NUEVA YORK.- El torneo de la FIFA World Cup 2026, que se jugará en Canada, Mexico y United States, ya tiene a varios equipos con su plaza asegurada.
Los países anfitriones—Estados Unidos, México y Canadá—obtuvieron la clasificación automática, lo que abre un cuadro final que tendrá 48 equipos por primera vez en la historia.
En cuanto a los equipos que ya han conseguido su billete: en África (CAF) los nueve plazas directas ya tienen asignados nombres como Argelia, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.
En Asia (Asian Football Confederation-AFC) también hay selecciones ya aseguradas, entre ellas Japón, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistan.
En Sudamérica (CONMEBOL) el proceso de clasificación ha sido muy competitivo y ya se han clasificado directamente seis selecciones: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
En la región de Oceanía (Oceania Football Confederation-OFC) se ha producido un hito: Nueva Zelanda ha asegurado la plaza directa para 2026, lo que marca un avance significativo para la zona.
El resto de las plazas aún están en disputa, y se espera que en marzo de 2026 se definan los partidos de repechaje que otorgarán las últimas dos plazas al torneo.
En Europa (Union of European Football Associations-UEFA) la clasificación se encuentra en la fase final de grupos y también con un sistema de play-offs para los que no logren el billete directo.
En resumen, el camino hacia el Mundial 2026 avanza a buen ritmo, con varios equipos ya confirmados y muchas eliminatorias aún por jugarse, lo que promete tensión y emoción hasta los últimos partidos.
CARTAGENA (Colombia) (EFE).- El presidente de AcelorMittal Brasil, Jorge Luiz Ribeiro, alertó este martes en Cartagena de Indias de la necesidad de que el sector latinoamericano del acero se coordine para enfrentar la crisis por la desindustrialización derivada del crecimiento de las importaciones chinas.
«Es urgente fortalecer nuestra coordinación regional y buscar respuestas integrales, necesitamos estimular incentivos gubernamentales (…) firmes y alineados regionalmente», expresó Ribeiro al instalar Alacero Summit 2025, la mayor cumbre regional del sector.
Según cifras de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), en los últimos quince años las importaciones latinoamericanas de acero terminado y semi-elaborado desde China crecieron un 233 %, al pasar de cuatro millones de toneladas en 2010 a 14,1 millones de toneladas en 2024.
Esto ha provocado un desplazamiento de la producción local de acero y debilita las cadenas de valor industriales, lo que pone en riesgo 1,4 millones de empleos directos e indirectos en América Latina.
A Alacero le preocupa además que, según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el exceso de capacidad mundial del acero llegará a los 721 millones de toneladas en 2027.
Un contexto complejo para el sector del acero latino
Ribeiro considera que el sector «continúa en proceso de deterioro» por «una fuerte presión porque la capacidad mundial de producción es excedente» y «el agresivo avance de las importaciones por medio de prácticas depredatorias de comercio, principalmente de los productos oriundos de Asia».
El presidente de AcelorMittal Brasil, Jorge Luiz Ribeiro, habla durante la instalación de Alacero Summit 2025, que reúne al sector del acero de Latinoamérica, en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
«En este exacto momento, las empresas latinoamericanas estamos siendo obligadas a revaluar inversiones, reducir la producción de plantas industriales y millares de empleos están siendo o ya fueron cortados», advirtió el presidente de AcelorMittal Brasil.
También alertó que «las tensiones entre Estados Unidos y China afectan las cadenas de insumos y los precios de productos básicos y logística».
«No tenemos cómo enfrentar solos prácticas de comercio desleal, como incentivos y subsidios estatales a fabricantes de acero de otras regiones. Estas prácticas tienen permitido que productos importados lleguen a nuestra región con precio abajo del costo, evidenciando carácter desleal de la competencia», añadió el directivo.
En opinión de Ribeiro, la industria latinoamericana del acero debe buscar «igualdad de condiciones para competir de forma justa».
«Es necesario restablecer las condiciones de igualdad y asegurar el desarrollo sostenible de una industria clave para el futuro de América Latina, porque no hay nación fuerte sin una industria fuerte», concluyó.
Se necesita una estrategia latinoamericana
Por su parte, el académico brasileño Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas e investigador de la Universidad de Harvard, advirtió de la necesidad de «ampliar el debate regional sobre la estrategia de América Latina en un ambiente geopolítico más volátil».
El académico brasileño, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, e investigador de la Universidad de Harvard, Oliver Stuenkel, habla durante la instalación de Alacero Summit 2025, en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
«La región enfrenta una serie de desafíos y en muchos de estos desafíos si los gobiernos actúan de forma autónoma, no los podrán superar», expresó Stuenkel y citó como ejemplo los precios de productos que vienen de Asia y los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos.
La cumbre de Alacero, que culminará el miércoles, tiene en su agenda tres temáticas en las que los asistentes debatirán sobre los retos estructurales del sector, la primera de las cuales es «mercados y geopolítica».
Igualmente dialogarán sobre «defensa comercial», una conversación que tendrá como eje las «distorsiones del mercado como el comercio desleal, las importaciones subsidiadas y los desvíos de comercio que debilitan la competitividad de las empresas locales», detalló Alacero en un comunicado.
La última temática será «innovación e Industria 5.0», en la que «a partir de casos de aplicación de avances tecnológicos, digitalización, automatización e inteligencia artificial en la industria se explorarán posibles vías para lograr procesos más eficientes, circulares y sostenibles en toda la cadena de valor del acero».
WASHINGTON DC.- Una nueva directiva emitida por el U.S. Department of State instruye a los consulados y embajadas estadounidenses a considerar condiciones crónicas de salud —entre ellas la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, e incluso trastornos de salud mental— como factores que pueden conducir a la denegación de visados para entrar a los Estados Unidos.
Históricamente, los exámenes médicos para visados de inmigrantes se centraban en enfermedades transmisibles (como la tuberculosis), cumplimiento de vacunas y en evitar riesgos para la salud pública.
Sin embargo, la nueva guía amplía esos criterios para que los funcionarios consulares evalúen también si el solicitante podría suponer una carga financiera a largo plazo para el sistema estadounidense por motivos de salud.
En la directiva se señala que los funcionarios deben preguntarse si el solicitante “posee los recursos financieros adecuados para cubrir los costos de tal atención durante toda su vida esperada sin depender de asistencia pública o institucionalización a cargo del gobierno”. Además, se hace explícito que la obesidad es una de las condiciones que pueden desencadenar esta evaluación más rigurosa, debido a su asociación con apnea del sueño, hipertensión o asma.
El cambio se presenta en el marco del denominado criterio de “public charge” (carga pública), un principio del derecho migratorio estadounidense que permite negar la entrada o residencia a personas que probablemente dependan de ayudas gubernamentales.
Con esta nueva interpretación, se amplía la gama de situaciones que pueden considerarse bajo ese criterio: ya no solo los solicitantes sin medios, sino también quienes tengan condiciones médicas que puedan implicar elevados costos futuros.
Entre los expertos en inmigración y salud surge una elevada preocupación respecto al impacto de esta medida. Alegan que otorgar tanta discrecionalidad a los funcionarios consulares —quienes no son médicos ni especialistas en salud pública— puede derivar en decisiones arbitrarias o discriminatorias.
También se advierte que la política podría afectar especialmente a solicitantes provenientes de países con altas tasas de obesidad o enfermedades crónicas, lo que podría generar una desigualdad en el acceso.
Desde el punto de vista del gobierno estadounidense, la medida se presenta como parte de un esfuerzo por “poner a los estadounidenses primero” y asegurar que el sistema migratorio no suponga una carga financiera para los contribuyentes. No obstante, los críticos señalan que esta política, al penalizar condiciones de salud comunes, podría desalentar a personas que migran legalmente y tienen aportes significativos al país.
Para quienes tienen planes de solicitar un visado o residencia en EE.UU., esta nueva situación implica que deberían contar con documentación médica detallada, demostrar cobertura de salud o suficiencia financiera, y argumentar que sus condiciones están controladas o no supondrán una carga.
La omisión o subestimación de este factor podría aumentar el riesgo de que se deniegue el visado o se prolongue su trámite.
En resumen, la política marca un cambio sustancial en el enfoque migratorio de EE.UU., al introducir como factor relevante la salud crónica y la capacidad de coste a largo plazo. Este giro abre un nuevo escenario de evaluación para quienes aspiran a entrar o residir en el país y plantea un debate importante sobre equidad, salud pública y acceso migratorio.
HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que los beneficios completos del programa de asistencia alimentaria Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) correspondientes al mes de noviembre ya han sido cargados a las tarjetas EBT de los beneficiarios del Estado.
Según el anuncio oficial, aproximadamente el 65% del financiamiento proviene del gobierno federal en virtud de una orden judicial, mientras que el resto ha sido cubierto con fondos estatales autorizados por Lamont.
Esta acción llega en medio de una disputa federal sobre la financiación del programa SNAP, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) había enviado una directiva a los estados para que “deshicieran” los pagos completos emitidos para noviembre, ante el conflicto presupuestario y la orden judicial que obligaba a restablecerlos.
Lamont manifestó que el estado de Connecticut no retirará los fondos ya enviados a los beneficiarios y que “las familias que dependen del SNAP no deben ser usadas como peones políticos”.
Desde la Oficina del Gobernador se destacó que los beneficiarios no tienen que realizar ninguna acción adicional, ya que los fondos ya están disponibles para uso en supermercados y otros comercios autorizados.
Asimismo, la comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Andrea Barton Reeves, afirmó que “la seguridad alimentaria es un derecho humano básico” y que el Estado está cumpliendo con esa responsabilidad al garantizar los pagos.
El gobernador subrayó que, aunque hubiera preferido que el gobierno federal cumpliera plenamente con sus obligaciones de financiamiento, Connecticut decidió “dar un paso adelante” para que los beneficiarios no se quedaran sin apoyo en un momento crítico.
Esta medida se produjo al cabo de días de impasse y retrasos provocados por la falta de claridad sobre los fondos federales durante el cierre parcial del gobierno.
Finalmente, Lamont reiteró que el Estado vigilará de cerca la situación federal y que seguirá comprometido a proteger a las 360,000 personas en Connecticut que dependen del programa SNAP, frente a cualquier turbulencia adicional.
NORWALK.- El estado de Connecticut se encuentra entre los territorios con mayor desigualdad salarial de los Estados Unidos, una paradoja que lo muestra como un lugar de contrastes económicos.
Según datos recientes, su coeficiente de Gini, una medida estándar de desigualdad que oscila entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (máxima desigualdad), se situó alrededor de 0.4989, lo que lo ubica en el cuarto lugar del país en desigualdad.
Los análisis destacan que parte de esta brecha se debe a la combinación de una élite con ingresos muy elevados, especialmente en lugares como el condado de Fairfield, y comunidades con bajos ingresos que coexisten geográficamente muy cerca.
Por ejemplo, el ingreso per cápita en Fairfield supera en más del doble al de zonas como el condado de Windham.
El reporte de la organización Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) muestra que Connecticut ocupa puestos destacados también en el crecimiento de la desigualdad, ya que en términos de “mayor aumento en la desigualdad entre los más ricos y los de ingresos medios” a finales de los años 70s hasta mediados de los 2000, Connecticut aparece en primer lugar.
Este nivel de desigualdad tiene repercusiones que van más allá del ingreso: en educación, salud, vivienda y movilidad económica.
Un artículo de una revista lo describe como “dos Connecticuts”, uno de gran riqueza, otro de estancamiento, separados quizás por pocos kilómetros pero distintos en oportunidades.
A pesar de tener un ingreso medio por residente de los más altos del país, alrededor de 87,300 dólares según datos del tercer trimestre de 2023, el hecho de que esa cifra promedio oculte brechas profundas es parte del problema: la media resulta influenciada por los salarios muy altos, mientras muchos hogares están muy por debajo de ese nivel.
Frente a este panorama, los expertos sugieren que las políticas estatales deben enfocarse en reducir la desigualdad, no solo incrementando los ingresos más bajos, sino también abordando la concentración extrema de riqueza. Esto implica reformas tributarias, mayor inversión en comunidades rezagadas, y mejores oportunidades de educación y empleo que puedan cerrar la brecha creciente.
NEW ROCHELLE.- La ciudad de New Rochelle presentó un presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2026 por un total de 256 millones de dólares, según el documento divulgado por el administrador municipal Wilfredo Meléndez.
En dicho plan, se contempla un aumento de la tasa del impuesto a la propiedad del 2.46%, lo que estaría dentro del límite permitido por el tope estatal.
Para el propietario medio, este incremento se traduciría en un pago adicional anual de aproximadamente 103 dólares, es decir, cerca de 9 dólares al mes.
Meléndez destacó que este presupuesto mantiene los niveles de servicio actuales de la Ciudad sin recurrir al uso del fondo no asignado, algo que no ocurría en más de una década.
Entre las prioridades del presupuesto se incluyen la continuación de las mejoras en el Departamento de Policía, soporte a mejoras en el saneamiento de aguas pluviales y alcantarillado, y el avance del plan de capital de diez años de la Ciudad.
También se mencionan proyectos vinculados al desarrollo económico, iniciativas “Complete Streets” para calles más seguras, y mejoras tecnológicas en gestión documental y equipamiento policial.
El hecho de que el presupuesto no recurra al saldo de fondos no asignados “por primera vez en más de una década” indica una mejora en la salud financiera de la Ciudad, según Meléndez.
Esta mayor estabilidad permitiría a New Rochelle encarar sus exigencias de infraestructura y servicios públicos sin depender de reservas extraordinarias.
El siguiente paso en el proceso será la revisión por parte del Consejo municipal, con audiencias públicas programadas y eventual aprobación del impuesto a la propiedad antes de fin de año.
Una vez adoptado el presupuesto, los cambios entrarán en vigor para el próximo año fiscal.
Aunque los habitantes de New Rochelle verán un aumento del impuesto a la propiedad, el ajuste es moderado (2.46%) y está diseñado para sostener los servicios existentes mientras se invierte en mejoras de infraestructura y tecnología.
El enfoque apunta a un gobierno municipal con mayor solidez fiscal y planificación a mediano plazo.
HARTFORD.- Una corte federal en Rhode Island dictaminó que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) no puede condicionar la entrega de los fondos federales para transporte a que los estados cooperen con la ejecución de la inmigración federal.
La decisión beneficia a una coalición de veinte estados, entre ellos Connecticut, que habían presentado una demanda para frenar lo que consideraban una medida coercitiva por parte del gobierno federal.
En su fallo, el juez John McConnell sostuvo que el intento de vincular la financiación de infraestructuras, carreteras, puentes, ferrocarriles, a la colaboración con agencias de inmigración excedía la autoridad concedida al DOT por el Congreso y violaba leyes federales.
El fallo señaló que no existía una conexión plausible entre la función principal de los fondos de transporte y la política de inmigración.
Para Connecticut, este fallo representa una victoria significativa.
Según un informe de la Oficina del Fiscal General de Connecticut, liderado por William Tong, la decisión protege los miles de millones de dólares que el Estado recibe anualmente del DOT para mantener su red de transporte, sin que dichos fondos queden supeditados a políticas federales de inmigración.
El informe añadió que “ninguna comunidad debe ver sus carreteras, trenes o servicios afectados por maniobras políticas federales”.
Los estados demandantes habían argumentado que la directiva emitida en abril por el secretario Sean Duffy del DOT, que advertía que los fondos podrían ser bloqueados si no se cumplía con ciertos criterios de cooperación migratoria, ponía a las jurisdicciones en una encrucijada inaceptable entre recibir recursos esenciales o acatar políticas de inmigración.
El juez McConnell calificó esa exigencia como un intento de “chantaje” presupuestario y afirmó que la Constitución exigía que se dejara sin efecto.
Por su parte, el DOT aún no ha ofrecido una reacción pública detallada al fallo, pero la decisión podría tener implicaciones importantes para otras agencias federales que intentan condicionar fondos a la cooperación en materia migratoria.
En el caso estatal de Connecticut, la victoria brinda tranquilidad a las entidades locales que dependen de la financiación federal para proyectos de transporte críticos, asegurando que dichos fondos sigan destinados a sus fines originales.
STAMFORD.- La incertidumbre sobre la futura renovación de los subsidios ampliados de la Affordable Care Act (ACA) está generando preocupación entre las personas de Connecticut que dependen del mercado estatal de seguros de salud.
Estos subsidios, introducidos durante la pandemia y extendidos hasta finales de 2025, pueden expirarse si el Congreso no actúa, lo que afectaría directamente los costos del seguro para miles de personas.
Según datos locales, aproximadamente 151,000 consumidores de Connecticut tienen cobertura a través de la plataforma Access Health CT, y cerca del 90% de ellos reciben algún tipo de subsidio para abaratar sus primas.
Si esos subsidios especiales desaparecen, muchas familias podrían enfrentar aumentos muy importantes en sus primas de seguro o incluso verse obligadas a renunciar a la cobertura.
Un análisis del mercado de seguros en el Estado advierte que, sin la renovación de esos créditos fiscales, las primas de los planes individuales podrían aumentar en promedio unos 2,380 dólares al año (aproximadamente 198 dólares al mes) para 2026, según estimaciones. Además, el regulador estatal indica que una subida de hasta 75% en algunos casos no es descartable si los subsidios desaparecen.
Los expertos advirtieron que estos incrementos de costos pueden llevar a una reducción de la inscripción en planes de la ACA, o a que los asegurados opten por coberturas más limitadas o con mayores deducibles.
Ese escenario de “cobertura que desaparece” o primas que se vuelven imposibles de sostener podría generar efectos negativos en la salud de la población, al retrasarse tratamientos, aumentar el uso de emergencias o incluso quedar personas sin seguro.
En este contexto, el inicio del periodo de inscripción abierta para cobertura para 2026 (desde el 1º de noviembre) se produce bajo una atmósfera de incertidumbre.
Funcionarios del Estado han pedido a los consumidores que, si pueden, esperen antes de inscribirse hasta que haya más claridad sobre si los subsidios serán extendidos.
En definitiva, la decisión del Congreso sobre los subsidios ampliados de la ACA tendrá un profundo impacto en el mercado de seguros de salud en Connecticut.
La combinación de primas más altas, posibles pérdidas de cobertura y la presión sobre los hogares exige tanto atención estatal como federal para evitar que un alto número de residentes quede sin protección médica asequible.
WHITE PLAINS.- Una nueva historia se escribe en la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester. La hispana Evelyn Alicea‑Santiago fue elegida concejala del Consejo Común de esta ciudad, convirtiéndose en la primera mujer puertorriqueña en ocupar ese cargo.
Alicea-Santiago, educadora y militante comunitaria, logró este hito tras una campaña que subrayó su compromiso con la educación bilingüe, la vivienda asequible y el empoderamiento de las familias trabajadoras.
Su victoria marca un avance simbólico para la comunidad latina en el condado de Westchester.
Evelyn nació en East Harlem (Nueva York), hija de padres migrantes puertorriqueños de la ola migratoria de los años 50s.
La campaña y el mensaje
Su campaña al Consejo Común giró en torno a varios ejes clave:
* Fortalecimiento de la educación bilingüe y apoyo a estudiantes de inglés como segunda lengua.
* Lucha por vivienda asequible y equitativa en White Plains.
Representación de la comunidad hispana/latina y de los trabajadores.
* En su web de campaña se describe que Evelyn “trae años de experiencia y una red de personas y recursos para servir a la ciudad”.
El respaldo de la comunidad puertorriqueña y latina fue evidente: expresiones de felicitación circularon en redes sociales celebrando “la primera boricua mujer en White Plains” que asume ese cargo.
Significado del logro
Según sus partidarios, la elección de Evelyn Alicea-Santiago representa un paso importante hacia una representación más diversa en la política local de White Plains. Que una educadora latina alcance un puesto electivo refleja cómo los perfiles profesionales de la comunidad hispana están ganando espacio en la esfera gubernamental.
Además, sirve de inspiración para jóvenes latinos y latinas que ven en este tipo de victorias la posibilidad de participar y liderar en su ciudad.
Los retos por delante
Como nueva concejala, Alicea-Santiago enfrentará varios desafíos:
* Implementar políticas efectivas de vivienda asequible en una ciudad donde los costos se han elevado.
* Asegurar que los estudiantes con inglés como segundo idioma (ESL) reciban los apoyos necesarios.
* Fomentar la participación cívica de comunidades que históricamente han estado subrepresentadas.
Su experiencia docente y comunitaria le da herramientas, pero el éxito dependerá de su capacidad para construir alianzas, navegar la burocracia municipal y traducir el impulso simbólico en políticas tangibles.
NORWALK.- La American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU-CT) exigió al estado de Connecticut que suspenda de inmediato el uso de cámaras lectoras automáticas de matrículas (ALPR) hasta que se establezcan salvaguardias legales que impidan el mal uso de los datos recopilados.
Las cámaras están instaladas en múltiples comunidades del Estado, y permiten registrar vehículos al pasar por determinados puntos.
Los departamentos de policía las utilizan para investigar delitos y personas desaparecidas, pero la ACLU-CT advirtió que también conllevan un riesgo de vigilancia masiva que puede afectar a cualquier conductor.
Entre los argumentos de la ACLU-CT se encuentra que estos sistemas pueden recolectar y compartir información sobre el desplazamiento de personas sin su conocimiento, lo cual podría ser usado para imponer vigilancia sobre comunidades vulnerables como inmigrantes, personas LGBTQ+ o quienes buscan atención reproductiva o de afirmación de género.
El grupo exige una moratoria hasta que la ley Trust Act y otras leyes estatales garanticen que los datos no sean vendidos, compartidos o utilizados para persecución, y que haya transparencia sobre qué se recopila, con qué fines, por cuánto tiempo y quién tiene acceso.
Por su parte, la oficina del gobernador Ned Lamont dijo estar abierta a considerar “protecciones adicionales” para asegurar que los datos no se usen ilegalmente o en violación de la Trust Act. Sin embargo, hasta ahora, la Asamblea General demócrata del Estado no ha respondido públicamente a la solicitud de la ACLU-CT.
La preocupación crece también por la participación del sector privado en estas tecnologías: la empresa Flock Safety, proveedora de muchos sistemas ALPR, ha sido señalada por contratos que podrían implicar “licencia perpetua” para compartir datos policiales con agencias estatales y federales.
En Connecticut no existe un registro estatal que documente cuántas cámaras hay o cómo se gestionan los datos, algo que la ACLU-CT considera un gran vacío regulatorio.
