STAMFORD.- Quedan muy pocas semanas vigentes para enviar los cheques de estímulo económico de la primera ronda, la única oficialmente aprobada por el Congreso y el gobierno hasta el momento.

Todas las negociaciones acerca del segundo cheque de estímulo se encuentran suspendidas, y el Congreso tomó su receso de verano hasta principios de septiembre.

Fueron tantas las discrepancias entre demócratas y republicanos, que no hubo cómo evitar el cese de las negociaciones, a pesar de que ambos bandos manifestaron que están dispuestos a regresar para negociar.

El principal obstáculo es el costo total de paquete económico.

Los demócratas piden una cifra más alta, los republicanos una más baja y no han podido lograr un justo medio para encontrarse.

El presidente Donald Trump por su parte firmó cuatro órdenes ejecutivas de carácter económico cuyo alcance legal y viabilidad de implementación aún no están claros.

Fue una medida para contrarrestar la suspensión de negociaciones que afecta muchos temas, pero dejó por fuera a los cheques de estímulo para la segunda ronda dentro de esas disposiciones. Mientras el congreso no reanude sus sesiones no habrá segundo cheque de estímulo.

Cada viernes, desde que se inició en abril la repartición de cheques según su calendario oficial, el

Internal Revenue Service (IRS) empieza la distribución de un nuevo grupo asignado.

El viernes 14 de agosto, se supone que el IRS empezó el envío los cheques de estímulo impresos en papel a los beneficiarios que declaran conjuntamente su renta y que tienen ingresos anuales entre 160 mil y 170 mil dólares.

La dinámica establecida por el IRS dispuso 20 rondas de pagos que se iniciaron el 24 de abril y se darán hasta el 11 de septiembre.

Estos pagos se establecieron por orden ascendente de distribución, comenzando por quienes registran los ingresos más bajos: es decir, 10 mil dólares o menos. Cabe recordar que aunque el 5 de septiembre es la última fecha en que se enviarán ayudas.

Qué se sabe sobre el desempleo?

El presidente Donald Trump maniobró para que se continúe pagando la asistencia federal adicional de desempleo a millones de estadounidenses que se han quedado sin trabajo durante la pandemia.

El nuevo cheque de beneficios de desempleo que entregará el gobierno de Trump será de 400 dólares a la semana, es decir 200 dólares menos que el pasado.

Dependiendo en el resultado de las negociaciones, el monto total podría cambiar.

Las leyes que aplicaron a lo largo de la crisis del COVID-19:

Ley CARES: Con la Ley CARES de marzo, que ya venció, no existía un límite en la cantidad de hijos que podían contar como dependientes, siempre y cuando fueran menores de 17 años y fueran reclamados por el contribuyente en su declaración de impuestos, según la organización Tax Foundation. Cada dependiente obtuvo 500 dólares. Teóricamente, una familia compuesta por dos adultos y seis niños menores de 17 años recibieron aproximadamente 5 mil 500 dólares.

Ley HEROES: Esta propuesta elaborada por la Cámara liderada por demócratas, misma que no ha sido adoptada ni rechazada por el Senado, impondría un límite de 6 mil dólares para los hogares de cinco o más integrantes. Básicamente, esta propuesta propone mil 200 dólares por cada adulto y dependiente, con un máximo de tres dependientes por familia.

Ley HEALS: Similar a la ley CARES, esta propuesta elaborada por los republicanos no menciona un límite en la cantidad de dinero que podría recibir una familia. La diferencia está en que no limita a los dependientes mayores de 17 años para calificar y recibir el pago de 500 dólares.

HARTFORD.- Cassidy Anderegg vive a mil 500 millas de su centro de educación, la Universidad de Boston. Este otoño, el estudiante de ciencias políticas decidió no hacer el viaje al campus, que va desde Dakota del Sur hasta la costa este, a pesar de que su universidad ofrece algunas clases en persona.

“La posibilidad de enfermarse o tener que aislarse y estar solo es aterradora”, precisó Anderegg.

El plan de reapertura de la Universidad de Boston se conoce como Learn From Anywhere (Aprenda desde cualquier lugar), por lo que Anderegg dijo que tomará sus clases en línea.

“No hay forma de replicar el aprendizaje en persona y otros aspectos que vienen con la vida del campus, sin embargo, siento que tomé la decisión correcta basándome en otras universidades que inicialmente abrieron y ahora están cerrando después de los brotes de COVID-19 en el campus”, comentó Anderegg.

Anderegg está lejos de ser un pionero. Incluso entre los estudiantes que viven mucho más cerca de los campus universitarios que optaron por reabrir, muchos decidieron quedarse en casa y tomar clases en línea por una variedad de razones.

Por su parte, en la Universidad de Connecticut (Uconn), 7 mil 500 estudiantes universitarios inscritos en el campus de Storrs optaron por quedarse en casa, al igual que otros 2 mil 700 en los campus regionales.

En todo el país, el 21 por ciento de los estudiantes universitarios actuales dicen que no asistirán a la universidad este otoño en absoluto, y muchos optan por trabajar a tiempo completo.

“La única clase en persona que tuve no fue requerida por mi especialización, y podría tomarla el próximo semestre, así que no pensé que valiera la pena el dinero para ir en persona a esa clase”, declaró Yang Li, estudiante de tercer año de especialización en ciencias actuariales.

Mientras está en casa, Li puede trabajar de forma remota para la biblioteca de la UConn, donde habría trabajado si hubiera estado en el campus.

Si bien cree que la decisión fue segura e inteligente desde el punto de vista financiero, todavía desea que no hubiera llegado a esto.

“Estoy un poco nervioso sobre qué esperar. Extrañaré ver gente, a mis maestros y compañeros de clase”, agregó el joven.

En la Southern Connecticut State University (SCSU), la universidad les dio a los estudiantes la opción de vivir en el campus, pero los dormitorios individuales no estaban garantizados.

Si un estudiante no se sentía cómodo con el arreglo de vivienda, tenía la opción de recuperar su depósito de vivienda.

La estudiante Lindsey Seo decidió quedarse en casa durante su segundo año porque sintió que era más seguro y ahorraría dinero en vivienda. En la SCSU, el 10 por ciento de los estudiantes tomarán clases en línea únicamente.

“Al principio estaba molesto porque me gustaba mucho la gente que conocía en la escuela y me llevaba muy bien con mi compañera de cuarto y de piso y quería salir más con ellas y disfrutar de la universidad. Siento que tomé la decisión correcta porque el aprendizaje en línea fue más beneficioso para mí porque estaba menos estresada y ahorré mucho dinero al no vivir en el campus”, indicó Seo.

Seo dijo que todas sus clases estarán pregrabadas, por lo que siente que podrá obtener la experiencia de aprendizaje en persona, pero en su propio tiempo.

“Dado que soy una estudiante de enfermería, las conferencias biológicas y los laboratorios fueron muy difíciles. Ahora que todo estará pregrabado, puedo hacerlo en mi propio tiempo y tomarme mi tiempo para aprender el tema y volver a ver las conferencias tantas veces como sea necesario”, explicó la joven.

Reagan Woitowitz, estudiante de segundo año en la UConn, nunca tuvo la opción de mudarse. Dado que la UConn redujo a la mitad el número de estudiantes que viven en el campus para permitir el distanciamiento social, no se le ofreció alojamiento. Afortunadamente, todas sus clases se ofrecieron en línea de todos modos.

Con mucho tiempo libre en sus manos, Woitowitz trabajará en su puesto de granja local cuatro días a la semana para mantenerse ocupada.

HARTFORD.- Un tribunal dictaminó que el gobernador Ned Lamont y la comisionada de Salud Pública de Connecticut, Deidre Gifford, tienen amplia autoridad para obligar a las personas a someterse a cuarentenas médicas involuntarias, incluso si no han tenido una exposición concluyente a un contagio y no muestran síntomas de infección.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos se produjo tras una demanda federal de dos grupos de residentes de Connecticut de África Occidental a quienes se les ordenó estar en cuarentena por 21 días, impuestas por los guardias policiales, después de llegar al Estado desde África Occidental, semanas después de que un brote regional de ébola en África fue declarado emergencia sanitaria en 2014.

Los africanos occidentales, dos candidatos a doctorados universitarios en salud pública y una familia de seis inmigrantes, argumentaron en su demanda que las órdenes de cuarentena de la administración del entonces gobernador Dannel Malloy eran inconstitucionalmente excesivas y mucho más restrictivas que las pautas de salud y viajes sobre el ébola, emitidas en ese momento por los funcionarios federales de salud y seguridad pública.

Un tribunal del distrito federal desestimó la demanda contra el Estado y el Tribunal de Apelaciones acordó concluyendo, entre otras cosas, que las leyes estatales de cuarentena no violan derechos constitucionales claramente establecidos.

Recientemente se ha hablado de cuarentenas de COVID-19 en Connecticut, desde que la pandemia llegó al Estado en febrero pasado, pero por lo general se ha tratado de la cuarentena voluntaria en lugar de las medidas involuntarias autorizadas en 2014 por Malloy y aplicadas por la ex comisionado de Salud Pública, Jewell Mullen, durante el brote de ébola en África.

Desde que el gobernador Ned Lamont declaró una emergencia de salud pública en marzo, otorgándose a sí mismo y a su administración poderes extraordinarios para combatir la transmisión de COVID-19, ha actuado con cuidado para obtener la cooperación del público en medidas de salud pública en lugar de aparentar estar haciendo cumplir órdenes.

Incluso las declaraciones públicas de la administración sobre su programa de localización de contactos enfatizan la participación voluntaria.

El ébola en 2014 fue más virulento que el coronavirus, pero se limitó a las naciones africanas de Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El primer caso sospechoso se rastreó hasta el bosque de Guinea en 2013 y la enfermedad se propagó rápidamente. En dos años, se diagnosticaron 28 mil casos y murieron más de 11 mil. A diferencia de la pandemia de coronavirus, se detectaron menos de 40 casos fuera de los tres países.

La respuesta de los Estados Unidos al ébola fue menos estridente que su esfuerzo COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) recomendaron inicialmente a principios de octubre de 2014 que los viajeros a los Estados Unidos desde África Occidental, que estaban asintomáticos y tenían un bajo riesgo de exposición, monitorearan su propia salud o aceptaran el monitoreo por parte de sus funcionarios locales de salud pública.

Los CDC revisaron la guía una semana después, dirigiendo a los viajeros de África Occidental a los puertos de entrada específicos donde se les examinaba para detectar enfermedades y se les preguntaba sobre la exposición.

Los viajeros que se determinó que requerían más observación fueron derivados a sus departamentos de salud estatales o locales. A las personas sin síntomas o exposiciones conocidas se les dijo cómo autocontrolar su salud y se les permitió salir de los aeropuertos sin restricciones.

El proceso para hacer cumplir las órdenes de cuarentena en Connecticut se detalla en la ley estatal y se activa mediante la declaración de salud pública de emergencia del Gobernador.

Las órdenes de cuarentena deben ser emitidas por el Departamento de Salud solo cuando sea “necesario” y como “la alternativa menos restrictiva para proteger o preservar la salud pública”.

Debido a los cambios operativos, Connecticut perderá dieciocho máquinas de procesamiento de correo de alta velocidad, capaces de clasificar alrededor de 30 mil cartas por hora

HARTFORD.- El fiscal general William Tong anunció que Connecticut formará parte de una coalición multiestatal que presentará una demanda federal contra la administración Trump por los drásticos cambios operativos en el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

“Es ilegal interferir con el correo. Todos los ciudadanos lo saben. Es ilegal interferir con el Servicio Postal de los Estados Unidos”, señaló el funcionario.

La demanda busca “bloquear los recortes ilegales y los cambios operativos en el Servicio Postal”, indicó Tong.

El Fiscal General declaró que las nuevas políticas del director general de Correos, Louis DeJoy, han amenazado la entrega puntual del correo a los ciudadanos de todo el país.

“El alivio que buscamos es que deshagan el daño que han hecho. Le pedimos a un tribunal federal que declare una orden, una orden judicial para que detengan cualquier daño futuro al Servicio Postal y que no den un paso más para perjudicar la capacidad del Servicio Postal para cumplir con su función constitucionalmente ordenada”, precisó Tong.

El Fiscal dijo que debido a los cambios operativos, Connecticut perderá dieciocho máquinas de procesamiento de correo de alta velocidad, capaces de clasificar alrededor de 30 mil cartas por hora.

Tong dijo que ha escuchado de residentes en todo el Estado que ya han visto retrasos en las entregas por correo de boletas de voto ausente, facturas y pagos.

“Mi celular y mi correo electrónico han estado sonando por gente que se ha quejado por el retraso del correo, no solo aquí en Connecticut, sino en todo el país”, precisó Tong.

Los empleados del Servicio Postal dijeron a la Oficina del Fiscal General que se están limitando las horas extraordinarias, que se están retirando las máquinas de procesamiento y se están enviando camiones para su entrega sin esperar a que se clasifique y cargue el correo.

El presidente Donald Trump y otros republicanos se han pronunciado en contra del correo al votar. Trump afirmó que la votación por correo generalizada conducirá a elecciones fraudulentas, sin embargo, Tong dijo que ese no es el caso.

Dijo que aquellos que voten por voto ausente deben enviarlo por correo lo antes posible. Tong también se aseguró de que se contaran todos los votos de Connecticut.

El gobernador Ned Lamont dijo que aplaude a Tong por emprender acciones legales.

En una serie de tweets, escribió que “Aplaudo a @AGWilliamTong por unirse a esta coalición multiestatal para presentar un desafío legal sobre los cambios operativos en @USPS que amenazan la entrega de correo crítico antes de las elecciones de noviembre. Nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y su derecho al voto”.

Lamont señaló que “este tema va más allá de la democracia y golpea la raíz de la justicia y la equidad. No todo el mundo puede acudir a un buzón municipal para garantizar el recuento de sus votos, pero con la ayuda del Servicio Postal podemos asegurarnos de que todos los votantes tengan la posibilidad de que se cuenten sus votos de forma segura”.

El Fiscal General del estado de Washington, Bob Ferguson, está liderando la demanda y se le unirán Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.