NUEVA YORK.- El Senado del estado de Nueva York está impulsando una normativa que prohibiría a policías, empleados estatales y municipales investigar o comunicar el estatus migratorio de las personas.
De acuerdo con los defensores, la propuesta busca restringir la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y las autoridades federales, y a su vez defender los derechos de los inmigrantes ante el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
El senador estatal Andrew Gounardes impulsó el Senate Bill S2235, con el fin de asegurar que el dinero público no se emplee en el control migratorio, que cuenta con el respaldo de una considerable coalición de legisladores del Partido Demócrata.
La propuesta tiene como fin prohibir que oficiales de la policía, funcionarios de correccionales y empleados estatales pregunten, investiguen o detengan a alguien fundamentándose únicamente en su condición migratoria.
Además, impide transferir la custodia de individuos a las autoridades de inmigración a menos que un juez federal haya emitido una orden.
La legislación define “autoridades de inmigración”, “aplicación de la ley de inmigración” y “detenedor migratorio”, delimitando la interacción local con los agentes del ICE.
La normativa prohíbe usar bases de datos gubernamentales para registrar el estatus migratorio, salvo para programas o beneficios específicos.
Según la propuesta presentada la ley resalta especialmente la prohibición de que agentes policiales y funcionarios municipales trabajen conjuntamente con el ICE en temas migratorios.
La propuesta busca:
* Proteger a las personas de ser interrogadas por agentes sobre su situación migratoria, nacionalidad o país de procedencia, salvo que una ley lo demande o sea estrictamente necesario para la provisión de un beneficio estatal.
* Transferir individuos a la custodia del ICE y estará condicionada a la presentación de una orden judicial legítima.
* Restringe el empleo de recursos del Estado, incluyendo tiempo de empleados, personal e infraestructura, para propósitos relacionados con la aplicación de leyes de inmigración.
La normativa también prohíbe que las autoridades de inmigración sirvan como intérpretes en procedimientos de aplicación de la ley local.
Según los defensores, esta medida busca prevenir conflictos de interés y asegurar la protección de los derechos de las personas detenidas.
El proyecto de ley también contiene provisiones para proteger la privacidad de los inmigrantes, impidiendo que funcionarios estatales y municipales divulguen información personal sensible como nombres, direcciones, números de seguro social o datos médicos a las autoridades de inmigración, con el fin de prevenir su uso para deportaciones por parte del ICE.
Por ahora la propuesta está siendo considerada por el Comité de Códigos del Senado de Nueva York, donde se prevé su discusión y votación en los siguientes meses.
De ser aprobada, Nueva York se sumaría a estados como California e Illinois que ya han implementado medidas similares para restringir la cooperación con el ICE.
