SACRAMENTO – Cuando la madre de Laura Chávez, de 74 años, tuvo que operarse de la vista el mes pasado, Chávez pagó en efectivo por el procedimiento.
¿El costo? $15,000. Y eso fue por un solo ojo. No podía pagar por los dos.
Su madre, Esperanza Chávez, no puede tener Medicare debido a su estatus migratorio. Y no puede encontrar un plan médico privado por menos de $1,000 al mes.
“Constantemente tenemos que tomar decisiones basadas en el costo, en lugar de elegir una medicación porque te va a ayudar a mantenerte viva y saludable”, dijo Laura Chávez, de 41 años, natural de San Francisco y cuya madre tiene diabetes. “Es injusto tener que vivir así”.
Ahora, un legislador californiano promueve un proyecto de ley que obligaría a los planes de salud privados, regulados por el estado, a extender la cobertura a los padres de algunos miembros.
Grupos empresariales temen que la legislación dispare las primas de los seguros; pero el proyecto de ley cuenta con un fuerte respaldo de las organizaciones defensoras de la salud y de los derechos de los inmigrantes, ya que éstos constituyen una parte considerable de la población sin cobertura de California.
Los asegurados ya pueden incluir en sus planes de salud a sus hijos, hasta los 26 años, un beneficio disponible a nivel nacional en virtud de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Pero California sería el primer estado en extender el beneficio a los padres dependientes, que son costosos de cubrir porque son mayores y están más enfermos que la población en general, según expertos en salud.
“Esto es innovador y, francamente, un cambio de paradigma en la manera de pensar sobre el acceso a la salud de las personas”, señaló el miembro de la Asamblea Miguel Santiago (demócrata de Los Angeles) y autor de la AB 570. “Lo más importante es que todo el mundo reciba atención sanitaria, y lucharemos desde todos los ángulos para garantizar el acceso a la salud de las personas”.
Muchos estados han tratado de ofrecer cobertura a los aproximadamente 33,2 millones de personas sin seguro médico de Estados Unidos, de las cuales unas 400,000 tienen 65 años o más. Los niños de California, que reúnen los requisitos por ingresos, pueden recibir un seguro de salud público independientemente de su situación migratoria. En Nueva Jersey, los padres pueden cubrir a un hijo dependiente hasta los 31 años, y en Florida se puede cubrir a los hijos hasta los 30 años, siempre que no estén casados o no tengan dependientes propios.
Uno de los grupos que se beneficiaría de la legislación de California, según sus promotores, sería el de los titulares de tarjetas de residencia (green cards) que no han cumplido el período de espera de cinco años para tener derecho a Medicare y Medicaid, y aquéllos que viven aquí sin permiso legal.
Aunque esforzarse por dar cobertura a los padres es un objetivo loable, también podría conllevar primas de seguro más altas para los empleadores, según indicó Sherry Glied, ex secretaria adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
“Se trata de una población costosa, y también susceptible de sufrir riesgos reales”, añadió Glied, ahora decana de la Escuela de Postgrado de Servicio Público, Robert F. Wagner, de la Universidad de Nueva York.
Glied teme que algunas personas abusen de la cobertura. Por ejemplo, dijo, alguien podría traer a un padre enfermo al país con un visado de turista, inscribirlo en el plan de salud de su empleador y ofrecerle el tratamiento que necesite.
California ya ofrece todas las prestaciones de Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid para personas con bajos ingresos, para inmigrantes indocumentados hasta los 26 años, que reúnen los requisitos de ingresos. Los legisladores consideran propuestas separadas para ampliar aún más la elegibilidad para Medi-Cal.
Un proyecto de ley se dirige a los inmigrantes indocumentados de 65 años o más, y otro haría que todos los californianos tuvieran derecho a la ayuda, independientemente de su edad o de su estatus migratorio. Esfuerzos similares han fracasado repetidamente en los últimos años debido a las preocupaciones sobre los costos, pero California tiene ahora un superávit presupuestario de $75,700 millones.
A diferencia de las medidas de Medi-Cal, que dependen de la financiación estatal, el proyecto de ley redactado por Santiago, en colaboración con el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, transferiría el costo a los empleadores y las compañías de seguros. Permitiría que los padres o padrastros y madrastras, independientemente de su edad y cuyos hijos los declaren como dependientes en sus impuestos, se agreguen a los planes de salud privados regulados por el estado.
Entre ellos se encuentran los planes a través del empleo y los adquiridos en el mercado abierto o a través de Covered California.
Los planes patrocinados por el empleador y regulados por el gobierno federal no estarían sujetos al proyecto de ley.
El Comité de Salud de la Asamblea ha aprobado el proyecto de ley, que debe pasar por el Comité de Asignaciones de la Asamblea antes de dirigirse al pleno para su votación.
Es difícil determinar cuántos californianos podrían beneficiarse de la medida. En todo el país, alrededor de 3,4 millones de personas fueron declaradas como dependientes en las declaraciones de impuestos de sus hijos en 2019, y se estima que unos 400,000 vivían en California, según un análisis del Programa de Revisión de Beneficios de Salud de California.
(LAURA CHAVEZ)
La abrumadora mayoría de esos padres ya tienen cobertura de salud a través de Medicare o Medicaid, concluyó el análisis, dejando a entre 20,000 y 80,000 californianos que podrían beneficiarse.
A pesar del número relativamente pequeño, los empresarios californianos afirman que este mandato aumentaría las primas entre $200 millones y $800 millones al año, dependiendo de cuántas personas se inscribirían.
“Los pequeños empresarios se verán obligados a reevaluar cuánto pueden contribuir a las primas de los empleados con dependientes”, afirmó Preston Young, de la Cámara de Comercio de California, durante una reciente audiencia del Comité de Salud de la Asamblea.
Lara, comisionado de seguros de California —cuyos padres fueron una vez inmigrantes indocumentados— aseguró que el proyecto de ley ayudaría a las familias más pobres del Golden State, proporcionando a quienes carecen de opciones “una tranquilidad sustancial”.
“Si necesitábamos cuidados cuando éramos niños, nuestros padres siempre estaban ahí para nosotros”, expresó Lara. “A medida que nuestros padres envejecen, muchos nos hemos convertido en sus cuidadores”.
Chávez debe desempeñar el papel de cuidadora de sus hijos y de su madre. Tiene un seguro para ella y sus dos hijas a través de su empleador, la organización sin fines de lucro Challenge Day.
Pero no puede permitirse comprar un plan completo para su madre en el mercado abierto. Una póliza básica, explicó Chávez, cuesta más de $1,000 al mes porque su madre tiene afecciones preexistentes. No tiene derecho a Medicare ni a Medicaid porque reside en los Estados Unidos sin autorización.
Si Chávez pudiera añadir a su madre a su póliza basada en el empleo, no tendría que pagar en efectivo por las necesidades de su madre, y toda la familia podría compartir un deducible y un tope para los gastos de bolsillo, dijo.
“Supondría un alivio financiero importante”, concluyó Chávez. “Cada mes, hay gastos que tenemos que presupuestar y pagar. Dios no quiera que tenga que ir a urgencias”.
