En respuesta a la pandemia de covid-19, el Congreso ha invertido decenas de miles de millones de dólares en los departamentos de salud pública estatales y locales, pagando por máscaras, rastreadores de contactos y campañas educativas para persuadir a las personas de que se vacunen.

Advierten que, si los presupuestos se recortan de nuevo, la nación podría volver a donde estaba antes de covid: sin preparación para enfrentar una crisis de salud.

“Necesitamos fondos con los que podamos contar año tras año”, dijo la doctora Mysheika Roberts, comisionada de salud de Columbus, Ohio.

Cuando Roberts comenzó en Columbus en 2006, una subvención de preparación para emergencias alcanzó para pagarle a más de 20 empleados. Cuando llegó la pandemia de coronavirus, alcanzó para cerca de 10. Con el dinero de ayuda que llegó el año pasado, el departamento pudo tener más equipos de respuesta a covid. Pero, aunque la financiación ha ayudado a la ciudad a hacer frente a la crisis inmediata, Roberts se pregunta si la historia se repetirá.

Una vez que termine la pandemia, los funcionarios de salud pública temen tener que volver a reunir dinero de múltiples fuentes para brindar servicios básicos a sus comunidades, como pasó después del 9/11, el SARS y el Ebola.

Cuando el virus del Zika transmitido por mosquitos atravesó Sudamérica en 2016, causando graves defectos de nacimiento en recién nacidos, los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo y cuánto gastar en los Estados Unidos.

Para los esfuerzos de prevención, como la educación y la eliminación de mosquitos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tomaron dinero que estaba destinado al Ebola y de los fondos para los departamento de salud estatales y locales. El Congreso finalmente asignó $1.1 mil millones para el Zika. Pero, para entonces, la temporada de mosquitos ya había pasado en gran parte del país.

“Algo sucede, repartimos un montón de dinero, y luego, en uno o dos años, volvemos a nuestros presupuestos reducidos y no podemos hacer las cosas mínimas que tenemos que hacer día tras día, y mucho menos estar preparados para la próxima emergencia ”, dijo Chrissie Juliano, directora ejecutiva de Big Cities Health Coalition, que representa a líderes de más de dos docenas de departamentos de salud pública.

El financiamiento para el Public Health Emergency Preparedness, que paga por las capacidades de emergencia para los departamentos de salud estatales y locales, se redujo aproximadamente a la mitad entre los años fiscales 2003 y 2021, tomando en cuenta la inflación, según Trust for America’s Health, una organización de investigación y defensa de la salud pública.

Incluso el Fondo Federal de Prevención y Salud Pública, que se estableció con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) para proporcionar $2 mil millones al año para la salud pública, fue allanado en busca de efectivo durante la última década. Si no se hubiera tocado ese dinero, eventualmente los departamentos habrían obtenido $12,4 mil millones adicionales.

Varios legisladores, con la senadora nacional Patty Murray (demócrata de Washington) a la cabeza, buscan poner fin a este círculo vicioso con una legislación que eventualmente proporcionaría $4,500 millones anuales en fondos básicos de salud pública. Los departamentos de salud llevan a cabo funciones gubernamentales esenciales, como administrar la seguridad del agua, emitir certificados de defunción, rastrear enfermedades de transmisión sexual, y estar listos para brotes de enfermedades infecciosas.

El gasto en estos departamentos estatales se redujo en un 16% per cápita de 2010 a 2019, y el gasto en los departamentos de salud locales bajó un 18%, reveló en julio una investigación de KHN y The Associated Press (AP).

Se perdieron al menos 38,000 empleos de salud pública a nivel estatal y local entre la recesión de 2008 y 2019. Hoy en día, se contrata a muchos trabajadores de salud pública de manera temporal o a tiempo parcial. A algunos se les paga tan mal que califican para beneficios del gobierno. Esos factores reducen la capacidad de los departamentos para retener personas con experiencia.

Para peor, la pandemia ha generado un éxodo de funcionarios de salud pública debido al acoso, la presión política y el agotamiento. Un análisis de un año realizado por AP y KHN reveló que al menos 248 líderes de departamentos de salud estatales y locales renunciaron, se retiraron o fueron despedidos entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Casi uno de cada 6 estadounidenses perdió a un líder de salud pública local durante la pandemia.

Expertos dicen que es el mayor éxodo de líderes de salud pública en la historia de los Estados Unidos.

Brian Castrucci, director ejecutivo de la Beaumont Foundation, que aboga por la salud pública, llama a la enorme afluencia de efectivo del Congreso en respuesta a la crisis un “vendaje temporal” porque no restaura los cimientos quebrados de la salud pública.

“Me preocupa que al final vayamos a contratar un montón de rastreadores de contactos, para despedirlos poco después”, dijo Castrucci. “Continuamos pasando de un desastre a otro sin siquiera hablar de la infraestructura real”.

Castrucci y otros dicen que necesitan dinero confiable para profesionales altamente capacitados, como epidemiólogos (detectives de enfermedades basados ​​en datos) y para actualizaciones tecnológicas que ayudarían a rastrear brotes y brindar información al público.

En Ohio, el sistema informático utilizado para informar casos al estado es anterior a la invención del iPhone. Funcionarios estatales dijeron durante años que querían mejorarlo, pero no hubo ni dinero ni voluntad política. Muchos departamentos en todo el país han tenido que confiar en las máquinas de fax para reportar casos de covid.

Durante la pandemia, el auditor del estado de Ohio descubrió que casi el 96% de los departamentos de salud locales encuestados tenían problemas con el sistema de notificación de enfermedades del estado. Roberts dijo que los trabajadores que entrevistaban a los pacientes tenían que navegar por varias páginas de preguntas, una tarea pesada cuando se manejan 500 casos al día.

El sistema estaba tan desactualizado que parte de la información solo se podía ingresar en un cuadro de comentarios que después no se podía encontrar, y los funcionarios luchaban para extraer datos del sistema para informar al público, como cuántas personas que dieron positivo en la prueba habían asistido a un marcha de Black Lives Matter, que el verano pasado fue una pregunta clave para comprender si las protestas contribuían a la propagación del virus.

Ohio está trabajando en un nuevo sistema, pero a Roberts le preocupa que, sin un presupuesto confiable, el estado tampoco pueda mantenerlo actualizado.

“Vas a necesitar actualizar eso”, dijo Roberts. “Y vas a necesitar dólares para respaldarlo”.

En Washington, Patty Hayes, la directora de salud pública de Seattle y el condado de King, dijo que todo el tiempo le preguntan por qué no hay un solo sitio centralizado para registrarse para una cita de vacunación. La respuesta se reduce al dinero: años de financiación insuficiente dejaron a los departamentos de todo el estado con sistemas informáticos anticuados que no estaban a la altura de la tarea cuando llegó covid.

Hayes recuerda un tiempo en el que su departamento realizaba simulacros de vacunación masiva, pero ese sistema se desmanteló cuando el dinero se agotó después de que se desvaneció el fantasma del 9/11.

Hace aproximadamente seis años, un análisis encontró que a su departamento le faltaban alrededor de $25 millones del dinero que necesitaba anualmente para el trabajo básico de salud pública. Hayes dijo que el año pasado demostró que esa cifra estaba subestimada. Por ejemplo, el cambio climático está generando más preocupaciones de salud pública, como el efecto en los residentes cuando el humo de los incendios forestales cubrió gran parte del noroeste del Pacífico en septiembre.

Funcionarios de salud pública en algunas áreas pueden tener dificultades para defender un financiamiento más estable porque una gran parte del público ha cuestionado, y a menudo ha sido abiertamente hostil, con los mandatos del uso de máscaras y las restricciones a los negocios impuestas a lo largo de la pandemia.

En Missouri, algunos comisionados del condado, frustrados por las restricciones de salud pública, retuvieron dinero de los departamentos.

En el condado de Knox, en Tennessee, el alcalde Glenn Jacobs narró un video publicado en el otoño que mostraba una foto de funcionarios de salud después de hacer referencia a “fuerzas siniestras”. Más tarde, alguien pintó con spray la palabra “MUERTE” en el edificio del departamento. La Junta de Salud fue despojada de sus poderes en marzo y se le otorgó una función asesora. Un vocero de la oficina del alcalde se negó a comentar sobre el video.

“Esto va a cambiar la posición de la salud pública y lo que podemos y no podemos hacer en todo el país”, dijo la doctora Martha Buchanan, jefa del Departamento de Salud. “Sé que lo va a cambiar aquí”.

Una investigación de KHN y AP en diciembre encontró que al menos 24 estados estaban elaborando una legislación que limitaría o eliminaría los poderes de salud pública.

De nuevo en Seattle, las empresas locales han aportado dinero y personal a los sitios de vacunación. Microsoft aloja a uno de estos sitios, mientras que Starbucks ofreció experiencia en servicio al cliente para ayudar a diseñarlos. Hayes está agradecida, pero se pregunta por qué una función del gobierno crítica no contó con los recursos que necesitaba durante una pandemia.

Si la salud pública hubiera recibido financiamiento confiable, su personal podría haber estado trabajando de manera más efectiva con los datos, y podría haber estado preparándose para las amenazas emergentes en el estado donde se confirmó el primer caso de covid del país.

“Mirarán hacia atrás a esta respuesta a la pandemia en este país como un gran ejemplo del fracaso de un país en priorizar la salud de sus ciudadanos, porque no hubo compromiso con la salud pública”, dijo. “Eso será parte de la historia”.