NEW HAVEN.- Organizaciones defensoras de los inmigrantes en Connecticut instaron a las autoridades estatales a prepararse ante el posible fin de las protecciones migratorias para miles de personas, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al gobierno federal avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Siria.
La decisión ha generado preocupación entre familias que podrían enfrentar la pérdida de su autorización para trabajar y un eventual riesgo de deportación.
El TPS es un programa federal que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal.
Sin embargo, organizaciones comunitarias advierten que muchas personas beneficiadas llevan años establecidas en el país, han formado familias y contribuyen activamente a la economía y a sus comunidades.
La directora ejecutiva de Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS), Maggie Mitchell-Salem, señaló que la comunidad haitiana es una de las más afectadas por la decisión y advirtió que las consecuencias van mucho más allá de las cifras.
Explicó que diversas organizaciones ya trabajan junto con municipios y líderes comunitarios para elaborar planes de apoyo dirigidos a las familias que podrían verse afectadas por separaciones familiares o procesos migratorios.
Entre las principales recomendaciones para los inmigrantes que podrían perder su estatus legal figura la elaboración de un plan de emergencia familiar, incluyendo la designación de familiares o personas de confianza que puedan hacerse cargo de los hijos en caso de una detención o deportación.
Los defensores también piden a las familias mantenerse informadas y buscar asesoría únicamente con abogados de inmigración y organizaciones reconocidas.
Los activistas consideran que Connecticut debería seguir el ejemplo de Massachusetts, donde las autoridades estatales respondieron al fallo anunciando clínicas legales, fondos de emergencia y mensajes públicos de respaldo a los beneficiarios del TPS.
Aunque reconocen que los estados tienen facultades limitadas frente a decisiones federales, sostienen que este tipo de medidas brinda tranquilidad y apoyo a las comunidades inmigrantes durante un periodo de incertidumbre.
Finalmente, las organizaciones alertaron sobre el aumento de posibles fraudes dirigidos a personas desesperadas por regularizar su situación migratoria.
Recordaron que no existen soluciones rápidas ni garantizadas y exhortaron a la población a desconfiar de quienes prometan arreglos inmediatos.
Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para expresar su postura ante el Congreso y respaldar reformas migratorias que ofrezcan una solución permanente para quienes han construido su vida en Estados Unidos.
