NEW HAVEN.- Han pasado seis meses desde que María ha estado interna en el Yale New Haven Hospital.
Desde hace seis meses no siente el aire fresco, el viento ni la lluvia. Apenas recibe los rayos del sol desde su ventana, al otro lado del cristal.
Tampoco puede digerir comidas caseras. Solo recibe el aire acondicionado, comidas tibias en la cafetería y la única vista que tiene es desde su ventana, que da al estacionamiento del hospital.
Pese a lo anterior, la inmigrante tiene rápido acceso al tratamiento de diálisis que necesita. Sin el tratamiento, su médico le da solo unos días de vida, por lo que ella no puede salir del hospital.
Si regresa a casa, no podrá ir a la diálisis a una clínica u otro programa menos costoso, porque es una inmigrante indocumentada.
Así que María está atrapada en el hospital, a pesar de estar lo suficientemente bien como para dejar el Yale New Haven Hospital y recibir su diálisis ambulatoria. Su única otra alternativa es irse y regresar a la sala de emergencias cada vez que sus riñones comiencen a fallar.
“Solo quiero irme de aquí ahora mismo. Estoy aburrida”, dijo María, quien ingresó en el hospital el 8 de diciembre de 2020 cuando sus riñones comenzaron a fallar.
“Antes pensaba que mi vida se estaba acabando, y así es como me siento ahora que estoy atrapada aquí. Considero que estar aquí es incluso peor que estar en la cárcel. Te dicen que no puedes salir y sólo me toca mirar por la ventana”, declaró la hispana a CT Mirror.
Las regulaciones federales requieren que los hospitales brinden tratamiento de soporte vital a los inmigrantes indocumentados sin seguro que se presenten en el departamento de emergencias y que los traten hasta que puedan ser dados de alta de manera segura.
En Connecticut, sin embargo, los inmigrantes indocumentados no tienen acceso a los servicios para pacientes ambulatorios o cuidados en hogares de ancianos menos costosos si requieren tratamiento continuo después de la hospitalización.
De modo que pacientes como María deben permanecer en el hospital para mantenerse con vida.
Esto es a la vez extraordinariamente caro y, en opinión de los abogados de derechos civiles, es una forma de “encarcelamiento humanitario”.
“Permitir que alguien muera de forma agonizante, o pasar por repetidas rondas de síntomas agudos graves y aterradores, seguidos de una visita a la sala de emergencias, ingreso hospitalario y luego estabilización y alta, que se repetirá de nuevo unos días después, no puede ser lo que los ciudadanos de Connecticut esperan de su gobierno”, escribió una coalición de abogados de asistencia legal a los altos funcionarios de la administración del gobernador Ned Lamont, el 27 de abril pasado.
El Departamento de Servicios Sociales se negó a comentar sobre la política del Estado de no cubrir ciertos servicios ambulatorios de soporte vital para inmigrantes indocumentados e inmigrantes legales que se mudaron a Connecticut en los últimos cinco años.
La atención médica para estos pacientes atrapados en el hospital se paga con una combinación de dólares estatales y federales a través de Medicaid.
Dado que la diálisis no figura en la lista de atención médica cubierta de Connecticut, los inmigrantes indocumentados no pueden acceder al tratamiento a menos que se presenten en la sala de emergencias.
Los abogados de asistencia legal de la New Haven Legal Assistance Association, Greater Hartford Legal Aid y Connecticut Legal Services tampoco han recibido respuesta de la administración de Lamont.
No cubrir el tratamiento tiene un costo elevado para los contribuyentes.
El costo de la estadía de seis meses de María en el hospital es ahora de más de un millón de dólares, estiman sus abogados de asistencia legal, en comparación con aproximadamente 91 mil dólares al año para el tratamiento de diálisis para los pacientes ambulatorios.
Los gobiernos estatal y federal están asumiendo la mayor parte de ese proyecto de ley, ya que los inmigrantes indocumentados califican para Medicaid cuando requieren medidas para mantener la vida en el hospital.
Al menos otros 14 estados cubren el tratamiento de diálisis para pacientes ambulatorios, incluidos Massachusetts y Nueva York.
Las estimaciones nacionales sugieren que entre 5 mil y 9 mil personas indocumentadas en los Estados Unidos tienen insuficiencia renal en etapa terminal, que requiere diálisis.
