WASHINGTON DC.- De acuerdo con un estudio, la propuesta de los republicanos de endurecer las reglas para calificar a programas sociales como Medicaid y food stamps (cupones de alimentos), podría dejar a más de 22 millones de personas sin seguro de salud y hasta 3.5 millones de niños sin acceso asegurado a alimentos.

Los números fueron dados a conocer por Brookings Institution y retomados por el portal de noticias de Univisión, que explica que la organización tiene sede en Washington y desde hace más de cien años analiza diversas áreas de las ciencias sociales.

El referido estudio revela el impacto que podrían tener las medidas propuestas por los republicanos y apoyadas por el presidente, Donald Trump, cuyo principal objetivo es endurecer los requisitos laborales para quienes pretendan acceder a programas sociales como Medicaid y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Y es que según explica Univisión, la propuesta republicana considera que puede haber gente beneficiaria de estos programas que podría estar trabajando y no lo hace, simplemente porque no quiere.

Así que con los nuevos requisitos se pretende forzar a las personas que reciben este tipo de ayuda a que trabajen.

Pero de acuerdo con el estudio de Brookings Institution, es mínima la cantidad de estadounidenses inscritos en los programas que no trabajan porque no quieren.

Según la investigación, los beneficiarios de SNAP que están fuera de la fuerza de trabajo por un período de dos años, “más de la mitad citan razones de salud”, mientras que entre el 1 y el 0.3 por ciento dicen que no quieren trabajar.

Solamente “el 0.3 por ciento de los que tienen entre 18 y 49 años de edad que estarían expuestos a los (nuevos posibles) requisitos de trabajo y que son trabajadores (…) dijeron que no estaban interesados en trabajar”, indica el estudio.

Los principales motivos de los beneficiarios de estos programas para no estar en la fuerza de trabajo son discapacidades, problemas de salud y el cuidado de familiares, subraya la investigación.

“Puede haber algún subconjunto de individuos que podrían trabajar, no están trabajando y podrían funcionar si se los ‘amenazara’ con la pérdida de beneficios. Este documento agrega evidencia a un creciente cuerpo de investigación que muestra que este grupo es muy pequeño en relación con aquellos que serían sancionados según las políticas propuestas”, detalla el informe.

El programa ya requiere que los beneficiarios trabajen dentro de lo posible. Lo que buscan los republicanos de la Cámara Baja es expandir esos requerimientos con el proyecto de Ley Agrícola, aprobado en la Cámara de Representantes en junio con una votación de 213-211, con una masiva oposición de los demócratas (y algunos republicanos).

El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) actualiza anualmente los límites de elegibilidad de ingresos para estos programas. En el caso de SNAP, desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 una familia de cuatro, por ejemplo, tiene que tener un ingreso mensual inferior a 2,092 dólares para ser elegible. (Estas cifras aplican a los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia. Alaska y Hawaii tienen números diferentes).

Para ser beneficiario hay requisitos laborales que incluyen: estar registrado para el trabajo; no renunciar voluntariamente o reducir horas en un trabajo; tomar un empleo si se ofrece; y participar en programas de empleo y capacitación si lo asigna el Estado. El incumplimiento de estos requisitos puede ser descalificante, señala el USDA.

El Estado requiere que los adultos sin discapacidad y sin dependientes trabajen o participen en un programa de trabajo por lo menos 20 horas por semana para recibir SNAP por más de 3 meses en un período de 36 meses. Algunos excluidos de estos requisitos son los niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas que estén exentas por motivos de salud física o mental.