STAMFORD.- Gladys Morales salió de El Salvador hace 30 años huyendo de la guerra y la pobreza, dejando a sus cinco hijos y a su esposo.
Para Gladys, la noticia de que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca darle residencia legal a inmigrantes con Estatus de Protección Temporal o TPS, como ella, le trae tranquilidad.
“Sentimos un poco de alivio ahorita porque sabemos que vamos adelantando, pero el día que sea cierto, entonces nosotros vamos a estar más tranquilos”, subrayó la inmigrante de origen salvadoreño.
Con la medida, el gobierno del presidente Joe Biden pretende ayudar a los inmigrantes que han escapado de sus países tras sufrir persecución o por desastres naturales, dándoles la oportunidad de hacerse ciudadanos.
Tal es el caso de Gladys, quien emigró de El Salvador debido a la desaparición de uno de sus tres hermanos durante la guerra civil.
Respecto a su hermano, Morales comentó que “han pasado 40 años y él todavía no ha aparecido. Nunca se supo nada de él”.
Otro motivo fue la pobreza. Relató que lo poco que ganaba como enfermera no le daba para mantener a sus hijos.
“Mi esposo y yo teníamos problemas, pues él no trabajaba mucho. Entonces, la que más que todo se tomaba la responsabilidad era yo y quería que mis hijos fueran profesionales un día”, agregó la inmigrante.
Desesperada por su situación, Gladys tomó un préstamo de 4 mil dólares, para cruzar la frontera.
Y desde que llegó a Nueva York, empezó trabajando como niñera, labor que continuó por más de 25 años. Tras ello, se ha dedicado al cuidado de ancianos.
“Vinimos a trabajar honestamente. No somos criminales, pagamos taxes, nos merecemos lo que hemos trabajado tanto tiempo aquí y nos merecemos una residencia permanente”, enfatizó Morales.
Gladys es una de las organizadoras de Alianza Nacional de TPS en Hempstead, Long Island, un grupo en el que ha colaborado activamente desde que el gobierno de Trump trató de cancelar el programa en 2018.
También ha formado parte de varias manifestaciones.
“Ahorita vamos a hacer una huelga de hambre, nosotros le estamos haciendo saber a las autoridades que aquí estamos y que necesitamos de su ayuda”, indicó Gladys.
La propuesta, parte de la Ley de Promesa y Sueño Americano, ahora pasa al Senado, donde necesita el respaldo de, al menos, 10 republicanos.
“Claro que me hace falta volver a mi país, pero yo quiero viajar tranquila sin estar con la presión de que al regreso uno no sabe qué va a pasar con inmigración”, precisó la activista salvadoreña.
¿Qué es el TPS?
El programa TPS, que ahora cubre a inmigrantes de 10 países, protege a los inmigrantes de la deportación y les otorga permisos de trabajo.
El Gobierno de los Estados Unidos designa los países donde los desastres naturales o la violencia justifica el amparo dado a quienes escapan de esas naciones.
El Gobierno del ex presidente Donald Trump intentó cancelar esas designaciones para casi todos los beneficiarios, pero esas gestiones quedaron estancadas en demandas ante los tribunales.
Según las cifras del Pew Center, el TPS para El Salvador, creado a comienzos de 2001, ampara actualmente a 247 mil 412 personas, y el de Honduras, establecido en 1998, cubre a 79 mil 290 personas.
El TPS para Haití, establecido en enero de 2011, ampara a 55.218 personas y el de Nicaragua, creado en 1998, protege a 4.409 personas.
Otros países en la actual lista de TPS son Yemen, Somalia, Nepal, Sudán, Sudán del Sur y Siria.
Las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán vencen el 4 de octubre próximo; las de Somalia y Yemen en septiembre; la de Sudán del Sur expira en mayo de 2022 y la de Siria en septiembre de 2022.
A ellos se les sumaron los venezolanos, después de que el pasado 8 de marzo el presidente anunciase un TPS para unos 320 mil inmigrantes de ese país latinoamericano.
Después de su investidura el 20 de enero, Biden pidió al Congreso que apruebe una legislación bajo la cual los “tepesianos” (beneficiarios de TPS) que cumplan ciertas condiciones podrían solicitar de inmediato la residencia permanente (tarjeta verde), y tres años más tarde podrían solicitar la ciudadanía.
La legislación aprobada el jueves pasado y que beneficiaría a “soñadores” de DACA y tepesianos es una versión muy parecida a un proyecto que la Cámara Baja ya aprobó en 2019 pero que no pasó del Senado, en ese entonces bajo control republicano.
Ahora los demócratas sí dominan el Senado, pero para su eventual aprobación es necesario que al menos 10 republicanos también la apoyen, algo incierto en estos momentos.
Este proyecto es un pedazo de la gran reforma migratoria que la Casa Blanca impulsa en el Congreso que prevé la regularización de 11 millones de inmigrantes sin papeles pero que carece del apoyo necesario de parte de la oposición.
Tepesianos reclaman al Senado una senda hacia la ciudadanía
Esta semana, un centenar de tepesianos reclamaron al Senado la aprobación de la ley que les abra la senda a la ciudadanía.
Además, pidieron al presidente Joe Biden, el restablecimiento y expansión del Estatus de Protección Temporal (TPS) en los Estados Unidos.
Con paraguas y ponchos de plástico en un día lluvioso, los manifestantes marcharon desde la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata a la del Comité Nacional del Partido Republicano con sus demandas a favor de unas 670 mil personas amparadas por el TPS.
“Más de 130 mil tepesianos trabajan en las primeras líneas de la pandemia de coronavirus como trabajadores esenciales que han mantenido a flote nuestra sociedad en el último año”, señaló CASA, organizadora del evento.
La semana pasada la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó una legislación que abriría una senda para la residencia legal permanente y, eventualmente, la ciudadanía para cientos de miles de personas en los programas DACA y TPS.
La legislación, que encara un futuro incierto en el Senado, daría alivio a los beneficiarios de los TPS, muchos de los cuales han vivido en los Estados Unidos por décadas y cuya protección se renueva periódicamente a criterio del Gobierno estadounidense.
“Representamos a muchos países afectados por la terminación del programa. Lucharemos por nuestra residencia, llevamos más de 20 años luchando y seguiremos luchando hasta que la obtengamos”, señaló una manifestante hondureña.
“Vemos que somos vulnerables, nuestras familias están en peligro de ser separadas y si no defendemos lo nuestro nadie lo hará”, finalizó la activista.
