STAMFORD.-  La Campaign for Tobacco-Free Kids (Campaña por Niños Libres de Tabaco) anunció que apoya firmemente el proyecto de ley Quit Because of COVID-19 Act, y aplaude al senador federal Tom Carper (D-Delaware) por su liderazgo al presentar este proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos.

Esta propuesta de ley garantizará que todos los afiliados a Medicaid y al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) tengan acceso a la gama completa de tratamientos probados para dejar de fumar en este momento crítico.

La congresista Lisa Blunt Rochester (D-Delaware) introdujo una legislación complementaria en la Cámara de Representantes.

Esta legislación no podría ser más oportuna. El COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los afroamericanos, hispanos, nativos americanos y otras poblaciones vulnerables y un creciente cúmulo de evidencias demuestra que los consumidores de tabaco tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por el COVID-19.

Mientras se continúa trabajando en el próximo proyecto de ley de alivio por el COVID-19, los defensores instaron a los gestores a incluir esta importante y oportuna medida.

Los afiliados a Medicaid fuman más del doble que los adultos con seguro médico privado (23.9% a 10.5%), lo que aumenta su riesgo de contraer cáncer, enfermedades cardíacas, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption (EPOC), diabetes y otras enfermedades causadas por el tabaco.

Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo también representan alrededor de 39 mil millones de dólares en costos anuales de Medicaid.

Esta legislación ayudará a reducir las inmensas disparidades de salud que enfrenta nuestra nación, salvará vidas y mejorará la salud de los afiliados a Medicaid y al CHIP y reducirá los costos de atención médica.

Este proyecto merece un fuerte apoyo y una pronta consideración del Congreso.

A medida que nuestra nación se enfrenta a la pandemia del COVID-19, nunca ha habido un momento más importante para ayudar a los consumidores de tabaco a dejar de fumar.

Fumar debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y es una de las principales causas de afecciones de salud subyacentes, como enfermedades pulmonares y cardíacas, que ponen a las personas en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por el COVID-19. También existe una creciente evidencia de que el uso de cigarrillos electrónicos puede dañar la salud pulmonar.

La mayoría de los consumidores de tabaco quieren dejar de fumar, y los afiliados a Medicaid y al CHIP que consumen tabaco deben tener acceso sin barreras a los tratamientos que les brinden la mejor oportunidad para dejar de fumar con éxito. Con una duración de hasta dos años después del final de la emergencia de salud pública por el COVID-19, el proyecto de ley Quit Because of COVID-19 Act busca:

• Brindar a todos los afiliados de Medicaid y CHIP una cobertura integral para los tratamientos para dejar de fumar, incluida la asesoría individual, grupal y telefónica y los siete medicamentos aprobados por la FDA.
• Reducir las limitaciones para acceder a esta cobertura al eliminar los costos compartidos y los requisitos de autorización previa.
• Proporcionar más fondos federales para cubrir el costo total de esta cobertura y campañas de divulgación estatales para educar a los proveedores y afiliados de Medicaid sobre el beneficio para dejar de fumar.

Todos los programas estatales de Medicaid brindan algún nivel de cobertura para dejar de fumar. Sin embargo, en 2018 solo 15 estados cubrían todos los tratamientos disponibles y solo dos de estos estados cubrían todos los tratamientos sin limitaciones de acceso.

La expansión de la cobertura de los tratamientos para dejar de fumar mejorará la salud y reducirá los costos de atención médica.

Después de que Massachusetts proporcionara una cobertura integral de los tratamientos para dejar de fumar y realizara una campaña para crear conciencia sobre el beneficio, la tasa de tabaquismo entre los beneficiarios disminuyó en un 26 por ciento en los primeros 2.5 años.

El Estado redujo drásticamente las hospitalizaciones por ataques cardíacos y enfermedades cardiovasculares entre los beneficiarios de Medicaid, ahorrando más de 3 por cada dólar gastado en servicios para dejar de fumar, según los estudios.

Los consumidores de tabaco pueden mejorar su salud rápida y enormemente al dejar de fumar, y nunca ha habido un mejor momento para hacerlo que durante la pandemia del COVID-19.

Es fundamental que las personas inscritas en Medicaid y CHIP obtengan la ayuda que necesitan para dejar de fumar.

“Agradecemos el liderazgo del Senador Carper en este tema y esperamos trabajar con él para promover esta importante legislación”, finalizaron los defensores.

NEW HAVEN.- El Internal Revenue Service (IRS) extendió su fecha límite hasta el 30 de septiembre, para que las personas puedan proveer información al IRS a través de la herramienta Non-Filer en la web www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Las personas deben hacer esto si reciben beneficios de Seguro Social por jubilación, sobrevivientes, o incapacidad, o pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Además, deben hacerlo si no presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2018, tienen un niño menor de 17 años con derecho; y aún no han brindado información a la herramienta Non-Filer del IRS para ellos y por lo menos un niño.

Si una persona ya brindó información a la herramienta Non-Filer del IRS, antes o después de las fechas límites previamente provistas por el IRS (22 de abril si reciben Seguro Social o 5 de mayo si reciben SSI) no necesita hacer nada, explicó la agencia.

El IRS automáticamente hará el pago de estímulo económico (también conocido como el pago de estímulo impacto económico) en octubre de 2020 basado en la información que se le proveyó.

Para mayor información pueden ingresar a la web www.irs.gov/es/newsroom/irs-takes-new-steps-to-ensure-people-with-children-receive-500-economic-impact-payments.

Asimismo, pueden visitar la web www.segurosocial.gov/coronavirus/ para obtener más información sobre el Seguro Social.

HARTFORD.- Una revisión independiente de la respuesta de Connecticut al COVID-19 en los hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida, donde más de 3 mil 200 personas han muerto, encontró que las instalaciones carecían de equipo de protección personal y el Estado tardó en monitorear el control de infecciones.

Connecticut tiene la cuarta tasa de mortalidad per cápita por coronavirus más alta en los hogares de ancianos, según datos de los U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services.

Sin embargo, el número de muertos se ha reducido a un mínimo en las últimas semanas después de meses de pruebas al personal y casi 2 mil inspecciones in situ de las instalaciones.

En junio pasado, el gobernador Ned Lamont contrató a Mathematica Policy Research, una empresa con sede en Princeton, Nueva Jersey, para examinar la respuesta de Connecticut y la respuesta de los asilos de ancianos al COVID-19.

Mathematica publicó su informe borrador el martes pasado, pero seguirá con un informe final el próximo mes.

“Como gran parte del país, los centros de atención a largo plazo de Connecticut se vieron muy afectados por el COVID-19. Nuestra evaluación preliminar de la respuesta del Estado encontró que los funcionarios estatales tomaron decisiones de política y emitieron guías basadas en el conocimiento disponible en ese momento de epidemiólogos estatales y nacionales y expertos en salud pública, pero ese conocimiento fue socavado por lagunas en la comprensión científica del virus”, manifestó Patricia Rowan, investigadora de Mathematica y directora del proyecto.

“Connecticut dio un paso importante para respaldar esta investigación independiente y creemos que nuestras recomendaciones ayudarán a garantizar que el Estado y la industria del cuidado a largo plazo estén mejor posicionados para responder a una posible segunda ola de COVID-19”, agregó Rowan.

Parte de ese informe final examinará por qué el Estado no citó ningún asilo de ancianos por deficiencias relacionadas con el control de infecciones entre el 4 de marzo y el 28 de junio.

El control de infecciones fue un factor importante para poder detener la propagación de la enfermedad dentro de estos entornos congregados.

El informe encontró que los hogares de ancianos con menos deficiencias en la inspección sanitaria tenían menos casos, pero no menos muertes.

Antes del brote, el 68% de los hogares de ancianos de Connecticut habían sido citados por una deficiencia en el control de infecciones al menos una vez en los tres años anteriores de inspecciones.

Los entrevistados mencionaron la alta rotación entre el personal de control de infecciones, lo que resultó en que muchos puestos se cubrieran con personal sin experiencia o que no se cubrieran.

El equipo de protección personal (PPE) también fue un factor importante para prevenir la propagación del virus.

El Estado comenzó a distribuir el equipo de protección personal a los hogares de ancianos semanalmente en abril.

Todavía lo distribuye semanalmente, pero no todo el PPE personal que distribuye es de grado médico.

“Las partes interesadas de la industria informaron que aunque el equipo  proporcionado por el Estado comprendía una pequeña parte de su equipo total, el Estado desempeñó un papel útil como proveedor de último recurso”, indicó Mathematica en su informe preliminar.

Al igual que con otros entornos de atención médica, las instalaciones tuvieron dificultades para adquirir suministros adecuados de PPE apropiado al comienzo del brote.

El informe encontró que los hogares de ancianos con “calificaciones de personal más altas” tenían menos casos de COVID-19.

Una vez que el brote golpeó el Estado, las instalaciones informaron un aumento de las ausencias del personal como resultado de las dificultades relacionadas con el cuidado de los niños, las condiciones preexistentes del personal que los colocaban en mayor riesgo de ir a trabajar y el temor de contraer el virus o llevarlo a casa con sus familias.

Los establecimientos tuvieron que competir por el personal de atención directa en toda la región, incluida la ciudad de Nueva York, donde los hospitales y otros entornos ofrecían incentivos financieros muy competitivos.

El informe encontró que las instalaciones utilizaban incentivos financieros y no financieros para atraer y retener al personal, como bonificaciones, pago por peligrosidad y provisión de comidas durante los turnos.

El informe final de Mathematica debe entregarse al Departamento de Salud Pública y al gobernador Ned Lamont el 30 de septiembre.

STAMFORD.- La American Health Care Association (AHCA) y el National Center for Assisted Living (NCAL) publicaron esta semana una encuesta llamada Nursing Homes Incurring Significant Costs and Financial Hardship in Response to COVID-19 (Los hogares de ancianos incurren en costos significativos y dificultades financieras en respuesta al COVID-19).

Las conclusiones claves de la encuesta es que la mayoría (55%) de los hogares de ancianos están operando con pérdidas ahora (casi el 90% con un margen o pérdida muy delgada) y el 72% dice que no podrán mantener sus operaciones un año más al ritmo actual.

Esto ha sido impulsado en gran medida por el aumento en los costos de respuesta al COVID-19 (equipo de protección personal (PPE), personal adicional y pruebas) y la falta de fondos de Medicaid, que solo cubre del 70 al 80% del costo real de la atención.

Nueve de cada 10 hogares de ancianos dijeron que la financiación del gobierno es muy importante para ayudar con los costos y pérdidas relacionados con el COVID-19 y casi el 60% dice que experimentarán problemas significativos con mayores costos y pérdida de ingresos cuando finalice la financiación del gobierno.

La encuesta fue hecha a 463 proveedores de hogares de ancianos de los Estados Unidos, del 8 al 10 de agosto.

CONCLUSIONES CLAVES

Hogares de enfermería de EEUU enfrentando una crisis financiera

• El 55% de los hogares de ancianos están operando con pérdidas (el 89% opera con un margen de utilidad del 3% o menos).
• Casi el 60% de los fondos para los hogares de ancianos proviene de Medicaid (que solo cubre del 70 al 80% del costo real de la atención).
• El 72% de los hogares de ancianos dijeron que no podrán mantener las operaciones un año más al ritmo actual (el 40% dijo que menos de seis meses).

La respuesta al COVID-19 ha aumentado significativamente los costos con una diferente caída en los ingresos

• Los suministros de equipo de protección temporal (90%), el salario del staff hero (78%) y el personal adicional (46%) están generando aumentos significativos en los costos de los hogares de ancianos.
• Los hogares de ancianos dicen que sus principales costos en respuesta continua al COVID-19 incluyen suministros de equipo de protección personal (95%), personal (78%) y pruebas (74%).

Importancia del apoyo continúo del gobierno

• El 96% ha recibido algún financiamiento gubernamental (82% federal, 52% estatal).
• Casi el 60% experimentará problemas importantes con el aumento de los costos y la pérdida de ingresos cuando finalice la financiación del gobierno.
• El 93% dijo que la financiación del gobierno es muy importante para ayudar con los costos y pérdidas relacionados con COVID.

El Estado publicó varias reglas nuevas sobre cuándo y dónde se deben usar las máscaras

NEW HAVEN.- El estado de Connecticut adoptó varios cambios en su mandato del uso de las máscaras cuando la nueva orden ejecutiva entró en vigencia el viernes pasado, y tendrá una duración de seis meses.

La nueva orden ejecutiva establece que “Con vigencia inmediata, cualquier persona en un lugar público en Connecticut, ya sea en interiores o exteriores, que no mantenga una distancia social segura de aproximadamente seis pies de cualquier otra persona deberá cubrirse la boca y la nariz con una máscara o revestimiento facial de tela”.

“Además, las personas deben usar una máscara o una cubierta de tela para la cara cuando utilicen los servicios de cualquier taxi, automóvil, transporte compartido o servicio similar, o cualquier medio de transporte público masivo, o mientras se encuentren dentro de una parada de tránsito semicerrada o una área de espera”.

De acuerdo con las nuevas medidas adoptadas “nada en esta orden requerirá el uso de una máscara o un paño que cubra la cara para cualquier persona que tenga una condición médica que le impida usar una, un niño en un centro de cuidado infantil o cualquier persona menor de dos años de edad”.

Según las autoridades “Cualquier persona que se niegue a usar una máscara o una cubierta facial debido a una condición médica estará exenta de esta orden y de cualquier requisito de usar una bajo las Sector Rules u otras reglas emitidas por el Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario (DECD), pero solo si dicha persona proporciona documentación escrita de que está calificada para la exención de un proveedor médico autorizado, el Departamento de Servicios del Desarrollo u otra agencia estatal que brinde o apoye servicios para las personas con discapacidades emocionales, intelectuales o físicas, o una persona autorizado por dicha agencia”.

Conforme a la orden “Tal documentación no necesita nombrar o describir la condición que califica a la persona para la exención. Esta orden entrará en vigencia inmediatamente y permanecerá en vigencia por seis meses”.

A principios de esta semana, el gobernador Ned Lamont declaró que la exención del uso de la máscara ha sido abusada por personas que realmente no tienen una condición médica, razón por la cual están pidiendo una documentación para probar que en verdad una persona no pueden usar una cubierta facial.

“Creo que la gente está empezando a abusar de ese privilegio, así que de ahora en adelante debe portar el permiso de su médico cuando no esté usando una máscara en un lugar público”, agregó el Gobernador.

El Estado intensificará la aplicación de la ley en grandes reuniones privadas.

Las reglas de reapertura actuales permiten hasta 25 personas en el interior y 100 personas al aire libre en reuniones privadas.

Las mismas reglas que se aplican a las tiendas, como el uso de las máscaras, también se aplican en esos casos, señaló Lamont.

Connecticut también intensificará el cumplimiento de las empresas que violan las reglas con multas y posibles cierres.