Nueva York demanda al gobierno de Trump por regla migratoria

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NUEVA YORK.- El Estado y la Ciudad de Nueva York presentaron una demanda conjunta contra el gobierno del presidente Donald Trump, en respuesta a la implementación de una nueva regla migratoria que, según las autoridades locales, discrimina a las comunidades inmigrantes y vulnera principios constitucionales.

La medida, conocida como “regla de carga pública”, busca restringir el acceso a la residencia permanente para quienes utilizan ciertos beneficios públicos como asistencia médica o alimentaria.

La fiscal general del estado, junto con el alcalde de Nueva York, anunciaron la acción legal en una conferencia de prensa, afirmando que la norma penaliza injustamente a familias trabajadoras que contribuyen al país. “Esta política castiga la pobreza y contradice los valores de inclusión que definen a nuestra ciudad”, declaró la fiscal, subrayando que la demanda busca proteger los derechos de millones de residentes.

La regla, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, permite a los funcionarios migratorios negar la residencia a solicitantes que se consideren “dependientes del Estado”. Organizaciones de derechos civiles y expertos en inmigración advierten que esta definición es arbitraria y podría desalentar a miles de personas de acceder a servicios básicos por miedo a perder su estatus migratorio.

El gobierno federal, por su parte, defiende la medida argumentando que promueve la autosuficiencia y reduce el gasto público. Sin embargo, críticos sostienen que la política tiene un trasfondo político y busca limitar la inmigración legal de bajos recursos, afectando principalmente a comunidades latinoamericanas y asiáticas.

La demanda presentada por Nueva York se suma a otras acciones legales similares en distintos estados del país, como Connecticut y California, que también han cuestionado la constitucionalidad de la regla. Los demandantes solicitan que los tribunales bloqueen su aplicación mientras se evalúa su impacto social y económico.

Mientras el proceso judicial avanza, líderes comunitarios y organizaciones de inmigrantes han iniciado campañas informativas para orientar a los afectados. La ciudad de Nueva York reafirmó su compromiso de seguir siendo un “santuario” para todas las comunidades, en defensa de los valores de equidad y justicia social.

 

 

 

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