HARTFORD.- Los opositores al requisito continuo del gobernador Ned Lamont de que los estudiantes usen máscaras en las escuelas intentaron, el lunes pasado, convencer a un juez de la Corte Superior de que las acciones recientes de la legislatura estatal no habían hecho lo suficiente para que su demanda fuera escuchada.
El caso se remonta a agosto pasado cuando los abogados, que representaban a un grupo de padres que se oponían a los requisitos del uso de máscaras en las escuela, demandaron a Lamont y al Departamento de Educación.
Inicialmente argumentaron que las máscaras representaban un peligro para los niños, pero el caso se convirtió en una cuestión de separación de poderes después de que el tribunal dictaminó que las máscaras eran una protección adecuada contra el coronavirus.
Ahora, la demanda sigue siendo uno de los últimos desafíos legales a la autoridad de emergencia en curso de Lamont, ya que los tribunales de Connecticut, incluida la Corte Suprema del Estado, han confirmado las órdenes emitidas para frenar la pandemia.
Es probable que el mandato de máscaras escolares sea una de las últimas restricciones persistentes, ya que Connecticut tiene programado esta semana eliminar todas las restricciones restantes relacionadas con la pandemia en las empresas, y anular en gran medida los requisitos de enmascaramiento para las personas completamente vacunadas.
Durante las discusiones del lunes pasado, Cameron Atkinson, abogado de CT Freedom Alliance, argumentó que esos cambios sugerían que Connecticut ya no estaba en un estado de emergencia y, por lo tanto, no tenía ninguna razón para seguir la autoridad de emergencia del Gobernador.
“No tenemos gente cayendo como moscas a nuestro alrededor por COVID-19 en este momento. El peligro se está disipando, por lo tanto por las propias declaraciones públicas del Gobernador, por las propias declaraciones públicas de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), ya no estamos en una emergencia”, señaló Atkinson.
Pero el meollo del argumento del grupo no depende de si el Estado se encuentra en una emergencia (hasta ahora los tribunales han acordado rotundamente que lo es), sino de si la legislatura estatal había cedido inconstitucionalmente su autoridad al Gobernador durante la pandemia.
El juez Thomas Moukawsher sugirió que la cuestión puede haber sido resuelta por un fallo relacionado de la Corte Suprema y un conjunto de proyectos de ley aprobados la semana pasada por la legislatura.
Además de extender nuevamente la autoridad de emergencia de Lamont, esta vez hasta el 20 de julio, la legislatura aprobó un proyecto de ley bipartidista que se otorga a sí misma una supervisión adicional del poder del Gobernador bajo declaraciones de emergencia.
El proyecto de ley incluía limitaciones de tiempo explícitas para la duración de las declaraciones antes de que deban reconsiderarse. También incluyó un mecanismo para que un panel de líderes legislativos rechazara una orden ejecutiva si no estaban de acuerdo con ella.
Moukawsher, quien en marzo pasado emitió un fallo no vinculante sugiriendo que las órdenes del Gobernador requerían más supervisión legislativa, calificó la actividad reciente de la Asamblea General sobre el tema como “muy impresionante”. Se preguntó si quedaba algo por discutir en el caso.
“Mi mayor preocupación era que la Asamblea General no actuara y ahora que lo ha hecho, probablemente no sea de mi incumbencia”, dijo el juez.
Timothy Holzman, un asistente del fiscal general que representa al estado, estuvo de acuerdo.
“Esta legislación plantea lo que es una cuestión insuperable de irrelevancia porque han actuado y han aprobado estas declaraciones de emergencia”, indicó Holzman.
Atkinson apuntó que las acciones de la legislatura no resolvieron las preocupaciones de los demandantes. Dijo que equivalía a un acuerdo entre las dos ramas del gobierno para permitir que Lamont “gobierne como un rey”.
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