NEW HAVEN.- Defensores y expertos en inmigración se reunieron en el Capitolio el miércoles pasado para una mesa redonda convocada por la Commission on Women, Children, Seniors, Equity & Opportunity del Estado.
Contó con más de una docena de ponentes y se abordaron temas que abarcaron desde los derechos de los estudiantes internacionales hasta la Trust Act, y cómo los trabajadores inmigrantes podían presentar denuncias por discriminación en la vivienda y el empleo sin poner en riesgo su estatus.
El panel comenzó con un discurso de tres minutos del gobernador Ned Lamont que, para quienes lo han escuchado hablar sobre el tema en los últimos meses, probablemente les resulte familiar.
“Connecticut es un lugar seguro. Quiero que la gente se sienta segura aquí. Quiero que la gente se sienta bienvenida aquí y quiero asegurarme de que nuestros niños se sientan seguros al ir a la escuela”, declaró el Gobernador.
Cheryl Sharp dirige la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut, una agencia contra la discriminación.
Sharp afirmó que la población inmigrante del Estado duda en usar servicios como el suyo porque no quieren arriesgarse a ser deportados.
En respuesta al creciente temor, su organización ofrece videollamadas para quienes temen reunirse en persona y ha reafirmado que no reportarán su estatus migratorio a los funcionarios de inmigración.
“Lo más triste para nosotros es que las personas más vulnerables de nuestra población tienen miedo de presentarse para buscar la reparación a la que tienen derecho”, expresó Sharp.
Un estudio de 2023 de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation, que encuestó a más de 3 mil inmigrantes, reveló que más de la mitad de los participantes afeoamericanos e hispanos afirmaron haber sufrido discriminación laboral.
Durante el debate también se mencionó a los 53 estudiantes universitarios internacionales en Connecticut que forman parte de una demanda colectiva contra la administración Trump por la cancelación de sus visas de estudiante.
El martes, un juez federal dictaminó que se les debía restituir su estatus F1.
Dana Bucin es una abogada de inmigración que representa a los estudiantes.
“Este es un excelente ejemplo de cómo vale la pena ejercer sus derechos en un tribunal federal de distrito, porque funciona. El poder judicial federal sigue funcionando y protegerá nuestros derechos bajo las leyes de la Constitución”, dijo Bucin.
La abogada afirmó que los estudiantes aún no están a salvo, se les ha restablecido su estatus migratorio, pero algunas de sus visas no. Sin embargo, una orden judicial temporal ha impedido su deportación.
Según el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), hasta el 29 de abril, la división había arrestado a más de 66 mil inmigrantes y deportado a más de 65 mil.
“Eso incluye a 2 mil 288 pandilleros del Tren de Aragua, la MS-13, la pandilla de la Calle 18 y otras pandillas. Además, 1,329 fueron acusados o condenados por delitos sexuales, y 498 fueron acusados o condenados por asesinato”, declaró el martes pasado el director interino de ICE, Todd Lyons.
La Trust Act de Connecticut prohíbe a las fuerzas del orden comunicarse con el ICE. Algunos legisladores estatales quieren actualizar la ley en esta sesión, una idea que contó con un amplio apoyo de los miembros del panel el miércoles pasado.
