Buscan incluir ADN, escáneres oculares, huellas de voz y fotografías para el reconocimiento facial

 NEW HAVEN.- La administración del presidente Donald Trump está considerando expandir drásticamente la recopilación de información biométrica de los inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense, confirmó el martes pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La propuesta permitiría al gobierno exigir más datos personales, de más personas, con más frecuencia como parte del proceso de solicitud de inmigración.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualmente exigen datos biométricos o mediciones biológicas de cualquier persona mayor de 14 años que solicite ciertos beneficios de inmigración.

Esa información se limita a las huellas dactilares, fotografías y firmas, pero se ampliaría según el cambio de política propuesto para incluir el ADN, escáneres oculares, huellas de voz y fotografías para el reconocimiento facial.

De acuerdo con un borrador de política, obtenido por BuzzFeed, el gobierno podría solicitar datos biométricos a los inmigrantes con tarjetas verdes o permisos de trabajo en cualquier momento hasta que se conviertan en ciudadanos estadounidenses, lo que equivale a una investigación continua.

BuzzFeed también informó que la política modificaría aún más los procedimientos existentes para que cualquier persona que haya recibido un beneficio de inmigración, incluidos sus patrocinadores ciudadanos de los Estados Unidos. Deberán proporcionar datos biométricos a menos que el USCIS le indique lo contrario. También eliminaría el límite de edad para la recopilación de dichos datos, lo que exigiría que incluso los menores cumplieran.

El DHS emitió un comunicado el martes confirmando la “publicación inminente de un Notice of Proposed Rulemaking (Aviso de propuesta de reglamentación).

El Departamento dijo que el cambio propuesto mejoraría su proceso de selección e investigación de antecedentes, así como también reduciría su dependencia de documentos en papel para probar “la identidad y las relaciones familiares”.

Las tecnologías de reconocimiento facial, del iris (ojos) y de la voz, son formas rápidas de verificar la identidad de una persona sin utilizar el contacto físico, explicó el DHS.

La política propuesta también autorizaría la recolección de ADN para verificar ciertas relaciones familiares.

El Departamento dijo que confirmar la relación genética entre los adultos y menores bajo la custodia del DHS es de interés para proteger el bienestar de los niños.

Ken Cuccinelli, quien está desempeñando las funciones del subsecretario de Seguridad Nacional, dijo en el comunicado que la recopilación de información biométrica protege contra el robo de identidad y “frustra a los estafadores que no son quienes dicen ser”.

Sarah Pierce, analista de políticas del U.S. Immigration Policy Program del Migration Policy Institute, calificó la medida como “increíblemente innecesaria”.

“Están implementando esto como si hubiera una especie de fraude desenfrenado en el sistema de inmigración, con muy poca evidencia para demostrarlo”, comentó Pierce

Ella dijo que la nueva política podría someter a millones de personas a una vigilancia continua y potencialmente tener un efecto paralizador en las solicitudes basadas en la familia, porque los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes pueden no estar dispuestos a someterse a exámenes biométricos invasivos para patrocinar a familiares para una tarjeta verde.

Las personas que atraviesan el proceso de inmigración también tienen que pagar una tarifa cuando proporcionan datos biométricos, añadió Pierce, y señaló que el USCIS tiene dificultades financieras.

La American Civil Liberties Union condenó el proyecto de reglamento en un comunicado emitido el martes pasado, en el que dijo que la administración Trump está “una vez más, tratando de cambiar radicalmente el sistema de inmigración de Estados Unidos” al recopilar información personal sin precedentes y potencialmente almacenarla incluso después de que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos.

“Recopilar una base de datos masiva de planos genéticos no nos hará más seguros, simplemente facilitará que el gobierno vigile y se dirija a nuestras comunidades y nos acerque a una pesadilla distópica”, señaló Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la ACLU.

Una vez que el aviso de la reglamentación propuesta se publique en el Registro Federal, los miembros del público tendrán la oportunidad de comentarlo.

 Buscan incluir ADN, escáneres oculares, huellas de voz y fotografías para el reconocimiento facial

 NEW HAVEN.- La administración del presidente Donald Trump está considerando expandir drásticamente la recopilación de información biométrica de los inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense, confirmó el martes pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La propuesta permitiría al gobierno exigir más datos personales, de más personas, con más frecuencia como parte del proceso de solicitud de inmigración.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualmente exigen datos biométricos o mediciones biológicas de cualquier persona mayor de 14 años que solicite ciertos beneficios de inmigración.

Esa información se limita a las huellas dactilares, fotografías y firmas, pero se ampliaría según el cambio de política propuesto para incluir el ADN, escáneres oculares, huellas de voz y fotografías para el reconocimiento facial.

De acuerdo con un borrador de política, obtenido por BuzzFeed, el gobierno podría solicitar datos biométricos a los inmigrantes con tarjetas verdes o permisos de trabajo en cualquier momento hasta que se conviertan en ciudadanos estadounidenses, lo que equivale a una investigación continua.

BuzzFeed también informó que la política modificaría aún más los procedimientos existentes para que cualquier persona que haya recibido un beneficio de inmigración, incluidos sus patrocinadores ciudadanos de los Estados Unidos. Deberán proporcionar datos biométricos a menos que el USCIS le indique lo contrario. También eliminaría el límite de edad para la recopilación de dichos datos, lo que exigiría que incluso los menores cumplieran.

El DHS emitió un comunicado el martes confirmando la “publicación inminente de un Notice of Proposed Rulemaking (Aviso de propuesta de reglamentación).

El Departamento dijo que el cambio propuesto mejoraría su proceso de selección e investigación de antecedentes, así como también reduciría su dependencia de documentos en papel para probar “la identidad y las relaciones familiares”.

Las tecnologías de reconocimiento facial, del iris (ojos) y de la voz, son formas rápidas de verificar la identidad de una persona sin utilizar el contacto físico, explicó el DHS.

La política propuesta también autorizaría la recolección de ADN para verificar ciertas relaciones familiares.

El Departamento dijo que confirmar la relación genética entre los adultos y menores bajo la custodia del DHS es de interés para proteger el bienestar de los niños.

Ken Cuccinelli, quien está desempeñando las funciones del subsecretario de Seguridad Nacional, dijo en el comunicado que la recopilación de información biométrica protege contra el robo de identidad y “frustra a los estafadores que no son quienes dicen ser”.

Sarah Pierce, analista de políticas del U.S. Immigration Policy Program del Migration Policy Institute, calificó la medida como “increíblemente innecesaria”.

“Están implementando esto como si hubiera una especie de fraude desenfrenado en el sistema de inmigración, con muy poca evidencia para demostrarlo”, comentó Pierce

Ella dijo que la nueva política podría someter a millones de personas a una vigilancia continua y potencialmente tener un efecto paralizador en las solicitudes basadas en la familia, porque los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes pueden no estar dispuestos a someterse a exámenes biométricos invasivos para patrocinar a familiares para una tarjeta verde.

Las personas que atraviesan el proceso de inmigración también tienen que pagar una tarifa cuando proporcionan datos biométricos, añadió Pierce, y señaló que el USCIS tiene dificultades financieras.

La American Civil Liberties Union condenó el proyecto de reglamento en un comunicado emitido el martes pasado, en el que dijo que la administración Trump está “una vez más, tratando de cambiar radicalmente el sistema de inmigración de Estados Unidos” al recopilar información personal sin precedentes y potencialmente almacenarla incluso después de que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos.

“Recopilar una base de datos masiva de planos genéticos no nos hará más seguros, simplemente facilitará que el gobierno vigile y se dirija a nuestras comunidades y nos acerque a una pesadilla distópica”, señaló Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de la ACLU.

Una vez que el aviso de la reglamentación propuesta se publique en el Registro Federal, los miembros del público tendrán la oportunidad de comentarlo.

Karla Bermúdez dormía junto a su novio cuando recibió varios disparos

BRIDGEPORT.- Una latina con 23 semanas de embarazo dormía junto a su novio cuando recibió varios disparos que terminaron con su vida y la de su bebé. Su pareja también resultó herida de bala y uno de sus primos fue asesinado a tiros el día anterior, informó este lunes su familia y la policía de Bridgeport, Connecticut.

Karla Bermúdez, de 22 años, y el feto fueron declarados muertos en el Centro Médico Saint Vicent, después de ser baleados en una vivienda donde pasaba la noche junto a su novio, de 23 años, que sufrió una lesión de bala en los glúteos.

La policía, que fue alertada del incidente por los vecinos en torno a las 5:30 de la mañana,  cree que los disparos se efectuaron desde fuera del domicilio.

“Escuché disparos y sabía que no eran petardos”, dijo Carol, una de las vecinas. “Dije ‘llama a la policía, llama a la policía”, relató.

Las autoridades están investigando el suceso como un homicidio y el novio de Bermúdez está colaborando con la policía, que no ha notificado si se han realizado arrestos.

La familia de la mujer embarazada dijo a News 12 que Heriberto Márquez, primo de Bermúdez, murió en un tiroteo este domingo en la esquina de la avenida Iranistan y la calle Hanover.

“Ahora la abuela perdió a dos nietos en menos de dos, tres días”, lamentó su madre Elizabeth Delgado, quien dice no puede entender cómo sucedió esto.

“Todos están devastados. Pensé que era un sueño, pero cuando desperté, la realidad me golpeó y no es un sueño”, puntualizó. “No es un sueño, se ha ido”.

“Era muy cariñoso, divertido… siempre ayudaba a la gente”, así describió Delgado a su hijo, quien reza para que atrapen a quien esté detrás del asesinato porque para ella es la única manera en que su familia puede comenzar a recuperarse.

“Si alguien sabe algo, di algo … si fuera tu hijo, querrías que alguien dijera algo”, aseveró.

Según News 12, la policía no cree que los dos asesinatos estén relacionados, ni tampoco tenga que ver con la muerte a tiros el pasado viernes de George John, de Shelton, de 25 años en la misma ciudad.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para resolver las tres muertes y piden llamar a la Línea de Consejos del Departamento de Policía de Bridgeport al 203-576-TIPS.

Karla Bermúdez dormía junto a su novio cuando recibió varios disparos

BRIDGEPORT.- Una latina con 23 semanas de embarazo dormía junto a su novio cuando recibió varios disparos que terminaron con su vida y la de su bebé. Su pareja también resultó herida de bala y uno de sus primos fue asesinado a tiros el día anterior, informó este lunes su familia y la policía de Bridgeport, Connecticut.

Karla Bermúdez, de 22 años, y el feto fueron declarados muertos en el Centro Médico Saint Vicent, después de ser baleados en una vivienda donde pasaba la noche junto a su novio, de 23 años, que sufrió una lesión de bala en los glúteos.

La policía, que fue alertada del incidente por los vecinos en torno a las 5:30 de la mañana,  cree que los disparos se efectuaron desde fuera del domicilio.

“Escuché disparos y sabía que no eran petardos”, dijo Carol, una de las vecinas. “Dije ‘llama a la policía, llama a la policía”, relató.

Las autoridades están investigando el suceso como un homicidio y el novio de Bermúdez está colaborando con la policía, que no ha notificado si se han realizado arrestos.

La familia de la mujer embarazada dijo a News 12 que Heriberto Márquez, primo de Bermúdez, murió en un tiroteo este domingo en la esquina de la avenida Iranistan y la calle Hanover.

“Ahora la abuela perdió a dos nietos en menos de dos, tres días”, lamentó su madre Elizabeth Delgado, quien dice no puede entender cómo sucedió esto.

“Todos están devastados. Pensé que era un sueño, pero cuando desperté, la realidad me golpeó y no es un sueño”, puntualizó. “No es un sueño, se ha ido”.

“Era muy cariñoso, divertido… siempre ayudaba a la gente”, así describió Delgado a su hijo, quien reza para que atrapen a quien esté detrás del asesinato porque para ella es la única manera en que su familia puede comenzar a recuperarse.

“Si alguien sabe algo, di algo … si fuera tu hijo, querrías que alguien dijera algo”, aseveró.

Según News 12, la policía no cree que los dos asesinatos estén relacionados, ni tampoco tenga que ver con la muerte a tiros el pasado viernes de George John, de Shelton, de 25 años en la misma ciudad.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para resolver las tres muertes y piden llamar a la Línea de Consejos del Departamento de Policía de Bridgeport al 203-576-TIPS.

NEW HAVEN.- Una corte federal de apelaciones anuló, el martes pasado, un fallo que prohibía a las autoridades de inmigración arrestar a personas sospechosas de vivir en los Estados Unidos ilegalmente si se presentaban en los juzgados de Massachusetts y del área tri-estatal (Connecticut, Nueva York y New Jersey).

La decisión de la Corte de Apelaciones del 1º Circuito de los Estados Unidos en Boston se produjo en un caso presentado por los fiscales en dos de los condados más grandes del Estado.

Los fiscales de distrito y los defensores públicos habían argumentado que esos arrestos perturbaban el sistema de justicia penal porque los acusados, los testigos y otras personas tenían demasiado miedo de acudir a los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones revocó un fallo de junio de 2019 de la jueza de distrito de los Estados Unidos, Indira Talwani, que prohibía al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrestar a personas por violaciones civiles de inmigración cuando llegaban, salían o estaban dentro de un tribunal.

Los arrestos en los juzgados han enfurecido a los abogados, defensores de inmigración e incluso a algunos jueces, que quieren que el ICE haga de los juzgados “lugares sensibles” generalmente libres de las autoridades de inmigración.

Si bien tales arrestos ocurrieron bajo el mandato del ex presidente Barack Obama, los abogados señalaron que han visto un repunte de los arrestos bajo el presidente Donald Trump, sobre todo en los juzgados de Massachusetts y del  área triestatal. .

En su fallo, el 1º Circuito dijo que quienes impugnaron la práctica no demostraron “que el ICE carece de autoridad legal para realizar tales arrestos en Massachusetts, y en los otros estados cercanos”.

El principal fiscal de Boston se comprometió a seguir combatiendo la práctica.

“Esta pelea está lejos de terminar”, advirtió la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins.

“Estamos absolutamente en el lado correcto de la justicia aquí. Nunca es una pérdida cuando se lucha por los derechos humanos, la justicia y la construcción de una comunidad más segura”.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, también había cuestionado la práctica del gobierno de arrestar inmigrantes en los juzgados.

El grupo Lawyers for Civil Rights dijo que también lucharía para que se restablezca la prohibición de tales arrestos “para proteger a los más vulnerables entre nosotros”.

“Los arrestos por inmigración en los juzgados impiden que se haga justicia al disuadir a los testigos y víctimas de delitos de asistir a los tribunales. Eso nos perjudica a todos”, señaló la organización.

La impugnación de 2019 se presentó días después de que los fiscales federales en Massachusetts acusaron a un juez de un tribunal estatal de ayudar a un hombre que vivía ilegalmente en los Estados Unidos a escabullirse por la puerta trasera del tribunal para evadir a un agente de inmigración que esperaba.

El juez de ese caso aún espera juicio.

NEW HAVEN.- Una corte federal de apelaciones anuló, el martes pasado, un fallo que prohibía a las autoridades de inmigración arrestar a personas sospechosas de vivir en los Estados Unidos ilegalmente si se presentaban en los juzgados de Massachusetts y del área tri-estatal (Connecticut, Nueva York y New Jersey).

La decisión de la Corte de Apelaciones del 1º Circuito de los Estados Unidos en Boston se produjo en un caso presentado por los fiscales en dos de los condados más grandes del Estado.

Los fiscales de distrito y los defensores públicos habían argumentado que esos arrestos perturbaban el sistema de justicia penal porque los acusados, los testigos y otras personas tenían demasiado miedo de acudir a los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones revocó un fallo de junio de 2019 de la jueza de distrito de los Estados Unidos, Indira Talwani, que prohibía al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrestar a personas por violaciones civiles de inmigración cuando llegaban, salían o estaban dentro de un tribunal.

Los arrestos en los juzgados han enfurecido a los abogados, defensores de inmigración e incluso a algunos jueces, que quieren que el ICE haga de los juzgados “lugares sensibles” generalmente libres de las autoridades de inmigración.

Si bien tales arrestos ocurrieron bajo el mandato del ex presidente Barack Obama, los abogados señalaron que han visto un repunte de los arrestos bajo el presidente Donald Trump, sobre todo en los juzgados de Massachusetts y del  área triestatal. .

En su fallo, el 1º Circuito dijo que quienes impugnaron la práctica no demostraron “que el ICE carece de autoridad legal para realizar tales arrestos en Massachusetts, y en los otros estados cercanos”.

El principal fiscal de Boston se comprometió a seguir combatiendo la práctica.

“Esta pelea está lejos de terminar”, advirtió la fiscal de distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins.

“Estamos absolutamente en el lado correcto de la justicia aquí. Nunca es una pérdida cuando se lucha por los derechos humanos, la justicia y la construcción de una comunidad más segura”.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, también había cuestionado la práctica del gobierno de arrestar inmigrantes en los juzgados.

El grupo Lawyers for Civil Rights dijo que también lucharía para que se restablezca la prohibición de tales arrestos “para proteger a los más vulnerables entre nosotros”.

“Los arrestos por inmigración en los juzgados impiden que se haga justicia al disuadir a los testigos y víctimas de delitos de asistir a los tribunales. Eso nos perjudica a todos”, señaló la organización.

La impugnación de 2019 se presentó días después de que los fiscales federales en Massachusetts acusaron a un juez de un tribunal estatal de ayudar a un hombre que vivía ilegalmente en los Estados Unidos a escabullirse por la puerta trasera del tribunal para evadir a un agente de inmigración que esperaba.

El juez de ese caso aún espera juicio.

NEW HAVEN.- Una estudiante, identificada como María, estaba teniendo dificultades para calmarse en su escuela primaria en Waterbury.

Un día de diciembre justo antes de las vacaciones de 2018, estaba golpeando y pateando al personal y tirando libros de la estantería. Recientemente había ingresado en un hogar de acogida y este era su tercer episodio de comportamiento en tres semanas.

Así que el personal de la escuela llamó al 9-1-1 y le dijo al despachador que había una “niña de cuatro años fuera de control”.

Con una dotación limitada de personal de salud mental en sus escuelas primarias, los educadores de Waterbury llaman regularmente a la policía cuando no pueden manejar a un niño en crisis, según un informe publicado esta semana por el Child Advocate del Estado.

De hecho, según el informe, durante la revisión de los seis meses del año escolar de 2017-18, la policía de Waterbury respondió a 198 llamadas de niños menores de 12 años.

De acuerdo con el informe de 34 páginas, si bien muchos de los sistemas escolares de Connecticut dependen de la policía para manejar los problemas de conducta en sus escuelas, la dependencia de Waterbury de ellos fue mas destacada.

La defensora de menores, Sarah Eagan, hizo una larga lista de recomendaciones sobre cómo abordar el problema, incluyendo que la legislatura estatal prohíbe el uso de agentes de la policía integrados en las escuelas, prohibir el arresto y la detención de niños menores de 12 años, abordar las persistentes disparidades raciales en la disciplina escolar, prohibir la suspensión fuera de la escuela de los niños y optar por intervenciones terapéuticas en el aula.

El informe de Child Advocate revelóque la mayoría de los niños arrestados son afroamericanos o hispanos, están involucrados con la agencia estatal de protección infantil y expresan su deseo de morir. Algunos han llamado a la policía varias veces, según el informe.

Cada uno de ellos tiene discapacidades y los niños con más llamadas tenían autismo severo. A menudo, los niños son arrestados y, por su seguridad y la de los demás, los esposan.

Estos niños normalmente están en tercer o cuarto grado.

Los informes policiales sobre algunos de los incidentes muestran una situación angustiosa que los oficiales encuentran

El reporte reveló que en uno de los casos “el oficial pudo escuchar a una estudiante gritando. Cuando entré al salón de clases, vi a una alumna, una niña de 8 años, que estaba siendo retenida por el personal de la escuela porque le impedían hacerse daño a sí misma y a los demás. Tan pronto como soltaron a la  niña, comenzó a rascarse la muñeca con las uñas. Cuando su maestra intentó evitar que la niña se rascara, la niña intentó rascar a la maestra con las uñas. Debido al comportamiento de agresión y autolesión de la niña, inmediatamente la esposé, en un intento por evitar que se lastimara a sí misma y a los otros”.

Esta situación se agravó después de que la maestra le quitó el tiempo de recreo a la niña porque se había portado mal.

“Se puso muy agitada y combativa. Luego comenzó a golpear su cabeza contra una mesa y luego agarró un lápiz para apuñalarse a sí misma”, de acuerdo con el informe. La joven le dijo a su maestra “porque pierdo mi recreo, así que no quiero vivir más”.

Eagan dice que no está claro por qué el personal de la escuela llamaba regularmente a la policía en lugar de usar el equipo de salud mental que el Estado estableció para responder de inmediato a tales incidentes, especialmente dado que la policía de Waterbury no está capacitada en salud conductual infantil.

Si bien la policía de todo el Estado arresta a mil 700 niños en la escuela cada año, la mayoría no resulta en cargos criminales. Sin embargo, de los aproximadamente 150 niños menores de 12 años acusados ​​en Connecticut, casi una cuarta parte vive en Waterbury. La inmensa mayoría está acusada de un delito menor.

Si bien se llama a la policía con demasiada frecuencia por problemas de salud mental, Eagan indicó que Waterbury se destaca por la cantidad de niños que finalmente son arrestados en comparación con otros municipios.

Los datos estatales muestran que Bridgeport, Hartford, New Britain y Waterbury regularmente tienen las tasas de arrestos más altas, año tras año.

NEW HAVEN.- Una estudiante, identificada como María, estaba teniendo dificultades para calmarse en su escuela primaria en Waterbury.

Un día de diciembre justo antes de las vacaciones de 2018, estaba golpeando y pateando al personal y tirando libros de la estantería. Recientemente había ingresado en un hogar de acogida y este era su tercer episodio de comportamiento en tres semanas.

Así que el personal de la escuela llamó al 9-1-1 y le dijo al despachador que había una “niña de cuatro años fuera de control”.

Con una dotación limitada de personal de salud mental en sus escuelas primarias, los educadores de Waterbury llaman regularmente a la policía cuando no pueden manejar a un niño en crisis, según un informe publicado esta semana por el Child Advocate del Estado.

De hecho, según el informe, durante la revisión de los seis meses del año escolar de 2017-18, la policía de Waterbury respondió a 198 llamadas de niños menores de 12 años.

De acuerdo con el informe de 34 páginas, si bien muchos de los sistemas escolares de Connecticut dependen de la policía para manejar los problemas de conducta en sus escuelas, la dependencia de Waterbury de ellos fue mas destacada.

La defensora de menores, Sarah Eagan, hizo una larga lista de recomendaciones sobre cómo abordar el problema, incluyendo que la legislatura estatal prohíbe el uso de agentes de la policía integrados en las escuelas, prohibir el arresto y la detención de niños menores de 12 años, abordar las persistentes disparidades raciales en la disciplina escolar, prohibir la suspensión fuera de la escuela de los niños y optar por intervenciones terapéuticas en el aula.

El informe de Child Advocate revelóque la mayoría de los niños arrestados son afroamericanos o hispanos, están involucrados con la agencia estatal de protección infantil y expresan su deseo de morir. Algunos han llamado a la policía varias veces, según el informe.

Cada uno de ellos tiene discapacidades y los niños con más llamadas tenían autismo severo. A menudo, los niños son arrestados y, por su seguridad y la de los demás, los esposan.

Estos niños normalmente están en tercer o cuarto grado.

Los informes policiales sobre algunos de los incidentes muestran una situación angustiosa que los oficiales encuentran

El reporte reveló que en uno de los casos “el oficial pudo escuchar a una estudiante gritando. Cuando entré al salón de clases, vi a una alumna, una niña de 8 años, que estaba siendo retenida por el personal de la escuela porque le impedían hacerse daño a sí misma y a los demás. Tan pronto como soltaron a la  niña, comenzó a rascarse la muñeca con las uñas. Cuando su maestra intentó evitar que la niña se rascara, la niña intentó rascar a la maestra con las uñas. Debido al comportamiento de agresión y autolesión de la niña, inmediatamente la esposé, en un intento por evitar que se lastimara a sí misma y a los otros”.

Esta situación se agravó después de que la maestra le quitó el tiempo de recreo a la niña porque se había portado mal.

“Se puso muy agitada y combativa. Luego comenzó a golpear su cabeza contra una mesa y luego agarró un lápiz para apuñalarse a sí misma”, de acuerdo con el informe. La joven le dijo a su maestra “porque pierdo mi recreo, así que no quiero vivir más”.

Eagan dice que no está claro por qué el personal de la escuela llamaba regularmente a la policía en lugar de usar el equipo de salud mental que el Estado estableció para responder de inmediato a tales incidentes, especialmente dado que la policía de Waterbury no está capacitada en salud conductual infantil.

Si bien la policía de todo el Estado arresta a mil 700 niños en la escuela cada año, la mayoría no resulta en cargos criminales. Sin embargo, de los aproximadamente 150 niños menores de 12 años acusados ​​en Connecticut, casi una cuarta parte vive en Waterbury. La inmensa mayoría está acusada de un delito menor.

Si bien se llama a la policía con demasiada frecuencia por problemas de salud mental, Eagan indicó que Waterbury se destaca por la cantidad de niños que finalmente son arrestados en comparación con otros municipios.

Los datos estatales muestran que Bridgeport, Hartford, New Britain y Waterbury regularmente tienen las tasas de arrestos más altas, año tras año.