WASHINGTON DC (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este lunes que su Gobierno tiene un año para buscar una solución para los miles de inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), tras la decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos de terminar con dicho programa.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos respaldó este lunes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para que termine con el programa de TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
El fallo judicial pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
De acuerdo con datos del Center For American Progress, en Carolina del Norte residen 13,100 personas con TPS. Al menos 5,900 son originarios de El Salvador, 6,200 de Honduras y 1,000 de Haití.
“Ahora tenemos un año completo para sentarnos con nuestros socios, amigos y aliados y buscar una solución para cientos de miles de salvadoreños y para cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, hijos de ‘tepesianos’ que también deben ser protegidos por ambos países”, apuntó el mandatario salvadoreño en sus redes sociales tras hacerse público el fallo.
Bukele indicó que “las extensiones normales eran de un año y medio, y la última, dada por el presidente Trump, fue de prácticamente 2 años (1 año entero POSTERIOR a la probabilidad de una decisión judicial negativa)”.
En noviembre de 2019, el Gobierno estadounidense prorrogó hasta el 4 de enero de 2021 el TPS para El Salvador.
“Esto quiere decir que todos los salvadoreños amparados por el TPS tienen protección migratoria por un año más (casi una prórroga completa)”, señaló y subrayó que “tenemos un año entero, tiempo suficiente para pedir a nuestros aliados una solución permanente o al menos, otra solución temporal”.
El presidente señaló que “las relaciones con Estados Unidos son más fuertes que nunca y el año pasado negociamos un año extra, si venía una resolución judicial negativa”.
“El juez falló en contra y la protección que nos queda es la que nos dio el presidente @realDonaldTrump de un año, contado a partir de una posible resolución judicial negativa para los salvadoreños”, agregó.
“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía la implementación de decisiones de rescisión del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador”, señalaron los tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California (EE.UU.).
En ese documento, los magistrados descartaron que detrás de la decisión del Gobierno de Trump de acabar con esas protecciones existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante, y aseguraron que los demandantes “no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo”.
A falta de confirmación oficial, se espera que extranjeros protegidos por el TPS y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnen esta decisión.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Los salvadoreños recibieron por primera vez este beneficio en el año 2001 por el presidente George W. Bush tras dos terremotos que asolaron a la nación centroamericana en enero y febrero de ese año.
