HARTFORD.- Los líderes de Connecticut están avanzando con nuevas iniciativas legislativas para combatir la creciente amenaza de la pornografía generada mediante inteligencia artificial, conocida como “deepfake porn”.
El debate surge ante el aumento de imágenes y videos falsos que utilizan rostros de personas reales sin su consentimiento, afectando principalmente a mujeres y menores de edad.
La propuesta busca fortalecer las leyes estatales existentes para que la creación y distribución de este tipo de contenido sea considerada un delito más claro y con sanciones más severas. Legisladores y fiscales argumentan que las herramientas de inteligencia artificial han facilitado la producción de material altamente realista, lo que dificulta distinguir lo falso de lo real.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, ha sido uno de los principales impulsores de la iniciativa, advirtiendo que estos contenidos constituyen una forma de abuso digital que puede causar daños emocionales y reputacionales graves a las víctimas. Tong ha señalado que el sistema legal debe actualizarse rápidamente para enfrentar estas nuevas formas de explotación en línea.
La propuesta también busca otorgar a las víctimas el derecho de emprender acciones civiles contra quienes crean o distribuyen este tipo de imágenes sin consentimiento. Además, se pretende establecer responsabilidad para plataformas digitales que no actúen con rapidez para eliminar el contenido una vez reportado.
Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación sobre cómo se aplicarán estas leyes, advirtiendo que las definiciones legales deben ser claras para evitar afectar la libertad de expresión o el uso legítimo de herramientas digitales. Sin embargo, defensores de la medida sostienen que la prioridad debe ser proteger a las víctimas de abuso sexual digital.
De aprobarse estas medidas, Connecticut se sumaría a un número creciente de estados en Estados Unidos que están reforzando sus leyes contra los deepfakes. Los legisladores aseguran que el objetivo principal es detener la expansión de este tipo de explotación antes de que se convierta en un problema aún más difícil de controlar.
