HARTFORD.- Los legisladores estatales y los defensores de la vivienda pasaron horas discutiendo, esta semana, durante una audiencia pública del Comité de Vivienda de Connecticut.
Durante el testimonio público sobre más de una docena de proyectos de ley y proyectos de ley propuestos, se debatió sobre las mejores formas de aumentar la vivienda asequible en todo el Estado.
El senador estatal demócrata Bob Duff, que representa a Norwalk y Darien, y el senador estatal republicano Rob Sampson, que representa a Cheshire, Prospect, Southington, Waterbury y Wolcott, abordaron la política nacional.
Mientras Duff y el senador Martin Looney testificaron a favor del Senate Bill 12, un llamado calificado como vago a una vivienda más equitativa en todo el Estado, Sampson dijo que los inmigrantes indocumentados son en parte culpables de la crisis de vivienda de Connecticut.
“Es un hecho que hay 100 mil o más personas adicionales en el Estado que ni siquiera son ciudadanos de nuestro país. Tanto si se piensa que es una buena política como si no, sin duda está afectando a la disponibilidad de viviendas. Tiene que ser así. Esas personas tienen que vivir en algún lugar del Estado”, señaló Sampson.
Bob Duff, demócrata por Norwalk, contratacó diciendo que colocar una lente política nacional y apuntar a los indocumentados es ignorar el problema más amplio de la pobreza general en Connecticut.
“Estamos construyendo viviendas para los ciudadanos de este Estado. Así que mientras hay comunidades que están construyendo viviendas por razones económicas y tal vez por algunas razones morales, hay otras que no quieren hacerlo”, dijo Duff.
Ya sea que dependa de incentivos o mandatos, el Estado debe hacer lo que sea necesario para aumentar la vivienda asequible, indicó Duff.
Mientras el debate viró de la vivienda local a la política nacional, Sampson habló a favor del presidente Donald Trump.
“En los próximos años, el costo de los bienes y servicios en este país se mantendrá más bajo control, porque habrá menos gobierno, menos gastos innecesarios, y yo aplaudiría al presidente Trump y el esfuerzo del
Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), porque están haciendo la Obra del Señor”, precisó Sampson.
Los temas que se tratarán en la audiencia pública incluyen una solicitud de más de 33 millones de dólares para la financiación de servicios para las personas sin hogar, y un proyecto de ley que permite a las fuerzas del orden desalojar por la fuerza a los squatters (ocupantes ilegales) de edificios y viviendas.
Eliza Halsey, administradora de servicios comunitarios de New Haven, habló a favor de la financiación de servicios sociales.
La necesidad se ha expandido más allá de las preocupaciones por el clima frío, según Halsey.
“Hemos visto a nuestros proveedores locales de servicios para personas sin hogar trabajando para cambiar el lenguaje al clima extremo en lugar de solo al clima frío, porque vemos personas afectadas por el calor en el verano, y no hay suficientes dólares ni siquiera para financiar el clima frío”, expresó Halsey.
La audiencia pública, que fue diseñada para reunir a legisladores y defensores para discutir posibles soluciones para ayudar a los proveedores de servicios para personas sin hogar en todo el Estado, se convirtió en una bola de nieve de enfrentamientos políticos.
A menudo, los debates transcurrieron sin hacer referencia a proyectos de ley específicos, sino más bien en una discusión de culpas.
