BRIDGEPORT.- Antes de la pandemia, Hernández, residente de Bridgeport, era el único sostén de una familia de tres.

Hernández, quien pidió ser identificado solo por su apellido, era conductor de tiempo completo para la compañía de viajes compartidos Uber.

Pero eso se interrumpió tan pronto como el COVID-19 comenzó a extenderse por el Estado. Cuando Hernández se enteró de que su esposa estaba embarazada, tomó la difícil decisión de dejar de trabajar.

“Con COVID-19, alguien podría enfermarse y morir fácilmente. Y con el Uber, nunca se sabe quién se subirá a su automóvil. No quería perder a mi familia”, declaró Hernández.

Hernández, como muchos otros en la misma posición, trató de encontrar otras formas de mantenerse a flote. Pero rápidamente se encontró eligiendo entre pagar el alquiler o proporcionar otras necesidades básicas para su familia.

“Le pedí a Dios que me bendijera porque no tenía dinero para pagar el alquiler. Estaba desesperado”, comentó Hernández.

Después de varias cartas de su arrendador sobre los atrasos, el hispano temía que su familia fuera desalojada.

Pero cuando recibió una llamada de la organización Building Neighborhoods Together (BNT), dijo que sintió una chispa de esperanza.

BNT, anteriormente conocido como Bridgeport Neighborhood Trust, es una agencia de asesoría de vivienda aprobada por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos (HUD), con sede en Bridgeport, y uno de los socios del Estado que dirige los esfuerzos de ayuda para el alquiler en el área.

Hernández había llegado a la cima de la lista de llamadas después de solicitar ayuda al Departamento de Vivienda del Estado.

“Al principio, estaba realmente estresado por no saber cómo lidiar con la situación”, comentó Carmen Ramos, la especialista en admisión que contactó a Hernández.

“Con el COVID-19, estar atrasado con el alquiler y ser el proveedor de su hogar era muy difícil para él”, agregó Ramos.

En el momento en que Hernández recibió la llamada, tenía cinco meses de retraso en el pago de la renta.

“Inicialmente él pensó que, aunque se postularía, no había solución a su problema. Pero le aseguré que estaba allí para ayudar”, precisó Ramos.

Ramos primero ayudó a Hernández a solicitar el Temporary Rental Housing Assistance Program (THRAP).

El programa, lanzado por el Estado en junio de 2020, ahora está en pausa.

El programa de 40 millones de dólares fue financiado a través del CARES Act’s Coronavirus Relief Fund.

La solicitud requería que Hernández firmara documentos que no se pudieron completar en línea.

“Cuando lo llamé y recibió la solicitud, estaba teniendo dificultades incluso para imprimir. No tenía impresora”, declaró Ramos.

Pero no permitieron que eso fuera un obstáculo, agregó. Imprimió todos los documentos necesarios, hizo copias para Hernández e incluso se acercó a su arrendador para alentar la participación.

“Dudó un poco sin saber que era un programa nuevo. Es difícil creer que un programa pagaría el alquiler atrasado. El propietario estaba preocupado por su situación personal y por no poder pagar sus facturas y la hipoteca también”, relató Ramos.

Pero con un poco de tranquilidad, el propietario accedió a participar. Y se envió la solicitud.

Aproximadamente tres meses después, Hernández fue aprobado por 4 mil dólares.

Siete meses después de los primeros auxilios, Hernández se encontró nuevamente preocupado por las deudas.

“Se estaba acumulando aún más. Llamamos a Carmen nuevamente para pedir ayuda”, indicó Hernández.

La segunda vez, Ramos les aconsejó que solicitaran UniteCT, el segundo programa de ayuda para el alquiler financiado con fondos federales del Estado. Esta vez la aplicación fue completamente online y en español.

Pero Hernández le dijo a Ramos que no estaba seguro de navegar por la aplicación por su cuenta.

Y esa vacilación no es infrecuente entre los solicitantes. Mientras que algunos luchan con las barreras del idioma, otros luchan con la tecnología.

Con todo, Ramos dijo que la clave de su trabajo es generar confianza.

Hernández es solo uno de las 800 personas que necesitan asistencia con el alquiler y que han cruzado el escritorio de Ramos en los últimos 10 meses.

El hispano fue aprobado por 8 mil 300 dólares a través de UniteCT y una vez más está al día con su alquiler. Todavía no se siente cómodo volviendo a trabajar con un recién nacido en la casa, pero dijo que lo solucionará.

“Si no fuera por BNT y Carmen, mi familia y yo podríamos haber terminado en las calles. Estoy más que agradecido”, finalizó Hernández.

PARA SABER

Para solicitar ayuda u obtener mayor información de Building Neighborhoods Together (BNT), pueden ingresar a la web https://www.bntweb.org/.