NUEVA YORK- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció un proyecto de ley que busca hacer rendir cuentas a los empleadores que tomen represalias contra los trabajadores que amenacen con exponer su estatus migratorio ante las autoridades federales.
La legislación enmendaría la Ley Laboral de Nueva York para aclarar que las represalias ilegales incluyen ponerse en contacto o amenazar con contactar a las autoridades de inmigración acerca de la sospecha de ciudadanía o estatus migratorio de un empleado, o la sospecha de ciudadanía o estado migratorio de la familia o miembro de la familia de un empleado.
El anuncio se produce inmediatamente después de los informes de que una empleada del club de golf del presidente Donald Trump fue amenazada con ser deportada si se pronunciaba contra su jefe.
La Oficina de la Fiscal General de Nueva York también ha recibido numerosos informes de amenazas similares hechas a los empleados por otros empleadores.
De acuerdo con la funcionaria, los inmigrantes han enfrentado durante mucho tiempo niveles desproporcionados de explotación y abuso en el lugar de trabajo. Los estudios han demostrado que los inmigrantes son más propensos a ser víctimas de robo de salarios, acoso sexual, errores de clasificación y violaciones de seguridad en el lugar de trabajo que los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos.
Con un gobierno federal mostrándose antagónico con los inmigrantes, esta disparidad de larga data se ha agravado más que nunca, y los empleadores depredadores están recientemente envalentonados para explotar la cultura del miedo que el gobierno federal ha creado, señaló James.
Cada vez más, hay informes de que los trabajadores inmigrantes vulnerables están siendo amenazados con la deportación y otras consecuencias relacionadas con la inmigración para evitar que denuncien condiciones de trabajo ilegales o peligrosas, agregó la Fiscal General.
La actual Ley Laboral de Nueva York dicta que un empleador no puede despedir, amenazar, penalizar o discriminar a un trabajador que denuncie o se queje de salarios mínimos, horas extras u otras violaciones de salarios y horas.
Esta legislación codificaría la definición de conducta de represalia para incluir amenazas contra una persona con respecto a su estatus migratorio.
La violación de esta ley sería un delito menor de Clase B y conllevaría hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta 20 mil dólares, finalizó la Fiscal General de Nueva York.
