WASHINGTON DC.- Una nueva directiva emitida por el U.S. Department of State instruye a los consulados y embajadas estadounidenses a considerar condiciones crónicas de salud —entre ellas la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, e incluso trastornos de salud mental— como factores que pueden conducir a la denegación de visados para entrar a los Estados Unidos.
Históricamente, los exámenes médicos para visados de inmigrantes se centraban en enfermedades transmisibles (como la tuberculosis), cumplimiento de vacunas y en evitar riesgos para la salud pública.
Sin embargo, la nueva guía amplía esos criterios para que los funcionarios consulares evalúen también si el solicitante podría suponer una carga financiera a largo plazo para el sistema estadounidense por motivos de salud.
En la directiva se señala que los funcionarios deben preguntarse si el solicitante “posee los recursos financieros adecuados para cubrir los costos de tal atención durante toda su vida esperada sin depender de asistencia pública o institucionalización a cargo del gobierno”. Además, se hace explícito que la obesidad es una de las condiciones que pueden desencadenar esta evaluación más rigurosa, debido a su asociación con apnea del sueño, hipertensión o asma.
El cambio se presenta en el marco del denominado criterio de “public charge” (carga pública), un principio del derecho migratorio estadounidense que permite negar la entrada o residencia a personas que probablemente dependan de ayudas gubernamentales.
Con esta nueva interpretación, se amplía la gama de situaciones que pueden considerarse bajo ese criterio: ya no solo los solicitantes sin medios, sino también quienes tengan condiciones médicas que puedan implicar elevados costos futuros.
Entre los expertos en inmigración y salud surge una elevada preocupación respecto al impacto de esta medida. Alegan que otorgar tanta discrecionalidad a los funcionarios consulares —quienes no son médicos ni especialistas en salud pública— puede derivar en decisiones arbitrarias o discriminatorias.
También se advierte que la política podría afectar especialmente a solicitantes provenientes de países con altas tasas de obesidad o enfermedades crónicas, lo que podría generar una desigualdad en el acceso.
Desde el punto de vista del gobierno estadounidense, la medida se presenta como parte de un esfuerzo por “poner a los estadounidenses primero” y asegurar que el sistema migratorio no suponga una carga financiera para los contribuyentes. No obstante, los críticos señalan que esta política, al penalizar condiciones de salud comunes, podría desalentar a personas que migran legalmente y tienen aportes significativos al país.
Para quienes tienen planes de solicitar un visado o residencia en EE.UU., esta nueva situación implica que deberían contar con documentación médica detallada, demostrar cobertura de salud o suficiencia financiera, y argumentar que sus condiciones están controladas o no supondrán una carga.
La omisión o subestimación de este factor podría aumentar el riesgo de que se deniegue el visado o se prolongue su trámite.
En resumen, la política marca un cambio sustancial en el enfoque migratorio de EE.UU., al introducir como factor relevante la salud crónica y la capacidad de coste a largo plazo. Este giro abre un nuevo escenario de evaluación para quienes aspiran a entrar o residir en el país y plantea un debate importante sobre equidad, salud pública y acceso migratorio.
