SACRAMENTO, CALIFORNIA.— El presidente Donald Trump promueve un nuevo enfoque para solucionar la crisis de las personas que viven en la calle: traslado forzoso a grandes campamentos y tratamientos de salud mental y adicciones.

Es un cambio agresivo en la principal política nacional contra el desamparo, que durante décadas ha dado prioridad al acceso a una vivienda como la forma más eficaz de combatir esta crisis.

“Nuestras grandes ciudades se han convertido en pesadillas insalubres e inhabitables”, dijo Trump en un video de la campaña presidencial. “A los que padecen enfermedades mentales graves y trastornos profundos los llevaremos a instituciones psiquiátricas, que es donde deben estar, con el objetivo de reintegrarlos a la sociedad una vez que mejoren y puedan controlarse”.

Ahora que está en el cargo, ha comenzado el asalto al programa Housing First (Vivienda Primero).

Los funcionarios de la Casa Blanca no han anunciado una política formal, pero están abriendo la puerta a un programa de tratamiento, al tiempo que diseñan una intensa revisión de los programas de vivienda y servicios sociales que son la columna vertebral del sistema de respuesta a la crisis de las personas sin hogar, del que dependen ciudades y condados de todo el país.

Casi $4.000 millones se destinaron solo el año pasado. Pero ahora, Scott Turner, que dirige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Trump, la agencia responsable de administrar los fondos para la vivienda y para los que no la tienen, ha propuesta recortes masivos y ha pedido una revisión del gasto de los contribuyentes.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, ya no estamos en una postura de seguir como siempre y el grupo de trabajo DOGE desempeñará un papel fundamental para ayudar a identificar y eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso y, en última instancia, servir mejor al pueblo estadounidense”, expresó Turner en un comunicado.

Los recortes de personal afectarían especialmente a la parte de la agencia que supervisa el gasto en personas sin hogar y las iniciativas de Vivienda Primero. Trump habló de este tema durante su campaña, pidiendo que se abrieran nuevos centros de tratamiento en extensas parcelas de terrenos gubernamentales: “Grandes campamentos donde se pueda reubicar a las personas sin hogar y se identifiquen sus problemas”. Allí podrían recibir tratamiento y rehabilitación y si no lo hacen podrían ser arrestados.

Ahora como presidente, centra su atención en las personas sin hogar que viven en la calle, y en marzo ordenó a Washington D.C. que barriera los campamentos urbanos, lo que podría separar a las personas sin hogar de sus gestores de casos y proveedores de servicios sociales, interrumpiendo su camino hacia la vivienda.

La administración no recomienda a los gobiernos locales seguir la política federal, diciéndoles que no hará cumplir los contratos de personas sin hogar “si se requiere que el proyecto utilice un modelo como el programa de Vivienda Primero”. Y, en una orden reciente para “reducir el alcance de la burocracia federal”, Trump recortó el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar, reduciendo la agencia responsable de coordinar la financiación y las iniciativas entre el gobierno federal, los estados y las agencias locales, conocidas como Continuums of Care.

“Queda claro que los ataques imprudentes de Trump en todo el gobierno federal potenciarán la crisis de la vivienda y de las personas sin hogar en comunidades de todo el país”, declaró la legisladora demócrata Maxine Waters, de Los Angeles, en respuesta a la orden.

Apoyo sin tratamiento forzoso

Housing First se implementó a nivel nacional en 2004 bajo la administración de George W. Bush para combatir la falta de vivienda crónica, definida como haber vivido en la calle con una condición discapacitante durante un largo período de tiempo.

El programa se amplió bajo el presidente Barack Obama como el plan de ataque de Estados Unidos contra la falta de vivienda y bajo el presidente Joe Biden, quien argumentó que la vivienda era una necesidad básica, fundamental para la salud.

La política tiene como objetivo estabilizar a las personas sin hogar en viviendas permanentes y proporcionarles apoyo y servicios sociales sin forzar el tratamiento, imponer requisitos laborales o exigir la sobriedad. Una vez alojadas, en teoría, las personas sin hogar escapan del caos de las calles y pueden entonces centrarse en la búsqueda de un empleo, cuidar de sus enfermedades crónicas o lograr la sobriedad.

“Cuando estás en la calle, lo único que haces cada día es pensar en cómo sobrevivir”, explicó Ann Oliva, CEO de la National Alliance to End Homelessness. “La vivienda es la intervención más importante que aporta una sensación de seguridad y estabilidad, en la que no estás constantemente tratando de encontrar comida o un lugar seguro para dormir”.

Pero Trump quiere eliminar las iniciativas de viviendas subvencionadas por los contribuyentes. Está impulsando un enfoque punitivo que impondría multas y posiblemente penas de cárcel a las personas sin hogar. Y quiere imponer la sobriedad y el tratamiento de salud mental como la principal intervención contra la falta de vivienda, un cambio radical con respecto a Housing First.

El cambio ha provocado miedo y pánico entre los expertos en personas sin hogar y los proveedores de servicios de primera línea, que sostienen que forzar el tratamiento y criminalizar a las personas sin hogar mediante multas y penas de cárcel simplemente no funciona.

“Solo va a empeorar las cosas”, señaló Donald Whitehead Jr., director ejecutivo de la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar. “Meter a todo el mundo en programas de tratamiento no es una estrategia eficaz. El verdadero problema es que no tenemos suficientes viviendas asequibles”.

Trump estuvo a punto de acabar con Housing First durante su primer mandato, cuando nombró a Robert Marbut para dirigir el Consejo Interagencial de Estados Unidos sobre Personas sin Hogar en 2019. Pero covid-19 paralizó esos planes. Ahora Marbut cree que el presidente terminará el trabajo.

“Trump sabe que lo que tenemos que hacer es devolver los fondos para el tratamiento y la recuperación”, dijo Marbut. “La administración Trump está muy centrada en acabar con Housing First. Se dieron cuenta de que estaba mal la primera vez y por eso me eligieron a mí para cambiarlo. Seguimos pensando que no funciona”.

Bajo ataque

A Housing First no solo lo atacan los republicanos, también los demócratas, que responden a la frustración pública por la multiplicación de los campamentos urbanos de personas sin hogar en todo el país.

El año pasado, el gobierno federal estimó que más de 770,000 personas en Estados Unidos no tenían hogar, una cifra récord. Un aumento del 18% con respecto a 2023. Y mientras la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable, los campamentos de personas sin hogar se han disparado, tomando los parques de las ciudades, abarrotando las veredas y contaminando las vías fluviales a pesar de un gasto público sin precedentes.

Ya hay ciudades y estados, liberales y conservadores, que están tomando medidas enérgicas contra las personas sin hogar y abordando la crisis de salud mental y adicciones.

Esto ocurre incluso en estados demócratas como California, donde el gobernador Gavin Newsom ha creado una iniciativa de “CARE Court” que puede ordenar el tratamiento aunque no siempre haya viviendas disponibles, y ha amenazado con retirar la financiación a las ciudades y condados que no acaben con los campamentos de forma enérgica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha propuesto poner fin a la reducción de daños para los que padecen de adicciones. La alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass, está dando prioridad a los desalojos de campamentos, aunque la promesa de vivienda o refugio es incierta. Y el alcalde de San José, Matt Mahan, consiguió el apoyo inicial del Ayuntamiento para los planes de detener a las personas que se nieguen a ser acogidas tres veces en 18 meses y desviar los fondos destinados a la vivienda permanente para pagar la ampliación de los refugios.

Mahan cree que los liberales y los activistas han sido demasiado “puristas” porque no se están construyendo viviendas con la suficiente rapidez, mientras que las inversiones en refugios y tratamientos han sido inadecuadas. “No puede tratarse solo de Housing First”, dijo.

Las medidas enérgicas contra las personas sin hogar se han disparado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo más fácil que los funcionarios electos y las fuerzas del orden multaran y arrestaran a las personas por vivir en la calle.

Desde junio, se han aprobado unas 150 leyes que imponen multas o penas de cárcel, unas 45 solo en California, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homelessness Law Center.

Rabinowitz y otros expertos afirman que tanto los republicanos como los demócratas están socavando el programa Housing First al criminalizar la falta de vivienda y llevar a cabo redadas en campamentos que dificultan la capacidad de los trabajadores de primera línea.

Sin embargo, hay desacuerdo sobre si desmantelar por completo esta política.

Los líderes liberales quieren mantener las corrientes existentes de financiación para la vivienda y las personas sin hogar, al tiempo que se amplían los refugios y sacan a la gente de las calles. Los conservadores culpan a Housing First del aumento de personas sin techo, y presionan para que se imponga el tratamiento obligatorio y se recorten los subsidios a la vivienda.

Evidencia muestra que Housing First ha tenido éxito en trasladar a personas vulnerables y sin hogar a viviendas permanentes. Una revisión sistemática de 26 estudios indicó que, en comparación con el tratamiento primero, “los programas de Housing First disminuyeron el número de personas sin hogar en un 88%”. Y el enfoque ha mostrado notables mejoras en la salud, reduciendo los costosos de atención hospitalaria y urgencias.

Los expertos afirman que el programa Housing First ha estado gravemente infrafinanciado y se ha aplicado de manera desigual, ya que algunas agencias para personas sin hogar reciben dinero federal pero no proporcionan servicios adecuados ni reubicaciones en viviendas.

“Convertirlo en la política general para todas las personas sin hogar lo deja vulnerable a ser atacado de la manera en que está siendo atacado actualmente”, afirmó Philip Mangano, un republicano que encabezó el desarrollo de Housing First como asesor principal sobre personas sin hogar de George W. Bush. “La verdad es que es una mezcla de cosas. Para algunas personas, como las que consumen drogas, todavía no hay resultados”.

Otros dicen que ha sido ineficaz en algunos lugares debido al despilfarro desenfrenado, el abuso y la falta de responsabilidad.

“Esto funciona cuando se hace bien”, señaló Marc Dones, director de políticas para iniciativas sobre personas sin hogar en la Universidad de California-San Francisco, argumentando que la vivienda puede salvar vidas y reducir el gasto en costosos cuidados de salud. “Pero creo que hemos sido demasiado blandos durante demasiado tiempo con una incompetencia real”.

Jeff Olivet, que sucedió a Marbut en la Interagency Council on Homelessness de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, dijo que las posiciones de Marbut y Trump están equivocadas. Sostiene que el programa Housing First ha funcionado para aquellos que han conseguido un hogar, pero el número de personas que se quedan sin hogar supera al que las consiguen. Y dice que nunca ha habido suficiente dinero para proporcionar vivienda y servicios de apoyo a todos los necesitados.

“El programa Housing First no consiste solo en meter a alguien en un apartamento y esperar lo mejor”, explicó Olivet. “Se trata realmente de proporcionar una vivienda estable y acceso a la atención médica, a la salud mental y al tratamiento de adicciones, y de apoyar a las personas, pero sin obligarlas”.