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Policía investiga disparos realizados dentro del Capitolio estatal

HARTFORD.- La Policía del Capitolio estatal, junto con la Policía del estado de Connecticut y el Departamento de Policía de Hartford, están investigando un incidente sospechoso ocurrido dentro del edificio.

Aproximadamente a las 9:15 de la mañana del lunes pasado, las autoridades descubrieron lo que parecen ser múltiples agujeros de bala en las ventanas del lado sur del edificio del Capitolio estatal, informó el oficial Scott Driscoll, de la Policía del Capitolio.

Esta situación está siendo investigada por la Policía del Capitolio del Estado y la Policía del estado de Connecticut.

Nadie resultó herido y la investigación está en curso.

El Escuadrón de Delitos Mayores del Distrito Central y una agencia de inteligencia también está buscando evidencias y se enviarán pruebas al laboratorio estatal para su análisis.

Los disparos podrían haberse realizado durante la noche durante el fin de semana del Día de los Caídos, indicaron las autoridades.

La Capitol Avenue en Hartford se cerró entre las calles Trinity y Broad, y fueron reabiertas horas después.

El gobernador Ned Lamont, cuya oficina está en el edificio, indicó a los investigadores que se cree que el tiroteo fue un acto aleatorio.

“No sé los detalles, excepto que hubo disparos a primera hora de esta mañana. Creo que es un acto al azar, pero vamos a llegar al fondo de este incidente”, finalizó Lamont.

 

Cámara de Representantes aprueba proyecto que declara racismo como crisis de salud pública

HARTFORD.- La Cámara de Representantes del Estado dio la aprobación final a una medida radical que declara al racismo como una crisis de salud pública en Connecticut, y desencadenaría una exploración más profunda de los efectos que el racismo tiene en la salud pública.

La votación de 114 a 33 culmina un año de súplicas de los defensores y activistas para adoptar la declaración a nivel estatal.

Un total de 21 municipios de Connecticut ya han declarado que el racismo es una crisis de salud y están tomando medidas para combatirlo.

Ya el verano pasado, los defensores habían pedido al gobernador Ned Lamont que emitiera una declaración, aunque el Gobernador dijo que cualquier cambio que hiciera a través de una orden ejecutiva sería de duración limitada.

Los proponentes también han implorado a la legislatura que aborde el asunto.

“Este es un paso importante para corregir las inequidades en la salud que están afectando a las personas de color en Connecticut. Este es el comienzo de un cambio sistémico y no un cambio simbólico”, comentó Tekisha Dwan Everette, directora ejecutiva de Health Equity Solutions, una organización sin fines de lucro, que ha estado presionando por la declaración a nivel estatal y rastreando a las comunidades que la adoptan.

“Aplaudimos a la Asamblea General por su acción clara e instamos al Gobernador a firmar el proyecto de ley”, indicó Dwan Everette.

El proyecto de ley aprobado, el martes pasado, requiere una mejor recopilación de datos sobre la raza y la etnia en la atención médica, exige que los hospitales lleven a cabo capacitación sobre prejuicios implícitos para los empleados que brindan atención directa a mujeres embarazadas o en posparto, requiere que el comisionado de salud pública estudie el desarrollo de un programa de reclutamiento y retención para los trabajadores de la salud estatales que son personas de color, y dirige al Departamento de Salud a explorar si se debe crear un proceso de certificación para las doulas.

Las doulas son mujeres que aconsejan y ayudan a las embarazadas y las acompañan durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido.​

“El racismo es difícil de abordar porque esencialmente se sabe que requiere la redistribución del poder, la riqueza y los recursos”, señaló el representante Anthony Nolan, un demócrata de New London.

La medida también establece un comité asesor de “intervención y prevención de armas de fuego” para consultar con grupos comunitarios, proveedores de servicios para las víctimas, investigadores, entre otros, e identificar estrategias para reducir la violencia armada.

El panel deberá presentar un informe sobre sus hallazgos y recomendaciones antes del 1º de enero de 2022.

La propuesta recibió un apoyo abrumador entre los demócratas, pero dividió a los republicanos, con 22 votando a favor y 32 en contra.

Solo un demócrata, el representante Kerry Wood de Rocky Hill, votó en contra.

En virtud del proyecto de ley, se formaría una comisión sobre equidad racial en la salud pública para examinar el impacto del racismo “en las poblaciones vulnerables dentro de diversos grupos incluso por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, incluidos, entre otros, limitado a los descendientes de la esclavitud afroamericanos”.

El panel deberá presentar un informe a la Oficina de Política y Gestión del Estado y a los comités de Apropiaciones y Salud Pública antes del 1º de enero de 2022 y, a partir de entonces, cada seis meses en el que se describan las recomendaciones y se documente el progreso.

La iniciativa de recopilación de datos requiere que las agencias, juntas y comisiones estatales que recopilan información demográfica sobre raza, etnia, idioma o ascendencia en el contexto de la atención médica:

– Recopile los datos de una manera que permita la agregación y desagregación.

– Brinde la opción de seleccionar una o más designaciones étnicas o raciales e incluir una designación “otra” con la capacidad de escribir en identidades no representadas.

– Recopile datos del idioma principal utilizando códigos establecidos por la International Organization for Standardization.

– Asegurar que, en los casos en que los datos sobre la raza o el origen étnico de una persona se comuniquen a cualquier otra agencia, junta o comisión estatal, no se tabulen ni se informen sin la información sobre la raza o el origen étnico.

Jorge Salinas sigue en rehabilitación por cirugía de cadera

Jorge Salinas informó sobre el resultado de la cirugía de cadera a la que se sometió el año pasado, y continúa en rehabilitación.

“Muy bien, de maravilla, me operaron de la cadera en octubre pasado y estuvo perfecto. Operación de caballo, se debe hacer rehabilitación, hacer deporte, comer bien, pero estoy bien”. Comentó el actor en el programa ‘Hoy’.

Los fans de Salinas se preocuparon por unas imágenes en las que se le vio caminando con bastón, pero explicó que es parte de la evolución de la recuperación, y que antes usó una andadera para apoyarse.

El actor reveló que está cuidando mucho su alimentación, y quien está al pendiente de eso es su esposa Elizabeth Álvarez, quien elije qué es lo que puede comer y qué no, de los platillos que ella misma cocina.

Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro piden a legisladores encontrar una solución de seguro médico

HARTFORD.- Para los propietarios de pequeñas empresas como Deb Dauphinais, copropietaria de Bicycles East, en Glastonbury, existen pocas opciones de seguro médico y ninguna que sea verdaderamente asequible.

“Hay una brecha en el sistema para las pequeñas empresas. No podemos aceptar estos planes más grandes en este momento y no calificamos para ningún subsidio”, lamentó Dauphinais.

Eso significa que Dauphinais y su esposo pagan entre el 20 y el 30% de los ingresos que llevan a casa para la atención médica.

Ella dijo que alrededor del 15% de eso es premium solo. Los planes también tienen deducibles altos.

Por eso esperaba que la propuesta del Contralor estatal, Kevin Lembo, de crear una opción de seguro administrada por el Estado para las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro se aprobara este año.

También es la razón por la que Dauphinais y el reverendo Josh Pawelek enviaron una carta a los legisladores pidiéndoles que “nos muestren la solución”.

“Lo desafiamos a seguir el mismo proceso que hacemos todos los años y encontrarnos un plan que considere asequible, considerando tanto las primas como los gastos de bolsillo”, escribieron Dauphinais y Pawelek.

“Lo más importante es encontrarnos un plan que personalmente considere como un seguro médico de calidad para usted y su familia”, agregaron.

Pawelek, ministro de la Unitarian Universalist Society: East, en Manchester, dijo que el 10% de su presupuesto operativo se destina a pagar el seguro médico de tres de sus cinco empleados. Otros dos tienen cobertura a través de sus cónyuges.

Pawelek agregó que cuando el plan había aumentado los costos en un 17%, se quedaron tratando de encontrar otro plan que solo aumentaría un 10% porque eso es lo que asumieron cuando armaron su presupuesto.

Dijo que la muerte de la opción pública era “exasperante”, porque significaba pasar un año más sin resolver el problema.

El Reverendo señaló que el representante Kerry Wood, quien copreside el Comité de Seguros y Bienes Raíces, ha sido el único legislador que ha respondido hasta ahora a su desafío.

Wood dijo la semana pasada que no sentía que fuera necesario seguir adelante “con otro programa gubernamental que tiene un costo cuando tenemos todo este dinero entrando en el intercambio”.

A través del American Rescue Plan, el gobierno federal otorgó a Connecticut 85 millones de dólares durante los próximos dos años para reducir las primas de seguro médico para las personas que compran sus planes en el intercambio.

Sin embargo, esos subsidios no necesariamente se filtran a las pequeñas empresas.

Pawelek dijo que se reunirá con alguien en Access Health CT para repasar sus opciones. Pero dijo que, de todos modos, es un programa federal y el Estado todavía no está haciendo lo suficiente para ayudar a las pequeñas empresas.

“Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la comunidad, de la economía. No solo estamos pagando cantidades de dinero ridículamente altas, sino que también estamos subvencionando una gran parte de la atención médica para nuestros empleados que tampoco utilizan. El sistema está roto”, comentó Dauphinais.

Wood dijo que se sumergirán en los 85 millones de dólares en subsidios federales para averiguar dónde están los agujeros y dónde puede ayudar el estado de Connecticut.

Dijo que todavía no existe un mecanismo para reducir el costo de la atención médica, lo que está impulsando algunas tasas al alza.

Wood agregó que durante los próximos dos años los legisladores deben buscar reducir el costo de la atención.

El Congresista señaló que no cree que la propuesta de Lembo vaya a reducir las primas del seguro médico y le preocupaba que los contribuyentes tuvieran que ser el respaldo si las reclamaciones excedían las primas.

Pawelek dijo que eso se debe a que Wood y su comité cambiaron el proyecto de ley para exigir que Lembo siguiera las mismas reglas que los planes totalmente asegurados vendidos por compañías de seguros privadas.

Dijo que esperaban aflojar algunas de esas reglas y ahorrar dinero como resultado.

La industria de seguros de salud luchó duramente contra la opción pública diciendo que pondría en peligro más de 48 mil puestos de trabajo en la industria y 15.5 mil millones de dólares en actividad económica directa o indirecta.

Moderna solicita aprobación plena de su vacuna en EEUU

HARTFORD.- Moderna anunció, el martes pasado, que solicitó a los reguladores estadounidenses la aprobación plena de su vacuna contra el COVID-19, que hasta ahora se usa bajo una autorización de emergencia.

De obtener esta licencia, la farmacéutica podría entre otras cosas vender dosis directamente a los consumidores y continuar comercializando la vacuna una vez que se declare el fin de la emergencia sanitaria.

La de Moderna es la segunda vacuna contra el coronavirus que busca la aprobación plena en los Estados Unidos, después de que Pfizer / BioNTech presentasen su solicitud a comienzos de mayo.

La autorización completa requiere un proceso más estricto y la presentación de datos sobre la efectividad y seguridad de la vacuna durante al menos seis meses.

Tradicionalmente, los reguladores estadounidenses tardan un año o más en autorizar por esta vía medicamentos para el público general.

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, declaró sentirse satisfecho de dar “este importante paso en el proceso regulador en los Estados Unidos” y dijo que la empresa trabajará con la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para presentar todos los datos requeridos.

La solicitud de aprobación plena es para el uso de la vacuna en mayores de 18 años, el grupo de edad para el que está autorizada de emergencia desde el pasado diciembre.

Sin embargo, Moderna ya ha dicho que planea pedir próximamente la autorización de emergencia para usar el producto en adolescentes, después de que los estudios mostrasen alta seguridad y efectividad.

La vacuna de Pfizer, que se aprobó inicialmente para mayores de 16 años, fue autorizada en mayo para adolescentes a partir de 12 años y ya se está usando en este grupo de edad en LOS Estados Unidos.

Tras el anuncio de esta semana, las acciones de Moderna abrieron con pérdidas en Wall Street y unos minutos después del inicio de las operaciones retrocedían cerca de un 1.50 %.

 

Chiquis Rivera ordena auditoría a herencia de su madre Jenni Rivera

Chiquis Rivera ordenó realizar una auditoría a sus tíos, para conocer a detalle las ganancias que han generado con la memoria de su madre, la Diva de la Banda.

Luego de que el pasado 7 de mayo la hermana menor y albacea de Jenni Rivera, Rosie Rivera, anunciara en las redes sociales que renunciaba a su puesto y que elegiría a un nuevo director de Jenni Rivera Enterprises, Chiquis Rivera solicitó una auditoría a sus tíos que se han encargado de administrar la fortuna de la Diva de la Banda, entre ellos, Rosie, para que entreguen reportes detallados sobre las ganancias millonarias que han generado, según informa TvyNovelas.

Rosie Rivera ha decidido guardar silencio al ser cuestionada acerca de la auitoría, y enfatizó que no quiere hablar con los medios, y que la única forma en que lo haría sería a través de su agencia de relaciones públicas.

Cabe destacar que Johnny Lopez, el hijo menor de la fallecida intérprete, y hermano de Chiquis, cumple la mayoría de edad en Estados Unidos, por lo que la herencia de su madre empezaría a repartise entre todos los hijos de Jenni Rivera.

Trabajadora de guardería acusada de causar lesión cerebral traumática a bebé

WILTON.- Una trabajadora de una guardería fue arrestada después de que un bebé de seis meses sufriera una lesión cerebral traumática supuestamente mientras estaba bajo su cuidado.

El teniente Gregg Phillipson informó que el martes 9 de febrero pasado, el despacho de la policía de Wilton recibió una llamada al 911 de la Goddard School, en 385 Danbury Road (Ruta 7), en Wilton, con respecto a un niño de 6 meses que respiraba pero no respondía,

El niño fue transportado al Hospital de Norwalk por los Servicios Médicos de Emergencia de Wilton, y luego de una evaluación médica inicial se descubrió que había sufrido una lesión cerebral.

La evaluación del Hospital de Norwalk no descartó algún tipo de trauma.

Más tarde, ese mismo día, el niño fue trasladado al Yale-New Haven Hospital. Durante los siguientes días, los médicos de Yale evaluaron al bebé y determinaron que los síntomas que estaba experimentando el niño eran consistentes con un traumatismo craneal por abuso, señaló Phillipson.

La investigación de la División de Detectives del Departamento de Policía de Wilton determinó que el niño de 6 meses había llegado a la Goddard School “feliz y saludable”.

Después de la siesta, el niño no pudo ser despertado, lo que resultó en la llamada al 911.

Una investigación adicional determinó que Amy Tingets, de 39 años, de Norwalk, una empleada de la Goddard School, asignada a la sala de bebés, fue la única cuidadora que tuvo contacto con el bebé antes de la llamada al 911, indicó la policía.

Luego de una extensa investigación, los detectives de la policía de Wilton obtuvieron una orden de arresto para Tingets, acusándola de agresión y riesgo de lesiones a un niño.

El viernes 28 de mayo, Tingets se entregó a la policía de Wilton, donde fue procesada y liberada al pagar una fianza de 10 mil dólares, finalizó Phillipson.

Senado aprueba proyecto que extiende beneficios a más trabajadores traumatizados por muertes

DANBURY.- Los trabajadores de la salud que lucharon en la línea del frente de Connecticut durante la guerra mortal contra el COVID-19 tendrían cubiertas sus lesiones por traumatismo gracias a la compensación del trabajador, en virtud de un proyecto de ley aprobado por los senadores estatales la semana pasada.

El proyecto de ley, que se traslada a la Cámara de Representantes del Estado para su votación, extendería los mismos beneficios de compensación para los trabajadores que han sufrido lesiones por estrés postraumático, que ya tienen los empleados de la policía, bomberos, trabajadores de las ambulancias, despachadores del 911, trabajadores de correccionales y empleados de la salud.

“Teníamos la intención de aprobar esta legislación el año pasado, pero debido a la pandemia, no pudimos hacerlo. Esta legislación ahora se extiende a los proveedores de atención médica que, en las peores circunstancias, nos cuidaron a nosotros y a nuestros seres queridos”, indicó la senadora estatal Julie Kushner, una demócrata de Danbury y presidenta del Comité de Trabajadores y Empleados Públicos del Senado.

El proyecto de ley se centra en el peor tipo de trauma relacionado con el trabajo, donde el trabajador ve a un niño fallecido o presencia la muerte o una lesión grave de alguien, y define qué tipo de trauma relacionado con el COVID-19 es elegible para los trabajadores de la salud.

“Los proveedores de atención médica que presenciaron la muerte debido al COVID-19, cuidaron a alguien que murió de coronavirus o presenciaron una lesión física-traumática que llevó a la pérdida de la función vital del cuerpo debido al COVID-19, sería elegible para los beneficios de compensación para aquellos que sufren de Post-Traumatic Stress Injury (PTSI)”, explicó el Comité de Trabajo y Empleados Públicos, que propuso la legislación.

“Miles de personas en todo nuestro Estado trabajan todos los días en nombre del servicio público y ayudando a otros, y en ese trabajo, a veces experimentan un trauma que les cambia la vida. Tenemos la obligación de asegurarnos de que puedan acceder a los beneficios del sistema de compensación para trabajadores de nuestro Estado”, comentó Kushner.

El líder de un sindicato de 30 mil miembros en Connecticut está de acuerdo con la legislación.

“Hay muchos trabajadores aquí que pueden contarles las desgarradoras experiencias que han tenido que soportar mientras mantienen a salvo al público, tratan de prevenir muertes y lesiones, y tratan de salvar vidas”, comentó Jody Barr, directora ejecutiva del AFSCME Council 4, en un testimonio del proyecto de ley a principios de este año.

“No es de extrañar que estos trabajadores sufran algunas de las tasas de suicidio y de lesiones psicológicas más altas”, agregó la sindicalista.

Otros consideran el proyecto de ley “un nuevo mandato costoso sin fondos para los municipios y empresas de todo el estado”.

“Los dueños y las ciudades no pueden pagar estos beneficios sin la ayuda del Estado. Dependiendo de las circunstancias, el costo de un caso individual de estrés mental por discapacidad parcial o una reclamación total permanente podría oscilar entre decenas de miles de dólares y más de 1 millón de dólares durante la duración de la reclamación”, señaló la Connecticut Conference of Municipalities durante el testimonio.

El proyecto de ley específica que los beneficios de compensación por traumas relacionados con el trabajo se limitarían a 52 semanas y no podrían otorgarse más allá de los cuatro años desde el evento traumático, entre otras calificaciones.

Hospitalizaciones más recientes por COVID-19 en CT son pacientes no vacunados

BRIDGEPORT.- Hace poco más de un año, aproximadamente 150 personas fueron hospitalizadas en el Saint Vincent Medical Center con COVID-19.

Ahora casi 12 meses después, las hospitalizaciones por COVID-19 en las instalaciones de Bridgeport ahora se han reducido a un solo dígito e incluso ha habido días recientes en los que no ha habido pacientes con el coronavirus, según Steven Valassis, presidente de medicina de emergencia en el Saint Vincent Medical Center.

El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 en todo el Estado se redujo a 110 desde el viernes pasado.

Valassis dijo que el número de pacientes con COVID-19 en el Saint Vincent Medical Center ha sido bajo por un tiempo, y los pocos que han sido admitidos con la enfermedad generalmente tienen algo en común.

“En las últimas semanas, la mayoría de las personas que hemos visto en el hospital no están vacunadas o han recibido solo una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna”, comentó Valassis.

Los médicos de los hospitales de todo el Estado dicen que están observando una tendencia similar, incluido el doctor Ohm Deshpande, internista y vicepresidente de salud de la población del Yale New Haven Hospital.

De los 37 pacientes hospitalizados en todo el sistema del Yale New Haven Hospital hasta el jueves pasado, Deshpande dijo que ninguno de los pacientes estaba completamente vacunado.

Deshpande y Valassis dijeron que esto debería enviar un mensaje a aquellos que han optado por no vacunarse.

“Las vacunas son increíblemente efectivas contra el COVID-19, y esa es la forma de la enfermedad que se asocia con efectos a largo plazo y muertes”, comentó Deshpande.

El Departamento de Salud Pública del Estado no recopila datos sobre el estado de vacunación de los pacientes hospitalizados con COVID-19, según la portavoz de la agencia, Maura Fitzgerald.

El sistema Nuvance Health, que incluye los hospitales de Danbury, New Milford, Norwalk y Sharon, también ha experimentado una disminución en las hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas semanas, y la mayoría de esos pacientes no han sido vacunados, comentó el doctor Christopher Lehrach, presidente de Nuvance Health Medical Practice.

“Podemos atribuir este descenso a las vacunas contra el COVID-19 y su eficacia para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte por el virus”, indicó Lehrach.

Una nueva investigación publicada por la Cleveland Clinic muestra que la conexión entre el estado de vacunación y la hospitalización por COVID-19 no solo ocurre en Connecticut.

De las 4 mil 300 admisiones hospitalarias de COVID-19 en todo el país entre enero y mediados de abril, alrededor del 99 por ciento no estaban completamente vacunados, según muestran los datos.

La clínica también encontró que las vacunas de ARNm del coronavirus, en particular, son más del 97 por ciento efectivas en la protección contra el COVID-19.

Estar vacunado contra el COVID-19 no significa que sea imposible contraer la enfermedad o ser hospitalizado con ella, dijo el doctor Michael Parry, jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital de Stamford.

Dijo que ha visto a un puñado de personas completamente vacunadas hospitalizadas con COVID-19, pero, que él sepa, todas se recuperaron.

Parry dijo que también es posible que la infección por COVID-19 no fuera la razón principal de su hospitalización.

“El problema es que los pacientes llegan con otras cosas y no pueden ser principalmente pacientes con COVID-19, y se registran como infecciones de avance porque dieron positivo en la prueba de COVID-19″, explicó el experto.

En la mayoría de los casos, según Parry, las hospitalizaciones recientes por COVID-19 que ha visto han sido personas que no estaban vacunadas o que no estaban completamente vacunadas.

Ayuda para propietarios de viviendas con cimientos en deterioro recibe impulso de la Cámara

HARTFORD.- Los legisladores en la Cámara de Representantes votaron esta semana para evitar el vencimiento programado de una empresa que administra los fondos para ayudar a los propietarios de viviendas, cuyos cimientos se están deteriorando como resultado del concreto dañado.

El cambio se incluyó en un proyecto de ley, que pasó con una votación de 144 a 2, y elimina el lenguaje de la ley estatal que pondría fin a la Connecticut Foundation Solutions Indemnity Company (CFSIC) el próximo verano.

Los representantes Jack Hennessy (D-Bridgeport), y Cara Pavalock-D’Amato (R-Bristol) votaron en contra de la legislación.

“Es de vital importancia para nuestra comunidad que podamos mejorar estas casas que están dañadas por el concreto desmoronado”, declaró el representante Jaime Foster, demócrata de Ellington.

Hasta la semana pasada, la compañía de seguros había ayudado en el reemplazo de 309 cimientos afectados por pirrotita, un mineral que arruina el concreto en los cimientos de los edificios en todo el este de Connecticut.

Aunque impidieron que el programa expirara, los legisladores eliminaron un pasaje del proyecto de ley que habría continuado su financiación más allá de 2029.

El programa se financia mediante la combinación de un recargo de 12 dólares en las pólizas de seguro para los propietarios de viviendas y 100 millones de dólares en fianzas del Estado.

Los legisladores eliminaron la disposición del proyecto de ley que habría continuado con el recargo.

Sin la provisión de los fondos, hubo un amplio apoyo para el proyecto de ley que hace algunos otros cambios a la ley estatal en torno a los cimientos que se derrumban, incluida la limitación de cuándo las ciudades pueden reevaluar las casas afectadas y exigir que la compañía de seguros estudie la presencia de la pirrotita en los edificios no residenciales.

La representante Tammy Nuccio, una republicana de Tolland que dijo que su distrito incluía el 22% de los actuales demandantes de viviendas cuyos cimientos están en deterioro, dijo que el problema se extendía mucho más allá de las viviendas residenciales. Nuccio dijo que también afectó a las escuelas y empresas de su distrito.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado estatal para su consideración.

El superintendente de la CFSIC, Michael Maglaras, indicó que la compañía continuaría su trabajo, asumiendo que el Estado eliminó su disposición de expiración.

Calificó la acción de la Cámara como una victoria.

“Si pasa el Senado y el gobernador lo firma, significa que nuestra vida se ha extendido. Significa que podemos hacer más trabajo, buscar más fondos. Si no es aprobado, lamentablemente tendré que empezar a cerrar la empresa alrededor del 1º de octubre”, comentó Maglaras.

A pesar de la probable extensión, a Maglaras le preocupaba la financiación futura. La compañía espera recibir 10.6 millones de dólares del recargo para el año fiscal que comienza el próximo julio.

Un total de 10.6 millones de dólares significa 61 hogares. Actualmente tenemos cerca de 550 reclamantes pendientes. No podemos dejarlo más claro que eso”, indicó Maglaras en una publicación en el sitio web de la compañía de seguros.

Hasta ahora, la compañía ha recibido 80 millones de los 100 millones de dólares en fondos en garantía prometidos.

Se espera que la Comisión de Bonos del Estado apruebe los fondos restantes este verano.