STAMFORD.- Cumpliendo con la orden de un juez federal, la administración del presidente Donald Trump informó esta semana que restauró por completo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que protege a cientos de miles de jóvenes de la deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó en su sitio web https://www.dhs.gov/ que está aceptando nuevas solicitudes, peticiones de renovaciones por dos años y solicitudes de permiso para salir temporalmente de los Estados Unidos.

El Departamento dijo que “puede buscar alivio de la orden”, lo que indica que su concesión a la orden judicial puede ser de corta duración si sus esfuerzos legales tienen éxito.

El anuncio sigue siendo una gran victoria para los jóvenes que no han podido postularse desde que Trump puso fin a DACA en septiembre de 2017.

Su administración ha argumentado durante mucho tiempo que DACA es inconstitucional.

Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en junio pasado que Trump violó la ley federal en la forma en que terminó el programa, Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que la administración estudiaría sus opciones y, hasta entonces, no aceptaría nuevas solicitudes y otorgaría renovaciones por un año en lugar de dos.

DACA protege a unas 650 mil personas de la deportación y las hace elegibles para permisos de trabajo.

El anuncio de esta semana se produjo horas antes de la fecha límite establecida por el juez de distrito, Nicholas Garaufis, en el Distrito Este de Nueva York para que la administración publique un aviso público de que aceptaría solicitudes bajo los términos antes de que Trump pusiera fin a DACA en 2017.

El juez dictaminó que Wolf estaba cumpliendo ilegalmente en su puesto.

DACA se inició en 2012 durante la administración del ex presidente Barack Obama. Permite que ciertos inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños trabajen y estén exentos de la deportación, aunque no confiere estatus legal a los destinatarios.

El presidente electo Joe Biden se ha comprometido a reinstalar DACA cuando asuma el cargo en enero, pero el estatus legal permanente y el camino hacia la ciudadanía requerirían la aprobación del Congreso.

Los beneficiarios de DACA y sus seguidores recibieron la noticia con una mezcla de euforia y conciencia de que su futuro es precario, incluso con el apoyo de Biden.

María García, de 18 años, estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad Estatal de Arizona, dijo que solicitará el programa tan pronto como pueda.

Ella, sus padres y dos hermanos llegaron a Phoenix en 2006, provenientes de México.

Su hermano mayor, ahora de 23 años, ya es beneficiario de DACA y tiene trabajo.

Su hermano menor, ahora de 16 años, está en la escuela secundaria y planea eventualmente buscar la protección de DACA también.

García dijo que la decisión de la corte la semana pasada “fue una noticia maravillosa”.

“Hay muchos otros estudiantes indocumentados que no califican para DACA. Tienen que encontrar una solución permanente”, agregó la joven.

Michelle Celleri, abogada del grupo de defensa Alliance San Diego, estaba preparando una solicitud para un cliente que estaba dando los toques finales a su petición cuando Trump canceló DACA en 2017”.

Celleiri dijo que está aconsejando a los jóvenes que presenten solicitudes antes del 22 de diciembre, cuando hay una audiencia clave en Texas en una demanda de varios estados que desafían la legalidad de DACA.

“Están pasando demasiadas cosas en este momento. No quiero que la gente quede atrapada en el fuego cruzado”, finalizó la abogada.

STAMFORD.- Connecticut se ha convertido en el lugar más “caliente” del país para el COVID-19, según datos publicados recientemente por investigadores.

El Estado tiene el recuento de casos de COVID-19 per cápita más alto con tasas de infección, hospitalizaciones y muertes aumentando en todo el país, a medida que el virus se propaga durante su “segunda ola” en este invierno.

Según el COVID Tracking Project, Connecticut actualmente tiene el recuento de casos per cápita más alto con 2 mil 280 por un millón de personas según los datos más recientes, ya que más de la mitad del país ve un aumento en las cifras.

Después de “aplanar la curva” durante el verano, Connecticut ha visto un aumento constante en cada métrica de COVID-19 a medida que los números se acercan a los niveles que los funcionarios trataron en la primavera cuando la pandemia comenzó a devastar la región.

Parece no haber un final a la vista para Connecticut u otros estados, ya que el país continúa viendo un aumento en los nuevos casos que se derivan de reuniones festivas que podrían continuar causando un aumento de casos hasta mediados de enero, indicaron los expertos.

En Connecticut, se administraron 123 mil 21 pruebas de COVID-19 durante el fin de semana, lo que resultó en 8 mil 129 casos positivos. La tasa de positividad del 6.61 por ciento es superior a cuando el estado veía tasas que oscilaban entre el 1 y el 2 por ciento durante el verano.

Se informaron setenta y ocho muertes por COVID-19 durante los tres días, y hay mil 183 pacientes hospitalizados con el virus en los hospitales de Connecticut.

Según las autoridades, desde que comenzó la pandemia, ha habido un total de 135 mil 844 casos confirmados de COVID-19 de 3 millones 536 mil 988 pruebas administradas en Connecticut.

Ha habido un total de 5 mil 224 personas que murieron a causa del virus en todo el Estado.

NORWALK.- Con el vencimiento de los beneficios federales y las empresas que temen otro cierre pandémico, más de 843 mil trabajadores de Connecticut anticipan un diciembre triste, ya que piensan que perderán ingresos, según nuevos datos del Censo de los Estados Unidos.

La última Household Pulse Survey, una iniciativa del censo en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), muestra una confianza abismal del consumidor, que podría deteriorar rápidamente la ya frágil economía de Connecticut en el nuevo año, de acuerdo con los expertos.

La encuesta entrevistó a trabajadores y desempleados a nivel nacional, del 11 al 23 de noviembre, sobre sus expectativas para el próximo mes, y encontró que 76 millones a nivel nacional y 843 mil en Connecticut, creen que ellos o alguien más que contribuya a su hogar perderá ingresos pronto.

La cifra de Connecticut representa aproximadamente 1 de cada 3 adultos o adolescentes en edad laboral.

Ya sea que muchos residentes finalmente pierdan los beneficios por desempleo, enfrenten recortes salariales o despidos, vean expirar el trabajo estacional o retrocedan fiscalmente no es tan importante, en este momento, como lo que piensan, según el economista Don Klepper-Smith de DataCore Partners.

Klepper-Smith, quien fue asesor económico en jefe a finales de la década de 2000 de la gobernadora M. Jodi Rell, dijo que la verdadera amenaza es un ajuste temeroso y excesivo del cinturón que podría paralizar las empresas que ya sufren desde que comenzó la pandemia en marzo.

“Lo que tenemos aquí es la evolución de la tormenta perfecta”, dijo, y agregó que el sólido desempeño del mercado de valores desde el verano no es suficiente para compensar la desaparición de la confianza del consumidor.

Parte de esa “tormenta perfecta” implica una serie de extensiones y mejoras federales a la base de 26 semanas de desempleo disponible para la mayoría de los desempleados en Connecticut.

Algunas extensiones ya han expirado y dos más, una que amplió los beneficios para incluir a los trabajadores independientes y una segunda que alargó la duración de la asistencia federal, desaparecen el 26 de diciembre.

Y con la pandemia entrando en su décimo mes en diciembre, más residentes de Connecticut agotan sus beneficios estatales cada semana.

Pero Carstensen, quien dirige el Centro de Análisis Económico de Connecticut, un grupo de expertos de la UConn, dijo que el vencimiento de la ayuda federal es solo la punta del iceberg.

Incluso si el presidente electo Joe Biden, el nuevo Congreso y la Reserva Federal toman medidas en enero para expandir un estímulo, eso podría no ser suficiente para convencer a los consumidores asustados de que abandonen sus recursos.

El Centro de Análisis Económico advirtió en un pronóstico de finales de octubre que Connecticut, ya se dirigía a problemas antes del coronavirus debido a inversiones inadecuadas en tecnología y transporte, probablemente tendría dificultades durante una década o más para deshacer el daño económico creado por la pandemia.

NEW HAVEN.- Poco antes de cumplir 24 años, a Jesús Morales Sánchez de New Haven, le diagnosticaron diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que requiere que tome insulina por el resto de su vida.

Pero en ese momento, estaba entre varios trabajos y no tenía seguro médico, por lo que el medicamento le costaría varios cientos de dólares que no tenía.

Fue entonces cuando Sánchez pudo obtener insulina a bajo precio a través del programa federal 340B Drug Pricing Program.

“El programa 340B literalmente me salvó la vida y fue capaz de darme un trampolín para que pudiera volver a mi vida diaria. Con el tiempo pude conseguir un trabajo y pude obtener un seguro médico y pagar mis medicamentos una vez más”, agregó el hispano.

El 340B Drug Pricing Program se creó como una red de seguridad para ayudar a los pacientes de bajos ingresos y sin seguro médico a pagar los medicamentos.

Requiere que los fabricantes de medicamentos que participan en Medicaid vendan medicamentos para pacientes ambulatorios a precios con descuento a hospitales, centros de salud comunitarios, clínicas y otros sitios de salud elegibles.

Pero este otoño, varios fabricantes de medicamentos que proporcionan una gran cantidad de medicamentos para enfermedades crónicas en los Estados Unidos imponen restricciones sobre los tipos de sitios de salud que atenderán y los tipos de medicamentos que proporcionarán, ya que exigen una supervisión más estricta del programa y datos de reclamos adicionales.

Los residentes de Connecticut y los proveedores de salud dicen que esto dejará a muchas personas con menos opciones para pagar los medicamentos necesarios, incluso cuando la pandemia continúa y las personas con afecciones de salud subyacentes continúan teniendo un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID-19.

“En medio de una pandemia, los medicamentos con descuento para las personas que no tienen seguro deben proporcionarse absolutamente en mayores cantidades”, declaró el senador federal Richard Blumenthal, quien agregó que “lo que las compañías farmacéuticas están haciendo aquí es absolutamente inconcebible e inaceptable”.

Los hospitales, centros de salud, médicos y farmacias elegibles deben ser aprobados individualmente por el programa federal antes de que puedan vender medicamentos con descuento a los pacientes.

La doctora Laura Nally, endocrinóloga pediátrica de Yale New Haven Health y Yale Medicine, es una prescriptora aprobada.

Ella dijo que los proveedores no suelen recibir notificaciones con anticipación cuando hay cambios en la participación de las empresas farmacéuticas.

“Primero nos dimos cuenta de que había un problema cuando recibíamos llamadas de pacientes que usaban el programa 340B y decían: ‘Ya no puedo obtener mi insulina en la farmacia’”, señaló.

Sabrina Griswold, directora de farmacia de First Choice Health Centers, con sede en East Hartford, dijo que este puede ser un cambio drástico para los pacientes y sus familias que impacta negativamente en su calidad de vida en general.

Nally y Griswold dijeron que las nuevas restricciones y demandas de los fabricantes de medicamentos han dejado tanto a los proveedores como a los pacientes luchando por encontrar otras soluciones asequibles.

“Mucha gente no sabrá qué hacer y no sabrá a quién llamar o cómo navegar por este complicado sistema. Por eso creo que todos nosotros, los profesionales médicos y las farmacias, estamos sometidos a mucha presión para intentar ayudar a comunicar dónde pueden ir los pacientes. Creo que va a ser muy difícil”, finalizó Nally.

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que Connecticut se ha convertido en el primer Estado de la nación en exigir que todas las escuelas secundarias ofrezcan cursos sobre estudios afroamericanos y latinos.

El requisito es el resultado de una ley que el gobernador Lamont firmó el año pasado (Public Act 19-12) que ordena a todas las juntas de educación regionales y locales que incluyan un curso electivo de estudios a nivel de escuela secundaria, que brinde a los estudiantes una mejor comprensión de las contribuciones de los afroamericanos y latinos a la historia, la sociedad, la economía y la cultura de los Estados Unidos.

La semana pasada, la Junta de Educación del estado de Connecticut aprobó por unanimidad el plan de estudios del curso, que era un paso final necesario para implementar el requisito.

Las escuelas secundarias pueden ofrecer el curso en el período 2021-2022 y deberán ofrecerlo durante el año escolar que comienza en el otoño de 2022.

“Incrementar la diversidad de lo que enseñamos es fundamental para brindarles a los estudiantes una mejor comprensión de quiénes somos como sociedad y hacia dónde vamos”, declaró Lamont.

“Agregar este curso en nuestras escuelas secundarias será un beneficio enorme no solo para nuestros estudiantes afroamericanos y latinos, sino también para los estudiantes de todos los orígenes porque todos pueden beneficiarse de estos estudios. Este es un paso que se debió hacer desde hace mucho tiempo, y aplaudo el trabajo de la Asamblea General, la Junta de Educación del Estado y todos en el Centro de Recursos Educativos del Estado, cuyo trabajo colaborativo ayudó a lograrlo”, agregó el Gobernador.

Por su parte, el comisionado de Educación, Miguel Cardona, comentó que “las identidades importan, especialmente cuando el 27 por ciento de nuestros estudiantes se identifican como hispanos o latinos y el 13 por ciento se identifica como afroamericano. Este plan de estudios reconoce eso al conectar la historia de las personas de color en los Estados Unidos con la historia más amplia de la historia de nuestra nación”.

Cardona agregó que “el hecho es que el contenido más inclusivo y culturalmente relevante en las aulas conduce a una mayor participación de los estudiantes y mejores resultados para todos”.

El plan de estudios adoptado se centra en un enfoque basado en la investigación de dos vertientes, que incluye tanto el conocimiento del contenido como el desarrollo de la identidad del estudiante.

Utiliza los temas del Connecticut’s Social Studies Framework y el enfoque basado en la investigación ya familiar para los maestros de estudios sociales para brindar una experiencia de aprendizaje rica en contenido y personalizada.

El Departamento de Educación del estado de Connecticut se asoció con el Centro de Recursos Educativos del Estado (SERC) para desarrollar el plan de estudios.

El proceso de desarrollo fue guiado por un grupo asesor de 150 miembros compuesto por educadores, administradores, profesores y académicos de educación superior, investigadores e historiadores nacionales, representantes de organizaciones educativas y comunitarias, y estudios y familias.

El grupo se organizó en nueve comités con tareas específicas. El trabajo de cada comité fue facilitado por un enlace SERC para asegurar una comunicación fluida y un flujo de trabajo entre los comités.

Además, se convocó a un panel de revisión de expertos, compuesto por diez expertos a nivel nacional y estatal para revisar los entregables del curso a medida que se desarrollaban y proporcionar comentarios y recursos críticos. Otras oportunidades para la participación de las partes interesadas incluyeron proporcionar comentarios a través de encuestas y grupos focales.