Los sonidos de las ambulancias, las bocinas de los autos y el bullicio del tráfico se filtraban en la oficina del doctor Daniel Turner-Lloveras en un alto edificio del centro de Los Ángeles, mientras se acomodaba en su sofá para atender una llamada.

En el otro extremo de la línea, mirando una pared verde menta dentro de una cabina telefónica de acrílico, con poca privacidad, estaba sentado Pedro Figueroa, de 33 años, detenido en el centro de Mesa Verde del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en Bakersfield, California.

“¿Es obligatorio tener el refuerzo?”, preguntó Figueroa en español. “¿Y por qué lo necesito?”.

Turner-Lloveras, especialista en medicina interna, responde a este tipo de preguntas una vez por semana como médico voluntario para el programa Covid-19 Vaccine Education & Empowerment in Detention (VEED), una alianza entre California Collaborative for Immigrant Justice y Latino Coalition Against COVID-19, organización que cofundó.

El programa se lanzó el pasado abril, para brindar educación sobre las vacunas a los inmigrantes que han sido arrestados por estar en el país sin papeles, y que están esperando una audiencia judicial o la deportación.

Médicos se ofrecen para hablar por teléfono con los inmigrantes alojados en las instalaciones de ICE. Las charlas duran entre cinco minutos y media hora, y los voluntarios cubren un turno de dos horas, una vez por semana.

“Hablo, en promedio, con cuatro personas. La mayoría de las llamadas son en español, alrededor del 80%”, dijo Turner-Lloveras, quien domina este idioma. “Pero varía. Un día no había nadie en español, y fue en inglés y mandarín. Usé la traducción de audio en tiempo real de mi teléfono y funcionó bastante bien”.

April Newman, gerente de programas de VEED, dijo que los proveedores no están presionando a nadie para que se vacune. “Realmente es la elección de cada individuo”, dijo. “Pero queremos asegurarnos de que estén capacitados y que tengan información sólida y accesible”.

ICE tiene siete centros de detención en California, seis de ellos administrados por empresas penitenciarias privadas. En los dos años transcurridos desde que comenzó la pandemia, los brotes de covid han afectado a los detenidos en oleadas recurrentes, arrasando casi todas las instalaciones del estado.

Hasta el 14 de marzo, ICE había registrado más de 2,000 casos de infección por covid y una muerte relacionada con covid en sus instalaciones de California, según datos de la agencia. A nivel nacional, ICE ha registrado más de 40,000 casos entre detenidos, y 11 muertes.

Las instalaciones de California han sido objeto de demandas que alegan pocos esfuerzos para prevenir y contener los brotes de covid. La instalación de Mesa Verde, donde se encuentra recluido Figueroa, fue objeto de una demanda colectiva presentada por la American Civil Liberties Union y otros grupos, que alegaron condiciones insalubres y de hacinamiento, y la falta de adopción de los protocolos de seguridad recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los documentos del gobierno descubiertos en el caso revelaron que en un momento los funcionarios de Mesa Verde limitaron deliberadamente las pruebas de covid para evitar tener que aislar a los detenidos que dieran positivo.

Según un acuerdo alcanzado en enero, los funcionarios de inmigración acordaron adherirse a numerosas protecciones relacionadas con covid durante los próximos tres años, incluidos límites estrictos en la población de detenidos para permitir un distanciamiento adecuado, y pruebas periódicas.

Además, cientos de inmigrantes que fueron liberados porque su salud los hacía especialmente vulnerables al covid no pueden volver a estar detenidos a menos que representen un riesgo para la seguridad pública.

Este acuerdo incluye nuevos protocolos para información sobre las vacunas, incluido el requisito de que ICE y GEO Group, el contratista de prisiones privadas que administra Mesa Verde, ofrezcan vacunas contra covid a los detenidos durante el período de cuarentena de 14 días después de que se registran bajo custodia, y proporcionen dosis de refuerzo consistentes con la guía de los CDC.

Si un detenido inicialmente rechaza la vacunación, pero luego cambia de opinión, la instalación debe administrar la vacuna a pedido de esa persona.

“No debería ser necesario un litigio para garantizar que ICE brinde educación de salud pública sobre las vacunas y administre rápidamente las dosis y refuerzos a las personas bajo custodia. Estas son medidas absolutamente críticas para proteger a las personas de la amenaza constante de covid-19”, dijo Bree Bernwanger, abogada senior del Lawyers’ Committee for Civil Rights del área de la Bahía de San Francisco, uno de los grupos que presentó la demanda.

Hasta el 21 de febrero, casi 34,000 detenidos en los centros de detención de todo el país se habían negado a vacunarse, según cifras proporcionadas por ICE. En el mismo período, más de 53,000 se vacunaron.

Turner-Lloveras dijo que la gran barrera es la falta de mensajeros confiables. “Cuando alguien no tiene confianza en las personas que ofrecen la vacuna”, dijo, “mucha gente la rechazará”.

De acuerdo con los protocolos contra covid de ICE, la información sobre la vacuna se proporciona en numerosos idiomas al momento de la admisión. Aún así, Newman, gerente del programa de VEED, dijo que los detenidos en algunas instalaciones han informado inconsistencias a la hora de proporcionar vacunas, refuerzos y educación.

“Los programas como VEED son fundamentales”, dijo Jackie Gonzalez, directora de políticas de Immigrant Defense Advocates, un grupo que trabaja para abolir los centros de detención en California. “Porque sabemos que las personas que están detenidas no confían en los que los detienen, especialmente cuando ha sido una corporación privada que les ha fallado una y otra vez en temas de salud y seguridad”.

Figueroa, originario de Michoacán, México, ha estado en las instalaciones de Mesa Verde desde noviembre esperando una fecha en la corte para su caso de deportación. Dijo que lo trajeron a los Estados Unidos sin documentación cuando era niño y que ICE lo recogió después de un arresto reciente. Se negó a discutir la naturaleza del arresto y dijo que le habían advertido que discutir su caso podría perjudicar su esfuerzo legal por permanecer en el país.

Ya detenido, Figueroa dijo que al principio rechazó una vacuna porque sintió que no tenía suficiente información sobre la seguridad y los efectos secundarios. Había escuchado que la de Johnson & Johnson se había relacionado con un efecto secundario raro pero potencialmente mortal que involucra coágulos de sangre severos.

“Le dije a la enfermera que escuché malos informes sobre Johnson & Johnson. Si quisiera vacunarme con una de las otras, ¿podría tener más información?”, recordó Figueroa. “Su respuesta fue: ‘Estamos ofreciendo J&J. ¿La quieres o no?’. Así que no lo entendí”.

Eventualmente, Figueroa recibió la vacuna de Pfizer. Pero tenía preguntas sobre las dosis de refuerzo y otros temas relacionados con covid. Dijo que Turner-Lloveras no lo trató como a un detenido.

“Siento que me trató como a una persona más que llamó para pedir información”, dijo Figueroa. “Me siento más cómodo recibiendo información médica de alguien de afuera, para poder tomar estas decisiones”.

El programa piloto tiene casi 20 médicos de guardia en todo el país. Por ahora, están brindando servicios en cuatro centros de detención en California donde los detenidos han solicitado específicamente asesoramiento médico externo, y esperan expandirse a nivel nacional.

La llamada entre Turner-Lloveras y Figueroa duró unos 18 minutos. Figueroa preguntó sobre los riesgos de que las personas mezclen diferentes marcas de vacunas desde las dosis iniciales hasta el refuerzo, así como la posibilidad de resultados falsos negativos en las pruebas.

Después de la conversación, Figueroa decidió recibir el refuerzo cuando sea elegible en tres meses. “La esperanza es que no estaré aquí, pero si estoy, lo conseguiré para protegerme y proteger a los demás”.