NEW HAVEN.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, prometió defender “enérgicamente” las leyes estatales de inmigración luego de que el gobierno federal presentara una demanda contra el estado por restricciones impuestas a agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
La acción legal fue presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también incluye como demandados al gobernador Ned Lamont y otros funcionarios estatales.
La disputa gira en torno a una nueva legislación firmada recientemente en Connecticut que limita ciertas prácticas de agentes federales de inmigración dentro del Estado.
Entre las disposiciones más controversiales se encuentra la prohibición de que agentes de ICE operen con el rostro cubierto y la obligación de portar identificación visible durante operativos.
Además, la ley exige que los agentes federales respeten estándares estatales sobre uso de fuerza.
El Departamento de Justicia argumenta que Connecticut está intentando regular ilegalmente al gobierno federal y que estas medidas ponen en riesgo la seguridad de agentes migratorios.
Funcionarios federales calificaron las políticas como “anti aplicación de la ley” y sostienen que interfieren con las funciones federales de inmigración.
Tong rechazó esas acusaciones y aseguró que el Estado tiene derecho a proteger a sus residentes y hacer cumplir sus propias leyes.
El fiscal afirmó que Connecticut continuará defendiendo a las comunidades inmigrantes y sostuvo que los agentes federales no están por encima de la ley estatal cuando operan dentro de Connecticut.
La controversia ocurre en medio de crecientes tensiones nacionales sobre políticas migratorias y el papel de los llamados estados santuario. Legisladores demócratas de Connecticut respaldan medidas para ampliar las restricciones sobre dónde el ICE puede realizar arrestos civiles, incluyendo escuelas, hospitales, iglesias y refugios. Mientras tanto, republicanos estatales critican estas políticas y aseguran que dificultan la cooperación con autoridades federales.
El caso podría terminar convirtiéndose en una importante batalla judicial sobre los límites entre la autoridad estatal y federal en asuntos migratorios. Expertos legales consideran que la demanda podría tener repercusiones nacionales, especialmente en otros estados que han aprobado medidas similares para limitar operaciones de ICE y proteger derechos civiles de inmigrantes.
