WASHINGTON DC (EFE).- El Gobierno de los Estados Unidos prepara una propuesta para penalizar a los inmigrantes que se acojan a diferentes prestaciones sociales a la hora de acceder a un estatus legal en el país, según informó The Washington Post.

Bajo la nueva propuesta, los inmigrantes que opten por aceptar beneficios públicos como las deducciones de impuestos podrían ser rechazados cuando soliciten la residencia legal en los Estados Unidos, según un borrador al que tuvo acceso Efe.

Estas consecuencias afectarían a quienes reciban diferentes servicios que no impliquen el acceso a un beneficio en efectivo, algo que cambia radicalmente el criterio actual, por el que se les considera a los inmigrantes como “una carga pública” cuando las prestaciones a las que se acogen son en efectivo.

De este modo, los extranjeros que se acojan a algún subsidio de seguro médico o de deducción impositiva en Estados Unidos verán, al solicitar un estatus legal, cómo estas acciones serán tenidas en cuenta por los trabajadores de la Administración para determinar si usan beneficios sociales o si es probable que lo hagan.

Según el Post, las modificaciones se aplicarían a quienes busquen visados migratorios, residencia legal o permanente y a extranjeros con visas temporales de trabajo, lo que podría afectar a los beneficiarios del programa Acción Diferida (DACA) en su intento de buscar una residencia legal completa.

DACA es el programa que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños, que fue aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2012 y cancelado el pasado septiembre por el presidente Donald Trump, cuando amparaba a 690 mil personas.

De aprobarse esta medida del Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes podrían ser penalizados al acogerse a estas prestaciones o bien renunciar a ellas ante el temor al castigo de la Administración que ponga en peligro su residencia.

Otro de los aspectos que recoge la propuesta es ampliar los casos en los que los extranjeros deban depositar una fianza si tienen probabilidades de aceptar una prestación pública.

Esta cuantía sería de 10 mil dólares, aunque podría elevarse si el solicitante tiene un mayor riesgo de necesidad, según recoge el documento.

La portavoz del departamento Katia Waldman aseguró al Post en un comunicado que la propuesta es parte del trabajo del Gobierno de Trump por aumentar la firmeza sobre la inmigración.

“La Administración está comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias existentes, que tienen el objetivo claro de proteger al contribuyente estadounidense asegurando que los extranjeros que buscan entrar o quedarse en el país son autosuficientes”, subrayó Waldman.

En esta línea, comentó que “cualquier cambio propuesto asegurará que el Gobierno se responsabilice de ser un buen administrador del dinero público seriamente y adjudique las solicitudes migratorias según la ley”.

WASHINGTON DC.- Para todo aquel que desee solicitar una visa para viajar a los Estados Unidos, tendrá como uno de los requisitos mostrar su historial en redes sociales, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

De acuerdo al portal jornada.unam.mx, esta es una de las numerosas formas en las que el gobierno del actual presidente, Donald Trump, utilizará para detectar potenciales inmigrantes y visitantes.

Con esta medida, cerca de 15 millones de extranjeros podrían verse afectados al solicitar su visa, dado que el diario oficial del gobierno, el Federal Register, querrá comentarios públicos de los requerimientos.

En el pasado, también eran pedidos los historiales de medios locales, dirección de correo electrónico y teléfonos, pero sólo a las personas que eran identificadas para escrutinios más detallados, unas 65 mil personas por año.

El departamento mencionado prevé que esto repercuta de forma negativa en cerca de 710 mil solicitantes de visas de inmigrantes y 14 millones de solicitantes de visas de no inmigrantes.

WASHINGTON DC (EFE).- Como inconstitucional y un “asalto” para hacer “invisibles” a los inmigrantes en los Estados Unidos calificaron activistas y políticos la inclusión de una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el Censo 2020, que llevó incluso a la Fiscalía de California a demandar al Gobierno de Donald Trump.

“Incluir la pregunta no es solo una mala idea, es contra la ley”, afirmó el fiscal de California, Xavier Becerra.

Según el fiscal, la pregunta, agregada este lunes por el Departamento de Comercio, pone en riesgo la incorporación en los datos estadísticos de la población total de Estados Unidos de “varios millones” de indocumentados que residen en el país.

“Si no nos cuentan, no contamos”, agregó el fiscal hispano.

Se trata de “otro asalto más a los inmigrantes, a los latinos y al Censo 2020”, manifestó Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO).

“Trump y los republicanos empujan una agenda racial y partidista que busca asustar y hacer invisibles a las comunidades inmigrantes”, criticó por su parte Tom Pérez, director del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Pérez lamentó que ello “resultará en una cuenta inexacta de la población que costará recursos y representación (política) para estas comunidades a lo largo y ancho del país”.

En febrero pasado, una coalición de una veintena de fiscales estatales, entre ellos Becerra, había advertido al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que “una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales”.

El ex fiscal general de la nación Eric Holder dijo que se trata de una “decisión irresponsable”.

“Este es un esfuerzo claro para suprimir la participación activa de todas las personas. Está especialmente dirigida para crear miedo y confusión entre las comunidades inmigrantes”, matizó Jerry González, director ejecutivo del grupo latino de Georgia Galeo.

Entre tanto, en California, estado que ha liderado la “resistencia” contra el Gobierno Trump, la decisión federal generó otra demanda de la Fiscalía estatal, una más de las muchas ya entabladas o apoyadas por el “Estado dorado”.

En rueda de prensa conjunta con el secretario estatal Alex Padilla, Becerra informó  que “anoche mismo (la noche del lunes)” presentó la demanda contra la administración de Trump.

Becerra enfatizó que los recursos federales para los estados se distribuyen en proporción al total de la población registrada por el censo, que se efectúa cada diez años.

Así, servicios públicos como la educación, la seguridad, la salud o el transporte reciben fondos federales de acuerdo con el número de personas que vive en cada estado.

Además de las consecuencias de presupuesto, un registro incompleto de la población tiene consecuencias políticas, ya que la Cámara de Representantes tiene 435 miembros que se reparten proporcionalmente a la población en los 50 estados del país.

Padilla explicó que los representantes a la Cámara federal dependen del número de distritos electorales en cada estado, que a su vez se establecen por el número de habitantes.

California, el estado más populoso del país, cuenta con 53 representantes, seguido de Texas con 36 y Florida y Nueva York, cada uno con 27, determinados de acuerdo con los datos del Censo de 2010 que totalizó 309.1 millones de personas.

La población total estimada de Estados Unidos por la Oficina del Censo para 2017 fue de 325.7 millones, con un 14 por ciento de inmigrantes. El número de inmigrantes indocumentados que residían en Estados Unidos en 2016 era de 11.3 millones según el Centro de Investigación Pew.