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Indocumentados comparten impacto de no tener seguro

HARTFORD.- Alrededor del 58% de los 113 mil inmigrantes indocumentados que viven en Connecticut carecen de seguro médico, según la Connecticut Health Foundation, una organización independiente sin fines de lucro que otorga subvenciones para la salud y se dedica a la formulación de políticas públicas.

La comunidad inmigrante enfrenta muchos obstáculos para acceder al seguro médico debido a su estatus indocumentado, como restricciones de elegibilidad, trabajos con salarios bajos que no ofrecen seguro médico, barreras lingüísticas y miedo y desconfianza generales en el sistema.

De acuerdo con el Stamford Advocate, los indocumentados en Connecticut enfrentan desafíos para acceder a planes médicos como Medicaid, Medicare o CHIP (Programa de Seguro Médico Infantil).

Michelle Ham, cuya historia fue compartida en un mitin llevado a cabo en el Capitolio estatal en Hartford, se mudó a Connecticut desde Honduras con su familia cuando tenía dos años y ha vivido con la preocupación constante de enfermarse.

Ham, que ahora tiene 21 años, como muchos otros inmigrantes indocumentados, no califica para el programa Medicaid del Estado y se preocupa por cómo ella y su familia podrán pagar el tratamiento médico cuando llegue el momento de una visita al hospital.

Cuando Ham fue admitida en la sala de emergencias hace unos años, dijo que los médicos le informaron que necesitaba una cirugía para extirpar varios quistes grandes alrededor de sus ovarios.

En lugar de programarla, comenzó a tomar medicamentos para ver si los quistes se curaban solos, pero “por suerte”, se conectó con un médico que realizó la cirugía pro bono.

Más tarde, un quiste reapareció y Ham dijo que tuvo que pagar mucho dinero de su bolsillo para ver a un especialista y obtener la medicación que necesitaba para curarse.

“Ampliar los beneficios de salud de HUSKY me daría la oportunidad de no tener que preocuparme por tener que pagar y preguntarme de dónde tendría que venir el dinero”, dijo un orador en el mitin, leyendo el testimonio de Ham en apoyo de dos proyectos de ley que ampliarían Medicaid, también conocido como HUSKY, a los residentes elegibles por ingresos de 26 años o menos, independientemente del estado migratorio.

Aunque las historias de la experiencia de la comunidad indocumentada se hicieron eco en el Capitolio a principios de este año, muchas de las personas afectadas, como Ham, no asistieron en persona y algunas no fueron nombradas por la preocupación de convertirse en un objetivo del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a raíz de las órdenes ejecutivas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, los defensores y los miembros de la comunidad por igual dijeron que estas acciones federales subrayan la importancia de la acción legislativa estatal, a pesar del posible rechazo.

“Si Connecticut quiere un futuro que incluya familias saludables y una fuerza laboral estable, próspera y en crecimiento que esté lista para satisfacer las necesidades de nuestro futuro, Connecticut debe garantizar que todos tengamos acceso a un seguro médico independientemente de nuestro estatus migratorio”, continuó el testimonio de Ham.

Carolina Bortolleto, líder de la HUSKY 4 Immigrants Coalition, dijo que ha escuchado muchas historias de personas que se han negado a recibir tratamiento después de sufrir una lesión que finalmente afectó su movilidad.

“Es un problema que se multiplica. Cualquier problema de salud que se tenga es mucho más rentable y más fácil para el paciente tratarlo tan pronto como aparece, en lugar de hasta que se agrave lo suficiente”, dijo Bortolleto.

Esto es lo que le pasó a la madre de un joven de Danbury de 17 años y miembro de la organización Connecticut Students for a Dream (C4D), un grupo de defensa estatal dirigido por jóvenes indocumentados.

Un miembro del grupo compartió la historia del estudiante en el Capitolio este mes. El testimonio se presentó sin el nombre del estudiante por temor a que su familia fuera objeto de persecución por su estatus migratorio.

El estudiante describió cómo su madre esperó casi tres años antes de buscar atención para un diente infectado porque no tenían seguro médico. Finalmente, fue a ver a un médico sin licencia que realizó una cirugía para extraer el diente.

 

 

Demandan a 13 empresas que fabrican, distribuyen y venden productos de vapeo

NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a los fabricantes de 13 empresas diferentes de cigarrillos electrónicos o vaporizadores.

Su oficina dijo que está demandando a las empresas “por su papel en el fomento de la epidemia del vapeo entre los jóvenes”, según el informe.

Los fabricantes, distribuidores y minoristas nombrados en la demanda son Puff Bar, MYLE Vape, Pod Juice, Mi-One Brands, Happy Distro, Demand Vape, EVO Brands, PVG2, Magellan Technology, Midwest Goods, Safa Goods, EVO Brands y Price Point Distributors.

Su oficina añadió que llevó a cabo una investigación que concluyó que “estas empresas comercializan productos de nicotina con sabor a caramelo y fruta altamente adictivos a consumidores menores de edad”.

La Fiscal General afirmó que las empresas de vapeo nombradas en esta nueva demanda han violado la ley de forma repetida y consciente.

La oficina de James dijo que las compañías engañaron a las personas sobre la seguridad y legalidad de sus productos, y luego los enviaron ilegalmente a Nueva York mientras violaban las regulaciones de salud diseñadas para frenar el vapeo juvenil.

La demanda de la Fiscal General busca cientos de millones de dólares en daños derivados de sanciones financieras vinculadas a violaciones de leyes locales, estatales y federales.

La demanda también buscará la restitución por “el impacto en la salud pública de las acciones ilegales de las compañías; la recuperación de todos los ingresos obtenidos de la actividad ilegal; y el establecimiento de un fondo de reducción para abordar la crisis del vapeo juvenil”, agregó la oficina de la Fiscal General.

James argumentó que la industria del vapeo “están haciendo que la nicotina parezca genial, haciendo que los niños se enganchen y creando una crisis masiva de salud pública en el proceso”.

La Fiscal General también alega que estas compañías de vapeo han ignorado descaradamente las leyes de salud pública del estado de Nueva York, incluidas varias políticas promulgadas en los últimos años para frenar el vapeo juvenil.

En 2020, Nueva York prohibió la venta de productos de vapor con sabor, restringió el envío y transporte de productos con nicotina y aumentó la edad legal para comprar todos los vaporizadores a 21 años.

El Estado también ha prohibido los cupones y descuentos en los vaporizadores y comenzó a exigir a ciertas empresas que revelen los ingredientes peligrosos en los productos.

 

 

Costo del seguro de salud podría dispararse si el Congreso no actúa este año

HARTFORD.- Access Health CT (AHCT) reportó un número récord de consumidores de Connecticut inscritos en seguros de salud y dentales para el año 2025 durante el período abierto de inscripción, que se extendió desde el 1º de noviembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025.

Sin embargo, decenas de miles de residentes de Connecticut podrían ver sus costos de cobertura de salud aumentar drásticamente el próximo año si el Congreso no actúa para extender los subsidios mejorados, que son una parte fundamental para hacer la cobertura asequible a través de mercados federales y estatales como Access Health CT.

Un total de 151 mil 151 consumidores de Connecticut se inscribieron en un plan de salud calificado (QHP) para el año 2025, en comparación con 129 mil al final del período abierto de inscripción del año 2024.

Esta cifra incluye a 41 mil 165 residentes inscritos en el programa Covered CT sin costo, frente a los 27 mil 393 del año pasado.

Además, el Access Health CT inscribió a más residentes en la cobertura dental, con un total de 17 mil 756.

“Estamos orgullosos de otro año de inscripción récord para Access Health CT, porque significa que cada vez más residentes de Connecticut están recibiendo la cobertura que necesitan para llevar una vida sana”, declaró el director ejecutivo de Access Health CT, James Michel.

Access Health CT es el único lugar donde los residentes de Connecticut pueden obtener ayuda financiera para pagar su seguro de salud. Y una de las grandes ventajas de esta cobertura son los chequeos preventivos, que pueden salvar vidas y que los clientes pueden recibir sin costo alguno”, agregó el directivo.

Esta ayuda financiera está en riesgo. Los subsidios mejorados, creados como parte de la American Rescue Plan Act (ARPA) de 2021 y prorrogados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, han ampliado significativamente el acceso y la asequibilidad de la cobertura del seguro de salud para millones de personas en los Estados Unidos. Pero expiran a finales de este año.

Si los subsidios finalizan, la Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que casi cuatro millones de estadounidenses perderán su seguro de aquí a 2034, lo que conllevará a un país más enfermo en general.

Sin los subsidios mejorados disponibles, las personas más sanas podrían abandonar los mercados, lo que provocaría que las aseguradoras aumentaran las primas de las personas inscritas restantes.

Desde que se introdujeron los subsidios mejorados, el número de personas que reciben ayuda financiera en Connecticut ha aumentado casi un 30%. Aproximadamente el 90% de los consumidores de Access Health CT ahora reciben ayuda financiera.

Sin estos subsidios, los residentes de Connecticut podrían esperar pagar, en promedio, mil 700 dólares más al año por su seguro de salud. Algunos residentes verán un aumento de casi 3 mil dólares al año.

“Tenemos la suerte de contar con firmes defensores locales a nivel legislativo que han luchado por aumentar el acceso a la cobertura de salud y hacerla más económica. Los senadores y congresistas de Connecticut también han apoyado los subsidios mejorados que han ayudado a tantos de nuestros residentes”, afirmó Michel.

“Esperamos que la delegación de Connecticut siga abogando por la ampliación de estos subsidios e inviten a sus colegas de todo el país a unirse a ellos en apoyo de todas las personas en los Estados Unidos”, finalizó el directivo.

 

 

Completan desarrollo de viviendas asequibles de 33 unidades

CROTON-ON-HUDSON.- La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de Maple Commons, un nuevo desarrollo de viviendas en Croton-on-Hudson, en el condado de Westchester, que cuenta con 33 viviendas asequibles y energéticamente eficientes en una comunidad transitable a pie y orientada al transporte público.

El complejo de dos edificios de 18 millones de dólares está ubicado en la Maple Street, en la ciudad de Croton-on-Hudson, y está orientado a las personas que ganan hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área.

El desarrollo cuenta con una combinación de unidades de alquiler de una, dos y tres habitaciones, junto con un parque de 8 mil pies cuadrados que está abierto al público y espacios comunes al aire libre adicionales, incluido un área de juegos.

Todos los residentes tendrán acceso a internet gratuito de alta velocidad en sus unidades.

El desarrollo altamente eficiente energéticamente y totalmente eléctrico ha sido certificado por el New Construction – Housing Program de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Las medidas de eficiencia incluyen equipos de alta eficiencia para calefacción y refrigeración de espacios, agua caliente y electrodomésticos.

Maple Commons trae apartamentos asequibles muy necesarios a Croton-on-Hudson, una de las primeras comunidades pro-vivienda del Estado”, de acuerdo con Hochul.

“Este desarrollo altamente eficiente en términos de energía y orientado al tránsito es el último ejemplo del compromiso de mi administración para hacer que nuestro Estado sea más asequible y garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a un lugar estable y seguro para vivir”, agregó la funcionaria.

En los últimos cinco años, NYS Homes and Community Renewal ha creado o preservado más de 5 mil viviendas asequibles en Westchester. La Oficina de la Gobernadora dijo que Maple Commons continúa con este esfuerzo y complementa el Plan de Vivienda de cinco años de 25 mil millones de dólares de Hochul, que está destinado a crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo el Estado.

Maple Commons ha transformado un terreno baldío sin uso en viviendas para 33 familias”, expresó el alcalde de Croton-on-Hudson, Brian Pugh. “Las nuevas viviendas significan más clientes y trabajadores para las empresas locales y una economía local más dinámica. Este desarrollo demuestra lo que sucede cuando trabajamos juntos, cuidadosa y deliberadamente, para crear viviendas asequibles de calidad, que son tan desesperadamente necesarias en nuestra comunidad. Agradecemos a nuestros socios en el gobierno estatal y local por contribuir a este esfuerzo. Lo más importante es que damos la bienvenida a nuestros nuevos vecinos y futuros amigos en Maple Commons”, indicó el Alcalde.

La financiación estatal incluye créditos fiscales estatales y federales para viviendas de bajos ingresos que generarán 11.1 millones de dólares en capital y 1.7 millones de dólares en subsidios de NYS Homes and Community Renewal.

El condado de Westchester proporcionó 1.7 millones de dólares a través de su New Homes Land Acquisition Program.

 

 

Cómo el miedo a las redadas del ICE está cambiando las responsabilidades de educadores

HARTFORD.- Para el superintendente de East Hartford, Thomas Anderson, ser líder de distrito significaba que sus responsabilidades laborales podían cambiar según las circunstancias y el clima político en todo el país.

En 2020, fue la pandemia de COVID-19, cuando los superintendentes se convirtieron en “maestros” de todo lo relacionado con la prevención del virus, desde equipo de protección personal (PPE) hasta purificadores de aire y políticas de mascarillas.

Y ahora, deben actuar ante la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración.

De acuerdo con CT Insider, Anderson y los educadores de Connecticut se enfrentan a una nueva realidad en la que sus responsabilidades se han ampliado para incluir la preparación y respuesta a posibles redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente porque apenas unos días después de su segunda presidencia, Trump levantó las reglas de larga data que prohibían la aplicación de la ley de inmigración en o cerca de áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales.

Si bien no se conocen casos del ICE apareciendo en las escuelas del Estado, es algo que se está planeando.

“Es una prioridad”, dijo Anderson, no solo para los superintendentes, sino también para los maestros, los estudiantes y las familias.

El Estado emitió recientemente una guía en preparación para posibles visitas del ICE, recomendando que las políticas del distrito designen a un funcionario escolar como la persona de contacto para las solicitudes y visitas de los agentes.

Esa guía pronto podría convertirse en ley, ya que la legislatura estatal está considerando una legislación de certificación de emergencia que requeriría que los distritos incluyan específicamente protocolos para interactuar con una autoridad federal de inmigración, incluyendo solicitar una orden judicial y consultar con un asesor legal cuando los agentes de ICE se presenten en las escuelas o soliciten información.

La legislación, basada en las recomendaciones del Estado, requeriría que al menos un administrador escolar actúe como la persona responsable de interactuar con una autoridad federal de inmigración.

Para muchos distritos en Connecticut, que ya han comunicado sus propias políticas, el superintendente es esa persona designada.

Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que, dadas las nuevas políticas, tenía sentido que la preparación y el manejo de posibles redadas del ICE se convirtiera en responsabilidad del superintendente.

“Creo que los superintendentes lo entienden y no querrían poner esa presión sobre nadie más. No querrán poner eso sobre un director ni sobre nadie más. Deben asumir la responsabilidad”, agregó Rabinowitz.

Pero la nueva preocupación por las redadas del ICE ciertamente podría afectar a los superintendentes, ya que el deber de proteger a los estudiantes de esta nueva amenaza recae sobre ellos, indicó el directivo.

“Eso pone otra presión sobre el superintendente para que presente protocolos que aseguren a su personal que estarán disponibles, que intervendrán en todas estas situaciones. Prepararse para las visitas de los oficiales de inmigración también consumiría tiempo y dinero para los distritos”, dijo Rabinowitz.

Si los oficiales de inmigración se presentan en uno de los edificios escolares en East Hartford, la política del distrito dice que el personal tiene instrucciones de comunicarse con ellos como lo hacen con todos los visitantes y notificar a la Oficina del Superintendente o al Equipo de Seguridad de inmediato.

En las escuelas públicas de todo el estado, el 45.13% de los estudiantes son blancos, según los datos estatales de 2024-25. Sin embargo, en East Hartford, menos del 10% de los estudiantes son blancos, ya que el distrito está compuesto predominantemente por estudiantes hispanos o latinos y afroamericanos.

 

 

Cómo el miedo a las redadas del ICE está cambiando las responsabilidades de educadores

HARTFORD.- Para el superintendente de East Hartford, Thomas Anderson, ser líder de distrito significaba que sus responsabilidades laborales podían cambiar según las circunstancias y el clima político en todo el país.

En 2020, fue la pandemia de COVID-19, cuando los superintendentes se convirtieron en “maestros” de todo lo relacionado con la prevención del virus, desde equipo de protección personal (PPE) hasta purificadores de aire y políticas de mascarillas.

Y ahora, deben actuar ante la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración.

De acuerdo con CT Insider, Anderson y los educadores de Connecticut se enfrentan a una nueva realidad en la que sus responsabilidades se han ampliado para incluir la preparación y respuesta a posibles redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente porque apenas unos días después de su segunda presidencia, Trump levantó las reglas de larga data que prohibían la aplicación de la ley de inmigración en o cerca de áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales.

Si bien no se conocen casos del ICE apareciendo en las escuelas del Estado, es algo que se está planeando.

“Es una prioridad”, dijo Anderson, no solo para los superintendentes, sino también para los maestros, los estudiantes y las familias.

El Estado emitió recientemente una guía en preparación para posibles visitas del ICE, recomendando que las políticas del distrito designen a un funcionario escolar como la persona de contacto para las solicitudes y visitas de los agentes.

Esa guía pronto podría convertirse en ley, ya que la legislatura estatal está considerando una legislación de certificación de emergencia que requeriría que los distritos incluyan específicamente protocolos para interactuar con una autoridad federal de inmigración, incluyendo solicitar una orden judicial y consultar con un asesor legal cuando los agentes de ICE se presenten en las escuelas o soliciten información.

La legislación, basada en las recomendaciones del Estado, requeriría que al menos un administrador escolar actúe como la persona responsable de interactuar con una autoridad federal de inmigración.

Para muchos distritos en Connecticut, que ya han comunicado sus propias políticas, el superintendente es esa persona designada.

Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que, dadas las nuevas políticas, tenía sentido que la preparación y el manejo de posibles redadas del ICE se convirtiera en responsabilidad del superintendente.

“Creo que los superintendentes lo entienden y no querrían poner esa presión sobre nadie más. No querrán poner eso sobre un director ni sobre nadie más. Deben asumir la responsabilidad”, agregó Rabinowitz.

Pero la nueva preocupación por las redadas del ICE ciertamente podría afectar a los superintendentes, ya que el deber de proteger a los estudiantes de esta nueva amenaza recae sobre ellos, indicó el directivo.

“Eso pone otra presión sobre el superintendente para que presente protocolos que aseguren a su personal que estarán disponibles, que intervendrán en todas estas situaciones. Prepararse para las visitas de los oficiales de inmigración también consumiría tiempo y dinero para los distritos”, dijo Rabinowitz.

Si los oficiales de inmigración se presentan en uno de los edificios escolares en East Hartford, la política del distrito dice que el personal tiene instrucciones de comunicarse con ellos como lo hacen con todos los visitantes y notificar a la Oficina del Superintendente o al Equipo de Seguridad de inmediato.

En las escuelas públicas de todo el estado, el 45.13% de los estudiantes son blancos, según los datos estatales de 2024-25. Sin embargo, en East Hartford, menos del 10% de los estudiantes son blancos, ya que el distrito está compuesto predominantemente por estudiantes hispanos o latinos y afroamericanos.

 

 

Acusado de abandonar cadáver de adolescente también sindicado de abuso sexual

NEW ROCHELLE.- Un hombre que fue acusado de arrojar el cuerpo de un adolescente de 15 años, en New Rochelle, fue acusado también de delitos de abuso sexual infantil que involucran al mismo adolescente.

La fiscal de distrito del condado de Westchester, Susan Cacace, declaró que Hugo Horacio Pérez-Gabriel, de 32 años, de New Rochelle, fue procesado esta semana después de ser acusado de dos cargos de uso de un menor en un acto sexual, dos cargos de difusión de material indecente en primer grado a menores y posesión de un acto sexual obsceno por parte de un menor, todos delitos graves.

La víctima del caso de abuso sexual infantil fue identificada como Jonson Temaj, el mismo joven de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en New Rochelle el 6 de febrero pasado.

Pérez-Gabriel había sido arrestado previamente el 7 de febrero después de que una investigación policial dijera que él y un joven de 16 años no identificado eran responsables de arrojar el cuerpo de Temaj en la acera de la Washington Avenue, en New Rochelle.

En ese momento, Pérez-Gabriel fue acusado de ocultar un cadáver humano, un delito grave, y de poner en peligro el bienestar de un niño, un delito menor.

El joven de 16 años no identificado fue acusado de ocultar un cadáver humano y posesión en segundo grado de un instrumento falsificado.

Temaj fue encontrado sin zapatos ni camisa cuando la policía lo encontró alrededor de las 6:15 de la mañana del 6 de febrero, el mismo día en que una gran tormenta de nieve azotó la región.

La policía intentó administrarle ayuda para salvarle la vida a Temaj antes de que lo llevaran a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

La Oficina del Médico Forense del condado de Westchester aún no ha publicado la causa oficial de la muerte de Temaj.

La denuncia por delito grave alega que Pérez-Gabriel usó WhatsApp para solicitar material sexual a Temaj a principios de febrero.

Temaj envió varios videos explícitos a Pérez-Gabriel, de acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de Westchester.

“Las acusaciones en esta denuncia son extremadamente inquietantes. El hecho de que este mismo acusado haya sido acusado anteriormente en relación con el vertido del cadáver de un niño de 15 años hace que este caso sea aún más horrible”, expresó Cacace.

Agregó que “mi oficina está trabajando las 24 horas para averiguar qué le pasó a este niño, y estoy comprometida a hacer justicia a su familia”.

La jueza Tamika Coverdale envió a Pérez-Gabriel a la custodia del Departamento de Correcciones del condado de Westchester después de acusarlo de delitos de abuso sexual infantil.

El Departamento de Policía de New Rochelle y la Fiscalía del Distrito del condado de Westchester aún están investigando la muerte de Temaj.

Los cargos por material de abuso sexual infantil están siendo procesados ​​por Laura Forbes, jefa de la Oficina de Material de Abuso Sexual Infantil.

Demócratas aprueban proyecto que aborda protocolos escolares para interacciones con el ICE

HARTFORD.- Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley HB 7066, una propuesta de ley integral que aborda las interacciones entre el personal escolar y las autoridades de inmigración, la compra y el uso de ciertos drones, las subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y la compensación para los estudiantes deportistas.

Un componente clave de la HB 7066 requiere que los superintendentes de las escuelas públicas designen al menos un administrador en cada escuela para manejar las interacciones con las autoridades federales de inmigración.

Estos administradores gestionarían las visitas en persona y las solicitudes de información, asegurando que se sigan los protocolos de seguridad.

Las juntas de educación locales y regionales tendrían que actualizar sus planes de seguridad y protección escolar para incluir procedimientos para estas interacciones.

Después de rechazar dos enmiendas, los demócratas aprobaron la legislación certificada de emergencia con una votación de 94-49 con siete ausentes o no votantes.

Todos los republicanos presentes votaron en contra del proyecto de ley junto con dos demócratas, los representantes Patrick Boyd, de Pomfret, y Kerry Wood, de Rocky Hill.

El proyecto de ley fue transmitido al Senado para su consideración allí.

Si el Senado lo aprueba, la legislación se dirige al escritorio del Gobernador Ned Lamont para su consideración.

Durante el debate, surgieron preguntas sobre si los nuevos requisitos impondrían mandatos a los distritos escolares y exigirían una compensación que impondría cargas financieras a las escuelas.

El representante Joe Poletta, republicano por Waterbury, un oponente del proyecto de ley, cuestionó quién sería responsable de compensar a un administrador designado.

La representante Jennifer Leeper, demócrata por Fairfield, aclaró que no había compensación por estar al tanto de la política estatal y que ya existían protocolos dentro de las escuelas para asuntos de seguridad y protección, un hecho declarado anteriormente en el debate por la representante Toni Walker, demócrata por New Haven.

“Cada escuela tiene un equipo de emergencia, y los equipos de esas escuelas deben tener ciertos miembros. Estamos agregando a ese miembro a ese equipo para que tengamos a alguien responsable en las circunstancias. No requerirá un mandato financiero adicional porque este grupo ya existe. Esta es solo una de sus responsabilidades en ese grupo”, dijo Walker.

Poletta cuestionó a Leeper sobre las implicaciones de los nuevos requisitos.

“¿Puede aclarar qué se espera exactamente que hagan los administradores designados durante estas interacciones? ¿Se les está pidiendo que hagan cumplir la ley de inmigración?”, preguntó.

Leeper respondió que los administradores escolares no hacen cumplir la ley de inmigración.

“El papel de los administradores designados no es hacer cumplir la ley de inmigración, sino garantizar que se sigan los protocolos de seguridad escolar establecidos. Verificarán la identificación, revisarán cualquier documento legal presentado y consultarán con un asesor legal si es necesario. Se trata de mantener un entorno seguro para los estudiantes y el personal al mismo tiempo que se cumplen las obligaciones legales”, dijo Leeper.

El presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, demócrata de Hartford, explicó el componente de inmigración del proyecto de ley.

“Queremos asegurarnos de que se sigan las mejores prácticas y, si se hace mal, si no se responde de la manera correcta la primera vez, puede ser traumático para todos los involucrados”, precisó Ritter.

“Estos son agentes de la policía que básicamente entran a las escuelas. Y puedes imaginar lo primero que se le va a pasar por la cabeza a alguien si hay un tiroteo activo o algo así. Queremos asegurarnos de que la gente esté siguiendo las reglas. Antes de enero, no creo que nadie hubiera contemplado tener que enfrentarse a un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) mientras iba a la escuela. Esa es la realidad en la que vivimos”.

 

 

Ejecutivo de Westchester aclara política migratoria y niega estatus de santuario

WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, abordó lo que describe como conceptos erróneos con respecto a las políticas de inmigración en el Condado.

Jenkins aclaró que Westchester no es un condado santuario, enfatizando que no obstaculiza la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Jenkins explicó que el Condado proporciona órdenes judiciales al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) antes de liberar a las personas de la custodia.

Afirmó que “cuando se presenta este documento, el Condado notifica al ICE antes de liberar a una persona de la custodia y puede retener a una persona hasta 48 horas después de su fecha de liberación para que trabaje y deje que los demás agentes de la ley hagan su trabajo”.

Esta política, según Jenkins, está vigente desde 2018.

Sin embargo, también señaló que existe una política que impide al condado colaborar con investigaciones federales a menos que estén relacionadas con actividades delictivas.

 

POLÍTICAS DE SANTUARIO EN WESTCHESTER

– No cooperación con ICE: El condado de Westchester no coopera con las solicitudes del ICE a menos que exista una orden judicial.

– Protección de los derechos de los inmigrantes: El Condado ha adoptado políticas para proteger los derechos de los inmigrantes, incluyendo el acceso a servicios de salud, educación y justicia.

– Limitaciones en la compartición de información: El Condado limita la compartición de información sobre el estatus migratorio de los individuos con las autoridades federales.

 

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE SANTUARIO

– Protección de los inmigrantes: Las políticas de santuario en Westchester han ayudado a proteger a los inmigrantes indocumentados de la detención y deportación.

– Fomento de la confianza: Las políticas han ayudado a fomentar la confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales.

– Desafíos legales: El Condado ha enfrentado desafíos legales por parte de las autoridades federales, que argumentan que las políticas de santuario violan la ley federal.

 

 

Empresa pagará a repartidores $17 millones por usar propinas para cubrir salarios

NUEVA YORK.- La omnipresente aplicación de entrega de comida DoorDash pagará casi 17 millones de dólares para resolver las acusaciones de que utilizó injustamente las propinas de los consumidores para subsidiar los salarios de sus trabajadores de entrega en Nueva York, en lugar de permitir que los conductores mantuvieran las propinas además de su salario garantizado, señaló la fiscal general Letitia James.

James dijo que DoorDash utilizó el modelo salarial entre mayo de 2017 y septiembre de 2019.

La empresa garantizaba a los trabajadores un pago base por cada entrega, pero estaba teniendo en cuenta las propinas en esa ecuación, pagando a los trabajadores solo lo que las propinas no cubrían, según la Fiscal General.

DoorDash tampoco dejó en claro a los consumidores que sus propinas se estaban utilizando para compensar los salarios de los trabajadores, agregó James.

“Esto es fundamentalmente injusto. Los consumidores no tenían motivos para creer que DoorDash estaba utilizando estas propinas para reducir sus costos”, señaló la funcionaria.

La empresa pagará 16.75 millones de dólares en concepto de restitución que se distribuirán entre los trabajadores de DoorDash que realizaron entregas entre mayo de 2017 y septiembre de 2019 en Nueva York.

Un administrador del acuerdo se pondrá en contacto con los trabajadores que cumplan los requisitos.

En una declaración, DoorDash afirmó que “si bien creemos que nuestras prácticas representaron adecuadamente cómo se les pagó a los Dashers durante este período, nos complace haber resuelto este asunto que data de hace años y esperamos seguir ofreciendo una forma flexible para que millones de personas alcancen sus objetivos financieros”.

La empresa afirmó que el antiguo modelo de pago ya no se utiliza.