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Hispanos y afroamericanos desproporcionadamente afectados por el sistema de justicia penal

Según los datos publicados esta semana como parte de una ley de transparencia fiscal de 2019, los hispanos y afroamericanos están siendo desproporcionadamente afectados por el sistema de justicia penal del Estado.

NEW HAVEN.- Los hispanos y afroamericanos están siendo desproporcionadamente afectados por el sistema de justicia penal del Estado, según los datos publicados esta semana como parte de una ley de transparencia fiscal de 2019.

La ley de 2019 exige que los funcionarios estatales recopilen e informen los datos. Las autoridades indicaron que lo que harán con la siguiente información es lo más importante, ya que buscan que exista más igualdad en el sistema de justicia penal de Connecticut.

“Los datos pueden ayudar a crear nuevas leyes y políticas, y transformar la forma en que los delincuentes son castigados o rehabilitados para que nosotros en el sistema de justicia penal podamos avanzar en la equidad y mejorar la seguridad y la salud en nuestras comunidades”, declaró el fiscal principal del Estado, Richard Colangelo, en su presentación sobre la información a la Comisión de Justicia Criminal.

Los datos indican que los residentes afroamericanos e hispanos estaban sobrerrepresentados en comparación con los blancos en la disposición de los casos en 2019 y que los afroamericanos enfrentan cargos de delito desproporcionadamente en comparación con los blancos y los hispanos.

Los afroamericanos representaron el 28 por ciento de las disposiciones en casos criminales en 2019, pero solo representan el 11 por ciento de la población del Estado, según el informe.

Los hispanos, por su parte, representaron el 26 por ciento de las disposiciones de casos de 2019, pero representan el 17 por ciento de la población de Connecticut. Los blancos representan el 43 por ciento de las disposiciones de 2019, pero representan el 67 por ciento de la población, según indicaron las cifras.

Los afroamericanos también tenían más probabilidades de resolver sus casos con cargos de delito grave en comparación con los blancos,  que con mayor frecuencia resolvieron sus casos con cargos de delitos menores, de acuerdo con el informe.

El reporte para los defensores no fue una sorpresa, ya que los afroamericanos y los hispanos están sobrerrepresentados en el sistema penitenciario del Estado, Pero los datos recientemente publicados pueden tener un impacto en cómo se aplican los recursos para corregir las disparidades, declaró Marc Pelka, subsecretario de Justicia Criminal de la Oficina de Política y Gestión (OPM) del Estado que redactó el informe.

“Los fiscales tienen una enorme influencia sobre el resultado de los casos. La esperanza es que ahora que hemos realizado el análisis de línea de base podemos pasar al análisis más avanzado, como analizar las razones de las disparidades”, precisó Pelka.

Pelka calificó la publicación de los datos como un día “histórico” para la transparencia procesal en la historia de la justicia penal del Estado.

La ley de 2019 exigió a la oficina de Pelka que recopilara datos sobre los arrestos y sentencias, incluida información racial y étnica. Luego, los datos se proporcionan anualmente a la Comisión de Justicia Criminal del estado y a los legisladores.

La información publicada, el martes pasado, fue recopilada de 300 mil líneas de datos del Poder Judicial que involucran 124 mil 493 casos que involucraron a aproximadamente 81 mil 133 personas.

Los informes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre “Delitos Uniformes” también se utilizaron para algunos datos, agregaron funcionarios de la OPM.

La División de Justicia Criminal, que incluye a todos los fiscales de los 13 distritos judiciales y 20 tribunales del área geográfica del estado, está a punto de poner en línea un sistema electrónico de administración de casos. Hasta que todo el sistema esté en funcionamiento, los juzgados utilizan archivos en papel que no podrían utilizarse con el fin de recopilar los datos para el informe, finalizaron las autoridades.

 

 

Gobernador nombra juez hispano para Corte Apelaciones

El juez hispano José Suárez fue nombrado por el gobernador Ned Lamont para la Corte de Apelaciones.

 Además, nombró a otros tres magistrados más

 HARTFORD. -El gobernador Ned Lamont anunció que nombrará a la jueza de la Corte de Apelaciones, Christine Keller, para servir en la Corte Suprema de Connecticut.

Como juez de la Corte de Apelaciones y residente de Hartford, Keller cubrirá la vacante creada cuando el juez, Richard Palmer, quien alcanzó la edad obligatoria de jubilación en mayo pasado.

Además, el gobernador Lamont anunció el nombramiento de otros tres magistrados para cubrir las vacantes en el Tribunal de Apelaciones, cada uno de los cuales actualmente se desempeña como juez del Tribunal Superior.

Incluyen a la jueza Joan Alexander, quien ocupará la vacante que se espera que se cree cuando la jueza principal de apelaciones Alexandra DiPentima asuma el cargo de senior el 31 de julio.

Además, la jueza Melanie Cradle, quien ocupará la vacante creada cuando el juez Robert Devlin, quien alcanzó la edad obligatoria de jubilación en abril pasado y el juez hispano José Suárez, que ocupará la vacante que se espera que se cree por el nombramiento de la juez Keller a la Corte Suprema.

Suárez, de 54 años, es residente de Chester, Connecticut. Sirvió en la Corte Superior desde 2009. Actualmente se desempeña como Juez Administrativo del Distrito Judicial de Middlesex, un cargo que ocupó desde 2017.

Durante sus primeros tres años en el banquillo, el hispano sirvió en el Distrito Judicial de Tolland, donde escuchó asuntos penales y familiares. De 2012 a 2015, fue asignado al Distrito Judicial de Hartford y presidió los juicios por jurado penal, y de 2015 a 2017, fue el Juez Presidente de la División de Familia del Distrito Judicial de Hartford.

Como juez de la Corte Superior, es autor de más de 90 opiniones y ha presidido más de 50 juicios con jurado.

Debido a que la Asamblea General no se encuentra actualmente en sesión regular, los cuatro nombramientos son provisionales, sujetos a la aprobación del Comité Judicial dentro de los 45 días de sus nombramientos.

“Nominar personas para servir en nuestros tribunales es una de las responsabilidades más importantes de un Gobernador. Estos juristas tienen un enorme impacto en nuestras comunidades, y las personas que sirven en estos roles deben mostrar un fuerte compromiso con la equidad y la justicia”, indicó Lamont.

“Estas nominaciones representan algunas de las mentes legales mejores y más brillantes de Connecticut. Estoy seguro de que cada uno de ellos servirá con la misma integridad y competencia que ya han demostrado a lo largo de sus distinguidas carreras judiciales”, finalizó el Gobernador.

 

 

Trump ordena al Censo que no incluya a los indocumentados en el recuento que determina el reparto de escaños del Congreso

La Corte Suprema prohibió al presidente incluir una pregunta sobre el estatus migratorio de los encuestados, y esta nueva medida, de dudosa legalidad, con seguridad será desafiada ante la justicia.
WASHINGTON DC.- El presidente, Donald Trump, firmó este martes un memorandum con el objetivo de que el Censo no incluya a los inmigrantes indocumentados en el conteo que realiza para luego, a partir de la población, decidir cuántos escaños corresponden a cada estado en la Cámara de Representantes.

No está claro si los indocumentados quedarían también excluidos del Censo para otros propósitos (por ejemplo, cómo el Gobierno reparte los impuestos federales entre los estados). Y tampoco se sabe si, para conseguir el objetivo del memorandum, el Censo debería preguntar a todas las personas si son o no indocumentados, manteniendo así un registro de quién tiene o no un estatus legal en el país.

Lo que sí es evidente es que esta decisión (aunque no es claro qué tanto se ajusta a la Constitución), será desafiada ante la justicia de forma inmediata. Tampoco está claro cuáles serán sus efectos, ya que el recuento ya ha comenzado.

La Oficina del Censo debe contar a todas las personas que viven en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Esto es importante pues a partir de sus cálculos se reparten, por ejemplo, los escaños en la Cámara de Representantes, los impuestos federales y recursos para la educación, transporte y salud.

El presidente ya intentó que el Censo (que se realiza cada 10 años) incluyera una pregunta para averiguar quién es ciudadano y quién es extranjero (inmigrante legal o indocumentado) este año, pero la justicia se lo impidió. 

Pese a ello, activistas ya han denunciado que ese intento pudo asustar a muchos y retraerles de responder al Censo, lo que perjudica en particular a los estados con alta población inmigrante como California, Texas o Nueva York.

Trump se está preparando para firmar una serie de órdenes ejecutivas como parte de un cambio en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la confianza de los estadounidenses en su liderazgo, pues el presidente ha sido el blanco de críticas generalizadas por su manejo de la pandemia del coronavirus, le dijeron funcionarios de la administración a NBC News.

El sitio web de la Oficina del Censo dice que “el recuento de la población residente incluye a todas las personas (ciudadanos y no ciudadanos) que viven en Estados Unidos en el momento del censo. Las personas se cuentan en su residencia habitual, que es el lugar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo”.

La 14ª  Enmienda de la Constitución requiere que el reparto de escaños en el Congreso se base en el “número total de personas en cada Estado, excluyendo a los indígenas que no pagan impuestos”.

El memorando de Trump busca reinterpretar ese requerimiento de la Constitución y que se cuente a los inmigrantes que están en el país de manera ilegal como turistas y quienes viajan por negocios, no como habitantes.

El presidente dijo este martes que, según su equipo, la acción “refleja una mejor comprensión de la Constitución” y que su “Administración no apoyará la representación en el Congreso de los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”. Añadió que “del mismo modo que no le damos poder político a las personas que están aquí temporalmente, no debemos darle poder político a las personas que no deberían estar aquí en absoluto”.

El comunicado agrega que en base a una orden ejecutiva que el presidente firmó el año pasado, “los departamentos y agencias federales han estado recopilando la información necesaria para realizar un censo preciso”. Sin embargo, no provee más detalles sobre cómo y cuándo se han recopilado esos datos o para qué se han usado.

Trump aprovechó para atacar a lo que llama como “la izquierda radical”, que según él está tratando de “ocultar el número de extranjeros ilegales en nuestro país”, y que sería según él, “parte de un esfuerzo más amplio de parte de la izquierda por erosionar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y yo no voy a permitir eso”.

Grupo de trabajo busca ayudar a distritos escolares de Westchester a reabrir sus puertas

Para ayudar a establecer cómo serán las escuelas en el otoño cuando se vuelvan a abrir en medio de la crisis del coronavirus (COVID-19), el condado de Westchester creó un grupo de trabajo que empezó a reunirse esta semana.

WHITE PLAINS.- El condado de Westchester estableció un grupo de trabajo que ayudará a dictar cómo serán las escuelas en el otoño cuando se vuelvan a abrir en medio de la crisis del coronavirus (COVID-19).

El ejecutivo del condado, George Latimer, informó que el grupo de trabajo será diseñado para “proporcionar más información y apoyo en torno a las áreas de salud pública, preparación y respuesta ante emergencias”.

Latimer indicó que el objetivo del grupo de trabajo es crear una forma más eficiente de proporcionar comentarios sobre los problemas comunes que pueden surgir a medida que las escuelas vuelvan a abrir en septiembre.

Entre los temas que se discuten está la compra de equipo de protección personal, cómo instalar mejor los divisores de plexiglás (barreras de plástico) y la señalización.

Se está estableciendo el seguimiento de contactos y el grupo de trabajo está ubicado en un documento estandarizado de preguntas frecuentes.

“Nadie sabe qué nos enfrentaremos cuando nuestros distritos escolares comiencen a reabrir nuevamente. Si vemos planes para un regreso en septiembre, los administradores tendrán un tiempo limitado para tomar decisiones cruciales sobre cómo proporcionar una educación de calidad para nuestros estudiantes, manteniendo su salud y seguridad, que siempre será nuestra principal prioridad”, declaró el funcionario.

Agregó que “espero que este grupo de trabajo facilite el proceso de transición y proporcione un lugar fácil para que los distritos se comuniquen con nosotros para obtener el apoyo que puedan necesitar”.

El grupo de trabajo está encabezado por Joseph Glazer, del Departamento de Salud Mental Comunitaria del Condado de Westchester.

Se unirán a Glazer el Superintendente de las escuelas de White Plains, Joe Ricca, Susan Spear y Aviva Meyer de la Oficina Ejecutiva del Condado, el doctor Dial Hewlett, así como Peter DeLucia y Marina Yoegel del Departamento de Salud, y Hernane DeAlmeida del Departamento de Obras Públicas.

El grupo Tomará los siguientes pasos iniciales:

  • Crear una encuesta para los distritos escolares, que serán recopilados por los superintendentes, para identificar la cantidad y el tipo de equipo de protección personal requerido para una reapertura segura.
  • Organizar seminarios web centrados en aspectos específicos del regreso a la escuela, como la limpieza escolar adecuada, provisiones de alimentos para el personal de la cocina, protocolos para el rastreo de contactos y la obtención de equipo de protección personal.
  • Designar puntos de contacto en el Departamento de Salud del Condado de Westchester para ayudar con las preocupaciones de atención médica a medida que surjan.

“Al mirar hacia el futuro, con la esperanza de dar la bienvenida a nuestros niños y miembros del personal a nuestras aulas, sabemos que esta asociación seguirá siendo fundamental para garantizar la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, precisó Ricca.

“Sigue siendo un honor trabajar junto a tantos profesionales comprometidos en apoyo de nuestros niños. Juntos, superaremos estos desafíos con éxito y seremos más fuertes para el esfuerzo compartido”, finalizó el funcionario.

 

 

CT impondrá multa para hacer cumplir orden de cuarentena para visitantes de 31 estados

El gobernador Ned Lamont (centro) advirtió que los viajeros que lleguen a Connecticut desde los estados con una alta tasa de infección por coronavirus (COVID-19) y que violen la orden de cuarentena pronto enfrentarán multas.

BRIDGEPORT.- Los viajeros que lleguen a Connecticut desde los estados con una alta tasa de infección por coronavirus (COVID-19) y que violen la orden de cuarentena pronto enfrentarán multas.

El gobernador Ned Lamont advirtió que emitirán multas de hasta mil dólares para los viajeros que violen la política de cuarentena de 14 días del Estado, mientras continúa la batalla contra el COVID-19.

Cualquier persona que viaje a Connecticut, Nueva York o Nueva Jersey desde un Estado que tenga una nueva tasa de prueba positiva diaria superior a 10 por cada 100 mil residentes, o un Estado con una tasa de positividad del 10 por ciento o más en un promedio móvil de siete días, será dirigida a hacer una autocuarentena por un período de 14 días, desde el último contacto dentro del estado identificado.

La política de cuarentena se aplica actualmente a los viajeros que llegan a Connecticut desde Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Idaho, Kansas, Luisiana, Maryland y Misuri.

Además, Misisipí, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Nuevo México, Nevada, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennesse, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

Lamont no reveló cuándo comenzarían a imponerse multas.

En su último informe, el gobernador informó que 27 mil 232 pruebas de COVID-19 se llevaron a cabo durante el fin de semana, resultando en 162 (0.59 por ciento) casos positivos.

Actualmente hay 54 pacientes con COVID-19 aún hospitalizados, el número más bajo desde finales de marzo, y hubo 10 nuevas muertes relacionadas con el virus.

Desde que comenzó la pandemia, se han reportado 48 mil 55 casos confirmados de COVID-19 en Connecticut, lo que ha resultado en 4 mil 406 muertes.

 

 

Residentes de hogares de ancianos dan “falso positivo” para COVID-19

Al menos 90 personas, muchas de ellas residentes de los hogares de ancianos, recibieron resultados “positivos falsos” para COVID-19, después de que se descubrió una falla en uno de los sistemas de prueba utilizados por el laboratorio estatal.

NEW HAVEN.- Las autoridades de salud de Connecticut informaron que al menos 90 personas, muchas de ellas residentes de los hogares de ancianos, recibieron resultados “positivos falsos” para COVID-19, después de que se descubrió una falla en uno de los sistemas de prueba utilizados por el laboratorio estatal.

Los falsos positivos se dieron a 90 de 144 personas evaluadas entre el 15 de junio y el 17 de julio por el laboratorio estatal, según el Departamento de Salud Pública del Estado.

La agencia desconocía cuántos otros laboratorios utilizan el sistema de prueba que generó los resultados “falsos positivos”.

De los pacientes que recibieron un resultado “falso positivo”, 89 eran residentes de los hogares de ancianos o centros de vida asistida, indicó la comisionada interina del Departamento de Salud, Deidre Gifford.

El paciente restante estaba en un centro de cuidados intensivos, precisó.

Las pruebas “positivas falsas” incluyeron a una mujer que vivía en la misma habitación con su esposo en Vernon Manor, un hogar de ancianos a unos 20 minutos al noreste de Hartford.

La esposa dio positivo, comentó Paul Liistro, presidente de Manchester Manors y Vernon Manors, mientras que su esposo dio negativo.

El domingo pasado se notificó a los hogares de ancianos que cinco de sus residentes estaban entre los 90 “falsos positivos” descubiertos por el laboratorio estatal.

Liistro agregó que los cinco residentes de Vernon Manor dieron positivo al mismo tiempo, a pesar de no tener contacto con nadie que fuera COVID-19 positivo.

Los cinco residentes fueron trasladados a un ala para tratar a pacientes con COVID-19 de Manchester Manor, otra casa propiedad de la compañía.

Liistro dijo que todos repetidamente dieron negativo para la enfermedad. Finalmente, cuatro fueron trasladados a Vernon Manor, y el residente restante se encuentra actualmente en una unidad de observación en Manchester Manor con un plan de atención para regresar a Vernon.

El personal del laboratorio estatal descubrió la falla, el miércoles pasado por la noche, mientras estudiaba los datos necesarios para las “pruebas de grupo”, indicó el doctor Jafar Razeq, director del laboratorio.

La estrategia consiste en agrupar los kits de prueba de múltiples pacientes en una prueba para ahorrar en los reactivos y las horas utilizadas al probar cada kit individualmente.

Para validar los resultados de las pruebas, el laboratorio necesitaba usar muestras que previamente dieron positivo usando un sistema de Thermo Fisher Scientific, un proveedor nacional de Waltham, Massachusetts.

Pero cuando el equipo comenzó a analizar los datos de cuatro muestras de prueba utilizadas en esa validación “nos dimos cuenta de que estas muestras no deberían haber sido reportadas como positivas”, precisó Razeq.

Thermo Fisher y la Food and Drug Administration (FDA) fueron notificados de las pruebas de falsos positivos.

Razeq apuntó que la FDA emitió “ajustes” al procedimiento del programa de pruebas, y que en el futuro cualquier resultado positivo de la plataforma será examinado nuevamente con otra plataforma aprobada por la FDA si es necesario.

 

 

Trabajadores esenciales piden justicia racial y económica en Día Nacional de Acción

Los oradores, entre ellos, el Senador federal Richard Blumenthal y otros funcionarios, exigieron que el Senado apruebe la HEROES, que pasó la Cámara de Representantes federal hace varios meses, para proporcionar a los trabajadores esenciales equipo de protección personal, pago de riesgos y beneficios de desempleo extendidos.

DARIEN.- Al unirse al Día Nacional de Acción en 20 ciudades en los Estados Unidos, el senador federal Richard Blumenthal, el líder de la mayoría del Senado estatal Bob Duff, el representante estatal Robyn Porter y otros funcionarios se unieron a los trabajadores esenciales hispanos y afroamericanos para hablar sobre las intersecciones del COVID-19, el asalto a las vidas de los miembros de las minorías y la desigualdad económica en Connecticut y la nación.

Los oradores exigieron que el Senado que apruebe la HEROES, que pasó la Cámara de Representantes federal hace varios meses, para proporcionar a los trabajadores esenciales equipo de protección personal, pago de riesgos y beneficios de desempleo extendidos.

Además, exigirán el fin de los abusos de las cadenas de restaurantes nacionales en terrenos de propiedad estatal en las plazas de servicio interestatales.

De acuerdo con los defensores, si bien a menudo rinden homenaje al movimiento Black Lives Matter, McDonalds y otras compañías han “socavado” repetidamente la salud y la seguridad de sus empleados hispanos y afroamericanos.

Al comienzo de la pandemia, el McDonalds despidió a algunos de los empleados que se encontraban entre los más ruidosos sobre las malas condiciones de trabajo, incluida la falta de tiempo de enfermedad, seguro médico inadecuado, abysmal pay (pago abismal) y protección y capacitación insuficientes contra el coronavirus.

El restaurante recientemente contrató a nuevos trabajadores en lugar de traer de vuelta a los que perdieron sus empleos, muchos de los cuales tenían años e incluso décadas de experiencia, señalaron los defensores.

El evento incluyó palabras de un miembro de la 32BJ SEIU que contrajo el coronavirus junto con seis compañeros de trabajo en Purdue Pharma, como un ejemplo de cómo la Ley HEROES es muy necesaria para aquellos que enfrentan el costo final de la pandemia en el trabajo todos los días.

Los miembros de la 32BJ que perdieron la vida fueron recordados con palabras e imágenes.

El evento culminó con una caravana a 200 Connecticut Avenue, Norwalk, donde según los defensores, Valley East Management evitó el escrutinio después de despedir a su contratista de limpieza sindicalizado, solo para ofrecer a los nuevos trabajadores que los reemplazaron menos paga y menos beneficios.

El evento fue uno de los 20 en todo el país que tuvo lugar el lunes pasado, bajo el lema “Strike for Black Lives”. Cada uno exigió acciones de las corporaciones y el gobierno para desmantelar la supremacía blanca, poner fin a la brutalidad policial y garantizar la salud, la seguridad y el bienestar económico de cada trabajador.

 

 

Brindan consejos para quienes no cumplieron con la fecha límite para preparar impuestos

El Internal Revenue Service (IRS) brindó los contribuyentes algunos consejos para aquellos que no cumplieron con la fecha límite de impuestos, incluida la presentación electrónica lo antes posible para reducir posibles multas.

Debe presentar su declaración lo más rápido posible para evitar intereses y multas

STAMFORD.- Para aquellos que no cumplieron con la fecha límite de impuestos del 15 de julio pasado y no solicitaron una extensión, el Internal Revenue Service (IRS) brindó los contribuyentes algunos consejos, incluida la presentación electrónica lo antes posible para reducir posibles multas.

De acuerdo con la agencia, algunos contribuyentes pueden tener tiempo adicional para presentar y pagar los impuestos adeudados sin multas e intereses.

Éstos incluyen los miembros de las fuerzas armadas que sirvieron o están actualmente en una zona de combate. Ellos califican para una extensión adicional de al menos 180 días para presentar y pagar sus impuestos.

Además, el personal de apoyo en las zonas de combate o una operación de contingencia en apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, pueden calificar para una extensión de presentación y pago de al menos 180 días.

También son elegibles algunas víctimas de desastres. Quienes califican tienen más tiempo para presentar y pagar lo que deben.

 

Presente una declaración para obtener un reembolso de impuestos

De acuerdo con el IRS, el contribuyente debe presentar una declaración para obtener un reembolso de impuestos. La única manera de obtener un reembolso es presentar una declaración de impuestos. No hay multa por presentar una declaración después de la fecha límite si vence un reembolso. Puede usar las opciones de presentación electrónica que incluye la presentación gratuita de impuestos Free File del IRS, disponible en la web (www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free) del hasta el 15 de octubre para preparar y presentar las declaraciones electrónicamente.

El IRS recordó a los contribuyentes que, mientras continúan procesando las declaraciones de impuestos electrónicas y en papel, emiten reembolsos y aceptan pagos y experimentan demoras en el procesamiento de las declaraciones de impuestos en papel debido a la falta de personal. Si un contribuyente presentó una declaración de impuestos en papel, la procesarán en el orden en que la recibió. El contribuyente no debe presente una segunda declaración de impuestos ni llamar al IRS.

Los contribuyentes pueden realizar un seguimiento de un reembolso a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en la web www.irs.gov/es/refunds y llamando al 800-829-1954.

Los contribuyentes necesitan el número de Seguro Social principal en la declaración de impuestos, el estado civil y el monto de reembolso esperado. La herramienta se actualiza una vez al día, generalmente durante la noche, por lo que la comprobación más frecuente no arrojará resultados diferentes. La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” no se puede usar para realizar un seguimiento de los pagos de impacto económico.

 

Presente una declaración para reducir multas e intereses

Normalmente, los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos, o solicitar una prórroga, y pagar los impuestos que adeudan antes de la fecha límite para evitar multas e intereses. Los contribuyentes deben recordar que una prórroga para presentar no es una prórroga para pagar. Se aplicarán multas e intereses a los impuestos adeudados después del 15 de julio.

Si un contribuyente no puede pagar de inmediato los impuestos que adeuda, igualmente debe presentar una declaración de impuestos lo antes posible para reducir posibles multas.

El IRS tiene más información en la web www.irs.gov/es/newsroom/what-if-i-cant-pay-my-taxes para los contribuyentes que adeudan al IRS, pero que no pueden pagar.

Por lo general, la multa por no presentar una declaración es del 5 por ciento del impuesto adeudado por cada mes o parte de un mes en que una declaración de impuestos llega tarde.

Pero si se presenta una declaración más de 60 días después de la fecha límite, la multa mínima es de 435 dólares o el 100 por ciento del impuesto no pagado, lo que sea menor.

Presentar y pagar tanto como sea posible es importante porque la multa por presentación tardía y la multa por pago tardío se suman rápidamente.

La tasa básica de multa por incumplimiento de pago es generalmente del 0.5 por ciento del impuesto no pagado adeudado por cada mes o parte de un mes.

Para más información pueden ingresar a la web IRS.gov/penalties (en inglés).

Los contribuyentes que tienen un historial de presentación y pago a tiempo a menudo califican para un alivio de multa. Un contribuyente generalmente calificará si presentó y pagó puntualmente durante los últimos tres años y cumple con otros requisitos.

 

Pagar impuestos adeudados electrónicamente 

Aquellos que deben impuestos pueden ver su saldo, pagar con Direct Pay del IRS y con tarjeta de débito o crédito, o solicitar en línea un plan de pago, que incluye un acuerdo de pago a plazos.

Varias otras opciones de pago electrónico están disponibles en la web IRS.gov/pagos. Son seguros y fáciles de usar. Los contribuyentes que pagan electrónicamente reciben confirmación inmediata cuando envían su pago, indicó el IRS.

Con Direct Pay y el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), los contribuyentes pueden optar por recibir notificaciones por correo electrónico sobre sus pagos.

 

 

Juicio de Pablo Lyle por homicidio es pospuesto

Pablo Lyle recibió una mala noticia, pues por la pandemia del covid-19, los juicios no prioritarios se han aplazado de manera indefinida.

El actor se encuentra en prisión domiciliaria desde el año pasado acusado de homicidio imprudencial, después de haber golpeado a un anciano de origen cubano, quien murió a causa de las lesiones.

Su próxima audiencia está programada para este 22 de julio, y será realizada de manera virtual. Su abogado Bruce Lehr informó a los medios de comunicación que por motivo de la pandemia del covid-19, todos los juicios no prioritarios se han retrasado de manera indefinida, por lo que el caso de Lyle podría aplazarse hasta el próximo año.

De ser así, el actor deberá continuar en la misma situación de prisión domiciliaria, sin trabajar y por lo tanto, sin ingresos económicos para enfrentar sus gastos legales, así como la manutención de su familia, una situación verdaderamente difícil y preocupante.

 

Defensores piden más ayuda para inmigrantes afectados por pandemia

En una concentración llevada a cabo en el Capitolio estatal, Eric Cruz López, de CT Students for a Dream (C4D), junto a otros defensores, pidió una mayor ayuda para los inmigrantes, afectados por la pandemia de coronavirus.

Aseguran que la ayuda estatal recibida hasta ahora es insuficiente

HARTFORD – Un mes después de que el gobernador Ned Lamont prometió 3.5 millones de dólares en ayuda para las familias inmigrantes, activistas y miembros de la comunidad inmigrante de Connecticut están pidiendo más que eso.

Los grupos de defensa de los inmigrantes quieren fondos adicionales, acceso a la atención médica y la cancelación de la renta para aliviar las dificultades causadas por la pandemia de coronavirus que ha afectado desproporcionadamente a su comunidad.

“Necesitamos evitar la próxima crisis de salud pública: una crisis de desalojo. Los inquilinos no deben ser desalojados y obligados a ir a las salas de los tribunales para perder sus hogares porque no han pagado el alquiler debido al impacto económico de la pandemia”, declaró Eric Cruz López, de CT Students for a Dream (C4D), una organización sin fines de lucro.

López fue uno de los más de 50 defensores de una coalición sin fines de lucro, llamada colectivamente Coalition for People’s Liberation, que se reunió en los escalones del Capitolio estatal, el lunes pasado, por la mañana para exigir “políticas liberadoras del gobernador Ned Lamont”.

Él y otros pidieron a Lamont y a su administración que extiendan la moratoria de desalojo existente, que brinda protección temporal a los inquilinos pero está programada para finalizar el 22 de agosto.

Los defensores piden que la moratoria se extienda hasta el final de la crisis de salud pública y que se asignen 140 millones de dólares a un fondo de asistencia de alquiler para todos inquilinos, independientemente de su estado migratorio.

“La salud de nuestras comunidades depende de ello”, comentó López.

Además de la ayuda a los inmigrantes, el grupo exigió la desfinanciación de la policía y el encarcelamiento a gran escala, junto con la desinversión pública del complejo industrial de la prisión antes de una sesión especial legislativa que comenzará esta semana.

Los reunidos representaron un conjunto diverso de grupos de defensa de todo el estado, incluidos representantes de Black America Undivided, Citywide Youth Coalition, Hearing Youth Voices, Radical Advocates for Cross-Cultural Education, Semilla Collective y Make the Road CT.

Portaban carteles que decían “Defund Police“, “Black Lives Matter” y “Economic Relief Fund Now”. Distribuyeron máscaras faciales Cancel Rent.

Pero un segmento del evento se centró en la ayuda a los inmigrantes.

En junio, Lamont anunció la asignación de 2.5 millones de dólares en asistencia de vivienda para los inmigrantes (también se han asignado 10 millones por separado para asistencia de vivienda en todo el Estado) y un millón de dólares adicionales a través de un nuevo programa, llamado 4-CT, que está destinado a cubrir otras necesidades asociadas con el virus.

Pero, con 120 mil inmigrantes indocumentados en el Estado, que en gran medida no tienen acceso a la atención médica o ayuda federal, y han sido impactados desproporcionadamente por el virus, los defensores han expresado su preocupación de que el paquete de ayuda hace muy poco para ayudar a los necesitados.

Dividido equitativamente entre cada uno de esos 120 mil inmigrantes, sumaría aproximadamente 8 dólares por persona, indicaron los defensores.

Muchos residentes, sin importar su estado migratorio, tienen miles de dólares atrasados ​​en su renta como resultado de la pérdida de empleos y salarios durante la pandemia.

Varios oradores se refirieron a la ayuda como “migajas”.

El lunes por la tarde, Lamont reconoció que muchos residentes de Connecticut deberán su suma global de alquiler moroso una vez que finalice la moratoria.

Agregó que la asistencia para el alquiler estaba en el presupuesto del Estado y que esperaba que la ayuda federal incluyera el apoyo al alquiler, aunque la ayuda federal probablemente no se extendería a la comunidad indocumentada.

Lamont defendió previamente la ayuda de su administración a los inmigrantes y dijo que no se podía hacer más, promocionando especialmente el programa 4-CT, que otorga a los inmigrantes calificados tarjetas de débito que pueden usarse para comprar alimentos, comestibles y otros artículos necesarios.

Pero los defensores se quejaron recientemente de que el sistema es confuso y hay incertidumbre sobre quién califica para el programa.