HARTFORD.- Para los propietarios de pequeñas empresas como Deb Dauphinais, copropietaria de Bicycles East, en Glastonbury, existen pocas opciones de seguro médico y ninguna que sea verdaderamente asequible.
“Hay una brecha en el sistema para las pequeñas empresas. No podemos aceptar estos planes más grandes en este momento y no calificamos para ningún subsidio”, lamentó Dauphinais.
Eso significa que Dauphinais y su esposo pagan entre el 20 y el 30% de los ingresos que llevan a casa para la atención médica.
Ella dijo que alrededor del 15% de eso es premium solo. Los planes también tienen deducibles altos.
Por eso esperaba que la propuesta del Contralor estatal, Kevin Lembo, de crear una opción de seguro administrada por el Estado para las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro se aprobara este año.
También es la razón por la que Dauphinais y el reverendo Josh Pawelek enviaron una carta a los legisladores pidiéndoles que “nos muestren la solución”.
“Lo desafiamos a seguir el mismo proceso que hacemos todos los años y encontrarnos un plan que considere asequible, considerando tanto las primas como los gastos de bolsillo”, escribieron Dauphinais y Pawelek.
“Lo más importante es encontrarnos un plan que personalmente considere como un seguro médico de calidad para usted y su familia”, agregaron.
Pawelek, ministro de la Unitarian Universalist Society: East, en Manchester, dijo que el 10% de su presupuesto operativo se destina a pagar el seguro médico de tres de sus cinco empleados. Otros dos tienen cobertura a través de sus cónyuges.
Pawelek agregó que cuando el plan había aumentado los costos en un 17%, se quedaron tratando de encontrar otro plan que solo aumentaría un 10% porque eso es lo que asumieron cuando armaron su presupuesto.
Dijo que la muerte de la opción pública era “exasperante”, porque significaba pasar un año más sin resolver el problema.
El Reverendo señaló que el representante Kerry Wood, quien copreside el Comité de Seguros y Bienes Raíces, ha sido el único legislador que ha respondido hasta ahora a su desafío.
Wood dijo la semana pasada que no sentía que fuera necesario seguir adelante “con otro programa gubernamental que tiene un costo cuando tenemos todo este dinero entrando en el intercambio”.
A través del American Rescue Plan, el gobierno federal otorgó a Connecticut 85 millones de dólares durante los próximos dos años para reducir las primas de seguro médico para las personas que compran sus planes en el intercambio.
Sin embargo, esos subsidios no necesariamente se filtran a las pequeñas empresas.
Pawelek dijo que se reunirá con alguien en Access Health CT para repasar sus opciones. Pero dijo que, de todos modos, es un programa federal y el Estado todavía no está haciendo lo suficiente para ayudar a las pequeñas empresas.
“Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la comunidad, de la economía. No solo estamos pagando cantidades de dinero ridículamente altas, sino que también estamos subvencionando una gran parte de la atención médica para nuestros empleados que tampoco utilizan. El sistema está roto”, comentó Dauphinais.
Wood dijo que se sumergirán en los 85 millones de dólares en subsidios federales para averiguar dónde están los agujeros y dónde puede ayudar el estado de Connecticut.
Dijo que todavía no existe un mecanismo para reducir el costo de la atención médica, lo que está impulsando algunas tasas al alza.
Wood agregó que durante los próximos dos años los legisladores deben buscar reducir el costo de la atención.
El Congresista señaló que no cree que la propuesta de Lembo vaya a reducir las primas del seguro médico y le preocupaba que los contribuyentes tuvieran que ser el respaldo si las reclamaciones excedían las primas.
Pawelek dijo que eso se debe a que Wood y su comité cambiaron el proyecto de ley para exigir que Lembo siguiera las mismas reglas que los planes totalmente asegurados vendidos por compañías de seguros privadas.
Dijo que esperaban aflojar algunas de esas reglas y ahorrar dinero como resultado.
La industria de seguros de salud luchó duramente contra la opción pública diciendo que pondría en peligro más de 48 mil puestos de trabajo en la industria y 15.5 mil millones de dólares en actividad económica directa o indirecta.
