STAMFORD.- Más de la mitad de las personas de Connecticut han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y, dado que el Estado apunta a la inmunidad colectiva, los empleadores se preguntan cuál es su posición en lo que respecta a sus trabajadores y la vacunación.
El Community Renewal Team (CTR) anunció a principios de este mes que se requeriría que todos sus trabajadores se vacunen por completo.
La agencia de acción comunitaria con sede en Hartford atiende a personas que van desde ancianos hasta niños en edad preescolar.
“Es interesante porque los padres de los niños en las escuelas preescolares han estado preguntando antes de que esto se anuncie públicamente: ‘¿Cuál es su plan para asegurarse de que su personal esté vacunado? y quieren saber qué pasos seguir”, comentó Jason Black, director de comunicaciones de CRT.
En este momento, algunos proveedores de servicios sociales y centros para personas mayores como CRT y Jewish Senior Services en Bridgeport exigen que sus trabajadores se vacunen contra el COVID-19.
Black dijo que CRT confía en esta decisión y espera que más empresas y organizaciones hagan lo mismo.
“Estamos orgullosos del hecho de que estamos asumiendo un papel de liderazgo aquí. Realmente creemos que es importante no solo para nuestro personal, sino también para las personas a las que servimos todos los días”, indicó el directivo.
Pero, ¿Pueden los empleadores hacerlo legalmente? La respuesta es sí.
Con el telón de fondo de la pandemia que ha matado a más de 500 mil personas en los Estados Unidos, los empleadores querrán que sus empleados regresen al lugar de trabajo de manera segura y, por lo tanto, pueden establecer la vacuna como un requisito laboral legítimo.
“Es simplemente una condición de empleo. Nadie va a sujetar a nadie e inyectar a la gente a la fuerza”, explicó el abogado Daniel Schwartz de Shipman & Goodwin LLP, quien practica el derecho laboral.
Los empleadores solo deben poder justificar que la vacunación mantendrá el lugar de trabajo seguro, en este caso, al evitar que los empleados sean una amenaza para ellos mismos y para los demás.
Schwartz dijo que esto es especialmente claro en los campos de la atención médica y la educación.
Y dado que ni Connecticut ni el gobierno federal tienen un mandato de vacunación, depende de cada empleador decidir si quieren exigir la vacuna.
“Ciertamente, puede haber circunstancias en las que requerir la vacunación puede ser apropiado en función de factores específicos del trabajo, como si la labor de un empleado requiere trabajar con personas vulnerables”, expresó David McGuire, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU).
No es solo una cuestión de seguridad, sino que los empleadores necesitan administrar un negocio, ganar dinero y atender a los clientes, según Mark Carey de Carey & Associates, P.C.
Hay excepciones
El CRT ha otorgado exenciones a cinco personas a su política de vacunación desde que se anunció públicamente, de acuerdo con Black. Estas excepciones se hicieron por razones médicas o religiosas.
Bajo la guía de la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), los empleadores deben proporcionar exenciones de vacunación en dos casos: 1) para personas con discapacidades médicas que les impedirían recibir la vacuna y 2) para personas con creencias religiosas legítimas por no querer vacunarse.
Los empleadores también deben proporcionar ajustes razonables para aquellos que requieren una exención. Eso puede incluir dejar que un empleado trabaje de forma remota o proporcionar equipo de protección personal adicional.
Black dijo que está al tanto de un caso en el que un empleado de CRT exento recibió equipo de protección personal adicional.
Si no se pueden proporcionar ajustes, los empleadores tienen opciones como mantener a un trabajador fuera del lugar de trabajo o, en raras circunstancias, despedirlo.
Carey apuntó que “las exenciones médicas pueden ser difíciles de obtener, ya que aún no conocemos todas las secuelas del COVID-19 y las tres vacunas que se usan en los Estados Unidos”.
