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Trabajadores protestan por órdenes de suspensión de trabajos y salarios atrasados ​​

NORWALK.- Cerca de 50 trabajadores sindicales y funcionarios locales se reunieron en Oak Grove para denunciar “graves violaciones laborales” por parte de subcontratistas en un proyecto de vivienda pública supervisado por la Autoridad de Vivienda de Norwalk.

La protesta, organizada por el Consejo de Gremios de la Construcción de Connecticut y liderada por el Consejo de Distrito 11 de la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT), se centró en las prácticas de los subcontratistas que trabajan para AP Construction, el contratista general del proyecto financiado con fondos públicos.

Los manifestantes denunciaron acusaciones de falsificación de nóminas, impago de indemnizaciones laborales y más de 380 mil dólares en salarios atrasados y multas a varias empresas.

Los trabajadores marcharon por la urbanización con carteles que decían “Un sindicato, una familia, una lucha” y “La IUPAT lucha por los trabajadores”.

El Departamento de Trabajo de Connecticut ha emitido dos órdenes de suspensión de obras relacionadas con infracciones en el sitio, y se informó que un contratista reanudó el trabajo desafiando la orden.

“Pusieron los carteles. Recibimos las órdenes de suspensión de obras. ¿Qué hicieron? Las derribaron”, dijo Ed Hawthorne, presidente de la Federación Americana del Trabajo – Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de Connecticut.

Varios funcionarios municipales y estatales se solidarizaron con los sindicatos, incluyendo al senador estatal Bob Duff, el alcalde Harry Rilling y la presidenta del Comité de Uso de Suelo y Gestión de Edificios del Consejo Común, Barbara Smyth.

Todos ellos expresaron su apoyo a los convenios colectivos del proyecto y destacaron la importancia de garantizar salarios dignos y condiciones laborales justas para los trabajadores.

El representante de la Autoridad de Vivienda, Adam Bovilsky, reconoció las violaciones y expresó su apoyo a los trabajadores.

“Nuestros contratos estipulan que todos los subcontratistas deben pagar el salario vigente. No somos sus enemigos. Queremos construir viviendas para que todos los que trabajan en esta comunidad puedan vivir en ella”, agregó Bovilsky.

El senador estatal Jorge Cabrera cerró el mitin con un llamado a la unidad, destacando que todos los trabajadores merecen ser tratados con dignidad y respeto.

“No importa nuestra apariencia, no importa de dónde venimos. Todos queremos lo mismo. Nos apoyamos mutuamente. Luchamos unos por otros, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí”, señaló el legislador.

Los manifestantes finalizaron el evento con una foto de grupo frente a las casas recién construidas, con los puños en alto y carteles en alto.

 

 

Capacitación gratuita en primeros auxilios para la salud mental

STAMFORD.-  La Stamford Youth Mental Health Alliance ofrecerá una sesión presencial y gratuita de capacitación en salud mental el viernes 30 de mayo, destinada a ayudar a los adultos a brindar un mejor apoyo a los jóvenes que enfrentan desafíos de salud mental.

La capacitación forma parte del Mes de la Concientización sobre la Salud Mental.

El curso de Primeros Auxilios para la Salud Mental Juvenil, de un día de duración, está diseñado para padres, educadores, entrenadores y otras personas que trabajan estrechamente con los jóvenes.

Se impartirá de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde en Park 215, ubicado en 215 Stillwater Avenue, en Stamford. Se ofrecerá almuerzo, de acuerdo con los promotores.

La capacitación enseña a los participantes a identificar y responder a problemas comunes de salud mental en niños y adolescentes.

Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes.

A medida que aumentan las preocupaciones sobre la salud mental entre los jóvenes, las iniciativas comunitarias para ampliar el acceso a recursos y apoyo cobran cada vez mayor importancia.

El evento está patrocinado por la La Stamford Youth Mental Health Alliance, una red de más de 35 organizaciones locales dedicadas a mejorar los servicios de salud mental para jóvenes.

La alianza trabaja para aumentar la comprensión, la accesibilidad y la inclusión en la atención de salud mental juvenil en toda el área de Stamford.

Los organizadores manifestaron que el cupo para la capacitación es limitado. Los interesados ​​pueden inscribirse enviando un correo electrónico a youthmentalhealthct@gmail.com.

Para obtener más información y una lista de recursos en la zona, pueden ingresar a la web https://www.stamfordyouthmentalhealthalliance.org.

 

 

Mientras Trump suspende el programa de refugiados, organizaciones de CT luchan por brindar servicios

NEW HAVEN.- A Rajabi (nombre ficticio), su esposa y sus cinco hijos les tomó tres años de trámites y verificación obtener el estatus de refugiado que le permitió venir a los Estados Unidos desde Afganistán, donde trabajaba en la construcción para la embajada estadounidense.

Pero casi no llegan a su nuevo hogar en New Haven.

Rajabi y su familia forman parte de un grupo de refugiados, ya verificados, que han llegado a los Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en enero, que suspendió la admisión de refugiados durante 90 días mientras las autoridades federales consideran el futuro del programa de refugiados del país, que lleva décadas en funcionamiento.

“No esperábamos que recortaran todos los beneficios”, dijo Rajabi, hablando a través de un intérprete. Pidió no ser identificado por su nombre completo porque aún tiene familiares en Afganistán que teme que puedan ser blanco de los talibanes.

Más de 100 días después del inicio de la nueva administración, las tres organizaciones sin fines de lucro encargadas por el gobierno federal de reasentar refugiados en Connecticut afirman que la pausa continúa y que el futuro de cada una es incierto.

Las tres afirmaron haber experimentado una drástica caída en sus presupuestos (millones de dólares en fondos federales previstos se evaporaron de la noche a la mañana) cuando la administración suspendió los reasentamientos de refugiados. Ahora, mientras la administración Trump evalúa cómo reestructurará el programa nacional de refugiados, las organizaciones sin fines de lucro evalúan su propio futuro.

“Está trastocando todo”, dijo Maggie Mitchell Salem, directora ejecutiva de Servicios Integrados para Refugiados e Inmigrantes (IRIS), la mayor organización de reasentamiento de Connecticut.

Desde enero, Salem afirmó que IRIS ha perdido cerca de 40 empleados por despidos o bajas, lo que le ha dejado con una plantilla de 60 personas. También ha cerrado oficinas en New Haven y Hartford, así como un almacén en Hartford donde almacenaba muebles para las familias de refugiados que llegaban, según Salem, adoptando en su lugar un modelo de trabajo híbrido.

“El manual de 2017 es irrelevante”, declaró Salem, recordando el primer mandato de Trump.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que está “evaluando continuamente todos nuestros programas para garantizar la alineación estratégica con las prioridades políticas de la Administración ‘America First’ y que cumplirá con todas las órdenes judiciales pertinentes”.

Al ser preguntado sobre un informe que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos deben presentar a la Casa Blanca sobre el futuro del programa de refugiados, el Departamento de Estado afirmó que no comenta sobre “deliberaciones internas e interinstitucionales”.

Para Rajabi y su familia, el proceso de asilo comenzó en 2022. El año pasado se mudaron a Pakistán, donde se procesaron sus solicitudes de visa. Luego llegó la incertidumbre de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, seguidas de las órdenes de suspensión de trabajos y los recortes de programas de Trump.

Durante un tiempo, comentó Rajabi, su familia no sabía qué pasaría. Entonces, un amigo en los Estados Unidos le dijo: “Reserva tus boletos. Ven aquí. Encontraremos la manera”.

Cuando finalmente llegaron a Connecticut, comentó Rajabi, al principio no recibieron toda la ayuda que esperaban.

Los refugiados son una pequeña fracción de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos cada año. Se definen en el derecho estadounidense e internacional como personas que tuvieron que huir de su país de origen por temor a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

El ejército estadounidense se retiró de Afganistán en agosto de 2021 tras una guerra de 20 años que se cobró la vida de más de 2 mil 400 estadounidenses, cediendo el país a militantes talibanes de línea dura. Desde entonces, decenas de miles de afganos han llegado a Estados Unidos, muchos de los cuales trabajaron con la coalición liderada por los Estados Unidos durante la guerra.

Muchos llegaron a través del programa de refugiados, mientras que otros lo hicieron mediante programas especiales establecidos por el Congreso.

El Departamento de Estado y la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos solían contratar a 10 organizaciones nacionales sin fines de lucro para reasentar refugiados en todo el país. Esas 10 organizaciones, a su vez, subcontrataban a docenas de filiales locales.

En Connecticut, las filiales locales eran IRIS, en Hartford y New Haven; Servicios Familiares Judíos (JFS), en Greenwich; y el Instituto de Connecticut para Refugiados e Inmigrantes (CIRI), en Bridgeport.

 

 

Peligrosa tendencia en redes sociales se infiltra en escuelas

NEW HAVEN.- Autoridades escolares y de bomberos advirtieron a los padres sobre una peligrosa tendencia en TikTok, en la que estudiantes introducen objetos como clips y pushpins en sus Chromebooks para provocar un cortocircuito.

El superintendente de Rocky Hill, Mark Zito, afirmó haber sido informado por tres distritos escolares vecinos sobre esta tendencia.

La semana pasada, la Newington High School tuvo que ser evacuada tras el incendio de una computadora portátil.

El superintendente cree que el incendio fue causado por esta tendencia cuando un estudiante intentó grabar un video instructivo.

Según el jefe de bomberos de Rocky Hill, la Cromwell High School fue evacuada esta semana por el mismo problema.

“Recibimos un aviso de tres distritos escolares vecinos sobre una tendencia en TikTok que incita a los estudiantes a provocar cortocircuitos eléctricos en sus Chromebooks insertando objetos como clips, grafito de lápiz, pushpins, envoltorios de chicles metálicos doblados, papel de aluminio, entre otros, en el puerto USB. Esta acción puede provocar chispas o perforar la batería de litio del dispositivo y supone un grave riesgo de incendio”, declaró el superintendente Zito.

Una escuela en Derby también se vio obligada a evacuar debido a esta tendencia.

El superintendente de las escuelas de Cromwell afirmó que se está investigando la causa exacta, pero cree que algunos estudiantes participaron en la tendencia.

El superintendente Zito afirmó que el personal ha sido informado de la tendencia y está atento a cualquier persona que inserte dispositivos extraños en una Chromebook, retire teclas del teclado a la fuerza o manipule un dispositivo de cualquier otra forma.

También se ha puesto en contacto con la policía y los bomberos locales.

“En cuanto recibí el correo electrónico, mi primera preocupación fue qué pasaría si mi hija hiciera lo mismo y su Chromebook se incendiara”, dijo Raja Lasma Has, madre de familia en Rocky Hill.

Las autoridades escolares afirmaron que participar en esta tendencia podría conllevar cargos por vandalismo e incendio provocado.

Zito afirmó que cualquier estudiante que participe en esta tendencia enfrentará cargos penales y consecuencias significativas en la escuela, incluyendo suspensión o expulsión.

Animó a los padres a hablar con sus hijos sobre los peligros y las consecuencias de esta tendencia.

“Definitivamente hablamos de ello con ella, pero lo hacemos con todas las tendencias de TikTok. Y también sigo sus redes sociales con mucha atención”, expresó Kathleen Harding, madre de familia.

saEl superintendente de Bristol también envió una advertencia proactiva tras enterarse de los incidentes en otras escuelas.

El superintendente de Cromwell añadió que habrá consecuencias tanto de la escuela como de la policía para los estudiantes responsables del incendio del lunes pasado.

 

 

Administración Trump pagará a indocumentados para que se autodeporten

STAMFORD.- En una controvertida medida para abordar la inmigración indocumentada, la administración del presidente Donald Trump anunció incentivos financieros para que las personas que residen en los Estados Unidos sin estatus legal abandonen el país voluntariamente.

Esta iniciativa representa la última fase de los esfuerzos del presidente Donald Trump para mejorar la aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló esta semana que quienes utilicen la aplicación CBP Home para la autodeportación pueden recibir un estipendio de mil dólares.

“Incluso con el costo del estipendio, se proyecta que el uso de CBP Home reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%”, declaró el DHS, señalando que actualmente, el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a un inmigrante indocumentado es de 17 mil 121 dólares.

“Si se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de los Estados Unidos y evitar un arresto”, declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.

“El DHS ahora ofrece a los inmigrantes indocumentados asistencia financiera para viajes y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home”, agregó la funcionaria.

 

 

Escuelas públicas buscan restringir acceso de estudiantes a YouTube

GREENWICH.- Hace más de un mes, los estudiantes de primaria de las escuelas públicas de Greenwich perdieron el acceso a YouTube en los dispositivos proporcionados por la escuela.

La superintendente Toni Jones explicó que esta decisión se tomó después de que surgieran “problemas con estudiantes que veían videos que no eran necesarios para el aprendizaje del contenido de su grado”.

“Directores y padres nos habían pedido que lo desactiváramos, ya que no es necesario para el aprendizaje en preescolar a quinto grado”, explicó.

Con la decisión de limitar el acceso a YouTube, Greenwich se unió a los distritos escolares de todo el Estado en la supervisión del acceso de los estudiantes a los videos en la plataforma.

Las políticas varían según el distrito: algunos prohíben por completo el acceso a YouTube a ciertos grados, mientras que otros restringen el contenido que pueden ver grupos de edad específicos.

Algunos distritos escolares, como las escuelas públicas de Milford y Norwalk, utilizan el modo restringido de YouTube para controlar el acceso de los estudiantes.

“Esto garantiza un entorno en línea más seguro filtrando contenido que pueda incluir lenguaje explícito, violencia o material considerado inapropiado para menores, según los algoritmos de YouTube“, según un comunicado de las autoridades escolares de Norwalk.

“Los estudiantes solo pueden ver videos ‘aprobados’ y no pueden ver los comentarios”, agregó el escrito.

Emily Flamme, coordinadora de comunicaciones de Milford, explicó que su distrito también utiliza un filtro web llamado Securly para regular el acceso de los estudiantes a plataformas en línea, como YouTube.

Otros distritos también utilizan filtros web para regular lo que los estudiantes pueden ver en plataformas en línea, como YouTube.

En Ridgefield, la superintendente Susie Da Silva explicó que utilizan Go Guardian, que ayuda a restringir el contenido de YouTube de forma “aplicable” a cada grado.

Añadió que los estudiantes de kínder a tercer grado no cuentan con un dispositivo propio proporcionado por el distrito, por lo que “las Chromebooks solo se utilizan en ciertas situaciones bajo la supervisión directa del maestro”.

Los estudiantes de cuarto a octavo grado cuentan con un dispositivo proporcionado por el distrito y pueden llevarlo a casa para realizar sus tareas escolares. Sin embargo, “todo el filtrado, incluido el de contenido de YouTube, continúa fuera del distrito escolar y en el dispositivo”, dijo Da Silva.

Una vez que los estudiantes ingresan a la preparatoria, pueden elegir entre usar un dispositivo del distrito o el suyo propio.

Por lo tanto, “todo el filtrado, incluido el de contenido de YouTube, continúa en la propiedad escolar; sin embargo, fuera de ella, los estudiantes pueden acceder al contenido con su propio dispositivo”, explicó Da Silva.

 

¿Cómo afectan las políticas a los docentes?

Algunos distritos, como Westport y Meriden, basan sus políticas de YouTube en las de Google, ya que es ahí donde se encuentran sus cuentas escolares.

Debido a las normas de Google, Natalie Carrignan, directora de tecnología de Westport, explicó que los docentes del distrito han tenido que cumplir con diversas políticas en lo que respecta a la revisión de videos de YouTube en clase.

“En ocasiones, escuchamos la frustración de algunos docentes porque las cosas no son tan fáciles como antes, o como desearían que fueran”, dijo Carrignan.

“Sin embargo, ningún líder educativo ha reportado que los docentes no puedan impartir la instrucción o cumplir con los objetivos curriculares”, agregó.

Sin embargo, a partir de este invierno, Carrignan comentó que Westport se enteró de que Google confirmó en una reunión con líderes tecnológicos de Connecticut que “los profesores ahora pueden insertar un enlace de YouTube directamente en una tarea de Google Classroom, y los estudiantes solo verán ese video específico”.

“Alternativamente, los profesores pueden insertar el video directamente en presentaciones de Google y configurar los permisos para que los estudiantes solo puedan ver ese contenido”, explicó.

Los profesores de Meriden, al igual que los de Westport, han tenido que “adaptar sus prácticas a medida que cambian los requisitos tecnológicos”, explicó Susan Moore, directora de tecnología educativa y currículo de las escuelas públicas de Meriden.

 

 

Policía de CT emplea rastreo GPS en forma de dardos para perseguir autos, algunos cuestionan su validez legal

NEWINGTON.-  Un dardo voló en la oscuridad de la madrugada y alcanzó su objetivo: la parte trasera de un Hyundai Sonata 2009 vinculado a robos en comercios desde Enfield hasta West Hartford.

No se trataba del típico dardo. Era un dispositivo GPS que permitió a la policía de Newington rastrear y, finalmente, arrestar a dos sospechosos en New Britain sin tener que perseguirlos.

Los arrestos del agente Daniel Pekoske de Newington el mes pasado ilustran por qué las fuerzas del orden están invirtiendo en los lanzadores GPS. Permiten a los agentes encontrar y arrestar a sospechosos sin tener que perseguirlos en persecuciones peligrosas, y a veces mortales, a alta velocidad.

El Departamento de Policía de Newington compró ocho lanzadores GPS hace unos años, según el teniente Scott Amalfi. Los dispositivos ayudaron a los agentes a realizar al menos media docena de arrestos.

Wethersfield tiene seis, que contribuyeron a unos nueve arrestos, uno de ellos el año pasado, el de un hombre que se encontraba en un auto robado. Hartford tiene dos, y la policía estatal de Connecticut tiene 30 pedidos, de acuerdo con el sargento Luke Davis.

“Espero tenerlos listos para este verano. Los dispositivos se desplegarán en todo el estado”, indicó Davis.

Sin embargo, algunos se oponen a los dispositivos, argumentando que violan la privacidad de las personas y que pueden ser fácilmente mal utilizados.

Un proyecto de ley que incluía una propuesta para establecer un programa piloto que instalaría unidades GPS en patrullas de tres departamentos fue rechazado en un comité legislativo el mes pasado.

Los “dardos” son unidades GPS cilíndricas, o etiquetas de rastreo, que caben en la mano. Impulsados ​​por aire comprimido, los que se encuentran en lanzadores de vehículos se disparan desde contenedores con tapas, fijados a la parrilla del vehículo. Un adhesivo permite que se adhieran a la parte trasera del vehículo en fuga.

Los lanzadores portátiles tienen la forma de una pistola grande, con un color brillante en el centro para distinguirlos de un arma de fuego, según el sitio web del fabricante, StarChase.

Las etiquetas rastrean los movimientos del vehículo que huye y envían actualizaciones cada 3 a 5 segundos, según StarChase.

Tras detener el vehículo infractor, el dispositivo se retira y se devuelve a la empresa, que envía otro a la agencia policial, explicó Pekoske.

Cinco de los lanzadores encargados por la policía estatal son portátiles, al igual que los dos de Hartford, según Davis y el teniente Aaron Boisvert, de Hartford, respectivamente.

Independientemente de cómo se lance, quienes se oponen afirman que instalar un GPS en un vehículo es una invasión de la privacidad.

“Ampliar los poderes policiales de esta manera no solo invita al abuso, sino que profundiza la desconfianza que las comunidades ya sienten hacia las fuerzas del orden”, declaró Chelsea-Infinity González, directora de políticas públicas y defensa de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut.

“Otorgar a la policía la autoridad para instalar rastreadores GPS en los vehículos de las personas sin orden judicial plantea serias preocupaciones sobre las libertades civiles. Deberíamos proteger la privacidad y los derechos de las personas, no crear nuevas vías para la vigilancia sin control”, agregó Infinity González.

Los abogados de Connecticut también han determinado que no se necesita una orden judicial cuando existe una necesidad inmediata de intervención policial, como durante una persecución.

 

 

Defensores de inmigrantes y Gobernador reafirman su compromiso con la protección de los inmigrantes

NEW HAVEN.- Defensores y expertos en inmigración se reunieron en el Capitolio el miércoles pasado para una mesa redonda convocada por la Commission on Women, Children, Seniors, Equity & Opportunity del Estado.

Contó con más de una docena de ponentes y se abordaron temas que abarcaron desde los derechos de los estudiantes internacionales hasta la Trust Act, y cómo los trabajadores inmigrantes podían presentar denuncias por discriminación en la vivienda y el empleo sin poner en riesgo su estatus.

El panel comenzó con un discurso de tres minutos del gobernador Ned Lamont que, para quienes lo han escuchado hablar sobre el tema en los últimos meses, probablemente les resulte familiar.

“Connecticut es un lugar seguro. Quiero que la gente se sienta segura aquí. Quiero que la gente se sienta bienvenida aquí y quiero asegurarme de que nuestros niños se sientan seguros al ir a la escuela”, declaró el Gobernador.

Cheryl Sharp dirige la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut, una agencia contra la discriminación.

Sharp afirmó que la población inmigrante del Estado duda en usar servicios como el suyo porque no quieren arriesgarse a ser deportados.

En respuesta al creciente temor, su organización ofrece videollamadas para quienes temen reunirse en persona y ha reafirmado que no reportarán su estatus migratorio a los funcionarios de inmigración.

“Lo más triste para nosotros es que las personas más vulnerables de nuestra población tienen miedo de presentarse para buscar la reparación a la que tienen derecho”, expresó Sharp.

Un estudio de 2023 de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation, que encuestó a más de 3 mil inmigrantes, reveló que más de la mitad de los participantes afeoamericanos e hispanos afirmaron haber sufrido discriminación laboral.

Durante el debate también se mencionó a los 53 estudiantes universitarios internacionales en Connecticut que forman parte de una demanda colectiva contra la administración Trump por la cancelación de sus visas de estudiante.

El martes, un juez federal dictaminó que se les debía restituir su estatus F1.

Dana Bucin es una abogada de inmigración que representa a los estudiantes.

“Este es un excelente ejemplo de cómo vale la pena ejercer sus derechos en un tribunal federal de distrito, porque funciona. El poder judicial federal sigue funcionando y protegerá nuestros derechos bajo las leyes de la Constitución”, dijo Bucin.

La abogada afirmó que los estudiantes aún no están a salvo, se les ha restablecido su estatus migratorio, pero algunas de sus visas no. Sin embargo, una orden judicial temporal ha impedido su deportación.

Según el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), hasta el 29 de abril, la división había arrestado a más de 66 mil inmigrantes y deportado a más de 65 mil.

“Eso incluye a 2 mil 288 pandilleros del Tren de Aragua, la MS-13, la pandilla de la Calle 18 y otras pandillas. Además, 1,329 fueron acusados ​​o condenados por delitos sexuales, y 498 fueron acusados ​​o condenados por asesinato”, declaró el martes pasado el director interino de ICE, Todd Lyons.

La Trust Act de Connecticut prohíbe a las fuerzas del orden comunicarse con el ICE. Algunos legisladores estatales quieren actualizar la ley en esta sesión, una idea que contó con un amplio apoyo de los miembros del panel el miércoles pasado.

 

 

Funcionarios advierten que recortes en financiación de salud pública agravarán las disparidades

HARTFORD.- Una mesa redonda sobre el impacto de las reducciones en la financiación federal para la salud pública generó numerosos ejemplos el viernes pasado.

Connecticut ya ha visto casi 150 millones de dólares en subvenciones federales de salud pública canceladas por la administración Trump, y la pérdida de fondos ya se siente en todo el Estado.

“Muchos de nuestros departamentos de salud locales tuvieron que despedir personal, entre ellos, epidemiólogos, trabajadores de salud comunitarios, enfermeras y personal en clínicas de vacunación. La lista es interminable”, declaró la doctora Manisha Juthani, comisionada del Departamento de Salud Pública.

La mesa redonda, organizada por la Comisión de Equidad Racial en Salud Pública, contó con la participación de expertos en salud y funcionarios electos.

Juthani indicó que el Departamento recibió órdenes de suspensión de seis subvenciones el 24 de marzo pasado.

Un área afectada por los recortes de financiación es el sistema de gestión de información de laboratorio del Estado, señaló.

El Departamento se encontraba en las etapas finales de la construcción de un sistema para agilizar el intercambio de datos entre los tres componentes principales del laboratorio de salud pública del Estado.

Un ejemplo de cómo esto se traduce en la ciudadanía es su impacto en los recién nacidos. Actualmente, los recién nacidos reciben más de 60 pruebas genéticas al nacer para detectar diversos problemas de salud. Estos resultados se envían por fax, y el departamento esperaba reemplazar ese proceso anticuado con un sistema automatizado e informatizado. Sin embargo, ese trabajo se ha detenido.

Juthani también indicó que se han suspendido 43 contratos del Departamento de Salud Pública con departamentos de salud locales.

Joanne Borduas, directora ejecutiva del Centro de Salud y Bienestar Comunitario, que presta servicios en Torrington, Winsted y North Canaan, habló sobre el impacto de la pérdida de personal en las comunidades rurales.

“No es solo un problema, sino que ha llegado a un punto crítico. No podemos contratar proveedores. Si no tenemos proveedores ni personal, no podemos brindar acceso en las zonas más vulnerables de nuestro estado”, agregó Borduas.

Otro programa que cesó sus operaciones es el programa Puente Familiar, que brindaba servicios a familias con recién nacidos en el área de Bridgeport, incluyendo visitas domiciliarias de enfermeras.

El doctor Jeffrey Hines, director de diversidad de UConn Health, afirmó que la pérdida de la atención a largo plazo para las mujeres que dan a luz, en particular las mujeres afroamericanas, generó numerosos problemas.

“Ya conocemos la crisis en la que nos encontramos con la morbilidad y mortalidad materna en la población de color. Pero creo que si analizamos la mala nutrición, las enfermedades hipertensivas entre las mujeres afroamericanas y las enfermedades diabéticas, esas disparidades aumentarán significativamente”, declaró.

La directora de Salud de New Haven, Maritza Bond, indicó que su ciudad había perdido una subvención de 7 millones de dólares para reducir el envenenamiento por plomo y también había sufrido recortes en los fondos destinados a reducir las muertes por sobredosis de drogas.

“Independientemente de su raza o etnia, quienes viven por debajo del umbral de pobreza se verán afectados y las disparidades seguirán agravándose si perdemos estos fondos”, afirmó.

La representante estatal Jillian Gilchrest, demócrata por West Hartford y copresidenta del Comité de Salud Pública, calificó la pérdida de fondos como preocupante, pero afirmó que no perdería la esperanza de que la gente reconozca el importante papel que desempeña el gobierno en la salud pública, especialmente a la luz de la reciente pandemia de COVID-19.

“Creo que muchos de nosotros reconocemos el papel del gobierno incluso en estos tiempos difíciles”, afirmó.

Sin embargo, añadió que eliminar las disparidades raciales en la atención médica era esencialmente un esfuerzo por la diversidad, la equidad y la inclusión.

Y con los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) bajo presión, desafortunadamente, creo que veremos un aumento en las disparidades raciales durante este período”, finalizó Gilchrest.

 

 

Casi 1,000 casos reportados de sarampión en EEUU

NORWALK.- El sarampión está experimentando un preocupante regreso en los Estados Unidos y se está propagando a un ritmo que las autoridades sanitarias no han visto en años.

Un total de 935 casos confirmados de sarampión han sido reportados a los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) por 30 estados y jurisdicciones, más del triple de la cifra reportada en todo 2024, según el último informe de la agencia.

En lo que va de año, se han reportado al menos 12 brotes (tres o más casos relacionados). Un alarmante 93% de los casos (869 de 935) están relacionados con los brotes, según los CDC.

En comparación, en 2024 se registraron 285 casos y 16 brotes, de los cuales solo el 69% estuvieron relacionados con los brotes.

A continuación, se presenta un desglose de los casos confirmados de sarampión por grupo de edad:

– Niños menores de 5 años: 285 casos (30%);

– Niños y adolescentes de 5 a 19 años: 353 casos (38%);

– Adultos de 20 años o más: 284 casos (30%);

– Edades desconocidas: 13 casos (1%).

El 96% de los casos reportados no estaban vacunados o su estado de vacunación era desconocido.

Solo el 2% había recibido una dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), y otro 2% había recibido dos dosis.

Los CDC confirmaron tres muertes por sarampión en 2025.

Los estados que han reportado casos de sarampión son Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, New Mexico, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, y Washington.

Hasta ahora, Connecticut aún no ha reportado casos de sarampión, sin embargo, las autoridades siguen de cerca este brote.

El sarampión se propaga fácilmente a través de la tos y los estornudos.

Los síntomas suelen comenzar con fiebre, goteo nasal, enrojecimiento ocular y tos, seguidos de una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, según informaron las autoridades sanitarias.

Una persona puede ser contagiosa cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y hasta cuatro días después.

El sarampión se consideraba erradicado en los Estados Unidos, pero las autoridades sanitarias advierten que la disminución de las tasas de vacunación podría provocar más brotes y más muertes prevenibles.

El informe completo de los CDC se puede consultar en la web https://www.cdc.gov/measles/data-research/index.html.