NEW HAVEN.- Un nuevo informe reveló que Connecticut se encuentra estancado en la mejora del bienestar infantil.
El Estado ocupa el octavo lugar en el Annie E. Casey Kids Count Data Book por segundo año consecutivo. Si bien el Estado se mantuvo entre los 10 primeros, los expertos señalaron que hay margen de mejora.
Carmen Clarkin, asistente especial para iniciativas estratégicas de Connecticut Voices for Children, afirmó que si bien el Estado mejoró sus indicadores de salud y la educación se mantiene entre los primeros puestos, los altos costos de la vivienda aún impiden un mayor progreso.
“Connecticut ocupa el puesto 44 a nivel nacional en cuanto a la carga del costo de la vivienda, lo que refleja uno de los desafíos de asequibilidad más graves del país”, señaló Clarkin.
“Los costos de la vivienda han aumentado constantemente durante la última década y este problema es el principal factor que lastra la clasificación general del Estado en bienestar económico”, agregó.
El presupuesto de este año financia varias iniciativas para mejorar el bienestar infantil. El nuevo presupuesto estatal aumenta la inversión en cuidado y educación de la primera infancia.
Clarkin consideró que un crédito fiscal estatal por hijo podría ayudar a las familias, pero no se incluyó en el presupuesto.
En su lugar, los legisladores ofrecen una exención de impuestos estatales sobre la renta de 250 dólares específicamente para familias de bajos ingresos con hijos u otras personas dependientes, como parte del programa estatal de Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo.
Connecticut también enfrenta desafíos por el proyecto de ley de conciliación presupuestaria del Congreso, que propone importantes recortes a Medicaid y el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
Leslie Boissiere, vicepresidenta de asuntos externos de la Annie E. Casey Foundation, espera que los datos imparciales de este informe sean analizados con rigor antes de cualquier decisión final de los legisladores.
“Creo que es fundamental que los legisladores analicen los datos sobre seguridad alimentaria en su comunidad, los datos sobre acceso a la atención médica y los que han sido eficaces para impulsar el bienestar infantil”, instó Boissiere.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, indicó que el proyecto de ley de conciliación provocaría que 16 millones de personas en todo el país perdieran su seguro médico. Dado que crearía casi 4 billones de dólares en recortes de impuestos y más de un billón de dólares en recortes de gastos, también podría aumentar el déficit federal en casi 2.5 billones de dólares.
