso en el trabajo”, indicó por su parte en un comunicado Cal Soto, director de Derechos de los Trabajadores de la Red de Jornaleros, y destacó que Biden tiene el poder para hacer que eso cambie.

Todas las personas que lleguen a EEUU deberán presentar una prueba negativa de COVID 19

STAMFORD.- En su plan para disminuir los efectos del coronavirus, el presidente Joe Biden retomó la obligación de los viajeros de presentar una prueba negativa de COVID-19 no superior a tres días antes de llegar a los Estados Unidos.

Además, los viajeros deberán realizar una cuarentena cuando lleguen al país, algo que antes era solo una recomendación, pero que ahora será de obligatorio cumplimiento a partir de esta semana.

Será obligatorio portar tapabocas, en especial dentro de los edificios oficiales, donde los trabajadores que no cumplan con las medidas “podrían ser despedidos”, según el Presidente.

De acuerdo con la administración, El plan, que se creó para contrarrestar el “fracaso” del ex presidente Donald Trump para hacer frente a la pandemia, también constituye esfuerzos para mantener protegidos a los trabajadores contra el virus, así como realizar mayor dotación de elementos para vacunación, pruebas y equipos.

Biden indicó en días anteriores que la comunidad científica tendrá “libertad” para actuar en sus investigaciones contra el COVID-19 sin injerencias políticas.

Las pruebas negativas para COVID-19, exigencia que tienen otros países del mundo, comenzó a regir a partir del martes 26 de enero y aplicará para los viajeros provenientes de todos los países.

Además, se informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de las Enfermedades (CDC) eliminarán también varias de las exenciones a estas medidas, decisión que no tiene contentas a las islas caribeñas.

En los últimos meses se había permitido a los viajeros de otros países, en especial a los que llegaban de algunas islas turísticas, presentar la prueba negativa de COVID-19 con retardo o hacerla dentro de territorio estadounidense, lo que se consideraba una exención y que aplicaba principalmente los fines de semana, días de alto tráfico de turistas.

Sin embargo, esta disposición cambió luego de que Biden presentara su plan contra el coronavirus y firmara la orden de las pruebas PCR y el uso obligatorio de tapabocas.

Spirit Airlines y American Airlines anunciaron que mantendrán la opción de cambio de tiquetes sin cobros adicionales para los viajeros que no alcanzaron a realizar una prueba de coronavirus antes del viaje y que además ayudarán a difundir la información emitida por la Presidencia en todos sus destinos.

La prueba negativa de coronavirus podría ser solicitada por cualquier persona de la aerolínea con la que tenga contacto.

 

¿El lanzamiento de la vacuna en CT está dejando atrás a hispanos y afroamericanos?, se preguntan defensores

BRIDGEPORT.- Merrill Gay ayudó a su anciana madre, encerrada sola en su casa, a concertar una cita, la semana pasada, para vacunarse contra el coronavirus.

Mientras tanto, se les ha dicho a los miles de trabajadores de cuidado infantil que son miembros de la coalición que él lidera, la Early Childhood Alliance, que tendrán que esperar más de un mes para que les llegue su turno para hacer una cita.

Los adultos mayores tienen muchas más probabilidades de morir de COVID-19, y el gobernador Ned Lamont y su administración han dado prioridad a los residentes de edad avanzada para la vacuna contra el COVID-19.

Pero el grupo de 65 años o más en Connecticut es 84 por ciento blanco, en comparación con 67 por ciento en todo el Estado.

Para algunos, eso ha planteado la pregunta de si los planes del Estado para extender la vacuna contra el COVID-19 a las personas de 65 a 74 años consideran adecuadamente las otras poblaciones más afectadas por el virus: los residentes hispanos y afroamericanos.

La mamá de Gay es blanca. Mientras tanto, a los trabajadores de cuidado infantil, supermercados y transporte público, grupos que son desproporcionadamente latinos y afroamericanos, se les ha dicho que tendrán que esperar al menos otro mes para hacer una cita, mientras que los mayores de 65 años se vacunan. Aquellos con problemas de salud subyacentes que se ven más afectados por el COVID-19 también tienen que esperar su turno, a menos que tengan al menos 65 años.

Los defensores dicen que la distribución de la vacuna estrictamente por edad pasa por alto poblaciones que también están en alto riesgo.

“El proceso de las vacunas tiene que verse a través de una lente racial. Tiene que ser visto a través de una lente de equidad”, comentó Georgia Goldburn, quien dirige el Hope Child Development Center en New Haven, cuyo personal mayoritariamente es hispano y afroamericano y no tiene la opción de quedarse en casa si quiere un cheque de pago.

La administración de Lamont utiliza la edad para determinar la elegibilidad de la vacuna porque la edad es proporcional a la mortalidad por COVID-19.

Si bien el riesgo de morir por COVID-19 aumenta considerablemente con la edad en todos los grupos raciales, no lo hace al mismo ritmo.

Los residentes blancos de 65 a 85 años tienen tasas de mortalidad más bajas en comparación con sus contrapartes afroamericanas e hispanas, de acuerdo con un análisis de CT Mirror.

Un residente estatal blanco de 65 años tiene una tasa de mortalidad similar a la de un residente afroamericano de 55 años y un residente hispano de 60 años.

Gregg Gonsalves, profesor asistente de epidemiología en la Universidad de Yale, dijo que las disparidades en las tasas de mortalidad por COVID-19 entre los residentes blancos, afroamericanos y latinos son predecibles, ya que los datos han mostrado durante mucho tiempo un acceso desigual a la atención médica y una menor esperanza de vida para las poblaciones minoritarias.

“Estamos partiendo de una línea de base que no es igual para empezar”, indicó.

Sin embargo, Saad Omer, profesor de epidemiología en la Universidad de Yale, recomendó priorizar los grupos según la edad, en parte porque las consideraciones explícitas de raza en los criterios de elegibilidad están abiertas a desafíos legales.

“La raza no es el único determinante de los resultados de salud”, argumentó.

Si el Estado priorizara a las personas con afecciones subyacentes, eso naturalmente haría que más personas de color fueran elegibles, precisó Jennifer Tolbert, directora de reforma de salud estatal de Kaiser Family Foundation.

Lamont señaló que ceñirse principalmente a un despliegue basado en la edad es el enfoque más rápido.

“Tenemos esa prioridad en función de la edad, ya que es la más fácil de administrar y la más directa, por lo que le pedimos a todas las personas que aún no son elegibles que tengan paciencia”, agregó Tolbert.

Los expertos en salud señalan, sin embargo, que priorizar la eficiencia puede resultar a costa de distribuirla de manera equitativa.

“Ciertamente existen problemas de equidad en lo que respecta al acceso a la vacuna”, comentó Tolbert de Kaiser Family Foundation, y agregó que dirigirse a las poblaciones mayores puede ayudar a garantizar que los hospitales tampoco se abrumen con los pacientes de COVID-19.