HARTFORD.- Para el superintendente de East Hartford, Thomas Anderson, ser líder de distrito significaba que sus responsabilidades laborales podían cambiar según las circunstancias y el clima político en todo el país.
En 2020, fue la pandemia de COVID-19, cuando los superintendentes se convirtieron en “maestros” de todo lo relacionado con la prevención del virus, desde equipo de protección personal (PPE) hasta purificadores de aire y políticas de mascarillas.
Y ahora, deben actuar ante la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración.
De acuerdo con CT Insider, Anderson y los educadores de Connecticut se enfrentan a una nueva realidad en la que sus responsabilidades se han ampliado para incluir la preparación y respuesta a posibles redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente porque apenas unos días después de su segunda presidencia, Trump levantó las reglas de larga data que prohibían la aplicación de la ley de inmigración en o cerca de áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales.
Si bien no se conocen casos del ICE apareciendo en las escuelas del Estado, es algo que se está planeando.
“Es una prioridad”, dijo Anderson, no solo para los superintendentes, sino también para los maestros, los estudiantes y las familias.
El Estado emitió recientemente una guía en preparación para posibles visitas del ICE, recomendando que las políticas del distrito designen a un funcionario escolar como la persona de contacto para las solicitudes y visitas de los agentes.
Esa guía pronto podría convertirse en ley, ya que la legislatura estatal está considerando una legislación de certificación de emergencia que requeriría que los distritos incluyan específicamente protocolos para interactuar con una autoridad federal de inmigración, incluyendo solicitar una orden judicial y consultar con un asesor legal cuando los agentes de ICE se presenten en las escuelas o soliciten información.
La legislación, basada en las recomendaciones del Estado, requeriría que al menos un administrador escolar actúe como la persona responsable de interactuar con una autoridad federal de inmigración.
Para muchos distritos en Connecticut, que ya han comunicado sus propias políticas, el superintendente es esa persona designada.
Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que, dadas las nuevas políticas, tenía sentido que la preparación y el manejo de posibles redadas del ICE se convirtiera en responsabilidad del superintendente.
“Creo que los superintendentes lo entienden y no querrían poner esa presión sobre nadie más. No querrán poner eso sobre un director ni sobre nadie más. Deben asumir la responsabilidad”, agregó Rabinowitz.
Pero la nueva preocupación por las redadas del ICE ciertamente podría afectar a los superintendentes, ya que el deber de proteger a los estudiantes de esta nueva amenaza recae sobre ellos, indicó el directivo.
“Eso pone otra presión sobre el superintendente para que presente protocolos que aseguren a su personal que estarán disponibles, que intervendrán en todas estas situaciones. Prepararse para las visitas de los oficiales de inmigración también consumiría tiempo y dinero para los distritos”, dijo Rabinowitz.
Si los oficiales de inmigración se presentan en uno de los edificios escolares en East Hartford, la política del distrito dice que el personal tiene instrucciones de comunicarse con ellos como lo hacen con todos los visitantes y notificar a la Oficina del Superintendente o al Equipo de Seguridad de inmediato.
En las escuelas públicas de todo el estado, el 45.13% de los estudiantes son blancos, según los datos estatales de 2024-25. Sin embargo, en East Hartford, menos del 10% de los estudiantes son blancos, ya que el distrito está compuesto predominantemente por estudiantes hispanos o latinos y afroamericanos.
