HARTFORD.- Desde enero, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que reforman la política federal de inmigración.
Las órdenes han introducido varios cambios significativos, entre ellos, la suspensión del U.S. Refugee Admissions Program, y en algunos casos, la revocación, de los programas de libertad condicional para los inmigrantes de países como Ucrania, Venezuela y Haití.
Además, la eliminación de la aplicación CBPOne que permitía a los migrantes concertar citas con la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, y la autorización del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para realizar arrestos en escuelas y lugares de culto.
Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Laken-Riley, que exige al ICE detener a los inmigrantes no autorizados arrestados por robo, hurto, hurto en tiendas o lesiones graves.
Tras los cambios federales, republicanos y demócratas en la legislatura de Connecticut están divididos sobre qué hacer con la ley estatal, conocida como la Trust Act, que regula cómo la policía local y estatal puede interactuar con los agentes federales del ICE.
¿Qué es la Trust Act?
La Trust Act prohíbe a las fuerzas del orden locales y estatales arrestar a alguien únicamente con base en una orden de detención (una solicitud del ICE para que la policía retenga a una persona hasta 48 horas para que los agentes federales puedan detenerla).
Los funcionarios locales de las fuerzas del orden y de prisiones de Connecticut solo pueden cumplir con una solicitud de detención federal si el ICE presenta una orden judicial, si la persona está en una lista de vigilancia terrorista o si la persona bajo su custodia ha sido condenada o se ha declarado culpable de un delito grave de clase A o B (delitos como asesinato, agresión sexual, secuestro, robo y homicidio en primer grado).
La Trust Act también limita la cantidad de información que la policía local puede proporcionar al ICE sin consentimiento, e impide que las prisiones y centros de detención permitan al ICE “recorrer sus instalaciones”.
¿De dónde surgió la Trust Act?
Mike Lawlor, decano asociado interino y profesor de la Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences de la Universidad de New Haven, declaró a CT Mirror que la Trust Act se aprobó en 2013 después de que el ICE, bajo la presidencia de Barack Obama, implementara el programa “Comunidades Seguras”.
El programa creó una colaboración para el intercambio de datos entre el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que alberga al ICE. Cuando una persona es arrestada y las autoridades locales le toman las huellas dactilares, estas, que se comparten con el FBI, se comparten con el DHS, lo que permite al ICE consultar el estatus migratorio de la persona arrestada.
La Trust Act original se aprobó por unanimidad tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estatal.
Cuando se modificó en 2019 para restringir aún más los casos en que las autoridades locales podían cumplir con una orden de detención del ICE, ese apoyo cambió drásticamente: ningún republicano votó a favor de las revisiones.
Lawlor declaró al CT Mirror que era más difícil para las fuerzas del orden combatir la delincuencia si los inmigrantes temen colaborar con la policía local.
“Si los inmigrantes, documentados o indocumentados, creen que al hablar con la policía local están hablando con ICE entonces simplemente dejarían de cooperar como víctimas y testigos de delitos, y simplemente no hablarían con la policía”, precisó Lawlor, quien agregó que “Y sabemos que esa es la razón por la que se deterioran las relaciones entre la policía y las comunidades inmigrantes”.
¿Qué cambios quieren los legisladores republicanos en la Ley de Confianza?
En enero, los republicanos de Connecticut ofrecieron una conferencia pidiendo la eliminación de ciertas partes de la Trust Act. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora, de North Branford, dijo que planeaba proponer un proyecto de ley que permitiría a las fuerzas del orden locales entregar a los inmigrantes arrestados por delitos graves de clase A, B y C o por un “delito de violencia familiar”.
Los delitos graves de clase C incluyen homicidio involuntario en segundo grado (incluso como resultado de conducir en estado de ebriedad), agresión sexual en segundo grado, seducción a un menor y agresión a un trabajador de seguridad pública o de salud.
Candelora argumentó durante la conferencia que la ley protegía a los delincuentes violentos y expresó su deseo de que se derogaran algunos de los cambios realizados en 2019.
