NEW HAVEN.- Connecticut y Massachusetts trabajaron juntos al principio de la pandemia de coronavirus para instituir restricciones similares para mantener seguros a sus residentes y, más tarde, reabrir sus economías y eliminar las órdenes de quedarse en casa.
Ahora, los gobiernos de Ned Lamont y Charlie Baker esperan liderar el país para abordar uno de los principales costos subyacentes de la atención médica: los altos precios de los medicamentos recetados.
Los gobernadores organizaron una reunión conjunta, el martes pasado, para discutir una legislación similar que han propuesto en sus estados, que, según ellos, protegería a los consumidores y haría responsables a los fabricantes de medicamentos.
El plan presupuestario de dos años de Lamont propone limitar los aumentos anuales en el costo de los medicamentos recetados.
Según la propuesta del Gobernador, los aumentos anuales se limitarían a la tasa de inflación más un 2 por ciento.
Los fabricantes de medicamentos que excedan esa cantidad serían multados y ese dinero, a su vez, se utilizaría para respaldar subsidios para la cobertura de salud.
“Esperamos que las empresas limiten sus aumentos de precios en virtud de la legislación. Tenemos la esperanza de que ese sea el camino que se ha tomado en lugar del cobro de sanciones”, declaró Vicki Veltri, directora ejecutiva de la Oficina de Estrategia de Salud de Connecticut.
El Department of Revenue Services del Estado cobraría las multas y depositaría el dinero en el Covered Connecticut Program, una propuesta del Gobernador para ayudar a las personas a acceder al seguro de una manera más asequible, dijo Veltri.
La mayoría de las propuestas para la reforma del cuidado de la salud que surgen del Congreso y las legislaturas estatales se refieren a la cuestión de “quién paga y cómo podemos proporcionar más subsidios en el intercambio”, indicó Lamont.
Lamont y Baker están tratando de abordar cómo “reducir los altos costos de la atención médica para las personas, las familias trabajadoras y los presupuestos estatales para ser francos”.
Uno de los principales impulsores de esos altos costos son los precios de los medicamentos farmacéuticos, que representan alrededor del 20 por ciento de los gastos generales de atención médica, agregó Lamont.
“Queríamos poner en marcha un mecanismo en el que no desalentáramos la innovación de ninguna manera, pero también queríamos asegurarnos de que no haya sorpresas”, aseguró el Gobernador.
Paige Mahaney, quien dirige el equipo de investigación de Boehringer Ingelheim en Connecticut, dijo en un artículo de opinión reciente que la propuesta del gobernador “impediría” el avance científico dado que la compañía farmacéutica reinvierte más del 20 por ciento de sus ventas netas en investigación y desarrollo.
La propuesta de Lamont también “simplifica demasiado un modelo de pago de atención médica extremadamente complicado”, opinó Mahaney, dado que “el precio establecido por una compañía farmacéutica tiene poco que ver con la cantidad que paga un paciente en el mostrador de la farmacia, que generalmente está controlada por el plan de seguro del paciente”.
Los administradores de beneficios de farmacia y otros entre el fabricante y el mostrador de la farmacia también impactan los costos, añadió Mahaney.
“No se trata de empezar a culpar a otros en el ecosistema de atención médica, sino de resaltar la realidad de un sistema de precios demasiado complejo que no se puede arreglar con una sola factura de un solo estado”, señaló.
Cuando se le preguntó sobre sus comentarios, Lamont rechazó la idea de que su proyecto de ley estimularía el avance científico y dijo que “todos esos costos de inversión en innovación están incluidos en el precio original del medicamento”.
“Todo lo que estamos haciendo es limitar el aumento en el futuro para que Boehringer y todas las otras grandes compañías farmacéuticas no tengan menos incentivos para seguir adelante y continuar haciendo esas inversiones”, finalizó Lamont.
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