Home Blog Page 111

Trump pausa los beneficios para inmigrantes que ya están en Estados Unidos con ‘parole’ humanitario y otros permisos temporales

WASHINGTON DC (TELEMUNDO).- Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) han “pausado administrativamente” todas las “peticiones pendientes de beneficios” tramitadas por inmigrantes que están en Estados Unidos de forma legal bajo el programa de parole humanitario conocido como CHNV por las siglas de las nacionalidades que pueden acogerse a él (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos), según adelantó este martes la cadena de noticias CBS y confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Noticias Telemundo.

La orden alega que la pausa indefinida de los beneficios se adopta para completar una revisión adicional para identificar cualquier preocupación sobre posibles fraudes o amenazas para la seguridad nacional o pública, según informa el DHS a Noticias Telemundo.

También afecta a los ucranianos acogidos tras escapar de la invasión rusa de Ucrania, unas 240,000 personas que llegaron con patrocinadores estadounidenses durante el mandato del demócrata Joe Biden, según confirmó el DHS. Y al parole de reunificación familiar (FRP, en inglés), que permite a inmigrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba y Haiti reunificarse con familiares en Estados Unidos.

El memo, indica, alega que “las preocupaciones sobre seguridad nacional o pública y fraude en la información [aportada] no se están señalando de forma apropiada con los sistemas de adjudicación”, según CBS News. Menciona además la pausa ordenada durante la Administración Biden por motivos similares, que duró unos meses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) emitió ya una directiva el 20 de enero, un día después de que el presidente, el republicano Donald Trump, tomara posesión, para restringir y conducir a la eliminación del programa CHNV, para “acabar con el amplio abuso del parole humanitario“. “El Gobierno de Biden abusó del programa para permitir de forma indiscriminada la entrada a nuestro país de 1.5 millones de migrantes. Esto ha sido frenado en el primer día de la Administración Trump”, agregaba el comunicado.

Hasta finales de 2024 habían entrado con el programa CHNV, con permiso de 2 años de residencia y trabajo, 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos, según las cifras de USCIS.

Trump firmó una orden ejecutiva el lunes en la que decretaba el fin de todos los programas de parole que sean contrarios a las políticas de EE.UU. establecidas en sus órdenes ejecutivas, incluido el CHNV.

El programa CHNV lo puso en marcha el entonces presidente, Joe Biden, en octubre de 2022 para migrantes venezolanos, y en enero de 2023 se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Biden anunció el pasado mes de octubre que no prorrogaría los dos años de permiso humanitario a los beneficiarios. Aquellos que fueran perdiendo el beneficio gradualmente al expirar su plazo deberían encontrar otra protección o abandonar el país.

Más de 2.6 millones de migrantes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba habían solicitado hasta julio de 2024 la entrada a través del programa; restando así el más de medio millón que había llegado ya al país, otros dos millones estaban esperando permiso para entrar.

TOMADO DE TELEMUNDO

Hospitales se preparan para cambios en inmigración y en atención que reafirma el género

NEW HAVEN.- Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que afectan directamente a la atención médica de los Estados Unidos, y los hospitales de Connecticut han estado compitiendo para mantenerse al día con la avalancha y comprender sus implicaciones.

Las directivas del Presidente apuntaban a recortar la financiación que reciben las instituciones de investigación a través de los Institutos Nacionales de Salud, y han eliminado las pautas de la era Biden que extendían el período de inscripción para los planes de la Affordable Care Act (ACA) y establecían experimentos destinados a ahorrar dinero en medicamentos recetados.

Según expertos en el sector sanitario, los directivos de los hospitales están más preocupados por el impacto de los cambios en las políticas federales en la aplicación de las leyes de inmigración y la atención de afirmación de género para los niños.

Pero también están atentos a los posibles recortes a Medicaid que podrían tener efectos radicales en la estabilidad financiera de los hospitales.

 

Órdenes ejecutivas

En muchos hospitales, lo más importante es una orden ejecutiva de Trump que anula las directrices que limitan los arrestos por parte de los agentes de inmigración en “lugares sensibles”, como escuelas, iglesias y hospitales. Las protecciones habían estado vigentes durante más de una década y fueron reforzadas por la administración Biden en 2021.

El cambio presenta múltiples desafíos para los hospitales, de acuerdo con Paul Kidwell, vicepresidente sénior de la Asociación de Hospitales de Connecticut.

En primer lugar, crea una situación en la que las personas podrían evitar recibir la atención necesaria y, en segundo lugar, requiere que los hospitales capaciten al personal de primera línea sobre cómo interactuar con las autoridades de inmigración.

“Esa es una nueva expectativa para alguien cuyo trabajo no está relacionado con la inmigración”, dijo Kidwell.

Kurt Barwis, presidente del Hospital de Bristol, dijo la semana pasada que su equipo creó una guía explícita para el personal sobre qué hacer si el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) se presenta en sus instalaciones.

“Simplemente enviamos eso a todos los médicos y al personal para asegurarnos de que todos sepan exactamente cómo manejar esa situación”, dijo Barwis.

En caso de que aparezcan los funcionarios de inmigración, el equipo de Barwis instruyó al personal de primera línea para que solicite las credenciales y órdenes judiciales necesarias y notifique de inmediato al equipo de cumplimiento del hospital. Las pautas también establecen que ningún paciente puede abandonar el hospital hasta que haya completado su tratamiento.

Connecticut proporciona cobertura patrocinada por el Estado similar a Medicaid independientemente del estado migratorio a los niños de 15 años o menos, así como a personas que están embarazadas o en posparto, que tienen ingresos que califican.

Barwis dijo que ha escuchado de médicos, y obstetras y ginecólogos en particular, que están preocupados por la salud y la seguridad de los pacientes que podrían dudar en buscar atención.

Kidwell dijo que, hasta donde él sabe, el ICE aún no se ha presentado en un hospital de Connecticut.

La orden ejecutiva de Trump que, de aprobarse, suspendería la financiación federal a instituciones, incluidas las escuelas de medicina y los hospitales, que brindan atención de afirmación de género a los niños también está generando preocupación entre las instituciones que brindan ese tipo de tratamiento.

Hasta la semana pasada, dos jueces habían suspendido la orden.

Feldman, la abogada de atención médica, trabaja con hospitales, proveedores de salud mental comunitarios, programas de recuperación del uso de sustancias y centros de salud calificados a nivel federal.

Dijo que ha visto una “bolsa mixta” de respuestas de las personas que brindan atención de afirmación de género a los niños.

Algunos están esperando a ver cómo las agencias implementarán la orden ejecutiva antes de realizar cambios en la atención que ofrecen, mientras que otros ya están comenzando a derivar a los niños que reciben atención de afirmación de género a otros proveedores.

Más allá de las órdenes ejecutivas, los hospitales también están muy concentrados en posibles cambios en la financiación federal de Medicaid, lo que tendría consecuencias masivas para sus balances, finalizó Barwis.

 

 

Legisladores que defienden a minorías redoblan esfuerzos para apoyar a indocumentados

HARTFORD.- En una clara resistencia a la sombra de las perturbaciones y los edictos de Washington, los legisladores estatales que pertenecen a minorías raciales y étnicas planean continuar con campañas agresivas por la diversidad, la equidad y la inclusión, al tiempo que ayudan a apoyar a los inmigrantes indocumentados en sus ciudades de lo que ellos llaman la posible depredación de los agentes federales.

Si bien constituyen solo una fracción de la Asamblea General de 187 miembros, el Caucus legislativo afroamericano y puertorriqueño (BPRC) de 39 miembros incluye a algunos de los legisladores más poderosos de la legislatura.

Entre ellos se encuentran la representante Toni Walker, demócrata de New Haven, copresidenta del Comité de Asignaciones que redacta el presupuesto y que fue elegida por primera vez en 2000, y el senador Douglas McCrory, demócrata de Hartford, que lidera el Comité de Educación.

Durante una reunión la semana pasada en el edificio de la Oficina Legislativa en la que se detallaron los objetivos del grupo parlamentario para la sesión de establecimiento del presupuesto, que comenzó el mes pasado y termina a la medianoche del 4 de junio, Walker dijo que nunca ha sido más importante que la legislatura sea una fuente confiable de salud y seguridad para los residentes del Estado.

“Sé que el caos en Washington nos ha dejado a todos totalmente desanimados y asustados. Sé que el miedo está llegando a nuestras comunidades con más fuerza que nunca antes. Pero es precisamente por eso que debemos mantenernos más firmes en nuestros principios. Por eso debemos aferrarnos al compromiso que hemos asumido con nuestras comunidades. Hago hincapié en la necesidad de seguir comprometidos con las comunidades marginadas y con pocos recursos”, expresó Walker.

“La equidad no es una palabra, es un mandato. Es una fuerza que nivela el campo de juego para que cada persona, sin importar su origen, dónde vive ni su código postal, tenga una oportunidad justa de tener éxito. Ahora no es el momento de dar marcha atrás, de suavizar nuestra postura o de esperar que de alguna manera escapemos del daño que viene de Washington”, precisó la legisladora.

Añadió que
Nuestro grupo parlamentario se mantiene firme en los pilares de la diversidad, la equidad y la inclusión. Son valores de Connecticut. Y la belleza de estos valores es que cuando luchamos por ellos, todos ganan”, comentó Walker.

El representante Geraldo Reyes, demócrata de Waterbury, aseguró que “es un momento muy, muy, muy traumático para muchas comunidades. Nuestras comunidades afroamericanas y de color están bajo ataque. La BPRC está con nuestros inmigrantes. No estamos con los criminales que están aquí ilegalmente y que están violando nuestras leyes, especialmente los crímenes atroces. Estamos aquí para generar confianza, fomentar la cooperación y proteger a todas las personas independientemente de su estatus migratorio”.

El representante estatal Antonio Felipe, demócrata de Bridgeport y presidente del grupo parlamentario, dijo que las familias trabajadoras son el núcleo de los electores del grupo parlamentario y las barreras que enfrentan todos los días.

“No vamos a dar marcha atrás en la diversidad, la equidad y la inclusión. Ya es hora de que Connecticut tome una posición, tome la iniciativa y se asegure de que estamos haciendo lo mejor que podemos para los miembros afroamericanos, puertorriqueños y latinos de nuestras comunidades”, finalizó Felipe.

 

 

Estafadores que se hacen pasar por agentes del IRS prometen reembolso de $1,400

NORWALK.- Una nueva estafa está circulando, en la que los estafadores se hacen pasar por agentes del Internal Revenue Service (IRS) y envían mensajes de texto que prometen un reembolso sustancial.

La trampa es un intento de phishing diseñado para robar su información personal y financiera.

De acuerdo con las autoridades, los mensajes fraudulentos afirman que los destinatarios son elegibles para un cheque de estímulo de 1,400 dólares y los dirigen a hacer clic en un enlace falso para “reclamar” su pago.

 

Cómo funciona la estafa

El contribuyente recibe un mensaje de texto que parece ser del IRS, indicando que se le debe un Economic Impact Payment o Pago de Impacto Económico y que debe proporcionar información personal para recibirlo.

Los estafadores afirman que el dinero se depositará en su cuenta bancaria o se enviará por correo como cheque en uno o dos días hábiles.

El mensaje contiene un enlace fraudulento que imita una página web oficial del IRS.

Al hacer clic en el enlace, se puede instalar un malware o un formulario falso que solicita información confidencial.

Las autoridades aclararon que el IRS no se comunica con los contribuyentes por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales y nunca solicitará información de esta manera.

 

Lo que dice el IRS

El IRS real confirmó que se emitirán pagos automáticos a los contribuyentes elegibles que no solicitaron el Recovery Rebate Credit o Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021.

No se requiere ninguna acción por parte de los contribuyentes y los pagos se enviarán automáticamente. Los destinatarios legítimos recibirán una carta de confirmación del IRS, no un mensaje de texto.

 

Cómo protegerse

* Verifique las comunicaciones: El IRS se comunica a través del correo postal oficial, no de mensajes de texto ni correos electrónicos.

* Evite hacer clic en enlaces: Nunca haga clic en enlaces no solicitados; visite la web https://IRS.gov directamente para obtener información oficial.

* Tenga cuidado con la urgencia: Los estafadores intentan presionarlo para que actúe rápidamente. Tómese el tiempo para verificar las reclamaciones.

* Denuncie mensajes sospechosos: Reenvíe los mensajes de texto fraudulentos al correo electrónico phishing@irs.gov y denuncie los incidentes en la web https://BBB.org/ScamTracker.

* Manténgase informado: Si se mantiene informado y alerta, puede protegerse de ser víctima de fraude. Visite la web https://BBB.org/ScamTips para conocer más formas de proteger su información personal.

 

 

CT gasta $1.3 mil millones en inmigrantes indocumentados, según informe

NEW HAVEN.- El Yankee Institute es un grupo de expertos de tendencia conservadora que estudia cómo el gobierno estatal gasta el dinero de los impuestos. Algunos de los gastos son esclarecedores.

De acuerdo con un estudio del Yankee Institute, Connecticut gasta 1.3 mil millones de dólares en los inmigrantes indocumentados.

Los senadores Rob Sampson y Eric Berthel y el senador Stephen Harding, tras conocer el informe, emitieron una declaración conjunta.

“1.3 mil millones de dólares es una cifra muy grande. ¿El gobernador Lamont considera esa estadística absolutamente impactante como nosotros? ¿Qué está haciendo para analizar y reducir esa cifra? Estas son preguntas de sentido común, pero el gobernador Lamont ya ha declarado públicamente que todos los inmigrantes indocumentados son ‘bienvenidos’ en Connecticut”, incluso los más violentos”, expresaron los senadores.

Agregaron que “por lo tanto, los sobrecargados contribuyentes aquí en Connecticut seguirán desembolsando 1.3 mil millones de dólares anuales mientras los demócratas estén a cargo en el Capitolio estatal”.

Según un estudio de la National Foundation for American Policy, los inmigrantes fundaron o cofundaron más del 55% de las empresas emergentes estadounidenses valoradas en un mil millones de dólares o más.

Estas empresas crean puestos de trabajo y promueven avances tecnológicos, lo que beneficia a la economía en general.

Además, los inmigrantes contribuyen a la mano de obra estadounidense al aportar una amplia gama de conocimientos y experiencia.

Cubren lagunas críticas en sectores en los que hay escasez de trabajadores cualificados, como la atención médica, la tecnología y la ingeniería.

En cuanto a Connecticut específicamente, es importante destacar que los inmigrantes juegan un papel importante en la economía del Estado.

Según un informe de DataHaven, menos de la mitad de los no-ciudadanos en Connecticut son inmigrantes indocumentados.

Es importante tener en cuenta que el impacto económico de los indocumentados en Connecticut puede variar dependiendo de varios factores, como la industria, el nivel de educación y la experiencia laboral. Sin embargo, en general, los inmigrantes, incluyendo los indocumentados, contribuyen de manera significativa a la economía de los Estados Unidos y de Connecticut, según el reporte.

 

 

Senador republicano responsabiliza a indocumentados por crisis de vivienda

HARTFORD.- Los legisladores estatales y los defensores de la vivienda pasaron horas discutiendo, esta semana, durante una audiencia pública del Comité de Vivienda de Connecticut.

Durante el testimonio público sobre más de una docena de proyectos de ley y proyectos de ley propuestos, se debatió sobre las mejores formas de aumentar la vivienda asequible en todo el Estado.

El senador estatal demócrata Bob Duff, que representa a Norwalk y Darien, y el senador estatal republicano Rob Sampson, que representa a Cheshire, Prospect, Southington, Waterbury y Wolcott, abordaron la política nacional.

Mientras Duff y el senador Martin Looney testificaron a favor del Senate Bill 12, un llamado calificado como vago a una vivienda más equitativa en todo el Estado, Sampson dijo que los inmigrantes indocumentados son en parte culpables de la crisis de vivienda de Connecticut.

“Es un hecho que hay 100 mil o más personas adicionales en el Estado que ni siquiera son ciudadanos de nuestro país. Tanto si se piensa que es una buena política como si no, sin duda está afectando a la disponibilidad de viviendas. Tiene que ser así. Esas personas tienen que vivir en algún lugar del Estado”, señaló Sampson.

Bob Duff, demócrata por Norwalk, contratacó diciendo que colocar una lente política nacional y apuntar a los indocumentados es ignorar el problema más amplio de la pobreza general en Connecticut.

“Estamos construyendo viviendas para los ciudadanos de este Estado. Así que mientras hay comunidades que están construyendo viviendas por razones económicas y tal vez por algunas razones morales, hay otras que no quieren hacerlo”, dijo Duff.

Ya sea que dependa de incentivos o mandatos, el Estado debe hacer lo que sea necesario para aumentar la vivienda asequible, indicó Duff.

Mientras el debate viró de la vivienda local a la política nacional, Sampson habló a favor del presidente Donald Trump.

“En los próximos años, el costo de los bienes y servicios en este país se mantendrá más bajo control, porque habrá menos gobierno, menos gastos innecesarios, y yo aplaudiría al presidente Trump y el esfuerzo del

Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), porque están haciendo la Obra del Señor”, precisó Sampson.

Los temas que se tratarán en la audiencia pública incluyen una solicitud de más de 33 millones de dólares para la financiación de servicios para las personas sin hogar, y un proyecto de ley que permite a las fuerzas del orden desalojar por la fuerza a los squatters (ocupantes ilegales) de edificios y viviendas.

Eliza Halsey, administradora de servicios comunitarios de New Haven, habló a favor de la financiación de servicios sociales.

La necesidad se ha expandido más allá de las preocupaciones por el clima frío, según Halsey.

“Hemos visto a nuestros proveedores locales de servicios para personas sin hogar trabajando para cambiar el lenguaje al clima extremo en lugar de solo al clima frío, porque vemos personas afectadas por el calor en el verano, y no hay suficientes dólares ni siquiera para financiar el clima frío”, expresó Halsey.

La audiencia pública, que fue diseñada para reunir a legisladores y defensores para discutir posibles soluciones para ayudar a los proveedores de servicios para personas sin hogar en todo el Estado, se convirtió en una bola de nieve de enfrentamientos políticos.

A menudo, los debates transcurrieron sin hacer referencia a proyectos de ley específicos, sino más bien en una discusión de culpas.

 

 

Críticas al alcalde de NY por permitir que ICE tenga presencia en la cárcel de Rikers Island

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una entrevista con la cadena FOX, dijo que quiere flexibilizar las leyes santuario para permitir que la policía coopere con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

De acuerdo con los defensores de los inmigrantes, eso es algo que el Alcalde no lo puede hacer por si solo.

“Es necesario para poder modificar ese tipo de leyes es pasarlas por el consejo, porque así es que se hacen las leyes a la ciudad de Nueva York, esto no es una decisión unilateral”, declaró Natalia Aristizábal, miembro de la organización Make the Road NY.

La activista indicó que “es importante recordarle a la gente que nosotros como neoyorquinos ni escogimos a Tom Homan (el zar fronterizo de Trump) para que nos corra de la ciudad, ni al presidente Donald Trump. El que fue elegido es Eric Adams y lo que él tiene que hacer es respetar las propias leyes que han pasado en esta ciudad”.

El Alcalde la semana pasada se reunió formalmente con Homan para tocar el tema de los inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes y cómo la Ciudad puede colaborar con las autoridades federales de inmigración para dar con ellos.

Adam se comprometió a permitir a los funcionarios federales de inmigración operar en la cárcel de Rikers Island, algo con lo que no están de acuerdo los defensores de los inmigrantes.

Adams adelantó que emitirá una orden ejecutiva para restablecer la presencia de los agentes del ICE en el complejo carcelario y que los agentes de la agencia federal se enfoquen en ayudar a la oficina de inteligencia del Departamento de Correcciones en sus investigaciones penales.

“En estos momentos el Alcalde no puede poner a todos los inmigrantes como una ficha en un juego para poder salvar su futuro político y para poder salvar su futuro jurídico”, señaló Aristizábal.

Por su parte Homan argumentó que contar con la presencia del ICE en las cárceles locales es fundamental para retirar a criminales violentos que han ingresado sin autorización al país.

Un grupo de activistas protestaron en contra del Alcalde en la sede de la Alcaldía de Nueva York.

“Estamos aquí para levantar las voces por todos nuestros hermanos que tienen miedo, este Alcalde ya no nos representa. Nos sentimos solos y como estamos solos nos cuidaremos entre nosotros. Eric Adams nos ha entregado al presidente Trump”, comentó una activista llamada Gabina, de Make the Road NY.

Adams apuntó que ha estado presionando a la Alcaldía para que modifique las leyes de ciudad santuario, para que se aplique la ley no solo cuando se trata de inmigrantes criminales.

 

 

Juez supremo afirma que inmigrantes están siendo arrestados en juzgados de NY

ALBANY.- Los inmigrantes están siendo objeto de deportación en los juzgados estatales de Nueva York, mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica sus esfuerzos contra los no ciudadanos, manifestó el juez administrativo principal del Estado.

Joseph Zayas, juez administrativo principal, no sabía la cantidad de arrestos que se han registrado, pero reconoció que es una novedad para el sistema judicial.

“No es un diluvio de gente que llega, es moderado, pero está sucediendo”, dijo Zayas durante su testimonio en una audiencia pública sobre el presupuesto estatal en Albany.

Los juzgados están fuera de los límites para esos arrestos según la ley estatal. Los funcionarios federales de inmigración han estado realizando esos arrestos en los pasillos de los juzgados o fuera de los edificios, declaró Zayas.

El futuro de la población inmigrante de Nueva York ha sido una de las principales preocupaciones de los demócratas en la Legislatura desde que Trump fue elegido en noviembre.

La gobernadora Kathy Hochul expresó que el Estado cooperará con las autoridades federales de inmigración cuando busquen a alguien que haya sido condenado por un delito. De lo contrario, las agencias estatales tienen prohibido preguntar o compartir el estatus migratorio de alguien.

Es diferente en los juzgados estatales, donde una ley aprobada por la Legislatura en 2020 restringe lo que los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pueden hacer en esos entornos.

La Protect Our Courts Act prohíbe a esos agentes detener a un inmigrante si se encuentra dentro de un tribunal estatal o en tránsito hacia o desde un procedimiento judicial. Fue aprobada siguiendo líneas partidistas, con los republicanos opuestos a la medida.

El proyecto de ley fue patrocinado por el senador Brad Hoylman-Sigal, un demócrata de Manhattan, quien dijo que el arresto de inmigrantes en los juzgados estatales podría enfriar su interés en participar en el sistema judicial en general.

“Cuando las víctimas de violencia doméstica tienen miedo de obtener una orden de protección y cuando los inquilinos tienen miedo de presentar una denuncia contra su propietario, nuestro estado es realmente menos sabio”, precisó Hoylman-Sigal.

Pero la ley permite una excepción en la que se permiten esos arrestos. Si un oficial ha obtenido una orden firmada por un juez federal para el arresto de un inmigrante, los funcionarios estatales deben respetarla.

La administración Trump ya ha indicado a los funcionarios judiciales en Nueva York que no planean violar la ley, según Zayas, mientras que el Estado seguirá aplicándola. Todavía no ha habido un conflicto entre los dos.

La ley se aplica a todos los juzgados dentro de la jurisdicción del Estado. Eso incluye los tribunales de pueblos, ciudades y aldeas, así como los de la ciudad de Nueva York.

El trato de Nueva York a los inmigrantes, incluidas sus leyes, ha sido examinado en ocasiones por la administración Trump, que presentó una demanda contra el Estado, el miércoles pasado, por una ley de 2019 que permite a los no ciudadanos obtener licencias de conducir.

“Nueva York ha optado por dar prioridad a los inmigrantes indocumentados por sobre los ciudadanos estadounidenses”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

La acción legal provocó suficiente ira como para que Hochul cancelara un viaje programado a Washington, DC, el jueves pasado, cuando se suponía que se reuniría con Trump para discutir una serie de problemas que enfrenta el Estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha indicado que planee atacar ninguna de las otras leyes de Nueva York que protegen a los inmigrantes de la deportación.

 

 

Indocumentados de NY podrán acceder a servicios de salud gracias a este programa

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la ampliación del programa Choose Healthy Life (CHL).

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa, creada en 2021 durante la pandemia de COVID-19, busca garantizar servicios médicos esenciales para la comunidad inmigrante y afroamericana en Nueva York, especialmente aquellos sin seguro médico o que enfrentan barreras de acceso a la atención.

Con el aumento, Hochul indicó que ha dado un paso firme en su compromiso con la equidad en salud.

La máxima autoridad del Estado destacó que la expansión incluirá 10 nuevas iglesias en cinco ciudades del estado: Albany, Buffalo, Newburgh, Siracusa y Rochester.

Con esto, se suman a las 20 iglesias que ya participan en el programa dentro de la ciudad de Nueva York.

Esta red de apoyo ha sido clave en la asistencia a más de 100 mil personas, brindando acceso a exámenes médicos, prevención y orientación en salud.

Con la ampliación, cada ciudad contará con iglesias que funcionarán como centros de atención comunitaria.

Algunas de las nuevas incorporaciones son la Iglesia Bautista de Macedonia en Albany y la Primera Iglesia Bautista Shiloh en Buffalo.

Estas iglesias trabajarán con navegadores de salud, personas entrenadas para orientar a los inmigrantes en la búsqueda de servicios médicos y apoyo social.

De acuerdo con el sitio web https://rpp.pe/capital, la gobernadora también propuso un millón de dólares adicionales en su presupuesto para 2026, lo que elevaría el financiamiento total del programa a 5.9 millones de dólares.

Esta inversión es clave para fortalecer el acceso a servicios médicos en comunidades vulnerables y garantizar el éxito de la expansión.

Choose Healthy Life se ha consolidado como un puente de confianza entre las comunidades y el sistema de salud.

Hasta la fecha, ha brindado asesoría a más de 9 mil personas, realizado pruebas médicas para 6 mil individuos y gestionado más de 900 referencias a servicios sociales.

Para muchos inmigrantes indocumentados, este tipo de programas representan la única vía segura para acceder a atención médica.

Las barreras habituales incluyen la falta de seguro, el desconocimiento de sus derechos o el temor a ser reportados por su estatus migratorio.

La cercanía y confianza que generan los navegadores de salud han sido fundamentales para superar estos obstáculos y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

 

 

Fiscal General de NY brinda consejos para que personas se protejan de cobradores de deudas

WHITE PLAINS.- La Fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicó esta semana una guía para ayudar a los neoyorquinos a utilizar la Ley de Protección de Ingresos Exentos (EIPA) del Estado para proteger su dinero de los cobradores de deudas.

La EIPA es una ley estatal que impide que los cobradores de deudas vacíen las cuentas bancarias de los consumidores, dejándolos incapaces de cubrir los costos de las necesidades básicas.

La ley protege automáticamente una cierta cantidad de dinero en las cuentas bancarias de las personas contra la congelación o incautación, y también protege beneficios gubernamentales vitales como el Seguro Social, los beneficios por discapacidad y los beneficios para veteranos.

La guía de la Oficina de la Fiscal General (OAG), disponible en la web https://ag.ny.gov/resources/individuals/credit-debt-lending/funds-protected-debt-collection, surge después de que la James recientemente obtuvo un millón de dólares de Netspend, una empresa de servicios financieros que entregó ilegalmente los fondos de sus clientes a los cobradores de deudas cuando esos fondos deberían haber estado protegidos por la EIPA.

De acuerdo con James, la guía de la OAG ayudará a los neoyorquinos a utilizar sus derechos bajo la EIPA para proteger su dinero y denunciar a la OAG a los cobradores de deudas que están infringiendo la ley.

“Cuando los bancos permiten que los cobradores de deudas arrasen con las cuentas bancarias de los neoyorquinos, no solo están arrojando a las personas vulnerables al caos financiero, sino que también están infringiendo la ley”, señaló la Fiscal General.

“Los neoyorquinos deben saber cómo proteger su dinero de los cobradores de deudas para que puedan seguir pagando sus facturas mientras gestionan su deuda. La útil guía de mi oficina ofrece consejos valiosos para que los neoyorquinos protejan sus fondos y exijan cuentas a los bancos y a los cobradores de deudas cuando infrinjan la ley. Animo a cualquier persona a la que se le haya confiscado o congelado ilegalmente el dinero que tanto le costó ganar a que lo denuncie a mi oficina”, agregó James.

La EIPA exime automáticamente de congelar o incautar una determinada cantidad de dinero en las cuentas bancarias de las personas.

Esta cantidad protegida se basa en el salario mínimo y es de 3 mil 960 dólares para quienes viven en la ciudad de Nueva York, Long Island o el condado de Westchester, y de 3 mil 720 dólares para quienes viven en cualquier otro lugar de Nueva York a partir de enero de 2025.

La EIPA también protege el 90% de los salarios o sueldos ganados en los 60 días anteriores a que un cobrador de deudas intente confiscar fondos.

Es fundamental que la EIPA también proteja los beneficios gubernamentales y los fondos de jubilación de ser congelados o incautados, lo que garantiza que los neoyorquinos tengan suficiente dinero para pagar sus facturas.

Estos fondos incluyen:

– Seguridad Social.

– Ingreso de seguridad suplementario.

– Beneficios por discapacidad.

– Seguro de desempleo.

– Compensación de los trabajadores.

– Beneficios para veteranos.

La guía de la OAG incluye los pasos que deben seguir los neoyorquinos para utilizar la EIPA para proteger sus fondos de ser confiscados, así como instrucciones sobre cómo denunciar infracciones a la OAG.

James apuntó que cualquier consumidor a quien se le haya congelado o confiscado su dinero en violación de la ley debe denunciar la infracción a la Oficina de Fraudes al Consumidor de la OAG en línea en https://shorturl.at/bTAL1 o llamando al 1-800-771-7755.

 

Cómo proteger más de la cantidad exenta automáticamente

Si tiene más de la cantidad protegida automáticamente, su banco debe dejar la cantidad exenta a su disposición. Sin embargo, su banco puede congelar legalmente el resto de los fondos en su cuenta.

El banco también debe enviarle dos copias de un documento llamado formulario de reclamo de exención.

Si una mayor parte de su dinero está protegida porque se trata de beneficios gubernamentales o fondos de jubilación, utilice ese formulario para reclamar que el dinero está exento. Las personas deben:

– Complete ambas copias del formulario de reclamo de exención.

– Envíe una copia a su banco y la otra copia al cobrador de deudas que congeló su cuenta.

– Conserve una copia para sus registros.

– Es posible que pueda liberar su cuenta más rápido si incluye pruebas, como estados de cuenta bancarios recientes, de que su dinero está exento.

Envíe los formularios de reclamo de exención completos dentro de los 20 días posteriores a que el banco se los envíe por correo. Esto activará ciertos plazos según la EIPA que el banco y el cobrador de deudas deben cumplir.