HARTFORD.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) lanzó esta semana un piloto para probar la página web de tiempos de procesamiento de casos, que muestra los datos de todos los formularios en un formato, que según la agencia, es fácil de comprender.

La nueva herramienta para los inmigrantes de Connecticut, Nueva York y de todo el país, a la vez prueba una nueva manera para recolectar datos y calcular los tiempos de procesamiento de algunos formularios, de acuerdo con el USCIS.

Los inmigrantes pueden ingresar a la web egov.uscis.gov/processing-times para calcular el tiempo en que llevará el proceso de su caso.

Según el informe, este cambio responde a un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que reveló que el USCIS informa incorrectamente a los usuarios sobre los tiempos que tardan sus aplicaciones, particularmente la residencia legal permanente, mejor conocida como “green card”, que se afirma tarda 120 días cuando su tiempo mínimo puede ser hasta más del doble.

El piloto realizará pruebas en cuatro formularios utilizando una metodología automatizada para calcular los tiempos de procesamiento.

Los cuatro formularios son el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización), el Formulario I-90 (Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente), el Formulario I-485 (Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus), y el Formulario I-751 (Petición para Remover Condiciones en la Residencia).

La nueva página web facilita a las personas ver aproximadamente cuánto tiempo tomará al USCIS procesar un formulario, lo que ayudará a los usuarios a determinar cuándo es necesario contactar al USCIS para hacer una consulta si su caso está fuera del tiempo de procesamiento.

Para los cuatro formularios piloto, la información que muestra la página web refleja una nueva metodología para recolectar datos y calcular los tiempos de procesamiento.

La nueva metodología es automatizada, más precisa, y permite al USCIS publicar información de los tiempos de procesamiento dentro de un plazo de dos semanas en comparación con las seis semanas bajo la metodología anterior.

La página actualizada muestra los tiempos de procesamiento por escala para cada formulario a base de la fecha en que el USCIS lo recibió.

El tiempo mínimo para los formularios piloto muestra el tiempo que toma completar el 50 por ciento de los casos, y el tiempo máximo muestra el tiempo que toma completar el 93 por ciento de los casos.

El máximo de tiempo para los formularios que no forman parte del piloto será ajustado un 30 por ciento por encima del tiempo del ciclo actual, con el fin de reflejar el tiempo que toma completar la mayoría de los casos.

Los solicitantes, peticionarios y requeridores pueden crear una cuenta en línea en uscis.gov/casestatus para seguir el estatus de sus casos.

Pueden hacer una consulta de caso “fuera del tiempo de procesamiento normal” para cualquier caso pendiente por más tiempo del listado para el máximo de tiempo establecido, presentando una petición de servicio en línea o llamando al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283, explicó la agencia.

El USCIS continuará utilizando los comentarios de los usuarios durante la fase de prueba y expandirá esta metodología a los formularios adicionales en el futuro.

Para más información sobre el USCIS y sus programas, pueden visitar la web uscis.gov/es.

HARTFORD.- Un nuevo estudio de los 50 estados concluye que poner a más personas en la cárcel por delitos de drogas no reduce el consumo ni las muertes por sobredosis.

El lunes pasado, el presidente Donald Trump pidió sentencias más severas, incluida la pena de muerte para los traficantes de drogas, para combatir la epidemia de opiáceos.

Jake Horowitz, director de investigación y política del Pew Charitable Trusts ‘Public Safety Performance Project, manifestó que compararon las tasas de encarcelamiento de drogas de los estados con las tasas de consumo de drogas, muerte por sobredosis y arrestos por drogas, y no encontraron ninguna correlación.

“Estos hallazgos refuerzan un cuerpo más amplio de investigaciones previas que arroja dudas sobre la teoría de que los términos de prisión más duros disuaden el uso indebido de drogas, la distribución y otras violaciones de las leyes de drogas”, comentó Horowitz.

Mientras la tasa de encarcelamiento de drogas de Connecticut ocupa el lugar 35 en la nación, el estudio mostró que la tasa de muertes por sobredosis es casi idéntica a la de Missouri, que tiene la séptima tasa de encarcelamiento más alta. Pero aunque las mayores tasas de encarcelamiento no tienen un efecto significativo sobre el consumo de drogas, Horowitz señaló que los términos de prisión más duros tienen un impacto dramático en todos los demás.

“Poner a más violadores de la ley de drogas tras las rejas por períodos más largos de tiempo ha generado un costo enorme para los contribuyentes, pero no ha producido un retorno de seguridad pública convincente sobre esas inversiones”, agregó.

Desde 1980, el número de estadounidenses en las cárceles estatales y federales por violaciones a la ley de drogas ha aumentado de menos de 25 mil a más de un cuarto de millón.

Horowitz precisó que Pew ha sondeado a los votantes a nivel nacional y encontró un amplio apoyo bipartidista para reducir las penas de prisión por delitos relacionados con las drogas.

“En estados como Maryland observamos que el 75 por ciento de los votantes están de acuerdo en que imponer plazos de prisión más largos es la manera incorrecta de romper el ciclo del crimen y la adicción”, comentó Horowitz.

“Y este tipo de hallazgos abarcan desde Luisiana hasta Utah, estados rojos y azules en todo el país”, señaló.

Apuntó que la investigación muestra que la respuesta más efectiva al uso indebido de las drogas incluye tratamiento, prevención y alternativas al encarcelamiento para delincuentes no violentos por drogas.

HARTFORD. – La Connecticut Trust Act (Ley de Confianza), que prohíbe a las fuerzas del orden público ejecutar ciertos arrestos de inmigración, fue aprobada en 2014, pero debe ser ampliada, manifestó un grupo de organizaciones de inmigrantes.

Bajo la ley actual, la policía y el Departamento de Correcciones no deberían cumplir con las solicitudes de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para detener a alguien.

Sin embargo, existen lagunas y formas en que el Estado ha estado compartiendo información que facilita la detección de estos individuos por parte de los agentes federales, expresaron los defensores.

El representante William Tong (D-Stamford), expresó que hay preocupaciones de federalismo en torno a los funcionarios federales de inmigración que dirigen las actividades de las fuerzas del orden público estatales y locales.

La nueva propuesta es que Connecticut ignore cualquier detención de inmigración civil a menos que vaya acompañada de una orden judicial.

El Comité Judicial escuchó el testimonio el lunes pasado.

“Si tenemos una razón para retener a alguien porque cometió un delito, podemos mantenerlo bajo la ley estatal, pero si hay una razón para que alguien esté bajo la ley federal de inmigración, entonces debería haber una orden”, explicó Tong.

Tong indicó que debe existir una aclaración de cuáles son las responsabilidades de todos en virtud de la Connecticut Trust Act.

La Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA) utilizó un gráfico para mostrar que en 2017 se emitieron 321 solicitudes de retención del ICE en Connecticut.

De esos 321, un total de 130 fueron enviados a los tribunales de Connecticut. Al menos 52 de esos detenidos fueron atendidos y resultó en el arresto de una persona. Se estima que 40 de esos 52 individuos fueron detenidos indebidamente.

Los juzgados con las tasas más altas de arresto del ICE son Waterbury, Hartford y Danbury, según la CIRA.

Tong agregó que Connecticut tiene suficientes problemas y que no debería gastar dinero para hacer el trabajo de una agencia federal.

Alok Bhatt, quien está con la CIRA, dijo que el Departamento de Correcciones se comunica regularmente con el ICE y le informa sobre el estado de liberación de cualquier persona de interés para la agencia.

Entonces, incluso si no los retienen, le dicen a ICE tan pronto como la persona pone un pie fuera de una instalación estatal.

“El punto es no dejar que la gente mala salga libre, pero estamos hablando de personas que pueden necesitar los servicios de un Departamento de Policía o un hospital o que necesitan ingresar a un edificio público y que no deberían enfriarse ni disuadirse de hacerlo”, precisó el congresista estatal.

Pero eso es lo que está sucediendo, lamentó Tong.

Existe un temor entre los más de 108 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut de que serán deportados, incluso si tienen una tarjeta verde y se encuentran en el camino hacia la ciudadanía.

“La gente tiene miedo de tomar medidas para protegerse y hacer uso de los servicios públicos”, comentó Tong.

David McGuire, director ejecutivo de la Connecticut American Civil Liberties Union (UCLA), declaró que están viendo a la policía local siendo sustituida por el ICE y están haciendo los negocios del ICE.

“A veces lo hacen en formas que son inconstitucionales y definitivamente en formas que están minando la confianza del público en la policía”, señaló McGuire.

Dijo que la legislación ampliada dejaría en claro que las fuerzas de seguridad de Connecticut solo pueden cumplir con una solicitud de detención cuando va acompañada de una orden judicial válida.

“Eso no es pedir demasiado. Debería ser la práctica en este momento”, añadió McGuire.

Nadie presentó testimonio en contra de la legislación.

Actualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no cree que la Connecticut Trust Act sea contraria a la ley de inmigración federal. No está claro si esta propuesta podría poner a Connecticut en peligro de perder los fondos para la aplicación de la ley, finalizaron los defensores.

STAMFORD – Con el aumento del abuso de los opiáceos, y especialmente de los opiáceos sintéticos como el fentanilo, los datos publicados recientemente por la Office of the Chief Medical Examiner muestran que las sobredosis fatales han aumentado constantemente en Connecticut.

Los datos muestran que muchas de esas muertes están ocurriendo en las ciudades más grandes de Connecticut, incluido Stamford.

Los datos mostraron que hubo 16 sobredosis fatales en Stamford en 2017.

Dos residentes más de Stamford murieron por sobredosis en Bridgeport el año pasado. Casi todos los que murieron tenían múltiples drogas en sus sistemas.

De esas 18 muertes, 13 involucraron fentanilo, ocho involucraron heroína y seis involucraron una mezcla de opiáceos y benzodiazepinas, medicamentos que a menudo se usan para tratar la ansiedad.

La víctima más joven fue una mujer de Stamford de 20 años que tomó una sobredosis de una mezcla de fentanilo, heroína y otras drogas en la casa de un amigo en Bridgeport.

La víctima más anciana fue un hombre de 60 años de New Haven que murió en una residencia de Stamford después de mezclar alcohol, fentanilo y morfina con otras drogas.

La mayoría de los que murieron eran hombres blancos de entre 35 y 55 años, de acuerdo con la Office of the Chief Medical Examiner.

“Muchas de las personas que sufren sobredosis llevan vidas muy pasajeras. Cuando te vuelves adicto a la heroína o los opiáceos, se convierte en rutina. Entonces, uno va a donde hay más drogas disponibles y, desafortunadamente, tenemos una amplia oferta aquí en Stamford, al igual que en Bridgeport, Norwalk o New Haven y en todas las otras ciudades más grandes”, comentó el capitán Richard Conklin, comandante de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía de Stamford.

Los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que de 2015 a 2016 hubo aumentos significativos en las tasas de muerte por sobredosis en el noreste, medio oeste y sur.

Connecticut fue uno de los 26 estados que vieron un aumento.

En 2016, el año más reciente para el que hubo datos disponibles, el CDC reportó que los cinco estados con las tasas más altas de sobredosis fatal fueron West Virginia, Ohio, New Hampshire, Pennsylvania y Kentucky.

Por cada 100 mil personas, la tasa de West Virginia en 2016 fue 52, Ohio 39.1, New Hampshire 39, Pensilvania 37.9 y Kentucky 33.5.

La tasa para Connecticut, basada en los datos de 2017, fue de 28.93 por cada 100 mil personas.

Con los números que datan de 2012, cuando hubo 357 sobredosis fatales en Connecticut, los datos del médico forense muestran un aumento constante cada año.

El fentanilo es un opioide sintético altamente potente que generalmente se usa para tratar las molestias crónicas y el dolor avanzado del cáncer.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el fentanilo es hasta 100 veces más potente que la morfina y muchas veces el de la heroína.

Fabricado en laboratorios clandestinos en China, la creciente prevalencia del fentanil ha disparado los números de sobredosis en los últimos años.

Los consumidores de drogas generalmente no saben cuándo su heroína está mezclada con fentanilo, precisó Conklin.

Entonces, cuando inyectan su cantidad habitual de heroína, pueden inadvertidamente tomar una dosis letal de la sustancia, agregó el funcionario.

Los distribuidores agregan fentanilo a su heroína para mejorar la potencia. Sin embargo, el fentanilo que se vende en la calle no está controlado, lo que hace que su potencia y pureza sean impredecibles. Y, como la heroína y el fentanilo son idénticos “no sabes lo que estás tomando cuando compras estas drogas en la calle”, precisó Conklin.

Las sobredosis de opiáceos se han vuelto tan frecuentes en todo el país que la mayoría de los primeros en responder ahora están armados con kits (paquetes) que contienen Narcan, una marca del antídoto contra sobredosis de opiáceos, finalizó Conklin.

HARTFORD.- Las personas con menos de 21 años pueden verse pronto prohibidos de comprar tabaco, cigarrillos electrónicos o productos de vapor según una ley que está siendo considerada por la Asamblea General de Connecticut.

El Comité de Salud Pública de la Legislatura aprobó el cambio con un apoyo bipartidista significativo el lunes pasado.

Es probable que el proyecto de ley se mueva al Senado para que se vote en los próximos días.

La ley propuesta, que eleva la edad legal para la compra de los productos de tabaco, entraría en vigencia el 1º de octubre.

Una cláusula permitiría que las personas que cumplieron 18 años antes de esa fecha continúen comprando los productos de tabaco, de acuerdo con el proyecto de ley.

Los legisladores señalaron que el cambio es fundamental para aprobar el proyecto de ley del Comité. Aumentar la edad a 21 años se ha propuesto muchas veces en el pasado, pero siempre se ha fallado en su aprobación.

“Las implicaciones para la salud del consumo de tabaco en cualquier forma son increíblemente perjudiciales para la salud del Estado. Esperamos evitar que las personas tengan este problema de salud de por vida”.

Comentó el representante estatal Jonathan Steinberg (D-Westport), co-presidente del Comité.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 4 mil 900 personas de Connecticut morirán por causas relacionadas con el hábito de fumar este año.

Los expertos predicen que más de mil niños se convertirán en nuevos fumadores diarios según la ley actual.

California, Nueva Jersey, Oregón, Hawai y Maine han elevado la edad legal para comprar tabaco a 21 años. Casi 300 municipalidades, incluyendo Nueva York, Chicago y Boston, también hicieron el cambio.

El representante Prasad Srinivasan (R-Glastonbury), médico y uno de los tres miembros del Comité que votó en contra del proyecto de ley, expresó que lo hizo porque se oponía a la cláusula que permite fumar a los jóvenes de 18 años antes de esa fecha.

Los legisladores también están luchando por cómo regular lo que Steinberg denominó la nueva frontera del tabaquismo: el vapeo (productos de vapor).

Un proyecto de ley aprobado por el Comité requeriría la compra de cigarrillos electrónicos y productos de vapeo en una interacción directa cara a cara con un minorista y no en línea.

Comprar productos de vapor de un minorista cara a cara, como se requiere para los cigarrillos, haría hincapié en que estos productos (de vapor) no son perfectamente seguros, precisó Steinberg.

Al menos ocho republicanos se opusieron a ese proyecto.

“Si usted es alguien que tiene 21 años y desea una pieza de repuesto (para un cigarrillo electrónico), creo que debería poder comprarla en línea”, declaró la Senadora Heather Somers (R-Hartford), presidenta del Comité. Ella estaba a favor de aumentar la edad para comprar tabaco, pero votó en contra de prohibir comprar productos de vapor de la web.

Connecticut recaudó 323 millones de dólares, o el 2 por ciento del Fondo General, en ingresos de los impuestos a las ventas de tabaco en 2017, según la Contraloría del Estado.

Los ingresos de los impuestos al tabaco se han mantenido en ese nivel desde 2012.

Los defensores de cambiar las leyes de tabaco dicen que los costos de atención la médica superan con creces esos ingresos.

“Los costos de atención médica anuales de nuestro Estado causados ​​directamente por fumar son de 2 mil 30 millones de dólares y los costos de Medicaid son de 520.8 millones”, indicó Lisa Kimmel, directora de Bienestar y Educación para la Salud de la Universidad de Yale, quien habló con el Comité la semana pasada.

“”Las pérdidas de productividad causadas por el tabaquismo en Connecticut son de mil 250 millones de dólares anuales”, finalizó Kimmel.