HARTFORD.- El Representante Jimmy Gómez (D-California) y otros 82 demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, entre ellos, los cinco representantes federales de Connecticut, enviaron un escrito al Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, solicitando una investigación inmediata sobre las irregularidades y acciones potencialmente ilegales derivado de la decisión de la actual administración de cancelar las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 315 mil personas.
“Estados Unidos siempre ha aspirado a ser un refugio seguro para aquellos que buscan escapar de la guerra, los desastres, la pobreza y la violencia”, declaró el representante Gómez.
“Es por eso que el Congreso estableció el programa TPS, para proteger a aquellos en nuestra nación que no podían regresar a su propio país de manera segura. Sin embargo, con la decisión del presidente Donald Trump de terminar con las designaciones del TPS para cientos de miles de estas personas, él no solo nos da la espalda a nuestros valores más fundamentales, sino también al estado de derecho. Le pido al inspector general interino del DHS, Kelly, que tome medidas inmediatas para investigar si estas decisiones se tomaron ilegalmente sobre la base de presiones políticas o consideraciones raciales”, agregó el Congresista.
“Muchos titulares de TPS han estado trabajando legalmente en los Estados Unidos durante más de dos décadas”, indicó Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro Centroamericano de Recursos (CARECEN) en Los Ángeles.
“No podemos mirar hacia otro lado cuando cientos de miles de titulares de TPS y sus hijos nacidos en los Estados Unidos corren el riesgo de ser separados. Las terminaciones del TPS se basaron claramente en el racismo y deben investigarse exhaustivamente”, agregó Arévalo.
La semana pasada, el juez de distrito de los Estados Unidos George Hazel emitió una opinión afirmando que las acciones de la administración probablemente fueron motivadas por la raza.
“Uno difícilmente podría encontrar evidencia más directa de una intención discriminatoria hacia los inmigrantes latinos”, escribió el juez Hazel.
“En general, ha pintado a los inmigrantes latinos como usuarios de drogas, criminales y violadores. Habló públicamente sobre la necesidad de proteger la frontera. Solo tres días después de que la Secretaria anunciara la terminación del TPS para El Salvador, el Presidente supuestamente calificó a El Salvador y a Haití (otro país designado por el TPS) como un país ‘condenado’ y expresó su preferencia por los inmigrantes de países mayoritariamente blancos como Noruega”, finalizó Hazel.

HARTFORD.- Aquellos que se oponen a legalizar la marihuana recreativa en Connecticut se armaron con un nuevo estudio que muestra que los estados que han legalizado la marihuana tienen un mayor porcentaje de usuarios adolescentes.
Más jóvenes están probando la marihuana por primera vez en Colorado, el primer Estado en permitir el uso recreativo, que en cualquier otro lugar de la nación, según el estudio sobre drogas, realizado por la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
La encuesta también encuentra que Colorado está en la parte superior de la lista en cuanto a la menor percepción de riesgo de consumir marihuana entre los adolescentes.
Según el estudio, casi el 8 por ciento de los adolescentes de Colorado admitieron haber consumido cannabis por primera vez, en comparación con el 7.9 por ciento en Massachusetts, el 7.4 por ciento en Washington DC y el 7.1 por ciento en Alaska, todas las jurisdicciones donde el uso recreativo de la planta es legal.
De acuerdo con el reporte, el uso en el último mes es el doble en los estados “legales” en todos los grupos de edad y un 45 por ciento más alto en la categoría de 12 a 17 años (9.1 por ciento contra 6.3 por ciento).
El estudio “no sorprende” a William Huhn, portavoz de CT Smart Approaches to Marijuana y del Guilford Development Assets for Youth (DAY), un grupo de estudiantes de secundaria de Guilford y otros defensores que se oponen a la legalización.
“Cualquier persona que crea que la legalización no llevaría a un aumento en el uso entre los jóvenes está mal. Solo la comercialización y el mercadeo que se producen en un Estado después de la legalización deben hacer bastante obvio que un mayor uso es un hecho”, precisó Huhn.
Huhn agregó que le parece “impactante” que no haya regulaciones más estrictas sobre la comercialización de la marihuana recreativa en el Estado que hayan legalizado.

Por su parte, el doctor Deepak Cyril D’Souza, científico investigador y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, comentó que “no puedo imaginar por qué alguien se sorprende por los resultados del estudio. La adolescencia es también un período de mayor vulnerabilidad para la adicción. Me preocupa que con la legalización, la comercialización, y una estrategia de las entidades comerciales ‘atrape a los jóvenes’ para que sean consumidores de por vida.
Huhn, D’Souza y quienes se oponen a la legalización para uso recreativo de la marihuana saben que este año puede ser el más difícil hasta el momento para evitar la aprobación de una nueva ley por parte de la Asamblea General.
El gobernador electo, Ned Lamont, precisó recientemente a los oyentes de la Radio Pública de Connecticut que “legalizar la marihuana es una idea cuyo momento ha llegado” y que los defensores de las ventas de Massachusetts esperan que Connecticut sea el próximo.
A los defensores les gustaría ver que Connecticut legalice el cannabis recreativo durante la sesión legislativa de 2019.
En 2018, se presentaron seis proyectos de ley relacionados con la legalización y regulación del cannabis en Connecticut y se celebraron cuatro audiencias sobre el tema. Un proyecto de ley que comenzaría a planear la legalización del uso recreativo en Connecticut se envió a la Cámara de Representantes luego de ser aprobó por el Comité de Asignaciones, con una votación de 27-24.
La Oficina de Análisis Fiscal estimó el año pasado que Connecticut podría traer de 45.4 millones a 104.6 millones de dólares al año si legaliza la marihuana de la misma manera que se hizo en Massachusetts o Colorado.