HARTFORD.- La Cámara de Representantes estatal y el Senado de Connecticut aprobaron esta semana un amplio proyecto de ley de justicia penal, tras horas de debate en el pleno de la Cámara.

El proyecto de ley finalmente fue aprobado en la Cámara de Representantes por 96 votos a favor y 51 en contra, con cuatro miembros ausentes o ausentes.

Tres demócratas votaron en contra y ningún republicano la apoyó.

Entre otras medidas, la sustituta del House Bill 7259 o “Ley Relativa a la Revisión de Diversos Estatutos de Justicia Penal”, incluyó disposiciones que excluyen las armas de defensa electrónica utilizadas por agentes del orden público de ser consideradas armas letales, amplía el uso permitido de llaves de estrangulamiento por parte de los agentes del orden, y tipifica como delito menor de Clase D la falta de comparecencia ante el tribunal por un delito menor.

Sin embargo, fue la Sección 4 del proyecto de ley, que actualizó la Trust Act o “Ley de Confianza” estatal, la que generó controversia.

“La Trust Act de Connecticut se adoptó en 2013 de forma bipartidista”, declaró el representante estatal Steve Stafstrom, demócrata por Bridgeport, copresidente del Comité Judicial.

El objetivo de la Trust Act era garantizar que las autoridades estatales se centraran en el procesamiento de los delitos cometidos en el Estado, explicó Stafstrom.

“La Trust Act proporcionó orientación sobre cuándo las autoridades estatales y locales responderían a las solicitudes de información o asistencia del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) con respecto a una orden de detención”, añadió.

La legislatura actualizó la Trust Act por última vez en 2019.

La revisión actual, según Stafstrom, reafirmó la determinación de Connecticut de honrar y respetar a las comunidades de inmigrantes y refugiados del Estado, a la vez que garantiza que los delincuentes violentos indocumentados sean “arrestados, procesados, condenados y, si corresponde, deportados”.

La Sección 4, añadió Stafstrom, amplía claramente la Trust Act para incluir a la División de Justicia Penal y las Juntas de Indultos y Libertad Condicional.

Además, aclara que las personas condenadas por delitos graves de Clase C, incluyendo agresión sexual, pornografía infantil y delitos con armas de fuego, pueden ser entregadas al ICE si están retenidas por la policía estatal o local.

El proyecto de ley también establece que se pueden tomar medidas legales para obtener una orden judicial o una declaratoria de derechos si un oficial, empleado o persona que actúa en nombre del departamento de policía o del departamento de seguridad escolar de una municipalidad viola alguna de las disposiciones de esta sección.

En una sesión informativa previa a la sesión, el líder de la minoría, Vincent Candelora, republicano por North Branford, se refirió al proyecto de ley revisado como “que empeora y no que mejora” y criticó específicamente el texto que permite acciones legales contra los municipios.

“Por si fuera poco, nuestros municipios y nuestra seguridad pública no pueden comunicarse con el ICE para que puedan hacer su trabajo, ahora van a permitir que estas personas demanden a nuestros pueblos y ciudades. Por lo tanto, ahora vamos a estar defendiéndonos de las demandas”, declaró Candelora.

El proyecto de ley no contempla indemnizaciones monetarias para quienes presenten demandas contra las comunidades, pero el costo de defenderse podría ser significativo, afirmó Candelora.

“Especialmente por su redacción, las organizaciones sin fines de lucro que podrían representar a estas personas podrían presentar demandas en su nombre. Por lo tanto, no se limita estrictamente al extranjero delincuente que podría alegar ser perjudicado; estas demandas podrían ser interpuestas por terceros”, explicó.

Los republicanos propusieron una serie de enmiendas, incluyendo medidas para permitir que los municipios recuperen las costas judiciales y los honorarios de los abogados en caso de ganar una demanda presentada bajo la propuesta, y para que las fuerzas del orden locales envíen las huellas dactilares de las personas indocumentadas arrestadas al Automated Fingerprints Identification System.

El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado antes de llegar al despacho del gobernador Ned Lamont.