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Gobernador reprende a gobiernos municipales y de condado por aumento de casos de COVID-19

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, lanzó su reprimenda más dura al gobierno de la ciudad de Nueva York, y de los condados de Rockland y Orange, culpando a su “incompetencia” por los crecientes grupos de COVID-19.

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo lanzó su reprimenda más dura al  gobierno de la ciudad de Nueva York, y de los condados de Rockland y Orange, culpando a su “incompetencia” por los crecientes grupos de COVID-19 y advirtiendo: “O haces bien el trabajo o la gente morirá”.

Cuomo señaló que “sabemos cómo contener la tasa de infección. Simplemente no lo estamos haciendo con estos grupos. . Este tipo de actividad incompetente costará vidas. No voy a dejar que suceda”.

En este momento, los 20 códigos postales más afectados por el COVID-19 en el Estado tienen un promedio de infección cinco veces superior al promedio estatal, indicó el Gobernador.

Esos 20 códigos postales representan el 23 por ciento de los nuevos casos en todo el Estado a pesar de representar solo el 6 por ciento de la población de Nueva York, agregó.

El condado de Rockland registró, el miércoles pasado, las tasas de positividad diarias más altas de todos los condados de Nueva York (6.5 por ciento).

“Si no se contiene un grupo, un grupo se convertirá en una extensión comunitaria”, precisó Cuomo, advirtiendo que es posible que se produzcan retrocesos en la reapertura a corto plazo si la tasa de infección general del Estado comienza a experimentar aumentos serios debido a los diversos grupos.

La última frustración del Gobernador se produce un día después de que criticara a los funcionarios de la ciudad de Nueva York, junto con los de los condados de Rockland y Orange, en una ardiente sesión informativa, culpando a los gobiernos locales por los grupos, que, según él, marcan una falta de cumplimiento y aplicación.

Entre otras medidas, Cuomo dijo que los gobiernos locales deberían aumentar la aplicación de las máscaras con sanciones.

Eso es parte de la estrategia que el alcalde Bill de Blasio está tratando de ejecutar en la ciudad de Nueva York, que reanudó las comidas  bajo techo esta semana por primera vez en más de medio año, una bendición para los dueños de los restaurantes que luchan desde hace mucho tiempo.

El epicentro combate las elevadas tasas de infección en más de media docena de vecindarios.

Las admisiones hospitalarias por COVID-19 en la ciudad de Nueva York (87) y el promedio de casos diarios de siete días (354) alcanzaron los máximos de septiembre, el miércoles pasado, según los datos que el alcalde Bill de Blasio reveló en su sesión informativa diaria.

La tasa de positividad diaria cayó por debajo del 1 por ciento después de superar el 3 por ciento por primera vez en meses, aunque la tasa de positividad continua de siete días, que representa una imagen más completa, aumentó un poco más.

De los nueve códigos postales que se vigilan más de cerca en los cinco condados, siete registraron aumentos notables en las tasas de positividad desde la actualización más reciente del lunes pasado.

Uno vio un ligero descenso mientras que otro se mantuvo plano. Esos nueve códigos postales representan el 25 por ciento de los casos positivos de la ciudad durante las últimas dos semanas.

En comparación con algunas partes del país, estas cifras aún son relativamente bajas, y la tasa general de infección de la Ciudad sigue siendo una de las más bajas del país.

Al mismo tiempo, De Blasio dijo que el objetivo es evitar el tipo de aumento que han experimentado algunas otras ciudades importantes, a un costo devastador, en los últimos meses.

 

 

Gobernador reprende a gobiernos municipales y de condado por aumento de casos de COVID-19

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, lanzó su reprimenda más dura al gobierno de la ciudad de Nueva York, y de los condados de Rockland y Orange, culpando a su “incompetencia” por los crecientes grupos de COVID-19.

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo lanzó su reprimenda más dura al  gobierno de la ciudad de Nueva York, y de los condados de Rockland y Orange, culpando a su “incompetencia” por los crecientes grupos de COVID-19 y advirtiendo: “O haces bien el trabajo o la gente morirá”.

Cuomo señaló que “sabemos cómo contener la tasa de infección. Simplemente no lo estamos haciendo con estos grupos. . Este tipo de actividad incompetente costará vidas. No voy a dejar que suceda”.

En este momento, los 20 códigos postales más afectados por el COVID-19 en el Estado tienen un promedio de infección cinco veces superior al promedio estatal, indicó el Gobernador.

Esos 20 códigos postales representan el 23 por ciento de los nuevos casos en todo el Estado a pesar de representar solo el 6 por ciento de la población de Nueva York, agregó.

El condado de Rockland registró, el miércoles pasado, las tasas de positividad diarias más altas de todos los condados de Nueva York (6.5 por ciento).

“Si no se contiene un grupo, un grupo se convertirá en una extensión comunitaria”, precisó Cuomo, advirtiendo que es posible que se produzcan retrocesos en la reapertura a corto plazo si la tasa de infección general del Estado comienza a experimentar aumentos serios debido a los diversos grupos.

La última frustración del Gobernador se produce un día después de que criticara a los funcionarios de la ciudad de Nueva York, junto con los de los condados de Rockland y Orange, en una ardiente sesión informativa, culpando a los gobiernos locales por los grupos, que, según él, marcan una falta de cumplimiento y aplicación.

Entre otras medidas, Cuomo dijo que los gobiernos locales deberían aumentar la aplicación de las máscaras con sanciones.

Eso es parte de la estrategia que el alcalde Bill de Blasio está tratando de ejecutar en la ciudad de Nueva York, que reanudó las comidas  bajo techo esta semana por primera vez en más de medio año, una bendición para los dueños de los restaurantes que luchan desde hace mucho tiempo.

El epicentro combate las elevadas tasas de infección en más de media docena de vecindarios.

Las admisiones hospitalarias por COVID-19 en la ciudad de Nueva York (87) y el promedio de casos diarios de siete días (354) alcanzaron los máximos de septiembre, el miércoles pasado, según los datos que el alcalde Bill de Blasio reveló en su sesión informativa diaria.

La tasa de positividad diaria cayó por debajo del 1 por ciento después de superar el 3 por ciento por primera vez en meses, aunque la tasa de positividad continua de siete días, que representa una imagen más completa, aumentó un poco más.

De los nueve códigos postales que se vigilan más de cerca en los cinco condados, siete registraron aumentos notables en las tasas de positividad desde la actualización más reciente del lunes pasado.

Uno vio un ligero descenso mientras que otro se mantuvo plano. Esos nueve códigos postales representan el 25 por ciento de los casos positivos de la ciudad durante las últimas dos semanas.

En comparación con algunas partes del país, estas cifras aún son relativamente bajas, y la tasa general de infección de la Ciudad sigue siendo una de las más bajas del país.

Al mismo tiempo, De Blasio dijo que el objetivo es evitar el tipo de aumento que han experimentado algunas otras ciudades importantes, a un costo devastador, en los últimos meses.

 

 

CT lanzará aplicación móvil para rastrear contactos que han estado con pacientes con COVID-19

Según el plan actual, las personas podrían optar por las alertas de notificación en línea a través de sus teléfonos, que realizarían un seguimiento de con quién han estado en contacto cercano durante un período de tiempo. En la foto, un hombre muestra la aplicación de rastreo de contactos Stayaway Covid, una de las que se utiliza en varios países para ese fin.

STAMFORD.- Dentro de un mes, las personas de Connecticut podrán recibir alertas en sus teléfonos inteligentes si han tenido un posible contacto con pacientes de COVID-19, anunció el gobernador Ned Lamont.

El funcionario informó que Google y Apple, que ofrecerán el servicio en cooperación con el Estado, han prometido privacidad para los usuarios de la aplicación, que Lamont tiene la intención de detallar más en los próximos días. Podría facilitar el rastreo de contactos, indicó el Gobernador, y pronosticó que el programa en línea, en cooperación con esfuerzos similares en Nueva York y Nueva Jersey, podría alertar rápidamente a las personas que podrían haber sido infectadas.

Según el plan actual, los residentes del Estado podrían optar por las alertas de notificación en línea a través de sus teléfonos, que realizarían un seguimiento de con quién han estado en contacto cercano durante un período de tiempo.

Si alguien da positivo, podría ingresar a sus teléfonos, lo que notificaría a quienes podrían haber estado en contacto cercano.

Las personas alertadas de posibles contactos podrían ponerse en contacto con sus médicos, aislarse y tomar otras respuestas.

Sin embargo, la tecnología ha creado preocupaciones sobre la privacidad en todo el mundo, y las encuestas recientes indican una reticencia general por parte de los usuarios de los teléfonos.

Lamont también que el Estado debería tener las primeras 69 mil pruebas rápidas de Abbott Labs para COVID-19 del gobierno federal para esta semana.

La primera de las un millón de pruebas proyectadas suministradas desde Washington se utilizará para localizar rápidamente casos potenciales en las escuelas y otras instalaciones donde los brotes podrían propagarse rápidamente.

Dijo que complementará la capacidad de prueba actual del Estado, que varía entre 10 mil y 15 mil por día.

Josh Geballe, director de operaciones de Lamont, dijo que en el caso de las escuelas, las pruebas rápidas se pueden implementar rápidamente y posiblemente podrían evitar que los estudiantes sean enviados a casa a cumplir con una cuarentena, o incluso el cierre de escuelas enteras.

Lamont dijo que la cantidad total de pruebas rápidas compradas por el gobierno federal será de aproximadamente 150 millones, con 50 millones que se guardarán para emergencias, por lo que los estados y territorios se dividirán en 100 millones de pruebas Abbott.

 

 

CT lanzará aplicación móvil para rastrear contactos que han estado con pacientes con COVID-19

Según el plan actual, las personas podrían optar por las alertas de notificación en línea a través de sus teléfonos, que realizarían un seguimiento de con quién han estado en contacto cercano durante un período de tiempo. En la foto, un hombre muestra la aplicación de rastreo de contactos Stayaway Covid, una de las que se utiliza en varios países para ese fin.

STAMFORD.- Dentro de un mes, las personas de Connecticut podrán recibir alertas en sus teléfonos inteligentes si han tenido un posible contacto con pacientes de COVID-19, anunció el gobernador Ned Lamont.

El funcionario informó que Google y Apple, que ofrecerán el servicio en cooperación con el Estado, han prometido privacidad para los usuarios de la aplicación, que Lamont tiene la intención de detallar más en los próximos días. Podría facilitar el rastreo de contactos, indicó el Gobernador, y pronosticó que el programa en línea, en cooperación con esfuerzos similares en Nueva York y Nueva Jersey, podría alertar rápidamente a las personas que podrían haber sido infectadas.

Según el plan actual, los residentes del Estado podrían optar por las alertas de notificación en línea a través de sus teléfonos, que realizarían un seguimiento de con quién han estado en contacto cercano durante un período de tiempo.

Si alguien da positivo, podría ingresar a sus teléfonos, lo que notificaría a quienes podrían haber estado en contacto cercano.

Las personas alertadas de posibles contactos podrían ponerse en contacto con sus médicos, aislarse y tomar otras respuestas.

Sin embargo, la tecnología ha creado preocupaciones sobre la privacidad en todo el mundo, y las encuestas recientes indican una reticencia general por parte de los usuarios de los teléfonos.

Lamont también que el Estado debería tener las primeras 69 mil pruebas rápidas de Abbott Labs para COVID-19 del gobierno federal para esta semana.

La primera de las un millón de pruebas proyectadas suministradas desde Washington se utilizará para localizar rápidamente casos potenciales en las escuelas y otras instalaciones donde los brotes podrían propagarse rápidamente.

Dijo que complementará la capacidad de prueba actual del Estado, que varía entre 10 mil y 15 mil por día.

Josh Geballe, director de operaciones de Lamont, dijo que en el caso de las escuelas, las pruebas rápidas se pueden implementar rápidamente y posiblemente podrían evitar que los estudiantes sean enviados a casa a cumplir con una cuarentena, o incluso el cierre de escuelas enteras.

Lamont dijo que la cantidad total de pruebas rápidas compradas por el gobierno federal será de aproximadamente 150 millones, con 50 millones que se guardarán para emergencias, por lo que los estados y territorios se dividirán en 100 millones de pruebas Abbott.

 

 

Maduro pide adaptar el sistema jurídico para hacer frente a las sanciones de EEUU

 

CARACAS (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este martes aprobar una ley “antibloqueo” que adapte el sistema jurídico para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a su Gobierno en los últimos seis años.
Es una ley para “revertir todas estas afectaciones y construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra”, dijo Maduro al presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, que se comprometió debatirla con moción de urgencia.
Aunque no se conocen los apartados de esta nueva ley, Maduro aseguró que busca dotar al Estado “de las capacidades jurídicas para enfrentar la más perversa y extendida agresión”, en alusión a las más de 300 medidas administrativas que, aseguró, ha aplicado EE.UU. en contra de la llamada revolución bolivariana.
“Para eso es esta ley, para dar los instrumentos al Estado, poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo institucional y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo.
El mandatario hizo un recuento de los daños que ha sufrido Venezuela en los últimos años y que atribuyó a las sanciones estadounidenses, entre ellos la pérdida de 30.000 millones de dólares al año durante el último quinquenio por la reducción de la producción y venta de petróleo.
“Es tiempo de que nuestra nación (…) responda al bloqueo con una estrategia del mismo nivel, una estrategia de Estado, una estrategia de país (…) debemos responder con una acción estratégica, flexible, de defensa y contraataque que permita enfrentar el bloqueo y la persecución”, insistió.
El instrumento legal, denominado “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano”, ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se usen para fortalecer el pago de los trabajadores, en tanto que el salario mínimo legal se ubica por debajo de un dólar mensual.
Asimismo, explicó Maduro, el nuevo marco jurídico busca blindar los sectores productivos y mejorar la provisión de servicios públicos como la electricidad y el agua potable, ambos administrados por el Ejecutivo y con frecuentes fallos en el suministro, lo que ha desatado numerosas protestas en el país recientemente.
Además de “superar el bloqueo”, indicó el gobernante, la ley viene a “apoyar todas las medidas” que tomará en el último trimestre del año, aunque no adelantó qué tipo de directrices planea aplicar.

Maduro pide adaptar el sistema jurídico para hacer frente a las sanciones de EEUU

 

CARACAS (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este martes aprobar una ley “antibloqueo” que adapte el sistema jurídico para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a su Gobierno en los últimos seis años.
Es una ley para “revertir todas estas afectaciones y construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra”, dijo Maduro al presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, que se comprometió debatirla con moción de urgencia.
Aunque no se conocen los apartados de esta nueva ley, Maduro aseguró que busca dotar al Estado “de las capacidades jurídicas para enfrentar la más perversa y extendida agresión”, en alusión a las más de 300 medidas administrativas que, aseguró, ha aplicado EE.UU. en contra de la llamada revolución bolivariana.
“Para eso es esta ley, para dar los instrumentos al Estado, poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo institucional y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo.
El mandatario hizo un recuento de los daños que ha sufrido Venezuela en los últimos años y que atribuyó a las sanciones estadounidenses, entre ellos la pérdida de 30.000 millones de dólares al año durante el último quinquenio por la reducción de la producción y venta de petróleo.
“Es tiempo de que nuestra nación (…) responda al bloqueo con una estrategia del mismo nivel, una estrategia de Estado, una estrategia de país (…) debemos responder con una acción estratégica, flexible, de defensa y contraataque que permita enfrentar el bloqueo y la persecución”, insistió.
El instrumento legal, denominado “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano”, ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se usen para fortalecer el pago de los trabajadores, en tanto que el salario mínimo legal se ubica por debajo de un dólar mensual.
Asimismo, explicó Maduro, el nuevo marco jurídico busca blindar los sectores productivos y mejorar la provisión de servicios públicos como la electricidad y el agua potable, ambos administrados por el Ejecutivo y con frecuentes fallos en el suministro, lo que ha desatado numerosas protestas en el país recientemente.
Además de “superar el bloqueo”, indicó el gobernante, la ley viene a “apoyar todas las medidas” que tomará en el último trimestre del año, aunque no adelantó qué tipo de directrices planea aplicar.

Juez ordena a administración Trump dejar de negar fondos de ayuda a reclusos

Un juez federal aprobó una medida cautelar que exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al Internal Revenue Service (IRS) y al Gobierno dejar de retener fondos de estímulo de la ley federal CARES para las personas encarceladas.

HARTFORD.- El Juez federal Phyllis Hamilton emitió una orden mediante la cual aprueba una demanda colectiva en favor de las personas recluidas en las prisiones estatales y federales.

El magistrado aprobó una solicitud de los demandantes para una medida cautelar por la que se exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al

Internal Revenue Service (IRS) y al Gobierno dejar de retener fondos de estímulo de la ley federal CARES, a los demandantes o cualquier miembro de la demanda, bajo la única base de su estado de encarcelamiento.

Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro confirmó que hacia principios de mayo de 2020, el IRS había determinado que al menos 80 mil personas encarceladas tenían derecho a recibir pagos por más de 100 millones de dólares.

Por ende, la orden del juez hará posible que se entreguen más de 100 millones de dólares a los miembros de la demanda que requieren asistencia inmediata.

El Congreso aprobó la ley CARES para proveer asistencia económica urgente durante la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19.

Las personas encarceladas, y sus familias en libertad, se encuentran entre las de mayor desventaja económica en el país, de acuerdo con los defensores.

Según un estudio, las personas que están encarceladas tenían un ingreso promedio de tan solo 19 mil 185 dólares antes de ser recluidas, en comparación con 41 mil 250 dólares de ingreso promedio para personas no encarceladas.

Las familias de bajos ingresos presentan unas probabilidades desproporcionadamente mayores de tener un familiar tras las rejas.

La misma realidad se observa en las familias afroamericanas, latinas y nativoamericanas.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro se ha rehusado a emitir los pagos de estímulo ya autorizados por el Congreso a las personas encarceladas que reúnen los requisitos para recibirlos, con lo cual se agudizan aún más las desventajas económicas que enfrentan estas personas y sus familias, señalaron los defensores.

En la demanda se alega que más de 1.4 millones de personas encarceladas se han visto afectadas por las acciones de las partes acusadas.

Muchas de estas personas dependen de la asistencia financiera de familiares y amigos que se encuentran en libertad, que de por sí ya están sufriendo debido a la actual crisis económica.

Los demandantes son Colin Scholl y Lisa Strawn. El equipo de abogados de Lieff Cabraser que los representa a ellos y a los miembros de la demanda colectiva son Kelly Dermody, Yaman Salahi y Jalle Dafa, a quienes se unieron Eva Jefferson Paterson, Mona Tawatao, Lisa Holder y Christina Alvernaz de Equal Justice Society. Kelly Dermody y Eva Paterson han sido designados como abogados adjuntos de la demanda.

Los acusados son Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; Charles Rettig, comisionado del IRS; el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el IRS y la administración del presidente Donald Trump.

Para obtener mayor información, pueden visitar la web lieffcabraser.com/cares-act-relief.

 

 

Juez ordena a administración Trump dejar de negar fondos de ayuda a reclusos

Un juez federal aprobó una medida cautelar que exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al Internal Revenue Service (IRS) y al Gobierno dejar de retener fondos de estímulo de la ley federal CARES para las personas encarceladas.

HARTFORD.- El Juez federal Phyllis Hamilton emitió una orden mediante la cual aprueba una demanda colectiva en favor de las personas recluidas en las prisiones estatales y federales.

El magistrado aprobó una solicitud de los demandantes para una medida cautelar por la que se exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al

Internal Revenue Service (IRS) y al Gobierno dejar de retener fondos de estímulo de la ley federal CARES, a los demandantes o cualquier miembro de la demanda, bajo la única base de su estado de encarcelamiento.

Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro confirmó que hacia principios de mayo de 2020, el IRS había determinado que al menos 80 mil personas encarceladas tenían derecho a recibir pagos por más de 100 millones de dólares.

Por ende, la orden del juez hará posible que se entreguen más de 100 millones de dólares a los miembros de la demanda que requieren asistencia inmediata.

El Congreso aprobó la ley CARES para proveer asistencia económica urgente durante la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19.

Las personas encarceladas, y sus familias en libertad, se encuentran entre las de mayor desventaja económica en el país, de acuerdo con los defensores.

Según un estudio, las personas que están encarceladas tenían un ingreso promedio de tan solo 19 mil 185 dólares antes de ser recluidas, en comparación con 41 mil 250 dólares de ingreso promedio para personas no encarceladas.

Las familias de bajos ingresos presentan unas probabilidades desproporcionadamente mayores de tener un familiar tras las rejas.

La misma realidad se observa en las familias afroamericanas, latinas y nativoamericanas.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro se ha rehusado a emitir los pagos de estímulo ya autorizados por el Congreso a las personas encarceladas que reúnen los requisitos para recibirlos, con lo cual se agudizan aún más las desventajas económicas que enfrentan estas personas y sus familias, señalaron los defensores.

En la demanda se alega que más de 1.4 millones de personas encarceladas se han visto afectadas por las acciones de las partes acusadas.

Muchas de estas personas dependen de la asistencia financiera de familiares y amigos que se encuentran en libertad, que de por sí ya están sufriendo debido a la actual crisis económica.

Los demandantes son Colin Scholl y Lisa Strawn. El equipo de abogados de Lieff Cabraser que los representa a ellos y a los miembros de la demanda colectiva son Kelly Dermody, Yaman Salahi y Jalle Dafa, a quienes se unieron Eva Jefferson Paterson, Mona Tawatao, Lisa Holder y Christina Alvernaz de Equal Justice Society. Kelly Dermody y Eva Paterson han sido designados como abogados adjuntos de la demanda.

Los acusados son Steven Mnuchin, secretario del Tesoro; Charles Rettig, comisionado del IRS; el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el IRS y la administración del presidente Donald Trump.

Para obtener mayor información, pueden visitar la web lieffcabraser.com/cares-act-relief.

 

 

Angélica Rivera y su hermana en medio de escándalo de corrupción

Angélica Rivera vuelve a protagonizar otro escándalo de corrupción, ya que una de sus hermanas recibió millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de una empresa fantasma.

Resulta que Adriana Rivera, hermana de ‘La Gaviota’, formaba parte de una ’empresa’ que organizaba eventos, y que durante el gobierno pasado obtuvieron en solo cuatro años ganancias por 500 millones de pesos, en diversos contratos para organizar eventos para algunas secretarías de estado, demás de que no pagaron ni un peso de impuestos al SAT.

La empresa en cuestión se llama Actidea, S.A de C.V. propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, este último yerno de Carlos Salinas de Gortari. Actidea existe desde 2005, y había obtenido solo 10 contratos durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, con ganancias de 47 millones de pesos.

Pero la bonanza apareció para Actidea cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, y entre sus socias apareció Adriana Rivera, hermana de la entonces primera dama Angélica Rivera, resultado de una investigación realizada por el portal de noticias Sin Embargo.

 

Angélica Rivera y su hermana en medio de escándalo de corrupción

Angélica Rivera vuelve a protagonizar otro escándalo de corrupción, ya que una de sus hermanas recibió millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de una empresa fantasma.

Resulta que Adriana Rivera, hermana de ‘La Gaviota’, formaba parte de una ’empresa’ que organizaba eventos, y que durante el gobierno pasado obtuvieron en solo cuatro años ganancias por 500 millones de pesos, en diversos contratos para organizar eventos para algunas secretarías de estado, demás de que no pagaron ni un peso de impuestos al SAT.

La empresa en cuestión se llama Actidea, S.A de C.V. propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, este último yerno de Carlos Salinas de Gortari. Actidea existe desde 2005, y había obtenido solo 10 contratos durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, con ganancias de 47 millones de pesos.

Pero la bonanza apareció para Actidea cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, y entre sus socias apareció Adriana Rivera, hermana de la entonces primera dama Angélica Rivera, resultado de una investigación realizada por el portal de noticias Sin Embargo.