BRIDGEPORT.- Las agencias estatales en Connecticut deberán hacer un inventario de su uso de inteligencia artificial (IA) y realizar evaluaciones de impacto antes de implementar nuevos sistemas de IA, según la legislación promulgada la semana pasada por el gobernador Ned Lamont.
El proyecto de ley, que fue aprobado con apoyo unánime tanto en la Cámara como en el Senado estatal, tiene como objetivo examinar el uso de inteligencia artificial y algoritmos por parte del gobierno con miras a evitar que los sistemas automatizados tomen decisiones discriminatorias.
El proponente del proyecto de ley, el senador James Maroney (D-Milford), dijo que era importante que el gobierno estatal estableciera regulaciones sobre la IA al principio de su desarrollo.
“Antes de avanzar demasiado en el camino, es importante tener algunas estacas en el suelo. Hay que verlo como la viabilidad del producto, en el sentido de que estamos haciendo pruebas acordes con el riesgo del proceso”, dijo.
A partir de febrero, las agencias estatales tendrán prohibido poner en uso un nuevo sistema de inteligencia artificial sin evaluar primero su impacto potencial.
Los requisitos de inventario de la ley se aplicarán a los poderes judicial y ejecutivo de Connecticut, que tendrán la tarea de comenzar a contabilizar cualquier sistema de inteligencia artificial a fines de este año.
Los inventarios serán de acceso público e incluirán descripciones de los sistemas en uso y sus proveedores, así como una evaluación de si el sistema tomó o informó de forma independiente alguna decisión estatal.
A partir del próximo año, el Departamento de Servicios Administrativos deberá realizar evaluaciones continuas de los sistemas automatizados diseñados para evitar decisiones discriminatorias.
Los sistemas automatizados ya están funcionando en las agencias estatales. Un informe de 2022 de Media Freedom & Information Access Clinic encontró que el Departamento de Educación del Estado había gastado más de 650 mil dólares para adquirir un algoritmo llamado “algoritmo de aceptación diferida Gale-Shapley”, que utilizó para asignar estudiantes a escuelas en Hartford.
La nueva ley también establece un grupo de trabajo de 21 miembros para informar la regulación futura sobre temas que incluyen la redacción de una “Declaración de derechos de IA de Connecticut”, así como políticas para regir el uso de IA por parte del sector privado.
Connecticut es uno de los docenas de estados que luchan con la tecnología emergente a través de la legislación propuesta este año.
Mientras tanto, los estados han presionado recientemente para que el gobierno federal desarrolle una mayor supervisión de la IA.
El lunes pasado, el fiscal general de Connecticut, William Tong, lideró un grupo bipartidista de 22 fiscales generales para pedir a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información que avance en las políticas de transparencia y pruebas de inteligencia artificial.
Tong dijo que la IA se estaba desarrollando y desplegando más rápido que la capacidad del gobierno para comprenderla o regularla.
“Como mínimo, cualquier uso de la IA debe divulgarse claramente; no debe haber confusión sobre cuándo y si estamos tratando con personas reales o IA”, señaló Tong.
El miércoles pasado, Maroney dijo que los formuladores de políticas probablemente trabajarían para regular la inteligencia artificial en el futuro previsible. Señaló la rápida adopción del chatbot de IA ChatGPT, que acumuló 100 millones de usuarios activos en sus primeros dos meses de funcionamiento.
“Es algo en lo que, como legislatura, volveremos todos los años porque es un campo en rápida evolución y también se está adoptando muy rápidamente”, finalizó Maroney.
