ALBANY.- Los inmigrantes están siendo objeto de deportación en los juzgados estatales de Nueva York, mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica sus esfuerzos contra los no ciudadanos, manifestó el juez administrativo principal del Estado.
Joseph Zayas, juez administrativo principal, no sabía la cantidad de arrestos que se han registrado, pero reconoció que es una novedad para el sistema judicial.
“No es un diluvio de gente que llega, es moderado, pero está sucediendo”, dijo Zayas durante su testimonio en una audiencia pública sobre el presupuesto estatal en Albany.
Los juzgados están fuera de los límites para esos arrestos según la ley estatal. Los funcionarios federales de inmigración han estado realizando esos arrestos en los pasillos de los juzgados o fuera de los edificios, declaró Zayas.
El futuro de la población inmigrante de Nueva York ha sido una de las principales preocupaciones de los demócratas en la Legislatura desde que Trump fue elegido en noviembre.
La gobernadora Kathy Hochul expresó que el Estado cooperará con las autoridades federales de inmigración cuando busquen a alguien que haya sido condenado por un delito. De lo contrario, las agencias estatales tienen prohibido preguntar o compartir el estatus migratorio de alguien.
Es diferente en los juzgados estatales, donde una ley aprobada por la Legislatura en 2020 restringe lo que los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pueden hacer en esos entornos.
La Protect Our Courts Act prohíbe a esos agentes detener a un inmigrante si se encuentra dentro de un tribunal estatal o en tránsito hacia o desde un procedimiento judicial. Fue aprobada siguiendo líneas partidistas, con los republicanos opuestos a la medida.
El proyecto de ley fue patrocinado por el senador Brad Hoylman-Sigal, un demócrata de Manhattan, quien dijo que el arresto de inmigrantes en los juzgados estatales podría enfriar su interés en participar en el sistema judicial en general.
“Cuando las víctimas de violencia doméstica tienen miedo de obtener una orden de protección y cuando los inquilinos tienen miedo de presentar una denuncia contra su propietario, nuestro estado es realmente menos sabio”, precisó Hoylman-Sigal.
Pero la ley permite una excepción en la que se permiten esos arrestos. Si un oficial ha obtenido una orden firmada por un juez federal para el arresto de un inmigrante, los funcionarios estatales deben respetarla.
La administración Trump ya ha indicado a los funcionarios judiciales en Nueva York que no planean violar la ley, según Zayas, mientras que el Estado seguirá aplicándola. Todavía no ha habido un conflicto entre los dos.
La ley se aplica a todos los juzgados dentro de la jurisdicción del Estado. Eso incluye los tribunales de pueblos, ciudades y aldeas, así como los de la ciudad de Nueva York.
El trato de Nueva York a los inmigrantes, incluidas sus leyes, ha sido examinado en ocasiones por la administración Trump, que presentó una demanda contra el Estado, el miércoles pasado, por una ley de 2019 que permite a los no ciudadanos obtener licencias de conducir.
“Nueva York ha optado por dar prioridad a los inmigrantes indocumentados por sobre los ciudadanos estadounidenses”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
La acción legal provocó suficiente ira como para que Hochul cancelara un viaje programado a Washington, DC, el jueves pasado, cuando se suponía que se reuniría con Trump para discutir una serie de problemas que enfrenta el Estado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha indicado que planee atacar ninguna de las otras leyes de Nueva York que protegen a los inmigrantes de la deportación.
