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Coalición demanda a Trump por orden de excluir a indocumentados en el censo

Tras anunciar su intención de excluir a millones de inmigrantes indocumentados de ser contados en el censo que se lleva a cabo en el país, una coalición de 21 fiscales generales de los Estados Unidos presentó una demanda en contra del presidente Donald Trump.

NUEVA YORK (EFE).- Una coalición de 21 fiscales generales de los Estados Unidos presentó una demanda en contra del presidente Donald Trump tras anunciar su intención de excluir a millones de inmigrantes de ser contados en el censo que se lleva a cabo en el país.

De acuerdo con la demanda, a la que también se unieron nueve ciudades y cuatro condados con su acción, Trump busca dejar “ilegalmente a millones” sin la representación en la Cámara de Representantes federal que tiene derecho cada Estado, de acuerdo con los resultados del censo, que se realiza cada diez años por mandato constitucional.

Según la coalición de fiscales, liderados por Nueva York, la demanda busca evitar que la Administración Trump politice el censo y viole mandatos constitucionales.

También busca garantizar que la Administración cuente el número total de personas que residen en el país para el reparto de los distritos congresionales, “como lo exige inequívocamente la Constitución”, señala un comunicado en conjunto de los fiscales generales.

“La proclamación del presidente Trump es la última de una larga lista de acciones y declaraciones antiinmigrantes que ha hecho desde el comienzo de su primera campaña” electoral, indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Agregó, además, que la acción de Trump es “otra táctica del año electoral para encender su base deshumanizando a los inmigrantes y usándolos como chivos expiatorios por sus fracasos como líder”.

El presidente Trump anunció el pasado 21 de julio que excluirá a los inmigrantes indocumentados del conteo, de cara a la distribución de los representantes por estado ante la Cámara Baja.

Su decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.

“A los fines de la redistribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal”, señala dicho documento, que no precisó el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.

No obstante indica que el 11 de julio de 2019 Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados.

“Nadie deja de ser una persona porque carezca de documentación, por eso presentamos esta demanda”, afirmó James.

“En lugar de generar miedo, ahora es el momento de participar en una sólida campaña de educación y divulgación para asegurar que cada persona en este país sea contada. Vencimos al presidente antes en la corte, y lo golpearemos nuevamente”, aseguró la fiscal de Nueva York.

La coalición también deja claro en la demanda que las declaraciones y acciones públicas del presidente Trump y su Administración han establecido que la razón para excluir a los indocumentados “siempre ha sido motivada por el ánimo racial contra los inmigrantes de color y el deseo de frenar el poder político de estas comunidades”.

También establecen que el memorándum del presidente declara explícitamente que el objetivo de la Administración Trump es reducir la influencia política y la representación en el Congreso a las jurisdicciones con una mayor proporción de inmigrantes indocumentados.

Además, afirman que el anuncio del presidente “claramente” tiene la intención de promover el miedo y disuadir la participación en el censo de inmigrantes y sus familias, ya que se produce solo unas semanas antes de que los enumeradores estén programados para salir y alentar a los hogares a responder al censo.

La demanda incluye además al Departamento de Comercio y su secretario, Wilbur Ross, y a la Oficina del Censo y su director, Steven Dillingham.

 

 

Ciudad forma comité de revisión policial

En respuesta a una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo, que requiere que cada entidad gubernamental en el Estado haga una revisión exhaustiva de las prácticas actuales de la policía, New Rochelle creará un comité de revisión policial y desarrollará un plan para mejorar su servicio a la comunidad.

NEW ROCHELLE.- La Ciudad creará un comité de revisión policial, en respuesta a una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo que requiere que cada entidad gubernamental en el Estado que tenga una agencia policial haga una revisión exhaustiva de los despliegues, estrategias, políticas, procedimientos y prácticas actuales de la policía y desarrolle un plan para mejorarlos.

El administrador municipal Charles Strome propuso formar un comité de revisión policial de 15 miembros, con el fin de facilitar la revisión y crear un plan,

El comité examinará temas como el uso de la política, entrenamiento de la fuerza

divulgación de datos y transparencia, participación de la comunidad, supervisión, disciplina, procedimientos de queja, equipo, entre otros asuntos

Los residentes de New Rochelle y los dueños de negocios pueden postularse para formar parte del comité.

De acuerdo con las autoridades, las solicitudes están abiertas y los miembros serán seleccionados el 5 de agosto.

El comisionado de la policía y el administrador de la Ciudad seleccionarán a los miembros, así como un facilitador, para proporcionar información y apoyo al comité.

El gobernador Cuomo requiere que el informe se presente antes del 1º  de abril.

Las personas que deseen formar parte del comité pueden solicitar en la web https://www.newrochelleny.com/NRPDreview.

La Ciudad tambien informó que las solicitudes en papel también están disponibles en el Ayuntamiento en la oficina del secretario municipal, en 515 North Avenue, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes.

El Departamento de Policía presentó un informe especial al ayuntamiento, el mes pasado, disponible en la web https://www.newrochelleny.com/DocumentCenter/View/12674/NRPD-Special-Report-, donde ofrece una perspectiva histórica sobre las prácticas pasadas, un resumen de las prácticas actuales y los pasos planeados para el futuro.

 

 

Acusada de apuñalar a novia de su ex  prometido

Alika Crew, de New Rochelle, de 41 años, fue acusada de intento de asesinato, luego de supuestamente apuñalar a la novia actual de su ex prometido en el cuello.

NEW ROCHELLE.- Una mujer que vive en Westchester y que trabajaba en el condado de Fairfield, enfrenta cargos por supuestamente intentar asesinar a la actual novia de su ex prometido.

De acuerdo con las autoridades, Alika Crew, de New Rochelle, de 41 años, una ortodoncista que trabajaba en un consultorio dental en Stamford, fue acusada de intento de asesinato, luego de supuestamente apuñalar a la novia actual de su ex prometido en el cuello.

Oficiales del Departamento de Policía de New Rochelle fueron enviados a una casa en Hillandale Drive, el martes pasado, donde hubo una llamada médica de emergencia, manifestó el capitán Cosmo Costa.

Al llegar, los agentes encontraron a una mujer de 30 años con una herida punzante en el lado izquierdo del cuello.

Los oficiales también encontraron a Crew, que vive cerca, en la escena prestando asistencia médica a la mujer, alegando que ella era una buena samaritana que ayudaba a la víctima.

Costa indicó que después de una investigación adicional, la víctima de la puñalada identificó a Crew, como su agresora.

Se alega que Crew se escondió en el automóvil de su víctima y, después de conducir una corta distancia, la agredió.

Más tarde se determinó que el ex novio de Crew es el novio actual de su víctima.

Según el sitio web de Stein Medical Group en Stamford, “nuestra ortodoncista Alika Crew se esfuerza por mejorar la vida de sus pacientes creando sonrisas hermosas y saludables”

Tras ser identificada como la sospechosa de la agresión, Crew fue arrestada, finalizaron las autoridades.

 

 

Demandan a gobierno de Trump por regla que permitiría a prestamistas “atacar” a consumidores vulnerables

Una demanda para evitar que la Administración del presidente Donald Trump otorgue a los prestamistas la capacidad de aprovecharse de los consumidores, fue presentada esta semana por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con sus homólogos de California e Illinois.

NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó esta semana una demanda para evitar que la Administración del presidente Donald Trump otorgue a los prestamistas la capacidad de aprovecharse de los consumidores.

De acuerdo con James, la regla de la Administracion Trump permitiría a los prestamistas cobrar altas tasas de interés sobre los préstamos y eludir los límites de intereses estatales, o leyes de usura, que ya están vigentes, incluso cuando la crisis de salud pública por el coronavirus COVID-19) continúa causando estragos en las economías estatales y nacionales.

James, junto con los fiscales generales de California e Illinois, presentó la demanda para detener la nueva regla que permitiría al gobierno federal evitar las leyes estatales de usura y permitir que entidades de terceros se aprovechen de los neoyorquinos vulnerables.

“A medida que nuestro Estado y nuestra nación continúan sufriendo los efectos devastadores del COVID-19, con millones de estadounidenses aún desempleados y luchando para llegar a fin de mes, es reprensible que la Administración Trump haya elegido proteger las ganancias de los grandes bancos en lugar de los consumidores vulnerables”, señaló la Fiscal General.

“Toda esta regla hace que sea más fácil para los malos actores cobrar tasas de interés de tres dígitos a los neoyorquinos en préstamos y trazar un camino para aprovechar más fácilmente a los consumidores, por eso estamos tomando medidas”, agregó la funcionaria.

Según la National Bank Act federal, los bancos nacionales que tienen licencia y están regulados por la Comptroller of the Currency (OCC) pueden cobrar intereses sobre préstamos a la tasa máxima permitida por su estado de origen, incluso en los estados donde esa tasa de interés violaría las leyes estatales de usura.

La capacidad de evitar las leyes estatales de usura de esta manera es un privilegio otorgado solo a los bancos nacionales, porque están sujetos a una amplia supervisión federal.

Este privilegio es extremadamente valioso para los bancos nacionales porque les permite prestar dinero a tasas que superan con creces las tasas que ya pagan por pedir dinero prestado, precisó James.

Si bien la ley federal establece una exclusión de las leyes estatales de usura para los bancos regulados por el gobierno federal, la ley estatal continúa protegiendo a los residentes de préstamos abusivos por parte de entidades no bancarias, como el día de pago, el título de automóviles y los prestamistas a plazos.

El Congreso afirmó ese papel con la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, preservando las leyes estatales más protectoras y rechazando los intentos de la OCC de limitar la autoridad de los estados sobre la industria de servicios financieros.

A pesar de las protecciones vigentes durante la última década, la regla de OCC, que es objeto de la demanda presentada esta semana, extendería la exención de la National Bank Act para los bancos regulados por el gobierno federal a los compradores de deuda no bancaria, como los prestamistas del día de pago o cualquier otra entidad que compra deuda de un banco nacional.

La regla busca lograr este resultado al reformular la preferencia de la National Bank Act como un interés de propiedad ordinario que se puede asignar, y codificar una oscura doctrina que supuestamente concierne a la asignabilidad de los derechos contractuales, un cambio radical en la ley y la política, finalizó James.

 

Misteriosos paquetes de semillas que llegan por correo podrían ser una estafa

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es consciente de que las personas han estado recibiendo estos paquetes de semillas y está trabajando con la Homeland Security’s Customs and Border Protection para investigar la situación, ya que podría tratarse de una estafa.

Autoridades instan a las personas que no las planten

PORT CHESTER.- A las personas que han recibido misteriosos paquetes de semillas por correo, las autoridades les aconsejaron que no las planten. Podría tratarse de una estafa.

Los departamentos de agricultura en 30 estados advirtieron a las personas sobre las entregas de semillas no solicitadas que parecen provenir de China.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es consciente de que las personas han estado recibiendo estos paquetes de semillas y está trabajando con la Homeland Security’s Customs and Border Protection para investigar la situación.

La agencia federal instó a cualquier persona que reciba estos paquetes de semillas no solicitados que no los abra, pero que guarde sus etiquetas y empaques, y se comuniquen con la oficina reguladora de su planta estatal.

En el estado de Nueva York, pueden llamar al 518-457-2087 o enviar un correo electrónico a plants@agriculture.ny.gov

En Connecticut, pueden llamar al 203-974-8474 o enviar un E-mail a victoria.smith@ct.gov.

En Massachusetts, pueden llamar al 617-626-1776 o enviar un correo electrónico a taryn.lascola@mass.gov

Según la agencia, en este momento no hay evidencia que sugiera que esto sea algo más que una brushing scam (estafa de cepillado), que es cuando las personas reciben artículos no solicitados de un vendedor que luego publica experiencias falsas de los consumidores para aumentar las ventas.

El Departamento de Agricultura apuntó está recolectando los paquetes y probará su contenido y determinará si contienen algo que pueda ser preocupante para la agricultura de los Estados Unidos o el medio ambiente.

 

 

 

 

Sentenciada por intentar secuestrar a un bebé de hospital

Laysha Machado, de Yonkers, fue condenada a una pena de entre uno y tres años de prisión después de intentar robarle un niño a su madre en un hospital.

YONKERS.- Una mujer de 29 años pasará tiempo en prisión después de intentar robar a un bebé de la sala de emergencias de un hospital en Westchester.

De acuerdo con las autoridades, Laysha Machado, de Yonkers, fue condenada a una pena de entre uno y tres años de prisión después de intentar robarle un niño a su madre en un hospital de esta ciudad, un hecho ocurrido en febrero del año pasado.

Machado se declaró culpable de un cargo de retención ilegal en diciembre del año pasado.

Según los documentos de la Corte, el 15 de febrero del año pasado, Machado ingresó a la sala de emergencias del Saint Joseph Hospital en Yonkers, donde tomó una carriola con el niño de otra persona adentro y huyó del edificio.

Un guardia de seguridad del hospital la persiguió fuera del hospital y la retuvo hasta que llegó la policía de Yonkers. La mujer fue arrestada en la escena.

El menor de 2 años fue devuelto inmediatamente a su madre. Pese a estar expuesto a un riesgo de lesiones físicas graves, el niño no resultó herido, finalizaron las autoridades.

 

 

 

Ciudad reafirma y fortalece “santuario” para inmigrantes

El alcalde Justin Elicker se paró en los escalones del Ayuntamiento y habló con los asistentes a la manifestación en inglés y español. El mensaje fue claro: New Haven es una ciudad acogedora para todos.

Los oradores manifestaron que esperan que esta orden ejecutiva reforzada se expanda más allá de New Haven. Esperan que otros municipios lo copien y algún día se convierta en ley

NEW HAVEN.- La Ciudad reafirmó su condición de “ciudad santuario”. La orden ejecutiva, con varios meses en desarrollo, refuerza las regulaciones en un momento en que New Haven deben enfrentar la injusticia social.

“Hoy reafirmamos esa historia y fortalecemos nuestras protecciones para nuestros inmigrantes”, declaró el alcalde Justin Elicker.

Elicker se paró en los escalones del Ayuntamiento y habló con los asistentes a la manifestación en inglés y español. El mensaje fue claro: New Haven es una ciudad acogedora para todos.

“buscamos garantizar que todos tengan los recursos que necesitan, independientemente de su situación económica, migratoria, raza u origen étnico”, agregó Elicker.

La Ciudad informó que habían estado trabajando con la organización Unidad Latina en Acción (ULA), así como con otros grupos comunitarios desde el comienzo del año nuevo en esta orden ejecutiva.

El propósito era construir sobre la orden ejecutiva de 2019 que había promulgado la ex alcaldesa Toni Harp.

“Esta orden recién promulgada por nosotros la hace más firme y se asegura de que las protecciones sean más adecuadas, pero también agrega algunos detalles sobre lo que significa la información confidencial”, comentó Elicker.

Algunos de los oradores mencionaron los “ataques repetidos” de la administración del presidente Donald Trump contra los inmigrantes.

Señalaron que ahora es más importante que nunca luchar.

“Nuestra orden ejecutiva es una de las formas en que nosotros, como ciudad, defendemos la justicia social. Nos estamos asegurando de que los inmigrantes y los refugiados entiendan que nuestra ciudad es su ciudad”, comentó Kica Matos, directora del Center on Immigration and Justice en el Vera Institute.

La Ciudad indicó que han continuado poniendo importantes recursos de salud a disposición de todos durante la pandemia, así como alimentos, recursos laborales y viviendas seguras. Asegura que esta orden reafirma su postura.

“Necesitamos asegurarnos de que la ley no solo esté escrita, sino que todos los empleados de la Ciudad la apliquen y la respeten”, comentó la activista Adriana Rodríguez.

Los oradores esperan que esta orden ejecutiva reforzada se expanda más allá de New Haven. Esperan que otros municipios lo copien y algún día se convierta en ley.

 

 

Así es el nuevo plan del Senado con un cheque de 1,200 dólares: deja fuera a indocumentados y a sus parejas estadounidenses

Estas son las nuevas ayudas a familias, lo que propone en cuanto a rentas y desalojos, y otros puntos de interés que aún causan polémica en el Congreso

WASHINGTON DC.— Los líderes republicanos en el Senado presentaron este lunes por la noche un paquete de ayudas por un billón de dólares para paliar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19.

El plan prevé una nueva ronda de cheques de 1,200 dólares pero excluye, como sucedió durante la primavera, a inmigrantes que carecen de Seguro Social y a los ciudadanos estadounidenses que están casados con ellos.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y puede ser fácilmente aprobada por el Senado, pero debe ser negociada aún con la Cámara de Representantes, bajo control demócrata.

Los demócratas ya la han tachado de “totalmente insuficiente”, puesto que, por ejemplo, excluye una ampliación de fondos para cupones de comida, más asistencia a los gobiernos locales y estatales, o ayudas para fortalecer al sistema electoral.

El plan, denominado HEALS Act, tampoco incluye una moratoria para evitar los desalojos de inquilinos que por culpa de la pandemia hayan perdido sus empleos y no puedan ponerse al día con el pago de vivienda. Los republicanos no descartan incluir la moratoria en las negociaciones.

Además, recorta los beneficios adicionales para subsidios de desempleo de $600 en la actualidad a $200 semanales, y protege durante cinco años a los negocios, escuelas y demás organizaciones de posibles demandas debido a contagio del coronavirus en sus instalaciones.

Los demócratas se oponen a este “escudo” por considerar que podría impedir rendición de cuentas de empresas cuyas prácticas perjudiquen a empleados o clientes. McConnell y otros republicanos replican que sin esta cláusula, el plan de estímulo no irá a ninguna parte.

Así las cosas, las negociaciones entre ambos partidos afrontan presiones no sólo por el corto tiempo en el calendario antes del receso legislativo de agosto sino también por la necesidad de evitar que se eleve aún más el costo del plan y, por tanto, el déficit presupuestario.

“Tenemos un pie en la pandemia y otro en la recuperación”, ha dicho el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, “los estadounidenses necesitan más ayuda y que sea integral, que se ciña a esta coyuntura”.

En mayo, la Cámara de Representantes aprobó un plan demócrata por valor de tres billones de dólares, denominado Heroes Act, pero no ha sido ni siquiera admitido a debate en el Senado.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Manar Waheed, una abogada sénior de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), afirmó que el plan republicano “es un fracaso total” porque no responde a las necesidades de las personas en medio de la pandemia.

“No sólo deja fuera a muchos inmigrantes, incluyendo a familias con estatus migratorio mixto y ciudadanos estadounidenses,  que pagan impuestos cuando reciben ayudas económicas, sino que tampoco resuelve la enorme brecha en las pruebas y tratamiento”, lo que permite la propagación del coronavirus, dijo.

“El Congreso debe asegurar que se mantiene el cuidado relacionado con el COVID-19 bajo el programa de Medicaid porque, mientras no todos estemos cubiertos, todos corremos riesgo” de contagio, puntualizó.

A continuación, un resumen de los principales puntos del plan republicano:

Nueva ronda de cheques.—  El paquete incluye una nueva ronda de cheques directos de 1,200 dólares para solteros con salarios anuales de hasta 75,000 dólares, y de hasta 2,400 dólares para parejas que declaran juntas sus impuestos y con salarios de hasta 150,000 dólares.

Las autoridades determinarán el ingreso salarial de los beneficiarios con base a sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019. También incluye 500 dólares para dependientes elegibles, incluyendo adultos sin ingresos.

El plan excluye de estas ayudas directas a ciudadanos o hijos estadounidenses de inmigrantes que no tengan un número de Seguro Social, pese a que los senadores republicanos Marco Rubio y Thom Tillis abogaron por incluirlos.

Según un análisis del grupo American Business Immigration Coalition, esta omisión privará del cheque a centenares de miles de ciudadanos estadounidenses en estados clave en la contienda electoral, incluyendo a 291,000 en Texas; 81,000 en Florida; 31,000 en Carolina del Norte; 16,000 en Wisconsin; 30,000 en Colorado, y 43,000 en Arizona.

Más fondos para pruebas y cuidado médico.— El plan provee 26,000 millones para el desarrollo y distribución de vacunas; otros 25,000 millones para proveedores de cuidado médico; 16,000 millones para ampliar las pruebas del coronavirus; 3,000 millones para los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; y 15,500 millones en fondos adicionales para los Institutos Nacionales de Salud.

El Gobierno federal también ampliará los reembolsos para servicios de telemedicina mientras dure la pandemia.

Más fondos para educación.— El paquete autoriza 105,000 millones en fondos para educación, la mayoría destinado a escuelas y universidades públicas y privadas que realicen una reapertura completa con clases presenciales.

Además, el paquete incluye 5,000 millones para proveedores de cuidado infantil, y 2,200 millones para subsidios de vivienda bajo el programa Sección 8 para personas de bajos recursos, pero no incluye una moratorio a los desalojos.

Un abanico de incentivos fiscales.— Los republicanos también han propuesto una serie de incentivos fiscales para ayudar a los negocios devastados por la pandemia, para que, por ejemplo, puedan desgravar el 100% de sus gastos de comida y entretenimiento, con el objetivo de alentar el consumo en los restaurantes.

También proponen incentivos tributarios para empresas manufactureras que regresen sus operaciones a Estados Unidos, en particular la fabricación de equipos de protección personal.

Más ayudas para los negocios.— Incluye además una segunda ronda de préstamos para la pequeña empresa a través del Programa de Protección de Salarios, pero disponibles sólo para empresas con menos de 300 empleados y que hayan registrado una caída de ingresos de al menos un 50%.

En ciertos casos, las empresas podrían ser elegibles para la condonación de sus préstamos por menos de dos millones de dólares, mientras que otras industrias tendrían acceso a préstamos con bajos intereses y a largo plazo, por un total de 100,000 millones. (Tomado de TELEMUNDO).

Viajeros que regresan al Condado podrían llevar aumento de casos de COVID-19 en Westchester, advierte ejecutivo del Condado

El ejecutivo del Condado, George Latimer, informó que están monitoreando si hay un riesgo de aumento en los casos de COVID-19 en Westchester, debido a que los residentes regresan a sus casas de vacaciones o de los visitantes que residen en los puntos críticos de coronavirus.

WHITE PLAINS.- Con el verano en pleno apogeo, los funcionarios del Condado están monitoreando si hay un riesgo de aumento en los casos de COVID-19 en Westchester, debido a que los residentes regresan a sus casas de vacaciones o de los visitantes que residen en los puntos críticos de coronavirus, manifestó el ejecutivo del Condado, George Latimer.

Mientras el gobernador Andrew Cuomo impuso una cuarentena de 14 días para las personas que vienen de los estados que sufren una alta tasa de casos de COVID-19, Latimer indicó que el Condado controlará los picos cuando surjan y verá si vienen de los viajeros que regresan al Estado

“Existe una gran preocupación de que durante las próximas seis semanas de verano los viajes de vacaciones aumenten y es allí donde debemos mirar para asegurarnos de que no se repitan las infecciones. Eso es algo muy difícil de administrar”, agregó el ejecutivo del Condado.

Con los vuelos comerciales pausados ​​en el aeropuerto del condado de Westchester, es más difícil garantizar que se sigan las órdenes de cuarentena si las personas viajan en vehículo, explicó Latimer.

Los casos en Chappaqa, el mes pasado, fueron el resultado de una familia que recientemente viajó desde Florida, y a partir de ahí se ha visto un aumento en los casos de COVID-19, señaló Latimer.

Hay 472 casos activos y 35 mil 799 casos generales desde marzo en el Condado. Las hospitalizaciones llegaron a 47 y no ha habido muertes relacionadas con el COVID-19 en los últimos cuatro días, precisó Latimer.

El funcionario añadió que no hay evidencia de picos derivados de las festividades del Día de la Independencia o de celebraciones de graduación fuera del grupo de Chappaqua.

Se han realizado 374 mil 827 pruebas de COVID-19 en general. Alrededor de uno de cada diez residentes ha sido positivo para el coronavirus, reveló Latimer.

“Esa es una señal de que la infección no se ha recuperado y se ha convertido en lo que era a finales de marzo y principios de abril. Es una advertencia de que no debemos bajar la guardia para evitar un nuevo brote de contagios”, finalizó el ejecutivo del Condado.

 

 

Alerta por brote de coronavirus entre adolescentes y jóvenes adultos

Los funcionarios estatales exhortaron a las personas a cumplir con las pautas de salud pública del gobernador Ned Lamont, después de que los datos indican que había un “número sustancial” de nuevos casos de COVID-19 entre los adolescentes y jóvenes adultos.

Los grupos de brotes que están apareciendo actualmente, según las estadísticas de Connecticut y otros lugares, se encuentran principalmente entre las personas de entre 18 y 29 años

STAMFORD.- Después de que los datos indicaran que había un “número sustancial” de nuevos casos de COVID-19 entre los adolescentes y jóvenes adultos, los funcionarios estatales exhortan a los residentes a cumplir con las pautas de salud pública del gobernador Ned Lamont.

La comisionada interina del Departamento de Salud Pública, Deidre Gifford, y el gobernador Lamont manifestaron en una declaración conjunta que tenían preocupaciones con los recientes brotes de virus.

“Un pequeño grupo de casos puede convertirse en cientos de nuevas infecciones en cuestión de días”, alertó Lamont.

Los grupos de brotes que están apareciendo actualmente, según las estadísticas de Connecticut y otros lugares, se encuentran principalmente entre las personas de entre 18 y 29 años.

Gifford indicó que si bien los funcionarios saben que socializar y ver a los amigos es importante después de muchos meses de distanciamiento social, se debe hacer más para proteger a los que están en mayor riesgo mientras continúa la pandemia.

“También sabemos que los adolescentes y los jóvenes adultos quieren hacer su parte para proteger a sus comunidades, especialmente a los ancianos y aquellos con alto riesgo de enfermedades graves por el virus que causa COVID-19. Hay formas de socializar de manera segura. Siempre es más seguro reunirse afuera y mantenerse a seis pies de distancia de los demás. Siempre es obligatorio usar máscara y mantenga sus grupos pequeños”, indicó Gifford.

Las pautas de reapertura de Connecticut limitan las reuniones en interiores a no más de 25 personas. Afuera, las reuniones están limitadas a 100 personas.

Gifford dijo que los residentes también deben recordar que hasta el 40 por ciento de los casos de virus pueden ser asintomáticos.

“Eso significa que si vas a una fiesta con una multitud y sin una máscara, incluso si te sientes bien, puedes transmitir el COVID-19 a otras personas que pueden enfermarse mucho. Pueden transmitir el COVID-19 a familiares y amigos mayores o más vulnerables. Para mantener a Connecticut seguro, todos deben hacer su parte y cumplir con las reglas”, agregó la Comisionada.

Lamont dijo que aunque el Estado tiene una de las tasas de infección más bajas a nivel nacional en este momento, “si no tenemos cuidado, esto puede cambiar rápidamente”.

Dijo que no es el momento de relajar el distanciamiento social y otras prácticas que retrasan la propagación del virus.

“Este es el momento de permanecer vigilantes. Un solo error puede echar por la borda todo lo que hemos logrado”, precisó Lamont.

El Departamento de Salud del Estado anunció que recibió “información anecdótica y no confirmada sobre el viaje del equipo deportivo juvenil a los estados en la lista de asesoramiento de viaje de Connecticut”.

Los equipos que viajan a los estados en esa lista deben cancelar las prácticas y los partidos durante 14 días después de su regreso al Estado. De lo contrario, podrían recibir una multa de mil dólares.

Todos los adultos y niños que participan en viajes no esenciales fuera del Estado deben completar un formulario de información para el viajero cuando regresen a Connecticut. Además, deben someterse a cuarentena durante 14 días.

Pero esta es solo la última visión de las áreas de preocupación para los funcionarios estatales y locales.

En Greenwich, la cantidad de casos de COVID-19 se disparó la semana pasada, con 44 nuevos casos reportados, la mitad de los cuales, según las autoridades, estaban relacionados con reuniones de jóvenes.

En la Ciudad, los funcionarios indicaron que están luchando por recopilar información de los recién infectados.

 

 

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