STAMFORD.- Un informe dado a conocer esta semana del Center for American Progress y la Universidad de California, reveló que otorgar un camino a la ciudadanía a 10.2 millones de indocumentados, como propone la Administración del presidente Joe Biden, aportaría 1.7 billones de dólares a la economía de los Estados Unidos a lo largo de la próxima década.
Los autores del estudio explicaron que abrir una senda a la ciudadanía para estos inmigrantes, que en promedio han vivido en el país 16 años, generaría al menos 438 mil empleos.
La promulgación de la American Dream and Promise Act, que abriría un camino a la ciudadanía a cerca de 4.5 millones de beneficiarios de los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) y Salida Obligatoria Diferida (DED) implicaría un impulso de la economía de 799 mil millones de dólares y 285 mil 400 nuevos empleos a lo largo de 10 años, según se explica en el informe.
El informe sale a la luz cuando precisamente se cumplen 10 años desde que la Administración del entonces presidente Barack Obama (2009-2017) aprobó por orden ejecutiva el programa DACA, que protegió de la deportación a cientos de miles de indocumentados que llegaron al país siendo niños.
El Comité Judicial del Senado tiene prevista una audiencia pública sobre la American Dream and Promise Act, que daría una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes, entre ellos los “soñadores”.
De acuerdo con los defensores, este proyecto, que ya tuvo el visto bueno bipartidista de la Cámara de Representantes, aunque cuenta con un incierto apoyo en el Senado, es parte del paquete de medidas con las que la Administración Biden propone otorgar un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados.
Entre los beneficiados con la iniciativa Biden están los “soñadores” (beneficiarios de DACA), trabajadores agrícolas y participantes del TPS, que hace una semana recibieron un revés cuando el Supremo dictaminó que los que entraron de forma ilegal al país no califican para la ciudadanía.
El informe, que analizó el potencial impacto económico si estos proyectos, presentados por el senador Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez, fueran aprobados, muestra además que los salarios de los ahora indocumentados mejorarían en 4 mil 300 en un período de cinco años y de 11 mil 800 en una década.
Según la propuesta legislativa, este proyecto de ley para los “soñadores” y a los beneficiarios del TPS un alza de salario promedio de 16 mil 800 dólares dentro de una década.
La legalización de los llamados “trabajadores esenciales”, clasificados así durante la pandemia de COVID-19, implicaría un ingreso para la economía de 989 mil millones de dólares, la creación de 203 mil 200 empleos y una mejora en los salarios de los beneficiarios de 11 mil 800 dólares en diez años.
De acuerdo con el informe, cinco millones de indocumentados son considerados trabajadores esenciales, con base en datos del Censo y de acuerdo con la definición del Departamento de Seguridad Nacional.
Al considerar los inmigrantes bajo el proyecto de la American Dream and Promise Act y los llamados esenciales, el beneficio en conjunto para le economía sería de 1.5 billones de dólares, generarían 400 mil 800 empleos, así como un aumento de salario en 13 mil 500 dólares anuales con un promedio nacional de 600 dólares, agregaron los autores del estudio
El informe recordó que una gran mayoría de los estadounidenses han expresado su apoyo a un camino por el que los indocumentados puedan lograr su ciudadanía.
También menciona que en momentos en que el país está emergiendo de la pandemia de COVID-19 y mira hacia el futuro, la legalización de estos inmigrantes es un componente clave para “una justa, equitativa y robusta recuperación”.
Lo autores del estudio señalaron que “como demuestran los hallazgos, crear un paso a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados no solo es lo correcto, sino que además sería un estímulo sustancial a la economía”.
“Soñadores” piden una vía para la ciudadanía en el aniversario de DACA
Los “soñadores” se concentraron ante la Casa Blanca, el martes pasado, para exigir una vía para la ciudadanía y criticaron que sean utilizados “políticamente”, cuando se cumple el noveno aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Más de medio centenar de “soñadores”, como se conoce a los 690 mil jóvenes protegidos por este programa, corearon frente a la residencia presidencial sus tradicionales lemas “Sin papeles, sin miedo”, “Esta es nuestra casa” y “Biden escucha esta es nuestra lucha”.
Cristina Jiménez, directora del grupo activista United We Dream (Juntos soñamos) manifestó que “está muy bien que el presidente, Joe Biden, mencione historias de los beneficiarios de DACA y se reúna con ellos. Pero no es suficiente, queremos la aprobación de la ley ya”.
Jiménez, una inmigrante de origen ecuatoriano, criticó el uso de “estas historias para lograr puntos políticos sin cumplir con la promesa de la ciudadanía”.
Junto a los activistas también compareció el congresista demócrata Chuy García, quien subrayó que DACA debería ser “el principio y no el final” y urgió a sus colegas en el Capitolio a aprobar un camino a la ciudadanía este año.
Gracias a DACA, los “soñadores” pudieron obtener licencia para conducir, número de seguro social y permiso migratorio, pero no es una vía para lograr la residencia permanente o la ciudadanía.
La Administración de su sucesor Donald Trump (2017-2021) intentó acabar con este beneficio, pero el Tribunal Supremo calificó de “ilegal” su decisión y lo mantuvo vigente.
Republicanos, férrea oposición
La concentración del martes pasado, que llevó luego a los manifestantes hasta el Congreso, coincidió con una audiencia del Comité Judicial del Senado en la que se analizó la propuesta de la American Dream and Promise Act de 2021, que daría una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes, entre ellos los “soñadores”.
Este comité está presidido por el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, que ha patrocinado sin éxito en los últimos 20 años medidas similares a la American Dream and Promise Act de 2021.
En el Senado, hay actualmente un empate entre demócratas y republicanos, con 50 escaños cada uno de los dos partidos, pero la H.R.6 necesita del apoyo de al menos 10 conservadores, algo complicado de lograr a pesar de que las encuestas muestran un mayoritario apoyo a dar la ciudadanía a “soñadores”.
Los republicanos ya expresaron en la audiencia su férrea oposición a esta ley porque no contiene un refuerzo de la seguridad fronteriza.
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