WASHINGTON DC (EFE).- La vida del guatemalteco Lucio Pérez dio un giro tras vivir casi cuatro años en una iglesia santuario en Massachusetts para evitar la deportación y ahora, mientras disfruta de su familia, aguarda con esperanza el resultado de la apelación de su caso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, con base en una reciente decisión del Tribunal Supremo.

“Para mí es algo maravilloso estar nuevamente en casa, disfrutando cada momento. Allí me sentía con una ave enjaulada. Anhelaba salir a caminar a un parque o comprar un helado a mis hijos”, dijo a Efe el inmigrante, de 40 años.

Esas cosas tan sencillas, dice, han cobrado más valor para él después de tres años y medio en el santuario y asegura que es doloroso recordar ese tiempo, aunque está muy agradecido con la comunidad en Amherst (Massachusetts) por el apoyo que le dio.

Aunque sus cuatro hijos lo visitaban, verlos partir le arrancaba lágrimas, que ocultaba para que no sufrieran.

“Estando ahí se aprende a valorar más a la familia. Antes me dedicaba más a trabajar” como jardinero, comenta el inmigrante, que salió del santuario en abril pasado luego de que la Administración del presidente Joe Biden le permitiera estar un año más en el país, durante el cual luchará para permanecer junto con sus hijos y esposa, apoyado en la decisión del Supremo.

Se refirió a que el máximo tribunal estadounidense opinó en abril, en el caso Nit Chávez vs Garland, que por años el Gobierno no ha proporcionado de forma adecuada las notificaciones a los no ciudadanos, que deben contener toda la información necesaria -fecha, hora y lugar- en una sola carta, porque los expone a perder sus citas en la corte.

El fallo se refiere a la práctica del Gobierno de informar esos datos relevantes en más de una notificación. Pérez dijo haber recibido ese tipo de cartas, lo que su abogado Glenn Formica evalúa mientras esperan una cita de la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Pérez tampoco olvida el día de 2011 que cambió el rumbo de su vida, cuando detuvo su auto en un establecimiento comercial en Connecticut porque sus hijos tenían sed en un día muy caluroso. Pero su esposa también salió un momento y dejó unos minutos en el coche a sus hijos, menores de edad.

Cuando salieron del negocio poco después, “ya la policía estaba ahí” y lo detuvieron por haber dejado a los niños solos en el auto. Aunque la acusación fue retirada, eso no evitó que poco después pasara a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pérez, sin expediente criminal, quedó en libertad con un grillete electrónico. En poco tiempo se vio involucrado en un proceso de deportación que lo llevó a optar por refugiarse en 2017 en la iglesia santuario, un término que dice desconocía hasta ese momento.

“Fue muy difícil lo que viví y lo que aún estoy viviendo”, confiesa el guatemalteco, que llegó a Estados Unidos en 1999 a los 17 años de edad.

“El Tribunal Supremo nos dio una esperanza”, afirma.

Formica explicó a Efe que tras la decisión del Supremo el caso pasó de la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, que tiene jurisdicción sobre Connecticut -donde ocurrió su arresto- a la Junta de Apelaciones de Inmigración, en Virginia, el máximo foro administrativo para interpretar y aplicar las leyes migratorias.

Tras la decisión del Supremo, el Segundo Circuito instruyó al abogado a regresar ante la Junta y está en espera de que le asignen una fecha para presentar argumentos, pero cree que tomará algunos meses.

Un tribunal de inmigración en Connecticut y la Junta ya habían fallado contra Pérez, por lo que el caso había sido apelado al Segundo Circuito, donde estaba en espera cuando hubo el reciente fallo del máximo tribunal.

“Esa decisión del Tribunal Supremo es importante porque les da a los inmigrantes en ciertas circunstancias una nueva oportunidad de legalizar su estatus”, comentó el letrado.

Para el abogado, la decisión plantea otra interrogante que dice deberá ser contestada en otro caso ante esa corte: “Si alguien ha sido deportado sin la debida notificación para una comparecencia, eso significa que esa deportación no fue válida”.

“Eso es una pregunta verdaderamente importante para un próximo caso”, asegura. y agrega que “si no hay fecha ni hora en el documento, entonces la corte no debería autorizar la deportación”.