HARTFORD.- Dos proyectos de ley destinados a reformar las leyes de zonificación local fueron aprobados por un comité legislativo clave, la semana pasada, en un paso positivo que los defensores esperan que ayude a abordar la escasez de viviendas asequibles en Connecticut.
Los proyectos de ley de vivienda asequible fueron el foco principal de una audiencia pública virtual, celebrada en marzo, que duró 24 horas y vio a 340 personas inscritas para testificar.
El Comité de Planificación y Desarrollo aprobó las propuestas, después de descartar una disposición polémica que habría permitido a los desarrolladores construir viviendas multifamiliares cerca de estaciones de tránsito y corredores comerciales sin buscar la aprobación de los funcionarios locales.
Las propuestas aprobadas por el panel incluyen un proyecto de ley para legalizar las viviendas accesorias en todo el Estado. La mayoría de las ciudades de Connecticut ya permiten los apartamentos, pero las restricciones sobre cuándo y dónde se pueden construir varían según el municipio.
El otro proyecto de ley requeriría que los municipios planifiquen y establezcan zonas para suficientes viviendas asequibles. La legislación se basa en un concepto que los partidarios denominan “vivienda compartida justa”, una metodología para determinar las necesidades de vivienda asequible para cada ciudad de forma individual.
¿Por qué los expertos y defensores dicen que Connecticut tiene una crisis de vivienda asequible?
Connecticut es uno de los estados más ricos del país, pero también tiene una de las brechas más altas del país en cuanto a igualdad de ingresos.
Junto con la escasez de viviendas asequibles, los hogares de bajos ingresos, principalmente afroamericanos e hispanos, a menudo tienen dificultades para mudarse a áreas con mejores oportunidades laborales y educativas.
“No hay suficientes viviendas para que las personas tengan buenas opciones”, manifestó la fundadora de DesegregateCT, Sara Bronin.
Bronin y otros defensores de cambiar las políticas de vivienda de Connecticut dicen que el Estado tiene una segregación geográfica que fue un resultado deliberado de la “Era de la Depresión”.
A través de la línea roja, Connecticut colocó a sus comunidades de color en “zonas indeseables” y les prohibió comprar casas en vecindarios blancos. Según los defensores, dejó a las comunidades de color sin fondos críticos para la educación y la infraestructura durante décadas.
Ciudades como Glastonbury, Farmington y Avon siguen siendo más del 80% de blancos debido a las consecuencias de larga data de la línea roja.
Connecticut ha tardado en abordar su problema de vivienda, en parte porque los municipios protegen sus leyes de zonificación locales.
Como resultado, muchas propuestas pasadas han muerto sin el voto de la legislatura. Pero las quejas contra las reglas de vivienda asequible del Estado, los desalojos por coronavirus y el movimiento Black Lives Matter han arrojado una nueva luz sobre lo que los defensores creen que son prácticas discriminatorias.
“Existe un entendimiento real de que tenemos que hacer algo”, expresó Erin Boggs, directora ejecutiva de Open Communities Alliance (OCA).
Un grupo de residentes de Hartford, representado por la OCA en una demanda colectiva en curso, ha alegado que las políticas estatales y federales están “perpetuando la segregación” al concentrar las viviendas asequibles.
Los vales de la Sección 8 se pueden usar en vecindarios racialmente segregados como North Hartford en lugar de lugares como Farmington o Glastonbury, alega la denuncia.
Boggs espera que los legisladores aprueben la legislación que requiere que los municipios de todo el estado proporcionen viviendas asequibles adecuadas y brinden más oportunidades para que las familias se muden a áreas con una mejor calidad de vida.
El problema proviene de la falta de viviendas multifamiliares en el Estado. Connecticut reserva el 90% de su terreno zonificado para viviendas unifamiliares, según Bronin.
Estas casas son prácticamente inaccesibles para las familias de bajos ingresos, ya que son más caras, y más de ellas significa que la oferta de viviendas del Estado no está satisfaciendo su demanda.
Esto ha hecho que las cosas sean especialmente difíciles para los residentes que perdieron sus trabajos o fueron desalojados durante la pandemia de coronavirus.
Para los defensores, la reforma de la zonificación no significa simplemente abordar las desigualdades sistémicas. Para ellos, luchar contra las disparidades en el acceso a viviendas asequibles mejorará el medio ambiente y la economía de Connecticut.
